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h. Los exámenes de validez constitucional de las normas jurídicas

 

Los exámenes de validez constitucional de las normas jurídicas: a propósito del Decreto Legislativo 1097 y el plazo razonable

 

Edwin Figueroa  Gutarra[1]

 

Introducción. 1. El contexto jurisprudencial constitucional del plazo razonable. 2. Previsión normativa del Decreto Legislativo 1097. 3. Las herramientas de interpretación constitucional. 3.1. Los principios de interpretación constitucional. 3.2. El control difuso y la extensión de su aplicación. 3.3. El principio de proporcionalidad y el examen constitucional de las normas. A modo de conclusión

 

Introducción

Sopesar el valor constitucional de las normas jurídicas deviene en una necesaria diferenciación entre los conceptos de control de legalidad y control de legitimidad en función a los alcances de las normas como tales. En el primer caso, la verificación es de naturaleza estática en la medida que el intérprete solo debe constatar si ha existido la observancia de un procedimiento formal en la expedición de la norma, en tanto que el segundo tipo de control es de naturaleza activa, en la medida que resulta exigible una necesaria compatibilidad de la norma jurídica con la Constitución. En ese orden de ideas, la norma tiene la condición de vigente a partir de su constatación formal en tanto la norma es válida desde la óptica de su necesaria inserción dentro de los postulados de la Ley Fundamental, es decir, que no exista contravención a derechos constitucionales cuyo rango proviene precisamente de su condición de derechos públicos subjetivos reconocidos.

La dación del Decreto Legislativo 1097 nos remite a un necesario contexto desde el cual, una norma expedida por el Poder Ejecutivo, tras una delegación de facultades por parte del Poder Legislativo, es objeto de polémica abierta en tanto la medida introduce precisiones de sobreseimiento de causas respecto al plazo razonable en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, en los cuales son procesados militares y policías[2], y de otro lado, se aduce una cerrada defensa de los derechos humanos desde la necesaria posición interpretativa de la necesidad, del Estado y sus órganos jurisdiccionales, de investigar frente a crímenes de lesa humanidad, máxima que es objeto de protección desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos[3].

 

1. El contexto jurisprudencial constitucional del plazo razonable

Los estándares del plazo razonable en nuestro ordenamiento jurídico han sido definidos, en gran medida, en los casos Chacón Málaga[4] y Salazar Monroe[5], procesos de habeas corpus que devinieron en sentencias estimatorias por afectación del plazo razonable. Dichas decisiones partieron de pronunciamientos de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH[6] y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[7] por situaciones de vulneración al plazo razonable, mas a partir de estos fallos del sistema supranacional, corresponde identificar si en rigor resulta adecuada la identificación del precedente jurisprudencial con los casos antes resueltos, labor a la cual nos dedicaremos en las líneas siguientes.

 

2. Previsión normativa del Decreto Legislativo 1097

La norma en referencia, con rango de ley en el sistema normativo peruano por delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, contempla dos líneas matrices respecto a los procesos en los cuales son imputados policías y militares por afectaciones a los derechos humanos:

a)     El adelanto de la vigencia del Código Procesal Penal respecto a los procesos por violaciones a los derechos humanos, en todo el territorio peruano. A este respecto, es importante acotar que el proceso de implementación del nuevo Código en las Cortes Superiores de Justicia en el país, viene afianzándose con a través de los principios de oralidad, contradictorio e igualdad de armas, y su línea garantista representa un matiz de diferencia sustancial respecto al instrumento procesal ahora liquidatorio del sistema anterior, denominado Código de Procedimientos Penales.

b)     El sobreseimiento o conclusión del proceso penal respecto a aquellos casos en los cuales se hubiera vencido el plazo de investigación, esto es, el cese de la persecución penal por parte del Ministerio Público por haberse excedido el plazo formal de investigación[8].   

El sentido prescriptivo de la norma referida resulta puntual, en la perspectiva de su condición de mandato definitivo. En la terminología kelseniana, la norma se aplica o no se aplica, representa un mandato de todo o nada y en tal orden de ideas, los jueces, prima facie, deberán tener en cuenta el criterio aplicativo de la disposición acotada.

 

3. Las herramientas de interpretación constitucional

Resulta un cuestionamiento de interés y relevancia, indagarnos cuál es el escenario legal que deviene como consecuencia de una norma procedimental y aquí caben 2 interpretaciones: la literal y la correctora o extensiva[9].

Si adoptamos la primera posición, deberemos entender que el ámbito de resolución del conflicto se encuentra dentro del propio texto de la norma[10], esto es, el juez penal solo aplica un mecanismo de subsunción dado que identifica los hechos producidos dentro del supuesto normativo. Sin embargo, respecto a la segunda interpretación[11], el mecanismo de adopción de la decisión es mucho más amplio, dado que el juez debe adoptar una visión de concordancia sistemática con otros postulados normativos y por excelencia, a través de un control de legitimidad, determinar si existe compatibilidad con los principios, valores y directrices que informa la Lex Legum. Entre estas herramientas, las más usuales están representadas por los principios de interpretación constitucional, el mecanismo del control difuso y el principio de proporcionalidad. Tales medios se inscriben en el contexto de una Constitución que representa el eje de la interpretación constitucional, respecto a la cual debemos coincidir con Zagrebelsky cuando señala: “La Constitución con sus vínculos y límites (…) es instrumento de gobernabilidad, no obstáculo o dificultad para el gobierno.”[12] En ese horizonte, ella permite resolver, a través de las herramientas de interpretación, las controversias entre derechos fundamentales.

