Archive for the ‘i. Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional del Perú’ Category

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STC 00037-2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Aplicación del principio de proporcionalidad, seguridad jurídica y ejecutores coactivos

17 diciembre, 2012

 

Estimados amigos:

Los conflictos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional suelen ser de dimensiones singulares a propósito de sentencias del supremo intérprete que, en procesos de amparo contra resolución judicial, precisamente dejan sin efecto decisiones jurisdiccionales que representan fallos de cierre de la justicia ordinaria.

Uno de estos caso es la STC 00037-2012-PA/TC, de fecha 25 de enero de 2012, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00037-2012-AA.html , la cual declara fundada una demanda de amparo interpuesta por Scotiabank contra la Corte Suprema y declara nula una resolución expedida por la Sala Civil Permanente  de la Corte Suprema de Justicia de la República derivada del expediente CAS. N.º 3313-2009.

En tanto que la decisión de la Corte Suprema se había circunscrito a la aplicación del artículo 3ro del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, que preveía exigencias de rigor e inscripciones a los ejecutores coactivos, el fallo del Tribunal, vía aplicación del principio de proporcionalidad, llega a la conclusión de que no es exigible la aplicación de la norma en los términos referidos por la Corte Suprema, y que corresponde determinar una regla de proporcionalidad en el sentido de ser exigible la inscripción del ejecutor de acuerdo a la exigencia propia de campo en la cual se desenvuelve la labor de este funcionario. 

La parte relevante de la sentencia señala lo siguiente: 

Examen de necesidad

57. (…)  el Tribunal Constitucional estima que la interpretación adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República no resulta absolutamente necesaria para la consecución del objetivo que se pretende, vale decir, impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar las actuaciones de los ejecutores coactivos, pues el mismo objetivo pudo haberse logrado mediante una interpretación distinta, igualmente idónea al fin previsto, pero menos restrictiva de la garantía institucional de la autonomía municipal antes aludida, cuál era entender que la acreditación sólo resultaba exigible ante la entidad frente a la cual el Ejecutor Coactivo pretende hacer efectiva su acreencia. (…)

Examen de proporcionalidad en sentido estricto

63. (…)el Tribunal Constitucional observa que la Sala Civil demandada tampoco ha realizado una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto, pues otorgó mayor peso, sin mayor fundamento, al valor de la seguridad jurídica en el sistema de acreditación de los Ejecutores Coactivos, en detrimento de la garantía institucional de la autonomía municipal y de la propia eficacia del sistema de ejecución coactiva en su conjunto, más aún cuando ello condujo a la afectación del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales según lo expuesto supra, al imponer un requisito de imposible cumplimiento a las entidades estatales para hacer efectivas sus acreencias a través del sistema financiero, desconociendo de este modo la innegable importancia que ostenta para el Estado la regularidad y permanencia de dicho sistema, amén de situar a las entidades del sistema financiero –como el banco recurrente– en una situación de incertidumbre respecto de la legitimidad de su accionar y las consecuencias de ello, al no poder prever sus futuras responsabilidades de orden civil y penal. Por esta razón adicional, entonces, la interpretación de la Sala demandada también resulta irrazonable y desproporcionada.

La decisión en comento generó sendos comunicados del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial manifestando su oposición y desacuerdo frente a la situación consumada y sin embargo, deviniendo revisora la función del Tribunal Constitucional respecto de fallos de la Corte Suprema, quedó anotada la necesidad de expedirse nueva resolución en los términos fijados por el Tribunal.

Detalle particular lo constituyen los votos singulares, en desacuerdo, de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03170-2010-PHC/TC. Caso TA-245141098 del D.L.824. Participación obligada de Procuradores.

2 febrero, 2012

 

Estimados amigos:

Siguiendo la línea de que los procesos de narcotráfico y lavado de activos asumen una naturaleza especial, vía doctrina jurisprudencial el Tribunal Constitucional ha señalado la obligada intervención de Procuradores en este tipo de procesos, de acuerdo a los alcances de la STC 03170-2010-PHC/TC, caso TA-245141098 del D.L.824, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03170-2010-HC.html

La sentencia citada indica:  

4. Este Colegiado considera que si a los procuradores les corresponde la defensa jurídica del Estado y si existe la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8.º de la Constitución, de prevenir y sancionar el delito de tráfico ilícito de drogas, existe una necesaria y obligada participación de los procuradores en todos los procesos penales contra los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, en tanto estos ilícitos ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Por ello y  dado que en los procesos penales por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos  el Estado es considerado como agraviado, no puede permitirse que bajo ningún supuesto se rechace la participación de los procuradores considerándolos como “no parte”, pues este rechazo permitiría o avalaría que los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos queden impunes.

