Archive for the ‘c. Sentencias constitucionales’ Category

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Sentencias constitucionales penales. Confirmación de prisión preventiva. Caso 14983–2018–28–1708–JR–PE–01

15 febrero, 2019

Estimado amigos:

El día de hoy colgamos la parte pertinente de un fallo que confirma la prisión preventiva de dos personas en un caso de robo agravado. Los insertos corresponden solo a la parte de fundamentación constitucional y todas estas resoluciones son expedidas en el marco de labores de la Sala Penal Vacacional del Distrito Judicial de Lambayeque durante el mes de febrero de 2019.

  1. En consecuencia, de la valoración conjunta de los agravios expresados por los abogados defensores, tenemos que sus argumentaciones formuladas en audiencia oral, incluso agotado el debate probatorio en observancia irrestricta del derecho al debido proceso, no resultan enteramente suficientes para desvirtuar la medida de prisión preventiva contra los ahora apelantes, y será exigible que se desarrollen nuevos actos de investigación a fin de hacer viable, si correspondiere, la pretensión formulada de revocatoria de la prisión preventiva dispuesta por el juzgador. 
  1. Es importante complementar la procedencia de la prisión preventiva dispuesta, señalando el cumplimiento de los manifestaciones centrales que fija San Martín Castro[1] respecto a la prisión preventiva, como mecanismo de la justicia penal: 1. Su absoluta jurisdiccionalidad; 2. Su patente excepcionalidad y no obligatoriedad; 3. La vigencia plena de principios transversales, de jerarquía constitucional; y 4. Su provisionalidad y temporalidad. 
  1. En relación al primer item y en relación a ambos imputados, se cumple el requisito de absoluta jurisdiccionalidad, en cuanto un juzgado penal, con las atribuciones que la Constitución y la ley le facultan, hace uso de su potestad de valoración para concluir que el ilícito de robo agravado descrito merece, por ahora, una restricción de la libertad de ambos apelantes, dada la incriminación de los mismos, a partir de la sindicación uniforme de la agraviada. 
  1. En un segundo plano, es importante poner de relieve la patente excepcionalidad y no obligatoriedad de esta medida, en cuanto conforme a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional sobre la materia,[2] los órganos jurisdiccionales deben considerar extraordinaria esta medida y no validarla como una disposición de aplicación regular. En efecto, solo la incidencia grave del delito acotado, el peligro procesal que los imputados por ahora representan y la prognosis de pena que el juzgador prevé al respecto, justifican la regla de la excepcional prisión preventiva dispuesta. Al respecto, podemos asumir que la medida aplicada cumple el requisito de aprobar un necesario control de convencionalidad. 
  1. De la misma forma, se cumple la vigencia plena de principios transversales, de jerarquía constitucional, entre ellos los de presunción de inocencia y dignidad de la persona humana. En relación al primero, se infringe en forma leve y por tanto constitucionalmente relevante, la presunción de inocencia de los imputados, dada su participación fáctica en los hechos materia de imputación. Esto no representa, en modo alguno, un veredicto anticipado de culpabilidad sino una gravosa restricción de la libertad individual, mas solo a través de una fundamentación incriminatoria suficiente, a partir de la relevancia de los hechos materia de imputación. 
  1. Respecto al segundo derecho fundamental enunciado- dignidad de la persona humana- igualmente podemos afirmar una afectación legítima media de dicho derecho, en cuanto solo una suficiente incriminación, así como una decisión jurisdiccional apoyada en razones de premisas fácticas y normativas, puede justificar, reiteramos de modo excepcional, la privación de libertad. Son pues requisitos que se cumplen en este caso. 
  1. Por último, se cumple el requisito de provisionalidad y temporalidad, en cuanto si la imputación decayera al surgir nueva prueba en el proceso, o de ser el caso, si se produjese una exculpación por parte del juzgador, sea por la infundabilidad de la pretensión o porque surgiese duda razonable, el mandato podrá cambiar a comparecencia restringida o simple, de ser idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Por otro lado, la temporalidad igualmente es satisfecha en cuanto el juzgador ha fijado un plazo de prisión preventiva- nueve meses- plazo al cabo del cual, si no hubiese sentencia condenatoria, habrá de ser exigible, de pleno derecho, la libertad de los procesados.

[1] SAN MARTIN CASTRO, César. Ponencia presentada en el VIII Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Pontificia Universidad Católica del Perú. Abril de 2018.

[2] 4780-2017-PHC/TC, caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. Fundamento jurídico 37

En esta línea de razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la aplicación de la prisión preventiva “debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática” (Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 106; Caso Acosta Calderón v. Ecuador, Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 74; Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 106; Caso López Álvarez v. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 67; Caso Servellón García y otros v. Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 88; Caso Yvon Neptune v. Haití, Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 107; Caso Bayarri v. Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 69; Caso Barreto Leiva v. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 121). En la misma inteligencia, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos establecen que “[e]n el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso” (Regla 6.1).

 

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Sentencias constitucionales penales. Improcedencia de beneficio penitenciario. Caso 11989-2017-51-1706

14 febrero, 2019

Estimados amigos:

Hoy colgamos la parte pertinente – fundamentación constitucional- de una resolución de Sala que deniega un beneficio penitenciario en un caso de producción, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos.

10. Es pertinente poner de relieve, en esta fundamentación denegatoria del beneficiario penitenciario solicitado, la posición asumida por el Tribunal Constitucional, ya reseñada supra, respecto a la naturaleza de esta figura jurídica. Sobre dicho aspecto, el supremo intérprete de la Carta Fundamental incide en que estas peticiones no constituyen, propiamente, derechos fundamentales, sino se trata de derechos expectaticios. Esta diferencia es importante pues, en propiedad, la sola presentación de este pedido implica el ejercicio del derecho fundamental de petición pero esta solicitud se agota con su solo ejercicio.

11. La acotación anterior nos remite, en consecuencia, a un ejercicio de discrecionalidad fundamentado por parte del juzgador. A este efecto, reiteramos, no basta la sola presentación de informes técnicos favorables a favor del solicitante, sino importa la valoración fundamentada del juez respecto al pedido de un beneficio penitenciario. Advirtamos que aquí se le confiere al juzgador el ejercicio de una valoración discrecional, y he aquí que importa contraponer este tipo de discrecionalidad frente a lo que representa cualquier otra manifestación de subjetividad. Esta última implica una motivación sin bases argumentativas por parte del juzgador, e implica un rango de irracionalidad argumentativa así como una ausencia de razonabilidad y proporcionalidad, situaciones que derivan en una falta total de motivación. 

12. Por el contrario, en la denegatoria de un beneficio penitenciario, el juez recurre a una discrecionalidad fundamentada, figura que, a juicio nuestro, exige tres condiciones: 1) valorar motivadamente la naturaleza del delito cometido; 2) examinar las consecuencias dañosas de los bienes jurídicos afectados por el agente; y 3) fundamentar la previsión que hace el mismo juez de que el solicitante no vaya a cometer nuevo delito. En consecuencia, no se trata de una denegatoria subjetiva, lineal ni plana, sino de un ejercicio discrecional que a su vez recurre sistemáticamente a razones que van a fundamentar la improcedencia de la pretensión. Aquí se materializa la idea que parte de Hans Reichenbach respecto a que el juzgador, al emitir una decisión, hace una apuesta racional conociendo bien las leyes de la probabilidad, aseveración que hace el filósofo alemán aludido como parte de sus contribuciones a la teoría de la probabilidad y de las interpretaciones filosóficas de la relatividad. 

13. En consecuencia, la denegatoria de un pedido como el solicitado, cumple la condición de ser una respuesta racional –que bien puede llamarse apuesta- pero que enfáticamente es, ante todo, una posición jurisdiccional. Y el conocimiento de las leyes de la probabilidad apunta a un conocimiento de la normativa aplicable al caso, en tanto la resolución de casos penales parte de la noción inicial de conocimiento del juez respecto de las reglas y premisas normativas. A esto debe sumarse, en congruencia con lo afirmado, una experticia respecto a las consecuencias de la decisión.

14. En la denegatoria que examinamos, resulta un aspecto sustantivo, en un primer orden de la exigencias planteadas en el considerando décimo segundo de esta decisión, la valoración que realiza el juez respecto de la gravedad del delito cometido: producción, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, lo que supone el cumplimiento de la primera condición referida supra. En segundo término, las consecuencias dañosas de los bienes jurídicos afectados por el agente se expresan en la existencia de una parte agraviada- el Estado- parte a favor de la cual se dispone una reparación civil para compensar las consecuencias de los ilícitos ocurridos. Por último y cumpliéndose la tercera exigencia, reviste importancia la previsión que haga el mismo juez de que el solicitante no vaya a cometer nuevo delito, y es aquí que la naturaleza propia de los ilícitos acaecidos genera un cálculo de probabilidades de que la parte solicitante del beneficio aún no se encuentra en condiciones de acceder al pedido realizado.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales penales. Confirmación de condena por hurto agravado. Caso 11723-2013-31-1706-JR-PE-01

13 febrero, 2019

Estimados amigos:

Incluimos la parte pertinente de un fallo referido a una sentencia condenatoria por hurto agravado, en cuanto se refiere al análisis de los derechos fundamentales concernidos.

En consecuencia, un veredicto de culpabilidad, como decidimos en este caso, no infringe los derechos fundamentales del sentenciado, más aún si nos referimos a cuestiones iusfundamentales tan relevantes como la presunción de inocencia y la libertad individual, bienes jurídicos que en este caso soportan una afectación precisamente legítima por la consumación gravosa de las cuestiones fácticas que han sido relatadas y detalladas supra.     

Lo afirmado nos debe llevar a concluir que un bien jurídico tan valioso como la presunción de inocencia se ve quebrantado en forma, modo y rango suficientes como para adoptar esta Sala Penal Vacacional una posición condenatoria, dada la configuración, subsunción y probanza del tipo penal acotado, en este caso, hurto agravado, en tanto y en cuanto resulta que deviene el condenado, a través de esta sentencia de segunda instancia, en autor de los hechos imputados y, por tanto, en sujeto que debe soportar la carga persecutoria de la conducta imputada.