 

3.1. Los principios de interpretación constitucional

El caso Lizana Puelles[13], una controversia de amparo que sentó la tesis de las zonas no exentas de control constitucional,  resultó emblemático para la jurisprudencia constitucional peruana en tanto no solo perfiló las diferencias sustanciales entre el Estado Legislativo y el Estado Constitucional, sino que a partir de la diferencia entre reglas y principios, optó por la posición de que estos últimos igualmente representan herramientas interpretativas, siguiendo la línea de Hesse[14], para la dilucidación de conflictos en sede constitucional. En ese sentido, en tanto mandatos de optimización, los principios concurren en la solución de los conflictos difíciles y trágicos, a decir de Atienza[15].

A partir de los principios esbozados por Hesse, resulta válido preguntarnos, de cara al Decreto Legislativo cuestionado, cuál sería el ámbito de actuación del intérprete constitucional a partir de la identificación de los principios que informan la interpretación constitucional.

Como cuestión inicial, resultaría relevante cuestionarnos si el Decreto Legislativo 1097, en su condición de regla, resulta un mecanismo que da solución satisfactoria a los problemas que plantea. Si es aplicable la subsunción en forma directa, entonces el problema concluye, supuesto que en este caso no se produce, precisamente porque la posición contraria invoca la imprescriptibilidad de los casos relativos a violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, requerimos la aplicación de los principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica para procurar una solución satisfactoria.

Respecto al primer principio, si la Constitución debe ser interpretada como un todo, la regla objeto de cuestión resulta insuficiente en forma notoria para dar una solución al problema que plantea el Convenio sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, cuyo artículo I[16] resulta contextualmente relevante en tanto parte de la premisa de que no corresponde archivar procesos, sin importar la fecha en que se hubieren cometido, cuando de violaciones a los derechos humanos se trate.

De otro lado, a través del principio de concordancia práctica, ejercemos un mecanismo de vinculación sistemática a fin de comparar normas y principios. A este respecto, resulta necesario validar si el Decreto Legislativo 1097 resulta compatible con el artículo 1 de la Constitución de 1993[17] respecto a la defensa de la persona humana y en tal sentido, concluimos que el Convenio de imprescriptibilidad adopta un contenido tuitivo, es decir, deben investigarse y esclarecerse las responsabilidades que atañen a los derechos humanos afectados.

Ahora bien, corresponde no dejar de lado la invocación que el debate generó respecto a que los militares y policías procesados, también tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, a la aplicación del plazo razonable. Liminarmente esta premisa es de suyo válida, en la medida que el caso Salazar Monroe fijó estándares procedimentales que resultan vinculantes para los jueces constitucionales. Sin embargo, es necesario fijar un argumento cuya incidencia para este caso es racionalmente concluyente: los derechos constitucionales que entran en conflicto en la interpretación constitucional, a través de la técnica de la ponderación, deben ceder unos a otros el lugar de prevalencia, y el principio de imprescriptibilidad sobre violaciones a los derechos humanos, en un escenario fáctico determinado y bajo condiciones de jerarquía móvil, resulta prevalente frente al derecho del procesado a un plazo razonable. Sobre este ítem volveremos más adelante.

 

3.2. El control difuso y la extensión de su aplicación

El control difuso es un poder- deber del juez[18] y tiene lugar, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución de Perú, cuando existe un conflicto entre una norma jurídica, o una regla en propiedad, y la Carta Fundamental, caso en el cual prevalece la norma de mayor jerarquía.

Desde su aplicación en 1802 por el juez Marshall[19], el control difuso se ha perfilado como una herramienta de los jueces frente a los excesos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la dación de normas que infringen los valores y postulados de la Norma Normarum que consagra el ordenamiento jurídico. En buena cuenta, sin compartir in toto la propuesta de Karl Schmitt[20], el Estado Jurisdiccional involucra que los jueces constitucionales son los llamados a definir en qué modo una norma puede estar afectando derechos fundamentales y a este respecto, importante es inclusive acotar que entre la interpretación auténtica del legislador y la del juez constitucional, prevalece la de este último. Ahora indaguémonos: ¿es en rigor cierto que puede el juez constitucional desestimar inclusive la interpretación auténtica del legislador de la propia norma que éste creó? ¿No es acaso que si el legislador creó la norma, no es éste entonces el llamado a delimitar los contenidos legislativos de racionalidad de la regla que éste creó?