El decisorio del fallo precisa:

2. Establecer que el fundamento 4 de la presente sentencia constituye doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el sentido siguiente: “es obligada la participación de los procuradores en todos los procesos penales contra delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su participación con el argumento de que no son parte en el proceso.

Al igual que en el caso antes comentado sobre este mismo tipo de delitos- STC 02748-2010-PHC/TC- nuevamente se opta por una declaración de doctrina jurisprudencial e inclusive el fallo cuenta con la participación del Pleno.

Creemos que reviste importancia la determinación de si un fallo constituye precedente vinculante o doctrina constitucional o jurisprudencial. A este respecto, importa la fundamentación de una u otra opción, en tanto es en los propios argumentos en donde podemos encontrar los elementos de justificación externa que consolidan el fallo y la dispensan fortaleza argumentativa. 

No advirtiendo en la decisión reseñada sino solo la determinación de que el fallo constituye doctrina jurisprudencial, creemos que la cuestión omitida, sin perjuicio de la relevancia del tema, le resta la fuerza idónea que deben revestir los fallos de la jurisdicción constitucional.   

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 2748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera. Excepciones recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias

31 enero, 2012

Estimados amigos:

Siendo nueva pauta del precedente vinculante 3908-2007-PA/TC, caso PROVIAS (vid. https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/06/stc-3908-2007-patc-caso-provias-deja-sin-efecto-precedente-vinculante-4853-2004-aatc/) modificatorio del precedente 4853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, que solo las sentencias denegatorias suben a conocimiento del Tribunal Constitucional, conforme al artículo 202.2 de la Carta Fundamental, un nuevo caso de excepción- vía doctrina jurisprudencial- se desprende del caso STC 2748-2010-PHC/TC, caso Alexander Mosquera, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02748-2010-HC.html

En efecto, el criterio de excepción obedece a que siendo pluriofensivos los delitos  de narcotráfico y lavado de activos, se justifica, en forma excepcional, que en caso de sentencias estimatorias en este tipo de procesos, será viable la interposición de recurso de agravio constitucional.

La sentencia citada indica:  

15.  (…) cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Es por ello, que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8º de la Constitución, de prevenir y sancionar este tipo de ilícitos “no debe agotarse en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el Código Penal y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de drogas [y sus derivaciones], con penas severas proporcionales a los bienes constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además para llegar a tal cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez más eficaces; lo contrario, significaría incurrir en una infracción constitucional por parte de las autoridades competentes para ello” (Exp. N.º 04750-2007-PHC/TC). En ese sentido, a fin de concretizar esta obligación constitucional de prevenir y sancionar eficazmente el tráfico ilícito de drogas y sus derivaciones, y estando a lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del CPConst., este Tribunal considera que en los  procesos constitucionales en que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra habilitada –independientemente del plazo– para la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá concedido por las instancias judiciales.

Es importante prestar atención a un detalle de la sentencia:

2. Establecer que los fundamentos 5 a 10 y 12 a 15 de la presente sentencia constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

3.      Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales.

La cuestión es: ¿doctrina jurisprudencial o precedente vinculante? Habiendo firmado el pleno, los votos eran suficientes para un precedente vinculante. Y sin embargo, el fallo opta por una declaración de doctrina jurisprudencial. Coincidimos en que pudo advertirse el medio escogido mas queda ausente un fundamento de análisis al respecto.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 1648-2001-PA/TC. Caso Nilser Piñas. ¿ Desnaturalización del CAS?

29 enero, 2012

Estimados amigos:

Desde Piura y nuevamente en tareas docentes, adjuntamos el análisis de un caso que ha llamado nuestra atención.

En nuestra opinión, reviste una lógica procedimental y material que habiendo cesado un trabajador en el régimen de Contratación Administrativa de Servicios CAS, previsto por el Decreto Legislativo 1057, y luego laborado en contrato modal y más aún, que ese contrato modal se hubiere desnaturalizado, que una demanda con estas cuestiones pudiera devenir fundada.