El referido quebrantamiento de la presunción de inocencia, por otro lado, conduce en forma igualmente legítima a la afectación suficiente del derecho fundamental a la libertad individual, en tanto la condena penal efectiva resulta una medida idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, en relación a la privación de libertad que sufre el ahora sentenciado.

Desde esta perspectiva, se consuma un efecto de las relaciones iusfundamentales entre ciudadanos de un Estado Social y Democrático de Derecho, premisa que parte de la Ley Fundamental de Bonn en el año 1949, en cuanto el Estado no puede afectar el contenido esencial de un derecho fundamental, como el derecho a la libertad individual en este caso, salvo el caso de vulneración grave, ostensible y manifiesta de otro bien jurídico protegido, como en este caso sucede, respecto de la agraviada, respecto de su derecho a la propiedad, en este caso específico, en su variante de hurto agravado como figura que afecta la propiedad.

Es de concluirse, por tanto, que el presente proceso ha sido llevado en forma regular, suficiente y respetuosa respecto de los derechos fundamentales del afectado, y que este órgano jurisdiccional resulta legitimado, por la Constitución y la ley, para concluir que la sanción penal que confirma constituye una respuesta congruente con todo lo actuado a lo largo del proceso, tanto desde la contribución de las premisas fácticas como de las premisas normativas.       

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra  

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Sentencias constitucionales penales. Omisión de asistencia familiar. Conversión de pena efectiva a prestación a servicios a la comunidad. Caso 5603-2018-25-1706-JR-PE-04

12 febrero, 2019

Estimados amigos:

Materializando el aviso de colgar nuestras resoluciones a partir de los fallos emitidos en la Sala Penal Vacacional que presidimos en este mes de febrero de 2019, adjuntamos los considerandos de la parte pertinente de la decisión, en las cuales el suscrito ha sido ponente, solo en cuanto compete a la parte de la fundamentación que consideramos de orden iusfundamental.

El caso en mención corresponde a una conversión de pena efectiva a prestación a servicios a la comunidad en razón de que el sentenciado había cumplido con el pago del íntegro de la obligación. Sin embargo, dadas diversas sentencias previas con pena suspendida ( no efectiva), el juez había aplicado 3 años 5 meses de pena efectiva.

2.7.- Debemos poner énfasis, de otro lado, en la importancia que reviste para efectos del presente caso, que el condenado hubiera cumplido con el pago de la obligación dineraria puesta a cobro, y a este respecto, el decisorio de la sentencia reconoce el pago de la obligación en forma taxativa. Bajo esta pauta, hemos de afirmar que uno de los propósitos esenciales indirectos de este tipo de procesos, como sucede en el ilícito de la omisión de asistencia familiar, es el cumplimiento de una obligación económica de origen alimentario, situación que merece mayor sustentación, conforme pasamos a describir. 

2.8. Desde una perspectiva principal, este delito sanciona a la parte que incumple un deber, aspecto que también merece entenderse como una protección a la parte agraviada en cuanto se lesiona el bien jurídico que la familia representa, y de allí que sea imponible una condena penal. Sin embargo, es menester también asumir que hay un componente económico determinante para la configuración de este delito, y ello reside en el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, situación que provoca abandono tanto moral como material de la familia por parte del imputado, y de ahí la justificación persecutora por parte del Estado a través del Ministerio Público.

2.9. A pesar de lo sustentado, el pago de la obligación alimentaria, a pesar de no hacer desparecer totalmente el efecto dañoso del incumplimiento, sí resarce en parte la falta de retribución económica a los agraviados, premisa que nos conduce a afirmar que la lesión grave al derecho fundamental a la protección de la familia, como sucede con la omisión de asistencia familiar si se pagare la obligación, disminuye proporcionalmente su efecto dañoso, y ya no estamos frente a una afectación manifiestamente grave del contenido esencial de dicho derecho, sino frente a una afectación de orden medio, si aludimos a la teoría de la ponderación entre derechos fundamentales que propone Robert Alexy, profesor de la Universidad de Kiel en Alemania.

2.10. Por otro lado, resulta cierto otro aspecto relevante: ¿cómo cumplir con las obligaciones alimentarias hacia los agraviados si el imputado es recluido en prisión? Aquí advertiríamos dos escenarios: si el incumplimiento de la obligación es total, consideramos que la actividad sancionadora y punitiva del Estado se justifica. Sin embargo, un segundo escenario es que, en ese contexto de persecución penal, el obligado cumpla parcial o totalmente con la obligación, situación que, de suyo, implica otro tratamiento penal, ya no de orden gravoso, sino que asuma entender el contexto de las cosas como la aplicación de los principios pro homine y de dignidad de la persona humana, principios de argumentación que reconducen el debate jurídico dejando de lado la inflexibilidad de las reglas y dando oportunidad a la aplicación de los principios.  

2.11.- Por tanto, se justifica de este modo una decisión jurisdiccional que revoque la pena efectiva aplicada y disponga su reconversión a prestación de servicios a la comunidad, sin perjuicio de exhortar al sentenciado para que a futuro cumpla con sus obligaciones alimentarias en el tiempo, plazo y modo establecidos, pues de por medio se encuentra una obligación económica de orden alimentario que es impostergable, ineludible e inaplazable.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales civiles. Cese de adopción y test de proporcionalidad.

24 enero, 2018

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE- PERÚ 

 

SEGUNDA SALA CIVIL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE Nro.           : 2515-2015  

DEMANDANTE                : KAREN STEFANY CHAVESTA DÍAZ

DEMANDADO                   : SUSANA ALVINES CHAVESTA Y OTROS

MATERIA                           : CESE DE ADOPCIÓN

PONENTE                           : EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 29 días del mes de setiembre de 2016, la Segunda Sala Civil de Lambayeque, integrada por los Magistrados Silva Muñoz, Figueroa Gutarra y Salazar Fernández, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto de fecha 30 de junio de 2016, que declara improcedente la demanda interpuesta.

 

ANTECEDENTES 

El auto apelado (p. 137-138) declara improcedente la demanda, al considerar que la recurrente cumplió la mayoría de edad el 28 de octubre del 2012, razón por la cual su derecho a impugnar la adopción caducó el 28 de octubre del 2013. A ello añade que la demanda se interpone con fecha 02 de julio de 2015, es decir, a los 20 años. Basa su decisión en el artículo 385 del Código Civil, el cual prevé que el pedido de cese de adopción fenece al año de cumplida la mayoría de edad por parte del adoptado.

La apelación formulada (p. 144-150) señala que la recurrida le causa agravio de naturaleza personal y procesal. Es personal, toda vez a que no se le permite recobrar su verdadera identidad filiatoria, pues al momento de ser adoptada, tenía la condición de menor de edad. Dicha situación no le permitió ser partícipe de la adopción de su abuela materna, lo cual hoy le viene generando problemas de tipo familiar con sus verdaderos padres. Y es de naturaleza procesal, dado a que la resolución impugnada no goza del principio de la debida motivación que la Constitución norma para garantizar la protección de los derechos fundamentales, dado que se está aplicando restrictivamente el plazo de caducidad.

 