En principio, estimamos que sí. Sin embargo, esta relectura de la racionalidad de la norma solo será válida en la medida que dicha interpretación auténtica observe y sea respetuosa de los principios que enuncia la Carta Magna. Y sobre esta situación, el ordenamiento jurídico de nuestro país denota una experiencia propia[21], que en su momento significó que el sistema interamericano hiciera prevalecer el principio del debido proceso y que no se podía destituir a magistrados del Tribunal Constitucional si éstos habían adoptado una posición interpretativa distinta respecto de aquella efectuada por el legislador en relación a la propuesta de reelección presidencial de entonces.

En consecuencia, veamos si el control difuso resulta aplicable como mecanismo interpretativo constitucional en el caso del Decreto Legislativo 1097, siguiendo las pautas procedimentales enunciadas por la jurisprudencia constitucional peruana.

1. El objeto de cuestionamiento es un acto que constituye la aplicación de una norma considerada inconstitucional, esto es, el Decreto Legislativo 1097, el cual contradice, sustancialmente, la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra u de lesa humanidad. Esta contradicción involucra un problema de jerarquía en tanto una norma con rango legal- de protección del plazo razonable para procesados en crímenes de lesa humanidad- contraviene una Convención que forma parte del bloque de constitucionalidad.

2. La norma a inaplicar- el Decreto Legislativo 1097- tiene una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, dicha norma resulta relevante para la definición de la controversia que se expresa en la contravención de la norma con los postulados constitucionales que se derivan de la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.

3. La norma a inaplicarse resulta manifiestamente incompatible con la Constitución, aún luego de haber sido interpretada de conformidad con la Constitución, es decir, no encontramos medio alguno, en vía argumentativa, de salvar la validez constitucional de la norma objeto de cuestionamiento.

En consecuencia, a juicio de este estudio, el Decreto Legislativo 1097, no supera el control de constitucionalidad y por lo tanto, procede su inaplicación frente a la jerarquía normativa de la Carta Fundamental.

Ahora bien, apreciamos que este examen de control difuso solo se circunscribe a la inaplicación del Decreto Legislativo y su efecto en vía incidental e interpartes, alcanza solamente a los partes involucradas en el conflicto.

 

3.3. El principio de proporcionalidad y el examen constitucional de las normas

Hemos reservado para este último rango de herramientas interpretativas el examen de ponderación, en sentido material, o de proporcionalidad, en sentido procedimental, respecto a la compatibilidad constitucional del Decreto Legislativo 1097.

El examen de proporcionalidad o de validez constitucional de una norma[22], a juicio nuestro, ha superado in extenso las críticas a su utilidad en tanto no constituye un juicio ponderativo de absoluta discrecionalidad ni tampoco denota un margen de escasa relevancia[23]. De la misma forma, no se trata de que “el mandato de optimización no puede ser aplicado más o menos, o se optimiza o no se optimiza”, como señala Aarnio[24]. Por el contrario, la ponderación pretenda abordar una gráfica de la discrecionalidad, sujeta a las reglas del discurso racional, en cuanto no se trata de la descripción de un juicio de subjetividad, sino de una fundamentación que se inscribe dentro de las reglas del contexto de justificación y que a través de las justificaciones interna[25], y externa[26], exhibe las razones aplicadas por el juzgador para adoptar la decisión que finalmente desarrolla.

En ese orden de ideas, el juicio de proporcionalidad no involucra un juicio de  mínima  relevancia sino una herramienta interpretativa que mantiene los estándares de la justificación constitucional para definir los ámbitos fáctico y normativo- constitucional de una controversia a efectos de determinar la validez constitucional de la norma o acción materia de examen.

Por otro lado, conviene apreciar, con suma prudencia, otros ámbitos del problema de la proporcionalidad respecto a que si bien es cierto, ésta trabaja en función a principios, que éstos a su vez expresen un alto margen de indeterminación[27]. La crítica a este respecto resulta, a juicio nuestro, muy contextual, en tanto los principios en propiedad son mandatos de optimización[28] y como tales, no se trata de mandatos definitivos. La diferencia es relevante: las reglas sí implican un juicio de hacer cuando son prescriptivas y se aplican bajo un concepto de todo o nada al caso concreto. Los principios, por el contrario, ordenan hacer algo de la mejor forma posible y de allí el enunciado de su optimización. No se podrá, por ejemplo, definir en toda su amplitud el contenido del derecho a la vida en tanto mandato de optimización, en tanto el decisor jurisdiccional deberá tratar de aplicar de modo óptimo la defensa del bien jurídico vida en una controversia determinada, si parte de la premisa de la preservación de este valor. Sin embargo, de no verificarse que el contexto de descubrimiento del decisor coincida con la defensa del bien vida, entonces el margen de exigencia aplicativa habrá de disminuir sustancialmente. Lo señalado no implica la configuración de una valoración axiológica de entera discrecionalidad. Por el contrario, en uno u otro caso, habrá de desarrollarse el contexto de justificación o exposición de razones debidamente sustentadas en la ley, la doctrina y la jurisprudencia así como el examen de compatibilidad respectivo.