Sin embargo, en la STC 01648-2011-PA/TC caso Nilser Piñas, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01648-2011-AA.html,, la interpretación que realiza el supremo intérprete de la Constitución respecto al régimen de contratación a aplicar- si convergen un régimen CAS y otro régimen posterior- es que existe en propiedad una desnaturalización del CAS.

Entenderíamos, a contrario, que es el contrato modal el que se ha desnaturalizado por una sencilla cuestión de etapas precluidas y no obstante ello, el TC considera que se ha producido una prórroga, desnaturalizada por cierto, del régimen CAS.

La sentencia en comento señala:

6. (…) Corresponde determinar las consecuencias jurídicas del actuar arbitrario del Organismo emplazado. Al respecto, este Tribunal debe precisar que si bien los contratos civiles celebrados entre las partes, así como el hecho de laborar sin contrato inmediatamente después de vencidos los contratos civiles, encubrieron una relación laboral, ello no supone que la relación laboral encubierta se encuentre regulada por el régimen laboral del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, pues antes de los contratos civiles el demandante venía trabajando mediante contratos administrativos de servicios.  

Esta cuestión resulta relevante para concluir que los contratos civiles encubrieron un contrato de trabajo sujeto al régimen laboral especial regulado por el Decreto Legislativo N. º 1057, pues en el presente caso existe continuidad en la prestación del trabajo por parte  del demandante, que Cofopri pretendió encubrir mediante contratos civiles.

En nuestra modesta opinión, la interpretación del Tribunal resulta contraria a los principios de razonabilidad, temporalidad y vigencia de la relación laboral e inclusive no tuitiva respecto del derecho al trabajo, pues la idea acotada extiende sin un fundamento real un régimen ya concluido, respecto al  cual si se firma un contrato modal, logra hacer precluir per se el régimen CAS. Entonces ¿por qué extender el CAS? Respetuosamente creemos que en el caso en comento faltó mayor fundamentación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03491-2005-PHC/TC. Caso Raúl Laynes. Habeas corpus contra habeas corpus.

27 enero, 2012

Estimados amigos:

Si en nuestro ordenamiento constitucional existe el amparo contra amparo, una cuestión de interés implicaría: ¿puede darse un habeas corpus contra otro habeas corpus? Ésa es la tesis que trabaja el Tribunal Constitucional en la STC 03491-2005-PHC/TC, la cual puede ser leída en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03491-2005-HC.html, proceso en el cual desarrolla la posición de viabilidad de un habeas corpus contra otro habeas corpus, desde el argumento de que sí se puede producir una afectación a la libertad individual en el seno de otro proceso sobre habeas corpus.

El fallo alude fácticamente a una demora de 50 días de una Sala Superior Penal en resolver un habeas corpus bajo su conocimiento, hecho a partir del cual es posible también construir una figura de omisión judicial. Dado ese hecho, la demanda es declarada fundada.  

Los términos del fallo son los siguientes:

Sobre la viabilidad del hábeas corpus contra hábeas corpus 

3.      Del recuento de los antecedentes descritos, aparece que la presente demanda de hábeas corpus ha sido promovida contra autoridades judiciales que han venido conociendo de un anterior proceso de hábeas corpus, situación que de alguna forma impone precisar si dicha alternativa procesal, atípica por lo demás en nuestra jurisprudencia, es viable dentro del marco jurídico actualmente vigente, tanto más cuanto que el Código Procesal Constitucional establece, en el artículo 5°, inciso 6), que “No proceden los procesos constitucionales cuando: […] Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional […]”. 

4.      Aunque no existe en nuestra jurisprudencia casuística en la que se haya dilucidado sobre la procedencia de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de hábeas corpus, dicha hipótesis, si bien  difícil de verificarse en la práctica, tampoco resulta imposible de presentarse a la luz de eventuales cuestionamientos frente a determinadas situaciones conflictivas. El presente caso, y las particularidades que lo rodean, así lo patentizan, pues lo que se reclama en la demanda tiene que ver con una presunta afectación a los derechos constitucionales del recurrente, acontecida dentro de la tramitación de un proceso de hábeas corpus. Por otra parte, no se trata de cualquier afectación a cualquier derecho, sino de aquellos atributos que normalmente legitiman la interposición de un hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Lo que se denuncia, en pocas palabras, está relacionado con la vulneración al debido proceso en su manifestación de derecho a un plazo razonable en la administración de justicia, producida al no existir pronunciamiento dentro de un plazo perentorio sobre un recurso de apelación; y vulneración a la libertad individual, a consecuencia de no definirse, oportunamente, un reclamo constitucional en el que se denuncian presuntas agresiones a la libertad individual por parte de autoridades judiciales. 