FUNDAMENTOS 

  • ¿Fronteras entre reglas y principios?
  1. Si bien las reglas y los principios presentan definiciones materiales distintas, su diferenciación en la práctica judicial merece, algunas veces, conflictos de mayor envergadura. Nos referimos a los casos en los cuales la diferenciación adquiere ribetes trágicos pues la justicia ordinaria, prevalentemente aplicadora de reglas, suele verse en oposición compleja, con los enunciados ideológicos que caracterizan a los principios.
  1. De esa manera, llegamos a las situaciones límite en las cuales se debe dilucidar el campo de extensión de aplicación de los principios o si éstos, premisa con la cual discrepamos, se circunscriben solo a la justicia constitucional, en tanto las reglas deben ser privativas respecto de la justicia ordinaria.
  1. La controversia que anotamos no es menor pues si existieran estas fronteras privativas, tendríamos zonas exentas de control constitucional, o en su caso, situaciones de autonomía incompatibles con el fenómeno del desbordamiento constitucional,[1] el cual propende a que la justicia ordinaria no solo tenga una mirada de costado respecto a la justicia constitucional, sino que aborde la forma de interpretación que ésta propugna.
  1. ¿Con ello se invaden autonomías interpretativas propias de la justicia ordinaria en desmedro propio frente a la interpretación de la justicia constitucional? Es una pregunta que vamos a tratar de desarrollar en los acápites sucesivos.
  1. Abordemos cuestiones complejas específicas: la aplicación del test de proporcionalidad, ¿solo debe circunscribirse a la materia constitucional, o una interpretación extensiva del mismo, implicaría su aplicación en materias propias de la justicia ordinaria? Nos inclinamos, con énfasis, por la segunda opción. O en otros términos ¿se invade la autonomía de la justicia ordinaria cuando ésta aplica un razonamiento basado en principios y define las controversias en base a herramientas interpretativas propias de la justicia constitucional?
  1. Sobre esta discusión, es innegable que existe un proceso de constitucionalización de todas las disciplinas del Derecho, léase justicia penal, civil, laboral, familia, etc, campos, estos últimos, en los cuales el razonamiento por reglas tiende a ser prevalente. ¿Qué sucede entonces? Que este fenómeno de irradiación ocurre progresivamente, y en propiedad, insta a los jueces de la justicia ordinaria a incluir en sus razonamientos, elementos interpretativos materiales de la justicia constitucional.
  1. Esta tendencia debe tener lugar a partir de los casos judiciales que se resuelvan desde todos los ámbitos de la justicia ordinaria, léase niveles de la Corte Suprema y estamentos de menor grado.
  1. Por tanto, resolver los casos de la justicia común a partir de las cláusulas constitucionales, de los principios procesales constitucionales, y, de ser el caso desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, e incluso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es plenamente sostenible en función de la argumentación que sea necesaria para resolver los casos.
  1. Un problema que identificamos a este respecto, a propósito de este conflicto, es la concepción de la justicia ordinaria maneja respecto del proceso en general. La justicia ordinaria aborda, muchas veces, que el proceso se sustenta y se justifica en la formalidad, solo así subsiste y de ese modo se legitima. Ahora bien, las reglas representan, las más de las veces, razonamientos formales necesarios, su valor es innegable en la formación del juicio jurídico. Por eso su individualización se entiende como la de mandatos definitivos, del todo o nada, y que ordenan o no un sentido de homogeneidad ideológica de comprensión del problema jurídico.
  1. Por el contrario, si se entiende un proceso en clave constitucional, el proceso será siempre un instrumento de justicia que utiliza las formas como un camino para llegar a materializarla, mas nunca, como un instrumento para desvirtuarla. Aquí la diferencia es aún mayor pues importa la concepción de un proceso como medio o como fin para la realización de la justicia. Si se trata de un medio, es importante acotar que los razonamientos por principios van a ser los instrumentos colaterales para la realización de la justicia. Por el contrario, si el proceso es un fin, entonces le debemos al mismo la rigurosidad de las reglas.
  2. Si bien la justicia ordinaria impone como regla la formalidad y el carácter imperativo de las normas que la caracterizan, debe aceptar también la posibilidad de su adecuación, nos referimos a las formas, para el logro de los objetivos del proceso que, en rigor, es la resolución de los intereses en conflicto o la eliminación de las incertidumbres con relevancia jurídica.
  3. Y he aquí un debate que no tiene ni punto de partida ni de conclusión. Las formas de las reglas, en ciertos ámbitos, sobre todo en conflictos fáciles, en la clásica tipología de Atienza,[2] no deben presentar mayor discusión pues la interpretación de la justicia ordinaria no debe sino realizarse desde una perspectiva de razonamiento silogístico.
  4. El debate se presenta a partir de la necesidad de contextualizar la aplicación material de los principios, en la idea de que la exigencia de aplicación de los mismos, nuevamente nos retrotrae a la denominada pesadilla[3] de aplicación de los principios, cuando en realidad es menos complejo, menos polémico definir una controversia por reglas, las cuales nos presentan razonamientos puntuales, concretos y definitivos. Y por cierto, transmiten en su razonamiento certeza aplicativa y seguridad en las bases silogísticas del razonamiento.
  5. Sin embargo, ¿no hay acaso silencio de las reglas frente al contexto material de los principios? El noble sueño que representa la aplicación de las reglas, lamentablemente, constituye un acto unilateral desde quien debe ejercer la decisión como juez de la justicia ordinaria, de impartir justicia.
  6. Sin embargo, la impartición de justicia no solo tiene una faceta material. Diríamos que estamos frente a un rostro agrietado si solo abordáramos la noción de justicia desde la perspectiva de las solas decisiones de los jueces. Por el contrario, la figura de discusión de esta materia se amplía si contextualizamos la decisión judicial desde la perspectiva más integrada de la comunidad jurídica y la sociedad civil en su conjunto.
  7. Esta premisa tiene una connotación de relevancia. La decisión judicial por reglas satisfará el contexto argumentativo silogístico del juez. Finalmente, éste podrá aseverar que la aplicación de la ley es el primer deber del juez. Coincidimos parcialmente con esta afirmación. Ciertamente es un deber del juez la aplicación de la ley, mas en esa aplicación hay implícito un deber especial de protección,[4] en simultáneo y también, de los derechos fundamentales. Dicha referencia a este deber ha sido desarrollada, igualmente, por el Tribunal Constitucional Federal Alemán,[5] uno de los órganos jurisdiccionales emblemáticos en la defensa del los derechos fundamentales en el escenario contemporáneo.
  8. Por tanto, no puede evidenciarse una realización del fin de la justicia si el razonamiento por reglas no advierte la necesidad de incorporar un razonamiento por principios, desde la primera interpretación incluso del primer debate de la controversia. De esa forma, los jueces de la justicia ordinaria, valga reiterarlo, son antes jueces de la Constitución, en las controversias a su cargo, y la interpretación debe constituir un medio para la realización del fin justicia, en tanto la idea de las formas y el propio aporte de las reglas son en rigor solo un medio.
  9. De esa manera, si bien no hay criterios definidos para referirnos a una frontera entre reglas y principios, sí tenemos elementos materiales para proponer una necesaria interrelación entre los mismos en función de la interpretación de las controversias en concreto: las reglas definen, las reglas establecen, las reglas prescriben, mas los principios integran, los principios suplen, los principios confluyen.

 

  • El test de proporcionalidad
  1. En enlace con las ideas anteriores, los principios prevalentemente se aplican a través del test de proporcionalidad si una norma es incompatible con la Constitución. ¿Es obligatoria la aplicación del control difuso? Nuestra posición es que esta última figura es plenamente aplicable, mas el test de proporcionalidad ofrece una decisión, dentro del marco de la Constitución, aplicable en forma inmediata, sin la exigencia formal de una consulta ante la Corte Suprema, pues precisamente estamos ante la protección necesaria de un derecho fundamental, cuya tutela deviene urgente,[6] aún en el marco de los procesos de la justicia ordinaria.
  2. De otro lado, cuando la resolución de conflictos involucra intervención estatal en los derechos fundamentales, asume plena razonabilidad la aplicación de la técnica de la proporcionalidad, también denominada del principio de proporcionalidad. ¿Y por qué dicha denominación? El desarrollo jurisprudencial sustentado por el Tribunal Constitucional, ha estimado que la norma sometida a test de proporcionalidad entre las partes involucradas en el conflicto, una vez acusada de inconstitucionalidad, explica esta situación por el contexto de excesos no previstos por el legislador.
  3. A este respecto, el conflicto entre particulares parte de la premisa, no siempre material, de igualdad de condiciones. Las partes procesales, en principio, son iguales ante la ley. Sin perjuicio de ello, ¿y si una parte abusa de su posición de ente estatal y en ejercicio de sus atribuciones, comete infracciones contra los derechos fundamentales del ciudadano? En tal situación, tiene lugar, a fin de frenarse los excesos del caso, la aplicación del principio de proporcionalidad. Ahora bien, esos excesos pueden ser igualmente cometidos por funcionarios públicos en el marco de desarrollo de sus funciones, e incluso por los esquemas formales de los Códigos al dirimir los derechos de los ciudadanos.
  4. En el caso de la calle de las Pizzas[7] emblemático de la aplicación jurisprudencial del principio de proporcionalidad, el Municipio de Miraflores impone restricciones de horario a los negocios de la calle referida, a fin de defender el derecho al descanso por parte de los vecinos, frente a la invocada afectación del derecho a la libertad de trabajo, por parte de los comerciantes. Este caso permite una ilustración didáctica de cómo viene resolviendo el Tribunal Constitucional en materia de proporcionalidad.
  5. Este principio está integrado por tres sub exámenes: de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Su concurrencia debe ser conjunta pues la ausencia de uno de ellos implica la validación constitucional de una norma sometida a control. A su vez, la satisfacción de los tres sub exámenes determina la inconstitucionalidad, por inaplicación, de una norma sometida a control.
  6. Los sub exámenes de idoneidad[8] y necesidad[9] comprenden relaciones medio-fin y medio-medio, respectivamente, y se caracterizan por cuanto implican los pasos previos al escenario de comparación final entre dos derechos fundamentales.
  1. La idoneidad refiere, igualmente, que haya un fin de relevancia o un fin constitucional en la intervención. Si se justifica la idoneidad, la norma o situación sometida a control, no cae; contrariu sensu, no acreditándose una norma o conducta que también podamos denominar adecuada, la norma sometida a control será inconstitucional o la conducta o situación a evaluar será incompatible con el derecho fundamental que la norma afecta.
  1. A su vez, el examen de necesidad representa un reto a la acreditación de una medida o situación menos gravosa que logre el mismo resultado que la norma sometida a control.
  1. Diríamos que implica una exigencia a la imaginación del intérprete en tanto si acreditamos un medio menos gravoso que llegue a satisfacer, de forma menos onerosa, la solución de la norma o conducta vulneratoria, pues la norma o situación sometida a control ha de caer en su formulación y por lo tanto, será declarada fundada la pretensión. En síntesis, el examen de necesidad demanda la exigencia de una solución no tan onerosa como la implementada por la norma o situación respectiva respecto a un derecho fundamental. 
  1. Finalmente, el sub examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación- acota el Tribunal- consistirá en una comparación entre dos derechos fundamentales cuyos grados de afectación y satisfacción deben ser determinados.
  1. Diríamos que este último examen es el de mayor relevancia pues alude a un verdadero escenario de contrastación entre dos derechos fundamentales y bajo los supuestos de la escala triádica de Robert Alexy,[10] ha de involucrar un mayor nivel de satisfacción del derecho fundamental que prevalece y un menor nivel de afectación del derecho que a su vez es desplazado.
  1. De otro lado, siendo flexible la interpretación constitucional, es decir, siendo viable la adecuación de la dogmática constitucional a los fines de los procesos constitucionales, sean ellos relativos a los procesos constitucionales de la libertad[11] o de control normativo,[12] es necesario considerar, en ese razonamiento, que el Tribunal Constitucional, también ha desarrollado la aplicación del test de igualdad como un test de razonabilidad.[13]
  1. Esta premisa inclusive ha sido admitida en el Derecho Comparado bajo la misma forma de test. La Corte Constitucional de Colombia en su fallo C-673 de 2001 considera el test de razonabilidad en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida; 2. El análisis del medio empleado y 3. El análisis de la relación entre el medio y el fin.[14]
  1. El test de razonabilidad ha comprendido menos pasos que el test de igualdad– tres en total- mas la esencia es la misma: se trata de establecer un patrón de comparación entre normas o situaciones que a su vez sean sometidas a control constitucional bajo ciertos estándares que representan la concretización de la observancia del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.

 

  • La improcedencia de un proceso y el principio pro homine
  1. La figura de la improcedencia de los procesos judiciales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones de derecho. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos que involucren derechos fundamentales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción, es decir, cuando se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional, o bien cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.
  1. Por consiguiente, la improcedencia, dictada a través de un auto o en decisión que pone fin a la instancia- impide el tránsito de una pretensión por sede judicial, en razón de no cumplir los requisitos de legalidad- presupuestos procesales o condiciones de la acción- o de legitimidad, para ser acogida bajo el rango de la tutela jurisdiccional efectiva.
  1. Contrario sensu, cuando una pretensión demuestre visos de afectación, en aplicación del principio pro homine, deberá ser admitida a trámite, o en su caso, implicar la continuación del proceso, para el esclarecimiento de la controversia en sede constitucional.