No coincidimos tampoco con Forsthoff[29], en el margen de críticas a la ponderación y la proporcionalidad, cuando aquel alega que “la proporcionalidad significa la degradación de la legislación”, en tanto es precisamente la proporcionalidad el examen de compatibilidad constitucional de la legislación. Si la norma pasa exitosamente el examen de proporcionalidad, entonces significa que la misma respeta los estándares fijados por la Carta Fundamental. Sin embargo, la no aprobación de este examen precisamente revela la ausencia de cumplimiento de necesarios estándares de constitucionalidad. Por consiguiente, la proporcionalidad no “degrada” la norma sino pretende ubicar su real contexto de compatibilidad constitucional.

En adición a lo señalado, es importante acotar que el juicio de proporcionalidad no constituye un examen aislado procedimental de la jurisprudencia constitucional reciente. Por el contrario, su difusión ha resultado amplia en tanto Tribunales Constitucionales[30] y Cortes Constitucionales[31] han encontrado en la misma una herramienta aplicativa que ha satisfecho, con suficiencia razonable a nuestro entender, las exigencias de justificación que hoy involucra el discurso racional.  

Hechas las precisiones anteriores, creemos viable desarrollar el examen de proporcionalidad del Decreto Legislativo 1097, sujetándonos a los subexámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación[32].

 

Subexamen de idoneidad. Corresponde formularnos la siguiente interrogante: ¿constituye un fin idóneo y constitucionalmente legítimo que el Estado legisle en materia de violación de derechos humanos? Liminarmente nuestra respuesta habrá de ser positiva en tanto existe un tema de competencias. El Estado sí debe estar investido de competencias para regular jurídicamente determinadas situaciones de nuestra realidad nacional. Adicionalmente, sí se cumplen los fines de idoneidad y legitimidad en la determinación de conductas compatibles o no con los derechos humanos.

Subexamen de necesidad. El contexto aplicativo de este ítem de la proporcionalidad es plenamente fáctico. Se refiere a si existía una alternativa menos gravosa a la aplicación del Decreto Legislativo 1097 pues si esto último sucedía, entonces la norma sometida a examen devenía inconstitucional. A juicio nuestro y en vía de hipótesis, pudieron existir alternativas de exigencia a los jueces para el cumplimiento del plazo razonable, como sucedió en el caso Salazar Monroe[33]. Sin embargo, la solución impuesta en este último caso, en nuestra opinión, pudiera eventualmente colisionar con el ítem de complejidad del caso. Es cierto que la justicia debe impartirse de modo célere y oportuno, más aún si se trata de justicia constitucional[34] dado el contexto de tutela urgente que importa este tipo de procesos; sin embargo, no resultamos convencidos de que la fijación de un plazo perentorio al juez para resolver, constituya un modo idóneo de resolver los conflictos que involucran violaciones a los derechos humanos, más aún, si de por medio se encuentra un tema de imprescriptibilidad que enuncia la propia Convención sobre imprescriptibilidad.

Otra solución menos gravosa bien podría resultar la adoptada en el caso Humala Tasso[35], situación en la cual el Tribunal Constitucional optó, por mayoría, por derivar a un tema de responsabilidad disciplinaria, la demora en la expedición de una decisión final. En rigor, las quejas disciplinarias si bien constituyen instrumentos inmediatos de imputación de responsabilidad disciplinaria, en propiedad no son sino herramientas inidóneas para dilucidar conflictos de naturaleza penal, a menos que existan pruebas concluyentes de inconducta funcional.

Ahora bien, no debemos dejar de advertir que el juez que imparte justicia penal, en el modelo liquidatorio, se ve impelido a cumplir los estándares de un juicio que configura diversos medios posibles para una dilatada discusión de la causa[36] y en función a ello, es difícil estimar un cumplimiento riguroso de los plazos, circunstancias que bien podrían advertirse como causales de afectación del plazo razonable. En consecuencia, existe una zona de penumbra para determinar reales casos de responsabilidad funcional si se trata de afectación al plazo razonable pues una eventual vulneración de éste, y ya lo ha determinado así el Tribunal Constitucional, implica valorar los ítems de complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, conducta de las autoridades judiciales, y afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso[37].

En ese horizonte de ideas, no podemos aseverar con certeza que había en propiedad una medida menos gravosa respecto de las exigencias procedimentales del Decreto Legislativo 1097 y por lo tanto, esta norma satisface el examen de necesidad.

Subexamen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Superados los exámenes fácticos que anteceden, este tercer subexamen constituye el escenario en el cual la confrontación de derechos fundamentales, en alcances, contenidos y extensión, se expresa en toda su magnitud. En efecto, si bien debemos partir de la premisa de que todos los derechos fundamentales son iguales en categoría y rango, y así lo reconoce la doctrina del Derecho Constitucional[38], el examen de proporcionalidad strictu sensu determina la prevalencia condicionada de un derecho fundamental frente a otro, en ese escenario de “jerarquía móvil” en el cual insiste con precisión doctrinaria Prieto Sanchís[39]. Es más, en este subexamen tiene lugar la esencia constitucional del juicio de ponderación, pues deja de configurar un mero juicio de razonabilidad, el cual entendemos también como de aceptabilidad y equidad, para asumir la dimensión de un real juicio prescriptivo, en tanto la decisión final del juez constitucional, implica un mandato a ejecutar.