5.      Como se ha señalado, no existe en nuestra jurisprudencia antecedentes de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de la misma naturaleza. Sin embargo, lo más cercano a dicha opción es lo que la jurisprudencia ha venido en denominar amparo contra amparo, régimen procesal que, como lo ha precisado recientemente este mismo Colegiado en los expedientes 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo) y 2707-2004-AA/TC (Caso Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), sigue siendo plenamente legítimo, no obstante lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 6), del Código Procesal Constitucional, habida cuenta de que la citada disposición restrictiva debe entenderse como referida a procesos donde se ha respetado escrupulosamente la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo cuerpo normativo, y tomando en cuenta, adicionalmente, que una interpretación que cierra por completo la posibilidad del amparo contra amparo sería contraria a la Constitución. 

6.      Si bien en el presente caso no se trata de un amparo contra otro amparo, sino, más bien, de un hábeas corpus contra otro hábeas corpus, no por ello deja de ser pertinente enfocar dicha hipótesis dentro del contexto general del Código Procesal Constitucional, cuyo texto se refiere a la improcedencia de un proceso constitucional contra otro proceso constitucional. A este respecto, una interpretación de dicho dispositivo, dentro de criterios similares a los que se han realizado para el caso del amparo, permitiría concluir que, de darse tal hipótesis, aquella necesariamente tendría que estar condicionada a la vulneración por parte de un juez constitucional (en este caso de hábeas corpus) de los derechos a la tutela procesal efectiva y, concurrentemente, a la libertad individual, conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para el caso de los hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Queda claro, por lo demás, que esa, y no otra, sería la situación en la que podría legitimarse el régimen aquí enunciado, amén de asumirse con  un carácter residual y necesariamente restrictivo.

Hemos de apreciar que la autonomía de los procesos constitucionales permite el desarrollo de esta figuras, criterio al que habría que sumar la defensa irrestricta, imperativa y extraordinaria que le corresponde al proceso de habeas corpus, acción a la cual le corresponden las menores restricciones posibles, tanto en lo formal como lo material, siempre que la pretensión sea viable.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

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STC 03569-2010-PA/TC. Caso Agrícola Cerro Prieto. ¿Amparo contra sentencias del Tribunal Constitucional?

25 enero, 2012

 

Estimados amigos:

Una posición que se consideró sólida desde la dación de la STC 4853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, a su vez precedente vinculante, fue la precisión de que los procesos de amparo procedían contra resoluciones del Poder Judicial, en forma lata y siempre que se afectare un derecho fundamental, así como se reguló el amparo contra el amparo, circunscribiéndolo a cuestiones igualmente excepcionales siempre en términos de vulneración grave, ostensible y manifiesta de un derecho reconocido por la Carta Fundamental. Sin embargo, una prohibición fue expresa: no procedían amparos contra decisiones del Tribunal Constitucional.    

La STC 03569-2010-PA/TC, caso Agrícola Cerro Prieto, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03569-2010-AA.html, precisamente desarrolla una tesis contraria y de excepcionalidad al precedente 4853-2004-AA/TC, pues invoca una situación de ausencia de participación de una parte con interés, contrariando así la tesis de afirmación del precedente vinculante.

Los argumentos invocados pueden ser comprensibles, en tanto se afirma que la titularidad de la propiedad de unos terrenos no fue conocida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se abre una vertiente que para efectos futuros no ha de ser sencilla de controlar, pues la vocación de predictibilidad del precedente, y aún sus cambios, ha de generar, en nuestra modesta opinión, que muchos casos futuros, similares al que ahora se resuelve, invoquen el mismo derecho, con lo cual el precedente pierde arraigo y se abren caminos de excepción para contrarias las tesis de los precedentes.