 

  • Análisis del caso concreto
  1. En el caso que nos ocupa, consideramos que convergen dos situaciones: de un lado, creemos exigible un pronunciamiento de fondo pues en realidad se solicita la concreción de un derecho que, si bien es cierto ha involucrado el vencimiento de un plazo determinado, por otro lado, y como segunda cuestión, hace exigible se pronuncie el A quo, en vía de ponderación y vía test de proporcionalidad, también, sobre el derecho a la identidad.
  1. En efecto, ya el Tribunal Constitucional ha asumido la posición de que el derecho a la identidad, como derecho fundamental, involucra un proyecto de vida, y de la misma forma, constituye un sentido de reconocimiento a ser individualizado.[15]
  1. Por lo tanto, consideramos que no es oponible, en vía previa, asumir la calidad de disposición que asume, restrictivamente, el artículo 385 del Código Civil,[16] caso que implicaría sí la improcedencia strictu sensu de la demanda, sino deviene exigible asumir el criterio de norma, o de sentido interpretativo, que en diversos pronunciamientos, como el que se señala en este caso- STC 5829-2009-PA/TC- reviste el derecho a la identidad.
  1. En ese orden de ideas, constituye deber especial de protección de los jueces de familia determinar si el derecho a la identidad constituye o no, elemento determinante para una decisión estimatoria, aspecto que se debe establecer satisfaciendo los estándares mínimos de un debido proceso en concordancia con los derechos fundamentales.
  1. En el orden de ideas expuesto, partimos de la necesidad de someter a test de proporcionalidad el artículo 385[17] del Código Civil, en la medida que implica para la parte demandante una restricción ilegítima de su pretensión de declaración judicial sobre el derecho a la identidad, elemento intrínseco que forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
  1. Precisada la atingencia anterior y recogidos los fundamentos de la STC 045-2004-AI/TC, caso PROFA, fundamentos jurídicos 8 y siguientes, desarrollamos los siguientes elementos de análisis material.
  1. Sometida la norma al sub examen de idoneidad, en cuanto a la exigencia de que haya un fin de relevancia constitucional o un fin constitucional en la intervención, consideramos prima facie que sí se justifica la idoneidad de la norma sometida a control. La exigencia de ordenar los alcances de la adopción representa un fin constitucional en sí mismo, pues es necesario que los actores del ordenamiento jurídico- las partes en un proceso- puedan guiarse por las reglas de determinación del Código Civil sobre la materia.
  1. Pasando al examen de necesidad, la norma bajo control- artículo 385 del Código Civil- consideraría que el no ejercicio del plazo previsto, dentro del año de cese de la adopción, implicará materializar un estado de cosas a favor de la seguridad jurídica Al respecto, no encontramos una solución menos gravosa pues si se persigue seguridad jurídica, podrán haber otros medios de satisfacción pero no necesariamente menos gravosos que aquellos que la norma prevé.
  1. Finalmente, en el sub examen de proporcionalidad en sentido estricto entre dos derechos fundamentales concernidos, a propósito del examen de este test, advertimos dos principios en colisión: la accionante reclama el derecho a la identidad y de otro lado, el legislador invoca una facultad regulatoria que aspira a una seguridad jurídica de suyo siempre necesaria pero no siempre legítima.
  1. Nos encontramos aquí ante un escenario de contrastación entre dos derechos fundamentales y de conformidad con la escala triádica de Alexy y la ley de ponderación, asignamos un valor medio de afectación a la potestad reguladora del Estado y su derecho sucedáneo a la seguridad jurídica, en tanto existe un alto nivel de satisfacción del derecho a la identidad.
  1. Fundamos esta aseveración en que no observamos una justificación ni racional ni razonable por parte del Código respecto a que la recurrente ya no pueda acceder a su identidad de origen y en especial, por qué habría de impedírsele, bajo el argumento de la restricción en el plazo, a ejercitar un derecho que la Constitución y la jurisprudencia constitucional, prima facie, le reconocen desde el momento en que se cumplen los supuestos materiales, y no formales, de acceso.
  1. De otro lado, es hasta cierto rango discriminatoria dicha norma, en relación al derecho a la igualdad, pues en tanto distintos tipos de procesos pueden alcanzar un fin determinado, materializando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en el caso de autos, el no ejercicio oportuno de la acción, impide la concreción de un derecho fundamental, en este caso el derecho a la identidad. En rigor, en este caso existe la sola justificación del transcurso del tiempo, sin abundar en ningún otro detalle salvo el vencimiento del plazo. En adición a ello, no hay lesividad en ese ejercicio no oportuno del derecho, ni deviene en lesión al derecho de terceros la falta de acción en el plazo respectivo.
  1. Dadas las condiciones anotadas, concluimos en la necesaria inaplicación, vía testo de proporcionalidad, de la norma sometida a control, pues optar por la aplicación de la misma, en el modo restrictivo que ella prevé, implica una lesión manifiesta del ejercicio del derecho a la identidad, y por tanto, restringe severamente el derecho de la recurrente a que el órgano jurisdiccional defina los alcances legales y constitucionales de la pretensión planteada.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala Civil de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, DECLARA INAPLICABLE al caso concreto el artículo 385 del Código Civil; en consecuencia, NULO el auto que declara IMPROCEDENTE la demanda y por ende, DISPONE la continuación del proceso.

 

Publíquese y notifíquese.

SS.

FIGUEROA GUTARRA

 

(Voto en minoría)

 

[1] SANCHIS PRIETO, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Editorial Trotta. Madrid, 2009. 2da. edición. p. 17.

[2] ATIENZA, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. En Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. (Coordinador) Interpretación constitucional. México, Porrúa. UNAM, 2005. Tomo I. p. 121.

[3] HART, Herbert. Una mirada inglesa a la teoría del derecho americano: la pesadilla y el noble sueño. En AA.VV. El ámbito de lo jurídico. Barcelona. Crítica, 1994. p. 327-330. En LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Revista de jurisprudencia y doctrina. Año IIII. No. 5, enero- junio. Lima, 2007. p.  34

[4] STC 0858-2003-AA/TC Caso  Eyler Torres del Águila

  1. (…) debido al influjo de diversas teorías que han servido de base al constitucionalismo, y muy significativamente de las doctrinas pactistas, desde sus orígenes, el Estado moderno ha sido concebido como un ente artificial, una de cuyas tareas encomendadas ha sido, desde siempre, proteger los derechos fundamentales. Podría decirse, incluso, que se trata de su finalidad y deber principal, pues, en su versión moderna, el Estado ha sido instituido al servicio de los derechos fundamentales. El Estado, en efecto, tiene, en relación con los derechos fundamentales, un “deber especial de protección”. 

Por cierto, este “deber especial de protección” del Estado no es sólo una cuestión teorética derivada de la existencia de una o más teorías sobre la legitimidad del Estado. Constitucionalmente sustenta la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. En efecto, como antes lo ha señalado este Tribunal, los derechos fundamentales no sólo tienen una dimensión subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos subjetivos], sino también una dimensión objetiva, puesto que los derechos fundamentales constituyen el orden material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento constitucional (cf. STC 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, entre otras).

[5] BVerfGE 39, 1 (p.42), caso del aborto I, sentencia de 25 de febrero de 1975; BVerfGE 49,89 (p. 142), caso Kalkar I, sentencia de 08 de agosto de 1978.

[6] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25.  Protección Judicial

  1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.(…) 

[7] STC N. º 007-2006-PI/TC, LIMA. Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari.

[8] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.

  1. (…) La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. (…)Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de discriminación, el análisis consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la consecución de un fin constitucional. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será inconstitucional.

[9] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.

  1. (…) bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis (…) de una comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos.

[10] ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. P. 395 y sgtes. Trad de E. Garzón. CEC Madrid. 1993. p. 435 y ss. En PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 26

[11] Habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.

[12] Inconstitucionalidad y competencial.

[13] STC  2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.

  1. (…) a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio a la igualdad, la doctrina constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuándo estamos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio. Precisamente, uno de esos instrumentos al que habrá de recurrir nuevamente este Tribunal es al test de razonabilidad. 
  1. a)      De la existencia de un fin constitucional en la diferenciación: (…)  
  2. b)      De la adecuación del medio utilizado para alcanzar el fin perseguido (…)  
  3. c)      De la necesidad del medio empleado (…)

[14] BERNAL PULIDO, Carlos. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. p. 12. Disponible en http://portal.uexternado.edu.co/pdf/2_icrp/elJuicioDeLaIgualdadEnLaJurisprudencia.pdf. Fuente visitada con fecha 10 de setiembre de 2014.

[15] STC 5829-2009-PA/TC. Caso Delia Ibañez

  1. (…) entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que  es y por el modo como es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.). 

[16] GUASTINI, Riccardo. Disposición vs Norma. Palestra Editores. Lima, 2011. p. 136. 

[17] Código Civil. Artículo 385. Cese de adopción a pedido del adoptado

El menor o el mayor incapaz que haya sido adoptado puede pedir que se deje sin efecto la adopción dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que desapareció su incapacidad.  El juez lo declarará sin más trámite. 

En tal caso, recuperan vigencia, sin efecto retroactivo, la filiación consanguínea y la partida correspondiente. El registro del estado civil respectivo hará la inscripción del caso por mandato judicial.

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Sentencias constitucionales laborales. Proceso contencioso administrativo. Deber de motivar.

30 noviembre, 2016

           

 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

 

PRIMERA SALA LABORAL DE LAMBAYEQUE

 

 EXPEDIENTE Nro.: 04933-2009-JR-LA-03

DEMANDANTE: CONTRERAS NAVARRO MARIO DUBARLY

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, Y OTROS

MATERIA: ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de noviembre de 2015, la Primera Sala Laboral de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Cervera Dávila, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por la parte demandante contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2013 que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa.