¿Se convierte así un juicio axiológico de ponderación o un derecho fundamental favorecido en este examen, en estricto un mandato de optimización, en un mandato definitivo, al ordenar se favorezca un derecho fundamental frente a otro? Fijémonos que no en estricto pues el principio favorecido sigue siendo un derecho fundamental. Sin embargo, admite los caracteres prescriptivos de la regla, en tanto se trata de un mandato del juez constitucional. 

En consecuencia, nos encontramos frente a dos derechos fundamentales que es necesario describir: de un lado estamos frente al derecho al plazo razonable que invocan los defensores del Decreto Legislativo 1097 y la exigencia de que los juicios, aún los de violaciones de derechos humanos, no pueden ser eternos y por tanto, corresponde su sobreseimiento por afectación del plazo razonable. Y de otro lado, podemos asumir la protección constitucional del bien jurídico vida y la necesaria compatibilidad de los procesos judiciales respecto a ellos con los instrumentos internacionales.

Efectuadas estas descripciones, es viable la aplicación de los rangos de gradación que orienta la escala triádica de Alexy[40]. La existencia de instrumentos internacionales respecto a la violación de crímenes de lesa humanidad, perfilando la imprescriptibilidad de estos procesos, orientan un argumento que hace procedente la satisfacción en grado elevado del derecho a la protección constitucional del bien jurídico vida. El fin de realización de este derecho fundamental es intenso en tanto no se trata de afectar el plazo razonable en grado máximo sino en estricta función de la satisfacción elevada de otro derecho fundamental que concierne a tutelar el bien jurídico material de mayor contenido en todo ordenamiento jurídico como lo es la vida de un ser humano. En contraposición, el grado de afectación del derecho fundamental al plazo razonable es de nivel medio, en razón de que en muchos de estos casos, no existen afectaciones al bien jurídico libertad personal, sino se trata de procesos que son seguidos con medidas de comparecencia restringida e incluso, como sucedió en el caso Chacón Málaga, con órdenes de comparecencia simple.

Ahora bien, ¿qué sucedería con aquellos casos en los cuales existe medida cautelar de detención o prisión preventiva? En tales casos será necesario desarrollar un análisis ad casum de cada proceso y en los casos en los cuales corresponda, deberá aplicarse una medida menos gravosa. Sin embargo, asumimos que la exclusión del proceso[41] o en su defecto el archivamiento de los procesos en curso, en propiedad involucran una medida más lesiva y onerosa pues generan un clima de contravención a instrumentos internacionales cuya orientación material garantista no es en estricto sancionar, sino que la imprescriptibilidad ínsita que involucran, permita la investigación plena de este tipo de delitos, con observancia del derecho al contradictorio y el derecho de defensa, para que luego de la aplicación de los estándares de un debido proceso, se produzca finalmente una decisión respetuosa tanto de los derechos humanos de las víctimas así como de los procesados.   

Dentro de este examen de proporcionalidad, resulta viable, por doctrina del sistema interamericano y europeo de derechos humanos, aplicar igualmente los estándares de los casos Suárez Rosero y Ruiz Mateos, los cuales deben constituir a su vez elementos de la valoración o gradación de los niveles de afectación del derecho al plazo razonable. De esta forma, el examen que se pudo haber generado respecto del Decreto Legislativo 1097, a pesar de su derogatoria, debió considerar las variables de complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, conducta de las autoridades judiciales, y afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Sin perjuicio de ello, es necesario anotar que estos estándares del plazo razonable exigen ser contrastados con los instrumentos internacionales vigentes, en aplicación del balancing que toda controversia constitucional exige, más aún si hoy no se defiende la doctrina de una aplicación literal de los estándares de constitucionalidad, sino por el contrario, una necesaria tarea de examen de la validez constitucional de las normas a la luz de las herramientas de interpretación constitucional.

 

A modo de conclusión

La propuesta del examen del plazo razonable, enunciada por el Decreto Legislativo 1097, y la posición adoptada por la doctrina constitucional, fundamentalmente a partir de las decisiones jurisprudenciales construidas en los casos Chacón Málaga y Salazar Monroe, denotan coincidencias en su expresión formal: la norma señalada, en el sentido de perseguir una aplicación literal del plazo razonable como expresión del transcurso del tiempo; y las sentencias aludidas, desde la posición de los parámetros fijados por la doctrina interamericana de derechos humanos.