Las partes relevantes de la decisión señalan lo siguiente:

1.        Dado los términos en los que viene planteada la demanda podría concluirse que la Sociedad demandante pretende cuestionar la sentencia recaída en el Exp. N.° 05614-2007-PA/TC, por lo que tendría que aplicarse la causal de improcedencia prevista en el precedente vinculante de la sentencia recaída en el Exp. N.° 04853-2004-PA/TC, consistente en que en “ningún caso puede ser objeto de una demanda de amparo contra amparo las resoluciones del Tribunal Constitucional”; sin embargo este Tribunal estima que en el presente caso existen circunstancias objetivas que justifican que, por excepción, dicha causal de improcedencia no sea aplicada, por las razones que a continuación se detallan: 

a.    Las partes del proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, fueron como demandante Aspillaga Anderson Hermanos S.A. (en adelante, Aspillaga Hermanos) y como demandados el Instituto Nacional de Desarrollo y el Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, es decir, que Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (en adelante, Cerro Prieto) no participó como parte o tercero en el proceso de amparo mencionado, debido a que no fue emplazada con la demanda ni denunciada civilmente por las partes demandadas. 

La no participación de Cerro Prieto era transcendente en el resultado del proceso, pues los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe que le habían sido confiscados a Aspillaga Hermanos ya no eran propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo, ni del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, sino de Cerro Prieto, por lo que resulta manifiesto su interés en el resultado del mencionado proceso de amparo. 

b.    En el proceso de amparo iniciado por Aspillaga Hermanos no se contó con la participación de Cerro Prieto, debido a que en la demanda de aquel proceso, obrante de fojas 236 a 247, sólo se alegó que los terrenos eriazos referidos habían sido inscritos a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, lo cual era un dato incompleto sobre la titularidad de la propiedad de los terrenos eriazos, pues antes de que se interpusiera la demanda los terrenos eriazos mencionados habían sido adquiridos por Cerro Prieto en una subasta pública internacional, es decir, que adquirió los terrenos eriazos de buena fe y a título oneroso.  

Este dato sobre la titularidad de la propiedad de los terrenos eriazos mencionados no fue conocido por este Tribunal al momento de emitir la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, toda vez que en virtud del principio de la buena fe procesal, confió en los alegatos de las partes del proceso de amparo referido, que en ningún escrito manifestaron que el propietario de los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe era Cerro Prieto. Además cabe destacar que la partida registral que adjuntó a su demanda Aspillaga Hermanos no se encontraba completa, pues en ella no se consignaba la transferencia de la propiedad de los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña a favor de Cerro Prieto. 

c.    En la audiencia del presente proceso Aspillaga Hermanos ha sostenido que en el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC no tenía porqué demandar a Cerro Prieto ni solicitar su participación, debido a que no había emitido el acto de confiscación de los terrenos eriazos mencionados, razón por la cual no la emplazó con la demanda. 

Dicho argumento denota que Aspillaga Hermanos tenía pleno conocimiento de que Cerro Prieto era propietaria de los terrenos eriazos mencionados, es decir, que en el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC no actuó conforme al principio de la buena fe procesal, toda vez que resulta irrazonable sostener que no era necesario el emplazamiento de Cerro Prieto, si resulta evidente que los efectos de la sentencia estimativa del proceso de amparo referido iban a afectar su derecho a la propiedad privada sobre los terrenos eriazos mencionados. 

2.        Por las razones descritas, no corresponde aplicar la causal de improcedencia prevista en el precedente vinculante mencionado. Además tiene que tenerse presente que Cerro Prieto, en su escrito de fecha 24 de noviembre de 2010, ha señalado que la demanda de autos “no tiene por finalidad que se declare la nulidad de la sentencia” recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, sino que este Tribunal precise los alcances de la sentencia de amparo mencionada, a fin de que se determine cómo queda su derecho a la propiedad privada sobre los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe. 

Como ha quedado precisado, al momento en que se emitió la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC este Tribunal no tuvo conocimiento de que la propietaria de los terrenos eriazos mencionados era Cerro Prieto, por lo que corresponde precisar los efectos de la sentencia mencionada teniendo presente este hecho y que en dicha sentencia se estimó la demanda de amparo porque se comprobó que se había vulnerado el derecho a la propiedad privada de Aspillaga Hermanos al haberse confiscado los terrenos eriazos mencionados, pues de no hacerlo la sentencia mencionada estaría privando a Cerro Prieto de su derecho legítimo al uso y goce de aquéllos. 

De otra parte debe destacarse que si bien la demanda fue rechazada liminarmente, el derecho de defensa de las partes emplazadas se encuentra plenamente garantizado, por cuanto fueron notificadas con los actos del proceso, y contra ellos presentaron los alegatos que consideraron pertinentes y legítimos a sus intereses, así como participaron en la audiencia del presente proceso, por lo que corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.