 

ANTECEDENTES

La parte accionante interpone demanda contencioso administrativa (p. 21-34) a efectos de que se declare la invalidez de la Resolución Administrativa impugnada (Carta N° 5878-2009-MTPE/ST), y de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, que deniegan el derecho del recurrente a ser inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente En consecuencia, pide se ordene a la parte demandada le reconozca su derecho a ser inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.

El Procurador Público se apersona al proceso (p. 64-74) y contesta la demanda solicitando se declare infundada. Considera que al actor no le asiste el derecho de incorporación solicitado pues en su momento la Administración denegó dicho pedido fundamentando en forma debida su decisión denegatoria.

El Ministerio Público a nivel de Fiscalía Provincial (p. 105-107) opina que se declare infundada la demanda.

La sentencia impugnada (p. 126-132) declara fundada la demanda centrando su criterio principal en que no ha existido una respuesta adecuada por parte de la Administración, lo que supone afectación del derecho al igualdad, es decir, frente a otros administrados que sí han recibido respuesta frente a pedidos de similar naturaleza. En consecuencia, declara la nulidad de acto administrativo contenido en la Carta N° 005878-2009-MTPE/ST, de fecha 03 de setiembre de 2009. Por lo tanto, ordena a la entidad emplazada proceda a realizar los actos administrativos correspondientes, reconociendo el derecho de don Mario Dubarly Contreras Navarro a ser incluido en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI), correspondiéndole al demandante optar en la vía administrativa, por cualquiera de los beneficios del programa extraordinario previsto en la Ley N° 27803, de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 29059.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo interpone recurso de apelación (p. 135-141), señalando que existe un error en la sentencia, respecto de la calificación de las solicitudes del actor dentro del proceso de la Ley 29059, la cual no estaba dirigida para todos los ex trabajadores cesados, sino que su ámbito de aplicación se circunscribió solo para los que se encuentren en supuestos cerrados de reincorporación. Sin embargo, el actor no cumple con dichos supuestos, pues no acreditó en su momento haber impugnado las citadas resoluciones en el plazo de ley. Asimismo, el requisito para la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente es que se determine de forma fehaciente que haya ocurrido coacción en el cese laboral, sin perjuicio de establecerse cuáles son las pruebas de tal coacción, situación que no ocurre en los fundamentos de la sentencia.

El Ministerio Público a nivel de Fiscalía Superior (p. 173-182) opina que se revoque la sentencia que declara fundada la demanda, y reformándola se declare infundada la demanda. Sostiene que no hay discriminación pues la Administración ha fundamentado su decisión. En tal sentido, considera que se ha afectado el deber de motivación por parte del juzgador.

 

FUNDAMENTOS

 

  • Motivación y calidad de las decisiones judiciales
  1. Existe consenso en la doctrina de la argumentación jurídica respecto a la enorme responsabilidad que le incumbe al juez, quien resulta obligado a brindar una respuesta conducente, coherente, racional y razonable a la controversia a su cargo. En tal sentido, la sentencia 00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, resulta emblemática en el tema de la motivación judicial, en la medida que desarrolla, desde una perspectiva de control constitucional, problemas de motivación de las decisiones judiciales y en puridad, los escenarios contrarios a una debida y correcta motivación.[1]
  2. En adición a lo señalado, el ejercicio de la motivación por parte de los jueces supone la construcción de adecuados argumentos. A este respecto, Manuel Atienza[2] desarrolla hasta 10 buenas razones para argumentar bien, pautas que consideramos deben ser tenidas en cuenta cuando los jueces sustentan sus fallos, en tanto no podemos sino alegar que la motivación implica de suyo la función de esbozar argumentos sostenibles, conducentes y coherentes.
  3. En desarrollo de las exigencias que plantea la motivación, el Precedente Obligatorio 120-2014-PCNM del Consejo Nacional de la Magistratura CNM desarrolla el tema de Calidad de las Decisiones, aspecto objeto de evaluación en los procesos de ratificación de jueces y fiscales según mandato del artículo 154.2 de la Constitución de 1993. Recordemos que los cargos en la judicatura en Perú no sonad vitamy por lo tanto, se somete a jueces y fiscales a procesos integrales de ratificación cada 7 años ante el CNM, a fin de decidirse su permanencia en el cargo.
  4. La evaluación de la decisiones  por parte del CNM se basa en el artículo 70 de la Ley 29277,  Ley de Carrera Judicial. Son items de calificación: 1. Comprensión del problema jurídico y claridad de su exposición. 2. Coherencia lógica y solidez de la argumentación. 3. Congruencia procesal. 4. El manejo de la jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de las posibilidades de acceso a la misma
  5. El precedente CNM en mención desarrolla estos rubros a fin de ser incorporados a todos los procesos de ratificación. En relación a esos estándares jurisprudenciales, por primera vez queda regulado, desde el ámbito de potestades de la Administración propiamente dicha, cómo deben trabajar los magistrados los items de comprensión del problema jurídico y claridad de la exposición, coherencia lógica y solidez de la argumentación, congruencia procesal y adecuada fundamentación jurídica y jurisprudencial, entre otros ámbitos ahora sí especificados.
  6. Estas anotaciones no son en absoluto menores: la sociedad civil dispone de una garantía adicional en el ejercicio de exigencia de realización del deber de motivar respecto de los jueces, pues desde esta decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, estamos los ciudadanos, como destinatarios de las decisiones judiciales, en condición de exigirles a los jueces, y por extensión a los fiscales, que demuestren haber comprendido el problema jurídico sometido a su consideración, al tiempo que se demuestre existe claridad conceptual pues una decisión en exceso compleja afecta, como lo denomina el Ministerio de Justicia de España,[3] nuestro derecho a comprender.
  1. De la misma forma, esa exigencia se extiende a que la sustentación de argumentos del juez al motivar, goce de coherencia lógica y solidez en la argumentación, pues una decisión contradictoria rompe los principios de identidad, tercio excluido y razón suficiente del razonamiento jurídico. Seamos enfáticos en ese aspecto: no puede existir razonablemente una decisión judicial contradictoria.
  1. En esa misma ruta de ideas, deviene otra exigencia relevante que la decisión sea congruente. En el eventual caso de una desvinculación del tipo en materia penal, de una variación de la demanda civil antes de que ésta sea notificada, o de la reconversión de un proceso constitucional previa observancia de los estándares prefijados por el Tribunal Constitucional, o en otros casos excepcionales, la decisión podrá no constituir una necesaria consecuencia lógica de la pretensión, pues se admite la derrotabilidad de la norma en dicha situación, mas los casos aludidos son puntualmente excepcionales. Y sin embargo, en los demás casos, hay necesidad de respetar el principio de congruencia procesal, tan caro en el debate procesal.
  1. Por último, llamamos decisión considerablemente buena a aquella que satisfaga estándares de aplicación normativa, al tiempo que invoque los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así como enuncie, de modo relevante, la doctrina vinculada al respecto. Advertimos aquí un trípode conceptual que los jueces están instados a respetar e inclusive es objeto de calificación por parte del CNM.
  1. En efecto, si no hubiera aplicación directa de la norma respectiva en el caso concreto, habremos de suponer que los jueces basan su decisión en la Constitución o en los principios generales del Derecho. De igual forma, la observancia de los precedentes es un aspecto de interés por cuanto se fomenta la predictibilidad y la universalidad de las decisiones. Finalmente, la invocación de la doctrina es una tarea positiva pues representa el uso de herramientas construidas por los estudiosos del Derecho. El juez moldea estas últimas, las hace dúctiles para su uso, y las adecúa para su aplicación respecto al caso concreto.
  1. Podemos poner de relieve, en consecuencia, la importancia de este Precedente Obligatorio en la medida que las exigencias descritas supra van a ser criterios de calificación en los procesos de ratificación, sin excepción.

 

  • El Proceso Contencioso Administrativo 
  1. El proceso contencioso administrativo constituye un proceso especial mediante el cual el Poder Judicial ejerce un control sobre la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos así como brinda una efectiva tutela a los justiciables que consideren amenazados o lesionados sus derechos sus derechos respecto a dichos actos. Esta potestad de control tiene su sustento en el artículo 148° de la Constitución Política de 1993, que señala: “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativo”.
  1. Por su parte, el artículo primero de la Ley N° 29584; precisa su propósito de indicar que “la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados (…)”.

 

  • Análisis del caso concreto
  1. Analizados minuciosamente los actuados y siguiendo los lineamientos fijados por el señor Fiscal Superior, es importante acotar que la sentencia impugnada no ha tenido en cuenta el artículo 18 del Decreto Supremo N° 006-2009-TR, cuya vigencia y aplicación, respecto de su Comisión Ejecutiva, valida el contenido de la Carta N° 05878-2009-MTPE/ST, en donde la Administración señala las razones por las cuales la parte accionante no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N° 29059.
  1. En tal sentido, estando a la exclusión del actor del contenido y alcances de la Ley 29059, la pretensión formulada no puede prosperar bajo los alcances de la Ley 27803, y la acotada falta de motivación que señala la A quo no resulta concluyente, pues analizados los fundamentos que invoca la Administración, estos resultan atendibles.
  1. En propiedad, no puede desvirtuarse a priori los fundamentos que invoca la Administración pues es necesario puntualizar en qué reside la arbitrariedad de su razonamiento, condición ésta última que no ocurre en el caso que nos ocupa, en tanto la Administración señala el incumplimiento de requisitos por parte del accionante para acceder al beneficio solicitado.
  1. A juicio de esta Sala Superior se produce, en consecuencia, un insuficiente ejercicio de motivación por parte de la A quo, en tanto imputa a la Administración una afectación al derecho a la igualdad respecto del administrado ahora reclamante mas, de otro lado, no especifica en qué habría consistido la respectiva afectación, con lo cual se desestima en forma inadecuada el ejercicio regular de la entidad emplazada.
  1. A este respecto, constituye exigencia al A quo razonar en función del acto específico que traduce arbitrariedad, y en qué medidas las manifestaciones de dicha acción, trasgrede normas regla y normas principio constitucionales, deber que no se cumple en el caso que nos ocupa. Configurada la ausencia de especificidad de estas conductas contrarias al deber de motivar, deviene necesario revocar el fallo sujeto a control por parte de esta Sala Superior.
  1. Debemos acotar, de la misma forma, que la sentencia apelada, al no fundamentar su decisión desde la perspectiva del Precedente Obligatorio 120-2014-PCNM, no satisface las condiciones de exigencia que plantea el Consejo Nacional de la Magistratura respecto de lo que podemos denominar una decisión sustantivamente buena. En tal sentido, las fundamentos de crítica que sustenta el Ministerio Público, deben ser validados en la medida que traducen un necesario deber de corrección por parte de esta Sala Superior, dentro de las facultades nomofilácticas que le asisten a este órgano de revisión.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú; REVOCA la sentencia apelada que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa; REFORMÁNDOLA, DECLARA INFUNDADA la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

CERVERA DÁVILA

 

[1] STC 00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja

Un examen de los escenarios contrarios a una debida motivación contenidos en el  fundamento 7 de esta sentencia nos señala lo siguiente:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.