Sin embargo, tales estándares resultan insuficientes, a juicio nuestro, si de por medio se encuentran instrumentos internacionales, adoptados y ratificados por el Perú, y más aún, si existe doctrina constitucional que recomienda la necesidad de investigar, no en estricto de sancionar, respecto a crímenes de lesa humanidad[42]. Bajo esta pauta, el examen desarrollado en este trabajo apunta a que es viable la interpretación constitucional del Decreto Legislativo 1097, en propiedad la valoración de su validez constitucional, a partir de la configuración de las herramientas de aplicación de los principios de interpretación constitucional, enunciados por Hesse, el control difuso y el principio de proporcionalidad. En adición a ello, no debemos perder de vista la complejidad de este tema, ya abordado en un estudio preliminar.[43]

En rigor, nuestra posición es que resulta hoy inviable en el Estado Constitucional, asumir partido por la tesis de que la norma jurídica constituye el punto de partida y llegada del examen de validez de la norma jurídica. Hoy nos inclinamos por un “auténtico cambio genético”[44], conforme enuncia Zagrebelsky, en la idea de que queda atrás el Estado de Derecho Legislativo, y a partir de la categoría del Estado Constitucional, podamos enunciar las hipótesis de una interpretación que supera sus propios contenidos, en la perspectiva de que los valores de la persona humana, igualmente exigen protección. Por ende, la génesis del Estado ha cambiado a la luz de la interpretación constitucional.

En adición a ello y respecto a quiénes son los impulsores de esos cambios genéticos, esto es los jueces que resuelven controversias constitucionales, debemos recoger la reflexión de Grandez[45]: “El Estado Constitucional parece reivindicar un sitial privilegiado para los jueces ante la razonable desconfianza en las mayorías”. Esta aseveración no es entonces solo enunciativa: hoy los jueces constitucionales, a través de diversas herramientas cuyo fin es la defensa de los valores axiológicos enunciados por las Cartas Fundamentales, están en posición de corregir los excesos del legislador o las incompatibilidades constitucionales plasmadas en decisiones del Poder Ejecutivo. A juicio nuestro, es el lugar que la historia hoy reclama para los jueces constitucionales. 

Publicado en GACETA PENAL No. 15, setiembre 2010, pp. 377-390


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU. Becario Aula Iberoamericana, La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España. estudiofg@yahoo.com

[2] Vid. Decreto Legislativo 1097, de fecha 01 de setiembre de 2010. que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos. Dicha norma fue derogada por la Ley 29572 con fecha 15 de setiembre de 2010.

[3] La Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad ha sido aprobada por el Perú por Resolución Legislativa 27998 y rige en el Perú desde el 09 de noviembre de 2003.

[4] STC 3509-2009-PHC/TC F.J. 20

§. Criterios para determinar la duración razonable del proceso penal

20. Habiéndose planteado en el presente caso, la eventual violación del derecho al plazo razonable del proceso o, lo que es lo mismo, que éste no sufra dilaciones indebidas, la determinación de si se violó o no su contenido constitucionalmente protegido es un tema que solo puede obtenerse a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y c) la complejidad del asunto; los cuales fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Genie Lacayo y Suárez Rosero al analizar el tema del plazo razonable del proceso, los mismos que han sido recepcionados por el Tribunal Constitucional (Cfr. Exp. N.º 618-2005-PHC/TC. Caso Ronald Winston Díaz Díaz. FJ N.º 11; Exp. N.º 5291-2005-PHC/TC. Caso Heriberto Manuel Benítez Rivas y otra. FJ N.º 6). Tales elementos permitirán apreciar si el retraso o dilación es indebido (que es la segunda condición para que opere este derecho), lo que debe realizarse caso por caso y según las circunstancias.

[5] STC 05350-2009-PHC/TC F.J. 22  Caso Salazar Monroe

22.  En la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, la Corte IDH reafirmó que:

“112. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”. (Negritas agregadas).

[6] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 12 de noviembre de 1997. Caso Rafael Suárez Rosero vs. Ecuador

72. Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (cf. Caso Genie Lacayo, 23

Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr 77; y Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A No. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain Judgment of 23 June 1993, Series A No. 262, párr. 30).

[7] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 23 de junio de 1993. Caso José María Ruiz Mateos vs. España F.J. 53.

“A la luz del conjunto de circunstancias de la causa, el Tribunal concluye con el no respeto del plazo razonable previsto en el artículo 6,1, el cual ha sido, por tanto, violado en ese punto.”   

[8] En el sistema procesal penal peruano los plazos de investigación respecto de delitos con el sistema procesal anterior, de conformidad con el artículo 202 del Código de Procedimientos Penales, son de 4 meses, ampliables a 60 días más, y para casos complejos, ampliables a 8 meses adicionales. El Decreto Legislativo 1097 hace referencia a este plazo y adelante la vigencia de los artículos 344 a 348 del Código Procesal Penal, referidos al sobreseimiento por el vencimiento en exceso de los plazos de instrucción.

[9] Para una descripción del pensamiento de Savigny y la Escuela Histórica del Derecho vid. LARENZ, Karl. La metodología de la ciencia del derecho. Barcelona, Ariel. 1994. P. 32

[10] Para una visión de la escuela literalista, cfr. ASIS DE ROIG, Rafael. “Jueces y Normas. La Decisión Judicial desde el Ordenamiento”, Marcial Pons; Madrid, 1995, Pág. 182. El criterio gramatical: exige que la interpretación de las normas se haga atendiendo al sentido propio de las palabras. Este método presupone: a) Ningún elemento en el texto legal carece de significado; b) A una expresión del texto legal no debe dársele un significado diferente en distintos contextos; c) Si la terminología de una ley se aparta del uso ordinario del lenguaje, la terminología especial prima sobre el lenguaje ordinario. 