En nuestra opinión, se sacrifica el bien seguridad jurídica en favor de una tesis de excepción. Y si bien la realidad suele superar el marco de las normas, pues al fin y al cabo los precedentes son también normas con fisonomía jurisprudencial, habrá de ser relevante que a futuro se evalúe en qué medida es viable establecer tesis de excepción y  si ello se puede generalizar respecto de todos los demás precedentes existente en el ordenamiento constitucional.   

De otro lado, la tesis de modificación del precedente sería atribución solo del Tribunal Constitucional pues el Poder Judicial se le he relegado, en nuestra opinión, sin un argumento realmente razonable, en tanto no está investido de potestades para la inaplicación de un precedente vinculante, bajo responsabilidad, y con previsión de procesos disciplinarios por parte de la Oficina de Control de la Magistratura.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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STC 04650-2007-PA/TC. Caso Cooperativa Santa Rosa de Lima. Nuevas exigencias amparo contra amparo laboral

23 enero, 2012

Estimados amigos:

Una ejecutoria de exigencias procedimentales previas relevantes para la interposición de un segundo amparo es la STC 04650-2007-PA/TC, caso Cooperativa Santa Rosa de Lima, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04650-2007-AA.html

El amparo contra amparo ha sido previsto en el ordenamiento constitucional peruano con visos sistémicos en la STC 04853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad.

La tesis central del amparo, como sabemos, es perseguir una restitución a un estado de cosas anterior a la vulneración de un derecho fundamental. Ése es el amparo en sentido lato. Si la decisión a cuestionar proviene de una resolución judicial, es posible interponer un proceso de amparo contra dicho fallo, cuestionando la cosa juzgada. La interrogante de la 4853-2004-AA/TC era: ¿y si ese amparo fallaba contra un derecho fundamental reconocido por la Carta Fundamental? Pues entonces era necesario prever un nuevo y segundo amparo contra ese amparo inicial.

Sin embargo, los requisitos planteados al efecto (Vid en este mismo blog https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/05/stc-4853-2004-aa7tc-caso-direccion-regional-de-pesqueria-de-la-libertad-reglas-vinculantes-del-recurso-de-agravio-a-favor-del-precedente-reglas-del-amparo-contra-amparo/), no incidían en cuestiones como el cumplimiento de lo ordenado por el primer amparo, supuesto que sí asume la STC 04650-2007-PA/TC, fallo que específicamente señala, en materia laboral, que si el empleador no ha dado cumplimiento a un primer amparo que ordena la reposición, entonces el segundo amparo es inviable.

Indudablemente, la práctica judicial revelaba que muchos empleadores solían interponer un segundo amparo, contra el primer proceso constitucional, a efectos precisamente de evadir el cumplimiento de la reposición del trabajador, victorioso en el proceso de amparo, con lo cual se pretendía convertir en ilusorio el triunfo del trabajador en la primera litis constitucional.  

En consecuencia, a partir de este nuevo fallo- propiamente un nuevo precedente vinculante- la regla es que resulta exigible el cumplimiento de la reposición ordenada en el primer amparo, a fin de de que sea admitido el segundo amparo.

La sentencia expresa lo señalado en los siguientes términos:

5. (…)  conforme a los apremios previstos en el Código Procesal Constitucional, el Juez que recibe el segundo amparo deberá verificar, antes de admitir a trámite la demanda, si el empleador ha dado cumplimiento a la sentencia que ordena la reposición, de modo que el segundo proceso no pueda significar en ningún caso una prolongación de la afectación de los derechos del trabajador. Si el Juez constatara que al momento de presentarse la demanda en un segundo proceso de amparo, el empleador no ha cumplido con lo ordenado en el primer amparo, la demanda será declarada liminarmente improcedente, dictándose de inmediato los apremios del artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. 

Admitida a trámite la demanda del segundo amparo, si ésta resultara infundada, la instancia judicial correspondiente, o en su caso el Tribunal Constitucional, impondrán una multa por temeridad procesal al recurrente, conforme lo prevé el artículo 56° del Código Procesal Constitucional.

El decisorio a su vez señala:

1. Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en el fundamento 5 de la presente sentencia. 

3. IMPONER a la recurrente, Cooperativa De Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la Policía Nacional del Perú “Santa Rosa de Lima Ltda.”. por concepto de sanción por conducta temeraria y conforme el fundamento 8 de la presente sentencia, el pago de los costos procesales que deberá liquidarse y establecerse en vía de ejecución.(…)

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

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