La inexistencia de motivación supone fundamentalmente que no hay explicación sustancial alguna por parte del juzgador respecto a la controversia. La motivación aparente, por su lado, no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o no se responde a los fundamentos sostenidos por las partes, o de ser el caso, se pretende cumplir formalmente con el mandato de motivación, alegando frases que no ostentan solidez fáctica ni jurídica.

b) Falta de motivación interna del razonamiento.

El Tribunal Constitucional precisa que esta digresión “se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.”

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.

El juez constitucional igualmente queda habilitado para revisar las decisiones de la justicia ordinaria cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto implica una ausencia de conexión entre la premisa y la constatación fáctica o jurídica que le corresponde en el ordenamiento jurídico, a decir del Tribunal en la forma siguiente:

“Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.”

d) La motivación insuficiente.

Aquí observamos un problema de gradualidad, es decir, el juez cumple con motivar pero lo hace de modo insuficiente. Debemos precisar que no se trata de dar respuesta, tampoco, a todas y cada una de las pretensiones de las partes, sino que la insuficiencia resultará relevante, desde una perspectiva constitucional, si la no existencia de argumentos o la expresada insuficiencia de razones, deviene manifiesta en contraposición de lo que fundamentalmente se decide.

e) La motivación sustancialmente incongruente.

La incongruencia en la motivación supone un problema de desviación, o de manifiesta modificación o alteración del debate procesal, a lo que se denomina incongruencia activa. Sin embargo, una simple incongruencia no implica necesariamente una función de control. Por el contrario, la ausencia total de dejar sin respuesta las pretensiones de las partes, o desviar la decisión de la dirección del debate judicial generando indefensión, implica una trasgresión del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia, lo que se trasunta en incongruencia omisiva. En esencia, el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de decidir la pretensión puesta en su conocimiento, no omita, altere o se exceda en la definición de las peticiones incoadas.

[2] ATIENZA, Manuel. DIEZ CONSEJOS PARA ARGUMENTAR BIEN O DECÁLOGO DEL BUEN ARGUMENTADOR. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 29 (2006)

  1. El mejor consejo que puede darse a quien desee argumentar bien en el Derecho o en cualquier otro ámbito es prepararse bien (…) 
  1. Hay aspectos comunes a cualquier tipo de argumentación, pero también rasgos peculiares de cada campo, de cada tipo de debate. Por ejemplo, lo que es apropiado para una conferencia (la exposición por extenso de una tesis) no lo es para el que participa en una mesa redonda: (…) 
  1. No se argumenta mejor por decir muchas veces lo mismo, ni por expresar con muchas palabras lo que podría decirse con muchas menos. (…) 
  1. En una discusión, en un debate racional, esforzarse porque el otro tenga razón -como alguna vez propuso Borges- parece demasiado (…)
  1. Cuando se argumenta en defensa de una tesis, no estar dispuesto a conceder nunca nada al adversario es una estrategia incorrecta y equivocada. 
  1. Cuando se argumenta con otro, uno puede tener la impresión de que los argumentos de la parte contraria funcionan como una muralla contra la que chocan una y otra vez nuestras razones. Por eso, una vez probada la solidez de esa defensa, lo más aconsejable es ver si uno puede tomar la fortaleza intentando otra vía. (…) 
  1. La argumentación no está reñida con el sentido del humor, pero sí con la pérdida del sentido de la medida (…) 
  1. No se argumenta bien por hacer muchas referencias a palabras prestigiosas, autores de moda, etc. Lo que cuenta es lo que se dice y las razones que lo avalan. 
  1. Frente a la tendencia, natural quizás en algunas culturas, a irse por las ramas no cabe otro remedio que insistir una y otra vez en ir al punto, en fijar cuidadosamente la cuestión. 
  1. En cada ocasión, hay muchas maneras de argumentar mal y quizás más de una de hacerlo bien (…)

[3] Ministerio de Justicia de España. Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, constituida mediante acuerdo del 30 de diciembre de 2009.

h1

Sentencias constitucionales laborales. Proceso contencioso administrativo. Estado de cosas inconstitucional.

30 noviembre, 2016

Estimados amigos:

Durante nuestro periodo en Sala Laboral Contencioso Administrativa y Previsional entre 2015 y parte de 2016, formulamos algunos proyectos de resolución con énfasis en la perspectiva constitucional, y si bien no siempre se obtuvo coincidencia de criterios, quedó en pie la tesis de ir trabajando criterios constitucionales en casos incluso laborales, dentro de esa idea que denominamos la “constitucionalización del Derecho”.

Esta propuesta no puede ser entendida como un efecto de irradiación irrazonable de los derechos fundamentales o un propósito de impregnación desproporcionado de la justicia constitucional en el ordenamiento jurídico. Simplemente traduce una propuesta puntual: resolver los conflictos de reglas desde los principios, valores y directrices que informa la propia Constitución, y que en propiedad, la justicia constitucional sume a favor de la justicia ordinaria y no sustraiga, en desmedro de ésta.

No se trata pues de una fatal arrogancia, en palabras de Friedrich Hayek, en el sentido de que el Derecho Constitucional posea toda la información del caso para resolver, en perjuicio de la sociedad, sino  de ampliar la visión del Derecho desde una óptica, también, constitucional.

La resolución abajo reseñada quedó en minoría. En fecha próxima, colgaremos el voto con la posición de la mayoría en contrario. La propuesta, sin embargo, fue de horizonte amplio: buscar reducir la carga procesal desde herramientas útiles como el estado de cosas inconstitucional.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra    

 

  

          

 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

 

PRIMERA SALA LABORAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 5876-2013

DEMANDANTE: CARMEN ROSA BARBOZA VILCA

DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Y OTROS

MATERIA:  ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 13 días del mes de noviembre de 2015, la Primera Sala Laboral de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Cervera Dávila, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2015, que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa.

 

ANTECEDENTES 

La parte demandante interpone demanda contencioso administrativa (p. 26-30) a efectos de que se declare la nulidad total de la Resolución Gerencial Regional N° 0319-2013-GR.LAMB/GRED, y por ende, nulo el Oficio Nº 5689-2012-GR.LAMB/GRED/UGEL.L-ADM/PER-PLLA, Solicita, en consecuencia, se ordene a la demandada cumpla con regularizar el pago de la Bonificación Especial Mensual de Preparación de Clases y Evaluación; asimismo, pide se liquide y se le pague los reintegros correspondientes más los intereses legales.

El Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque contesta la demanda (46-52), alegando que con la derogación de la Ley 24029 por la Ley 29444, Ley de Reforma Magisterial, ya no procede la mensualización de la bonificación especial por preparación de clases, al estar ésta incluida en la remuneración íntegra mensual.

La Fiscalía Provincial opina que se declare fundada en parte la demanda. (p. 105-107). Propone se declare infundada la demanda en el extremo de la pretensión de pago de la bonificación especial por preparación de clases.

La sentencia impugnada  declara fundada en parte la demanda. (p. 98-104). Determina que existe ilegalidad en el Oficio Nº 5689-2012-GR.LAMB/GRED/UGEL.L-ADM/PER-PLLA, al denegar el pedido administrativo; así mismo, denota ilegalidad la Resolución Gerencial Regional N° 0319-2013-GR.LAMB/GRED, al haberse desestimado el recurso de apelación de la recurrente, dejando así de aplicar el artículo 48 de la Ley 24029, modificada por la Ley 25212. Considera, al mismo tiempo, que se ha transgredido el marco constitucional al infringirse el principio de jerarquía de las normas que desarrolla el artículo 51 de la Constitución. Entonces, puede afirmarse que existe nulidad en los actos administrativos impugnados en el proceso, razón por la cual corresponde amparar la demanda. En el extremo de intereses, declara improcedente la demanda.

El Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque interpone recurso de apelación (p. 114-120), señalando que la recurrida contiene un error de hecho al no considerar que el acto impugnado es un acto firme y no reclamado oportunamente, razón por la cual es de aplicación el artículo 212 de la Ley 27444, el cual en términos interpretativos prevé la improcedencia de pretensiones fuera de plazo. Señala que debió desestimarse la demanda en su totalidad por no haberse ejercitado oportunamente la acción respectiva.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque interpone recurso de apelación (124-128) alegando el Ministerio de Economía y Finanzas reiteradamente ha comunicado que el otorgamiento de bonificaciones, gratificaciones y otros beneficios y demás conceptos remunerativos, deberá calcularse en función de la remuneración total permanente. Siendo la demandada una entidad que depende económicamente de esta cartera, debe ajustarse a las disposiciones que emita. Por lo tanto, debe desestimarse la demanda.

El Ministerio Público a nivel de Fiscalía Superior (p. 141-144), opina que se confirme la sentencia que resuelve fundada en parte la demanda.