[11] GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Gascón, Mariana y Carbonell, Miguel. Traductores. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1999. p.  31-38

[12] ZAGREBELSKY, Gustavo. Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. Traducción de Manuel Martínez Neira. Trotta. Madrid, 2008. p. 31.

[13] STC 05854-2005-PA/TC F.J. 12. Caso Lizana Puelles.

§4. Principios de interpretación constitucional

a)      El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

b)      El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).

c)      El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

d)      El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.

e)      El principio de fuerza normativa de la Constitución]: La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.

[14] Cfr. HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-47.

[15] Cfr. ATIENZA, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos, en Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, No. 6, 1997, p.19. Atienza diferencia los casos fáciles, difíciles y trágicos en el siguiente orden: los casos fáciles son aquellos donde se aplica la subsunción (en ellos no hay más que aplicación pura y simple del derecho); los casos difíciles, incluyen un número mayor de premisas normativas y fácticas (Atienza señala que en estos casos la cuestión en litigio no está determinada por los estándares jurídicos existentes  y requieren, a diferencia de los fáciles, labor interpretativa). Finalmente, los casos trágicos representan realmente dilemas morales  (no tienen ninguna respuesta correcta y plantean al juez el problema no de cómo decidir, o sea cómo ejercer su discreción, sino qué camino tomar frente a un dilema; los casos trágico aparecen como consecuencia de la “moralización” de los sistemas jurídicos). 

[16] Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y
de los crímenes de lesa humanidad. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968

Artículo I

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

[17] Constitución 1993. Artículo 1

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

[18] Constitución del Perú 1993. Artículo 138

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

En todo  proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

El desarrollo constitucional de esta facultad puede ser apreciado en la STC 01383-2001-AA/TC  Caso Luis Rabines Quiñones F.J. 16

La facultad de controlar la constitucionalidad de las normas (…) constituye un poder-deber por imperativo de lo establecido en el artículo 138º, segundo párrafo de la Constitución. (…) El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez al que el artículo 138º de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional y, en general, el principio de jerarquía de las normas enunciado en el artículo 51º de nuestra norma fundamental.

El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que él sea válido, la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos:

  1. Que (…) el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional (…).
  2. Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia.
  3. Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse interpretado de conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

[19] Leading case Marbury vs. Madison de 1802.  Para una visión completa de este fallo vid. CARBONELL, Miguel. Para comprender los derechos. Breve historia de sus momentos clave. Palestra Editores 2010. p.  285-300.

[20] Cfr. SCHMITT, Karl. Legalidad y legitimidad, en Héctor Orestes Aguilar, Karl Schmitt, Teólogo de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 245-343.

[21] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 31 de enero de 2001. Caso 3 magistrados del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano) vs. Perú.

[22] Para una visión actual del examen de proporcionalidad vid. CLERICO, Laura. El examen de proporcionalidad en el Derecho Constitucional. Eudeba. Universidad de Buenos Aires.  2009. P. 255- 315.

[23] Cfr. GARCIA AMADO, José. El juicio de ponderación y sus partes. Críticas de su escasa relevancia. Materiales de estudio Academia de la Magistratura 2010. Razonamiento Jurídico. XIV PROFA. Lima. P. 47-91.

[24] AARNIO, Aulis. Reglas y principios en el ordenamiento jurídico. En Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 4,2000. P. 596.

[25] Expresa el juicio de sindéresis lógica del juzgador a través del uso adecuado de los silogismos jurídicos.

[26] Aborda la fundamentación de las premisas en 3 items: el respeto a la ley (ámbito de observancia a la norma), argumentos de la dogmática (ámbito doctrinario) y recurso a los precedentes (ámbito jurisprudencial). Cfr. GASCÓN, ABELLÁN, Marina. Los argumentos en la interpretación.  Materiales de estudio Academia de la Magistratura 2010. Razonamiento Jurídico. XII PCA. Lima. p. 70.

 [27]  Cfr. COMMANDUCI, Paolo. Principios jurídicos e indeterminación del Derecho. DOXA 21-II. 1998. p. 89-104

[28] Vid. ALEXY. Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004. p.  60.

[29] Cfr. FORSTHOFF, Ernst. El Estado en la sociedad industrial, trad. de L. López Guerra y J. Nicolás Muñiz, I.E.P., Madrid, 1975, p. 240 y s.

[30] Tribunal Federal alemán, con sede en Karlsruhe, creado por la Ley Fundamental de Bonn de 1949.  Tribunal Constitucional Español, creado por la Constitución de 1978. 

[31] Corte Constitucional de Colombia, creada por la Constitución de 1991.

[32] Vid. STC 007-2006-PI/TC. F.J. 34-44. Caso Calle de las pizzas. y STC 00579-2008-PA/TC F.J. 25-34. Caso Becerra Leyva, entre otros pronunciamientos relevantes. Estos casos de la jurisprudencia constitucional peruana desarrollan los exámenes de proporcionalidad evaluando, en el primer caso, la compatibilidad de una Ordenanza Municipal que restringía el horario de atención de los negocios de pizzas, ubicados en la calle Figari en el distrito de Miraflores. Los derechos que se contraponían eran el derecho al trabajo, invocado por los comercios unidos en el proceso de inconstitucionalidad frente al derecho fundamental a un entorno acústicamente sano. El Tribunal Constitucional optó por la prevalencia de este último derecho. En el caso Becerra Leyva los derechos fundamentales en colisión fueron, de un lado, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, invocado por los acreedores de las empresas azucareras, y de otro lado, el derecho a la propiedad, avalado por la Ley de Protección Patrimonial, norma sujeta a control de constitucionalidad. Prevaleció el derecho al trabajo sobre la consideración, vía ponderación, de que el grado de satisfacción de este último derecho era de grado elevado en tanto que el grado de afectación del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, era medio.

[33] Cfr. STC 05350-2009-PHC/TC Decisorio. Caso Salazar Monroe.

2. Ordenar a la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima que en el plazo de sesenta días naturales, contados desde la fecha de notificación del presente fallo, emita y notifique la correspondiente sentencia que decida la situación jurídica del demandante en el Exp. N. º 28-2001, bajo apercibimiento de tenerse por sobreseído el proceso en relación con el demandante.

[34] Vid. Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III

Principios Procesales

Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y socialización procesales. ( El resaltado es nuestro).

[35] Cfr. STC 01680-2009-PHC/TC  F.J. 14. Caso Antauro Humala Tasso.

La ley exige para todos los casos de decisiones sustanciales que el juzgador cumpla con los plazos que ella señala. Así, para la calificación de una demanda como para la expedición de la sentencia en la que concluye el proceso, es indudable que el juzgador debiera cumplir los plazos contemplados en la ley; pero, por diversas razones, especialmente la enorme carga procesal, no le resulta al juez posible humanamente el cumplimiento riguroso del mandato legal. Nos preguntamos entonces ¿será procedente sancionar con la nulidad la decisión jurisdiccional tardía con el único sustento de su tardanza? Evidentemente no cabe esta invalidación porque, como ya se ha dicho, esa decisión ha cumplido su finalidad aunque con tardanza en su emisión y por tanto ha generado efectos jurídicos de diverso orden, tales como el propio cuestionamiento materia de autos y que resulta infundado. La jurisprudencia y la doctrina vienen señalando que, en todo caso, de ser cierta la afirmación, podría pedirse no la nulidad de la resolución por su demora sino la sanción disciplinaria al juez por el tardío cumplimiento de su deber. ( El subrayado es nuestro)

[36] Al respecto la discusión es amplia: el modelo del Código de Procedimientos Penales de 1940(sic) resulta sumamente abierto para el ejercicio del derecho de defensa del imputado si advertimos la extensión real  muchas veces sine die de los plazos de investigación, con lo cual se favorece al procesado. De otro lado, el nuevo modelo procesal penal (Código Procesal Penal de 2004) es mucho más expeditivo, dada la fijación de un sistema de oralidad que recorta la motivación escrita y no obstante ello, una crítica principal a este sistema es el descuido que importa la afectación a los derechos de la víctima, es decir, si el juicio es célere, la parte agraviada puede ver vulnerado su derecho a una tutela penal eficaz.

[37]  Vid supra 5

[38] Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis.  Hacia una reformulación del principio de proporcionalidad. Gaceta Constitucional No. 8. Lima, 2008. p. 37. BOROWSKY, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal Pulido. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003. Una contribución importante de Borowski partió de su tesis doctoral titulada Grundrechte als Prinzipien (Los derechos fundamentales como principios).

[39] PRIETO SANCHIS, Luis. Tribunal Constitucional y positivismo jurídico. Doxa 23(2000). p. 180

[40] Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Los grados de vulneración de los derechos fundamentales. Teoría y práctica. Gaceta Constitucional No.25.  Lima, 2010.  p. 313-324.

[41]  Vid STC 3509-2009-PHC/TC. Caso Chacón Málaga. Decisorio

1. Disponer que la Sala penal emplazada excluya al recurrente del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

[42] Vid STC 03173-2008-PHC/TC F.J. 30. Caso Teodorico Bernabé. Voto singular César Landa Arroyo. 

30. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad constituye, en un proceso constitucional, un principio que no admite discusión alguna. Su aplicación evita la impunidad y permite a los Estados cumplir con sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. La determinación de cuándo se está frente a un crimen de lesa humanidad constituye una labor jurisprudencial de particular importancia, a la que viene contribuyendo en forma decisiva la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los últimos años ha emitido importantes decisiones al respecto.

[43] FIGUEROA, Edwin. Gaceta Constitucional No. 27. Marzo 2010. Págs. 130-143. En dicho estudio tuvimos oportunidad de señalar: “La determinación del plazo razonable reviste complejidad en atención a la dificultad propia de definición de un estándar particular, al tiempo que no resulta aún de consenso común en la jurisprudencia constitucional.”  

[44] ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducción de Marina Gascón. Trotta. 1995. p. 33

[45] GRANDEZ, Pedro. Tribunal Constitucional y argumentación jurídica. Palestra. Lima, 2010. p. 39. 

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