 

FUNDAMENTOS 

  • El estado de cosas inconstitucional 
  1. La mecánica del estado de cosas inconstitucional implica, en términos pragmáticos y en una definición que concordamos con posiciones que más delante describimos, que quien resulte afectado en un derecho fundamental respecto al cual el Tribunal Constitucional hubiera declarado un estado de cosas inconstitucional (en un caso previo), puede apersonarse a la ejecución del caso anterior, a fin de ejercitar el derecho que tutela previamente el estado de cosas inconstitucional antes declarado.
  1. La pregunta lógica bien podría ser: ¿Cómo podría apersonarse alguien a ejecutar un derecho si no ha sido parte en ese juicio? ¿Y el derecho de defensa? ¿Y el derecho al contradictorio? ¿Y el debido proceso? Ciertamente se trataría de derechos afectados pero en el margen de ponderación que se permite entre derechos fundamentales, apreciamos que se tutela bienes que, a su turno, en el caso específico, pesan más, como lo son la tutela de urgencia, la pronta reparación de una vulneración iusfundamental y la necesidad de que frente a una afectación, exista una reparación no mediata sino célere.
  1. Otro de los fundamentos doctrinarios de esta figura reside, a juicio nuestro, en la posición de la Corte Constitucional de Colombia,[1] cuyo punto de partida es la doctrina alemana de la autonomía procesal de la jurisdicción constitucional- Verfahrensautonomie[2]– cuyo tratamiento ha sido prolijo en sede nacional por César Landa[3]– y que, a grandes rasgos, identifica la característica de modular los efectos procesales en las acciones constitucionales si éstas protegen derechos fundamentales con necesidades de tutela urgente.
  1. Bajo esa lógica, el estado de cosas inconstitucional reprueba una manifiesta vulneración a los derechos fundamentales y permite una reacción de mayor entidad de la jurisdicción constitucional, en algunos caos superando las formas del proceso, para precisamente buscar una pronta reparación frente a una agresión ostensible a un derecho fundamental.
  1. En glosa de lo anteriormente expuesto, cabe acotar que la jurisprudencia constitucional ha ofrecido distintas variantes interpretativas de su ejercicio en la misma perspectiva de construir conceptos que busquen consolidar una perspectiva de predictibilidad, elemento necesario para afianzar la resolución urgente de controversias en sede constitucional. ¿Por qué? Por la importancia y necesidad de formación de estándares para la dilucidación de los contenidos de los principios en sede iusfundamental, más aún cuando su calidad de mandatos de optimización exige una definición progresiva de argumentos axiológicos estandarizados, que es en esencia el desarrollo actual del Derecho Constitucional. A estándares mejor definidos, mayor posibilidad de una justicia constitucional predecible. A pautas mejor construidas de los casos en examen, mayor legitimidad de los jueces constitucionales.
  1. Una definición jurisprudencial del estado de cosas inconstitucional es abordada en la STC 2579-2003-HD/TC[4] y ha sido asumida como una “técnica (que) comporta que (…..) se efectúe un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración.”
  1. El caso señalado desarrolla los alcances del estado de cosas inconstitucional, una figura que la Corte Constitucional de Colombia creó en 1997, hoy de potencial utilidad para las decisiones constitucionales en tanto potencialmente, puede constituirse en un mecanismo de doctrina constitucional con carácter vinculante.
  1. El proceso en comento, con sentencia estimatoria, se refiere al proceso interpuesto por Julia Arellano Serquén en relación a la negativa del Consejo Nacional de la Magistratura de entregarle información estimada pública respecto a su proceso de ratificación como juez superior en Lambayeque, Perú. El Consejo alegaba que su Ley Orgánica señalaba que la información solicitada tenía carácter de reservada y sin embargo, el desarrollo del proceso de ratificación había sido esencialmente público. Por lo tanto, la documentación generada, en especial el acta del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, sobre el cual el Poder Judicial desestimó la entrega solicitada, era esencialmente un instrumento público y su entrega correspondía, dada la naturaleza de información pública, desde la perspectiva constitucional. El Tribunal ordenó la entrega de información solicitada y declaró como estado de cosas inconstitucional la renuencia de entrega del tipo de información aludida.
  1. Tomando como referencia el caso Arellano, nos persuadimos de la idea relevante de que a través del estado de cosas inconstitucional, pueda constituirse un efecto erga omnes, es decir, de alcance general, no obstante nacer como un caso inter-partes al ser incoada la demanda. De ese modo, la sentencia constitucional logar alcances, también, para aquellas personas afectadas no partes en el proceso, e igualmente afectadas por el estado de cosas inconstitucional.
  1. Expliquemos ello de modo más sencillo: si una persona es afectada en su derecho y el Tribunal declara el estado de cosas inconstitucional por una vulneración manifiesta de un derecho fundamental, otra persona, en esa misma situación, puede apersonarse a ese mismo proceso, aún sin ser parte en el mismo, y dado el estado de cosas inconstitucional declarado, solicitar la ejecución del fallo, también a su favor mas respecto a su derecho, también trasgredido en modo similar al del primer afectado.
  1. ¿Qué pasaría si respecto del derecho de un pensionista se declara un estado de cosas inconstitucional por no cumplirse el pago de su pensión, al interior de un proceso pensionario constitucional, en las condiciones que fija el estado de cosas inconstitucional? Con certeza, cientos de pensionistas, quizá miles, podrían acudir a ese primer proceso, sin necesidad de iniciar un nuevo juicio, tan solo para reclamar la ejecución de su derecho.
  1. En estricto, admitiríamos que se afecta el debido proceso, el derecho de contradicción y el derecho a ser oído, entre otros derechos, y sin embargo, la vulneración de esos derechos no es grave, dada la prevalencia de un estado de cosas inconstitucional declarado.
  1. Si esta figura se empleara de forma intensa en nuestra jurisprudencia constitucional y más aún, en la ordinaria, se constituiría en herramienta protagónica para disminuir la carga procesal, y para reducir ostensiblemente las horas- hombre dedicadas a resolver numerosos conflictos constitucionales y ordinarios de naturaleza similar. ¿Es solo cuestión de decisión? El Tribunal Constitucional ha fijado lineamientos de campo iniciales[5] pero aún corresponde estructurar procedimentalmente la figura y afianzar su nivel de vinculatoriedad a efectos de que representen mecanismos efectivos de aplicación por parte de los jueces constitucionales. Los beneficios serían enormes.
  1. La figura del “estado de cosas inconstitucional”, contemplada primigeniamente en la STC 2579-2003-HD/TC, caso Julia Arellano, ha sido desarrollada en dos pronunciamientos relevantes posteriores: la STC 05561-2007-PA/TC,[6] caso ONP, y STC 3426-2008.PHC/TC,[7] caso Pedro Marroquín.
  2. La Segunda sala Civil del Cusco, en desarrollo de esta figura, implementó en 2010 respecto a un caso un “estado de cosas ilegal”,[8] figura que creemos plenamente compatible con el “estado de cosas inconstitucional”, en una muestra de activismo judicial moderado y consecuente con la defensa pronta de los derechos fundamentales.
  1. Indudablemente, la figura del “estado de cosas inconstitucional” puede convertirse en una extraordinaria herramienta procesal y respecto de los jueces del Poder Judicial, así como implica un extraordinario ahorro de horas- hombre al no tener que tramitar todos los fallos bajo reglas estrictamente apegadas al modo procesal literal. 

 

  • Problemática que plantea la bonificación por clases respecto a profesores 
  1. Es necesario enfatizar que al prever el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, que los docentes reciben una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total, cuanto se hace es precisar una regla de obligatoria aplicación en tanto la naturaleza jurídica del mandato en mención es de índole prescriptiva. 
  1. Nos encontramos así con la situación de que miles de demandas a nivel nacional son interpuestas con la misma pretensión y , en propiedad, congestionan gravemente el sistema de impartición de justicia, causando que demandas de similar naturaleza, en excesivo número, impidan que otras causas puedan ser atendidas oportunamente.
  1. La presente decisión orienta su enfoque hacia la posibilidad de aplicación de esta figura, basada nuestra Sala Superior en que existe un sustento normativo importante como el que ha sustentado ya en su momento el Tribunal Constitucional.
  1. Creemos que los beneficios han de ser sustantivos: se expide una sentencia tipo y en ejecución de sentencia, pretensiones de similar naturaleza han de poder ser atendidas sin que se recurra a un complejo tránsito de diversas etapas procesales que causa mora en el sistema de justicia.
  1. Naturalmente, es necesario evitar que las partes puedan considerar afectados sus derechos y por tanto, creemos pertinente dar cuenta de esta decisión a la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, y a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA, de la viabilidad de este sistema, pues en rigor el debido proceso sufre una afectación de nivel leve en tanto que la satisfacción del derecho fundamental a la remuneración, presenta un alto grado de realización.
  1. Lo expuesto nos conduce a considerar viable la medida, oficiándose inclusive al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que tome conocimiento de la viabilidad de implementación de este sistema que, en buena cuenta opta, radicalmente, por buscar una salida de rigor al sistema actual de trabajo respecto de la justicia laboral.
  1. Apreciemos este fenómeno en perspectiva: si esta medida se extiende a las numerosas demandas hoy existentes de subsidio por luto y sepelio, de remuneración íntegra, de conceptos pensionarios en los cuales ya hay criterios estimatorios, entre otros numerosos temas comunes en la impartición de justicia ordinaria y constitucional. entonces es posible reducir el alto número de demandas a interponer, siempre que exista un criterio de consenso respecto de acortar los plazos procesales.
  1. Por último, ha de oficiarse al Colegio de Abogados de la Región a efectos de que se promueva entre los Letrados, la posibilidad, objetividad y viabilidad, de este sistema de resolución de conflictos. El tema es de por sí relevante en cuanto concierne en primer línea, también, a los abogados: si ellos no impulsan estas medidas, la propuesta de los jueces solo podrá quedar en un esbozo de racionalización del sistema de justicia y ése no es el propósito de esta decisión.

 

  • Análisis del caso concreto 
  1. A juicio de esta Sala Superior, la impugnación de la entidad demandada no logra desarticular la posición del A quo, respecto a que no ha habido un reclamo oportuno del derecho. Este argumento carece de solidez pues el ejercicio de la acción procesal en debate, se ha cumplido sin incurrirse en causal de improcedencia respecto a los plazos máximos de interposición de la demanda, toda vez que ésta es resultado a lo solicitado en vía administrativa.
  1. En relación al argumento del Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque respecto a que el acto impugnado es un acto firme y no reclamado oportunamente, y que por lo tanto, es de aplicación el artículo 212 de la Ley 27444, consideramos que dicho alegato debe desestimarse pues la relación laboral regular implica una afectación continua y por tanto, no existe caducidad respecto del derecho de accionar o ejercitar una pretensión. En propiedad, no puede desestimarse una demanda por no haberse ejercitado oportunamente la acción respectiva si la afectación del derecho en discusión ha sido regular en el tiempo. Es necesario oponer a este criterio el enunciado que prevé el artículo 26[9] de la Constitución respecto a la irrenunciabilidad de derechos laborales.
  1. De otro lado, es argumento de la apelación de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque que el Ministerio de Economía y Finanzas reiteradamente ha comunicado que el otorgamiento de bonificaciones, gratificaciones y otros beneficios y demás conceptos remunerativos, deberá calcularse en función de la remuneración total permanente.
  1. Es pertinente señalar que los pagos por conceptos de esta naturaleza no se hacen en función de la remuneración total permanente sino de la remuneración total íntegra, pues así lo han previsto las sentencias 051-2005-AA-TC y 2372-2003-AA/TC, las cuales prevén como base de cálculo la remuneración total del servidor.
  1. A este respecto, existe consenso jurisprudencial respecto a que el otorgamiento de este concepto debe efectuarse en función de los alcances de la remuneración íntegra, como señala la parte actora, y no total permanente, como arguye la parte emplazada, deviniendo un argumento insuficiente promover el otorgamiento de este concepto respecto de una base legal manifiestamente equívoca.
  1. Constituye otro argumento de apelación de las demandadas que el ente responsable del pago de la bonificación solicitada es el Ministerio de Economía y Finanzas. Este argumento no es sostenible pues la entidad obligada directa es la parte demandada, en tanto le ha competido la función directa de vinculación con la servidora.
  1. Tampoco es congruente que siendo la demandada una entidad que depende económicamente de esta cartera, debe ajustarse a las disposiciones que emita. Las entidades emplazadas se ven constreñidas al acatamiento de los mandatos judiciales partiendo de que los mismos se ajustan a la ley y a la Constitución. Por tanto, deben considerar que sus actuaciones son sometidas a un examen legal y constitucional por parte del Poder Judicial, y como tal, es su obligación cumplir con las prestaciones que fija este Poder del Estado.
  1. Presentada esta situación de la demanda, apreciamos que esta pretensión es una de las tantas que implican un ejercicio continuo de un mismo tipo de pronunciamientos respecto a la bonificación por preparación de clases, casos en los cuales incluso los pronunciamientos del Ministerio Público, tanto a nivel de Fiscalía Provincial como de Fiscalía Superior, como sucede incluso en este caso, siempre coinciden.
  1. A juicio nuestro, dada la característica de repetitividad del mismo tipo de casos, es plenamente viable declarar un estado de cosas inconstitucional respecto a este tipo de causas y fijar en el decisorio, reglas procedimentales necesarias para la materialización de su cometido. Creemos que, de este modo, se cumple un fin axiológico de la justicia, cual es su impartición de modo célere, pronto y oportuno. A este efecto, el marco constitucional antes explayado, avala una decisión de este tipo.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:

  1. CONFIRMA la sentencia apelada que declara FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa.
  1. DECLARA un estado de cosas inconstitucional respecto a las actuaciones de las emplazadas en relación a las peticiones de pago de las bonificaciones por clases y por tanto determina que:
  1. a) Cualquier pretensión futura vinculada a esta misma cuestión- bonificación por clases con cálculo sobre la base de la remuneración íntegra- podrá ser planteada ante el juez de ejecución del presente fallo, correspondiendo al juez de ejecución calificar el pedido y de acuerdo a su viabilidad, despachar directamente ejecución respecto al fallo.
  1. b) Las apelaciones formuladas contra los autos en ejecución por la aplicación de la figura del estado de cosas inconstitucional, serán concedidos sin suspensión del proceso principal, de la prestaciones de hacer, no hacer y dar que fije el juez de ejecución, advirtiéndose que el fundamento de esta pauta es la naturaleza iusfundamental del derecho a la remuneración justa, equitativa y razonable.
  1. Ofíciese copia de la presente resolución a OCMA, ODECMA, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Colegio de Abogados de Lambayeque, para los fines procedimentales de validación a que hubiere lugar.

 

Publíquese y notifíquese.

SS. 

FIGUEROA GUTARRA

 

 

 

 

[1] Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997.

[2] RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho Procesal. Revista Española de Derecho Constitucional No. 21. No. 62. mayo-agosto 2001.

[3] LANDA ARROYO. César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. La experiencia del Perú. Revista IPSO JURE No. 9. Mayo 2010. Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

[4] STC 2579-2003-hd/TC. Caso Julia Arellano 

  1. (…) dado que este Tribunal es competente para fijar las reglas procesales que mejor protejan los principios y derechos constitucionales, considera constitucionalmente exigible que se adopte la técnica del “estado de cosas inconstitucionales” que, en su momento, implementara la Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997.

[5] STC 05561-2007-PA/TC Caso Oficina de Normalización Previsional. Decisorio. 

  1. Declarar, como un Estado de Cosas Inconstitucional, la participación temeraria, obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra (…)

[6] Las partes más relevantes del fallo 05561-2007-PA/TC son:

  1. (…) se ha dejado establecido en el Expediente N.° 2579-2003-HD/TC, que mediante la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional “(…) y a fin de que se respeten plenamente los pronunciamientos de esta naturaleza que de ahora en adelante se emitan, este Colegiado enfatiza que, si con posterioridad a la fecha de expedición de una sentencia de esta clase, llegase al Tribunal o a cualquier órgano judicial competente un caso análogo, cuyos hechos se practiquen con fecha posterior a la de esta sentencia, aparte de que se ordene la remisión de copias de los actuados por la violación del derecho constitucional concretamente afectado, también se dispondrá que se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional”. (…) 
  1. En tal sentido, la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional, con relación a la contratación de estudios de abogados, y en general de profesionales encargados de la defensa de los intereses de la ONP mediante procesos judiciales, debe merecer una reestructuración integral, conforme a los considerandos de esta sentencia, a fin de impedir que en el futuro se vuelvan a presentar demandas con él único ánimo de dilatar la atención de los derechos de los pensionistas, sobre todo cuando respecto de tales derechos exista un criterio jurisprudencial establecido e inequívoco sobre la materia, ya sea de parte del Poder Judicial o de este Colegiado.

El decisorio se expresa en la siguiente forma:

  1. Declarar, como un Estado de Cosas Inconstitucional, la participación temeraria, obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra; en consecuencia: 
  1. a) ORDENA a las instancias judiciales que tienen en curso procesos en los que la pretensión esté referida al pago de intereses o devengados como consecuencia de la actuación renuente y unilateral de la ONP, apliquen los criterios jurisprudenciales de este Colegiado, dando por concluidos los procesos judiciales relacionados a reclamos de los pensionistas e imponiendo las medidas disciplinarias a que hubiera lugar a los abogados patrocinantes. 
  1. b) ORDENA a la ONP para que en los próximos 3 días posteriores a la publicación de la presente sentencia, se allane o se desista de toda demanda constitucional que tuviera en curso y en el que la única pretensión esté referida a la misma materia de la presente demanda, bajo apercibimiento para el titular del pliego de incidir en desacato a la autoridad judicial. 

[7] A su turno, la STC 03426-2008-PHC/TC señala: 

  1. (…) teniendo en cuenta los efectos generales de la sentencia en la que se declara el estado de cosas inconstitucional, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, señala que cualquier persona o personas que se encuentren en las mismas circunstancias a las descritas en esta sentencia, esto es, que sufran agravio por el mismo o similares actos lesivos, podrán acogerse a los efectos de la presente sentencia o a la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, no siendo necesaria la interposición de nueva demanda de hábeas corpus. Y es que, tal como ha señalado este Colegiado “La expansión de los efectos de una sentencia más allá de las partes intervinientes en el litigio no debe causar mayor alarma, puesto que, tratándose de un Tribunal encargado de la defensa de la supremacía constitucional, es claro, que sus decisiones  -no sólo en los juicios abstractos de constitucionalidad, sino también en los casos concretos de tutela de derechos subjetivos- vincula a todos los poderes públicos” (Exp. Nº 3149-2004-AC/TC, fundamento 14). 

El decisorio fija los siguientes alcances: 

  1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos por haberse producido la violación del derecho fundamental a la salud mental y a la integridad personal; en consecuencia: i) ORDENAR al Director del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho que, en el día, proceda al traslado del favorecido don Pedro Gonzalo Marroquín Soto al Hospital Víctor Larco Herrera; ii) ORDENAR al Director General del Hospital Víctor Larco Herrera para que una vez ejecutado el traslado del favorecido, proceda a su admisión, debiendo la Oficina Ejecutiva de Administración y Oficina de Logística de dicho Hospital superar cualquier imposibilidad material, a fin de que reciba el tratamiento médico especializado. 
  1. Declarar, como un estado de cosas inconstitucional, la falta de una política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental de personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer de una enfermedad mental; en consecuencia: 
  1. ORDENAR al Ministerio de Economía y Finanzas para que adopte las medidas necesarias que permitan el incremento gradual del presupuesto destinado al Ministerio de Salud, y concretamente, a los centros hospitalarios de salud mental de país. 
  1. ORDENAR al Poder Judicial la adopción de las medidas correctivas para que todos los jueces del país emitan pronunciamiento oportuno sobre los informes médicos que les son remitidos por las autoridades de salud, que recomiendan el cese de la medida de seguridad de internación.

[8] Información disponible en http://es.scribd.com/doc/29686420/Exp-N%C2%BA-2009-000627-Amira-Nunez-del-Padro-Santander. Fuente visitada con fecha 13 de noviembre de 2015.

[9] Constitución 1993. Artículo 26. Principios que regulan la relación laboral

En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

  1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
  2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
  3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

 

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