Archivos de la categoría ‘i. Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional del Perú’

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STC 04650-2007-PA/TC. Caso Cooperativa Santa Rosa de Lima. Nuevas exigencias amparo contra amparo laboral

23 enero, 2012

Estimados amigos:

Una ejecutoria de exigencias procedimentales previas relevantes para la interposición de un segundo amparo es la STC 04650-2007-PA/TC, caso Cooperativa Santa Rosa de Lima, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04650-2007-AA.html

El amparo contra amparo ha sido previsto en el ordenamiento constitucional peruano con visos sistémicos en la STC 04853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad.

La tesis central del amparo, como sabemos, es perseguir una restitución a un estado de cosas anterior a la vulneración de un derecho fundamental. Ése es el amparo en sentido lato. Si la decisión a cuestionar proviene de una resolución judicial, es posible interponer un proceso de amparo contra dicho fallo, cuestionando la cosa juzgada. La interrogante de la 4853-2004-AA/TC era: ¿y si ese amparo fallaba contra un derecho fundamental reconocido por la Carta Fundamental? Pues entonces era necesario prever un nuevo y segundo amparo contra ese amparo inicial.

Sin embargo, los requisitos planteados al efecto (Vid en este mismo blog https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/05/stc-4853-2004-aa7tc-caso-direccion-regional-de-pesqueria-de-la-libertad-reglas-vinculantes-del-recurso-de-agravio-a-favor-del-precedente-reglas-del-amparo-contra-amparo/), no incidían en cuestiones como el cumplimiento de lo ordenado por el primer amparo, supuesto que sí asume la STC 04650-2007-PA/TC, fallo que específicamente señala, en materia laboral, que si el empleador no ha dado cumplimiento a un primer amparo que ordena la reposición, entonces el segundo amparo es inviable.

Indudablemente, la práctica judicial revelaba que muchos empleadores solían interponer un segundo amparo, contra el primer proceso constitucional, a efectos precisamente de evadir el cumplimiento de la reposición del trabajador, victorioso en el proceso de amparo, con lo cual se pretendía convertir en ilusorio el triunfo del trabajador en la primera litis constitucional.  

En consecuencia, a partir de este nuevo fallo- propiamente un nuevo precedente vinculante- la regla es que resulta exigible el cumplimiento de la reposición ordenada en el primer amparo, a fin de de que sea admitido el segundo amparo.

La sentencia expresa lo señalado en los siguientes términos:

5. (…)  conforme a los apremios previstos en el Código Procesal Constitucional, el Juez que recibe el segundo amparo deberá verificar, antes de admitir a trámite la demanda, si el empleador ha dado cumplimiento a la sentencia que ordena la reposición, de modo que el segundo proceso no pueda significar en ningún caso una prolongación de la afectación de los derechos del trabajador. Si el Juez constatara que al momento de presentarse la demanda en un segundo proceso de amparo, el empleador no ha cumplido con lo ordenado en el primer amparo, la demanda será declarada liminarmente improcedente, dictándose de inmediato los apremios del artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. 

Admitida a trámite la demanda del segundo amparo, si ésta resultara infundada, la instancia judicial correspondiente, o en su caso el Tribunal Constitucional, impondrán una multa por temeridad procesal al recurrente, conforme lo prevé el artículo 56° del Código Procesal Constitucional.

El decisorio a su vez señala:

1. Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en el fundamento 5 de la presente sentencia. 

3. IMPONER a la recurrente, Cooperativa De Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la Policía Nacional del Perú “Santa Rosa de Lima Ltda.”. por concepto de sanción por conducta temeraria y conforme el fundamento 8 de la presente sentencia, el pago de los costos procesales que deberá liquidarse y establecerse en vía de ejecución.(…)

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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STC 05561-2007-PA/TC. Caso ONP; STC 03426-2008-PHC/TC. Caso Pedro Marroquín. Estado de cosas inconstitucional.

20 enero, 2012

Estimados amigos: 

La figura del “estado de cosas inconstitucional”, contemplada primigeniamente en la STC 2579-2003-HD/TC, caso Julia Arellano, ya tratada en este blog en  https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/14/stc-2579-2003-hdtc-caso-julia-arellano-habeas-data-estado-de-cosas-inconstitucional/, ha sido desarrollada en dos pronunciamientos relevantes posteriores: la STC 05561-2007-PA/TC, caso ONP, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05561-2007-AA.html y STC 3426-2008.PHC/TC, caso Pedro Marroquín, disponible en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03426-2008-HC.html

La mecánica del “estado de cosas inconstitucional” implica, en síntesis, que quien resulte afectado en un derecho respecto al cual el Tribunal Constitucional hubiera declarado un estado de cosas inconstitucional (en un caso previo), puede apersonarse a la ejecución del caso anterior, a fin de ejercitar el derecho que tutela previamente el estado de cosas inconstitucional antes declarado. 

La pregunta lógica bien podría ser: ¿Cómo podría apersonarse alguien a ejecutar un derecho si no ha sido parte en ese juicio? ¿Y el derecho de defensa? ¿Y el derecho al contradictorio? ¿Y el debido proceso? Ciertamente se trataría de derechos afectados pero en el margen de ponderación que se permite entre derechos fundamentales, apreciamos que se tutela bienes que, a su turno, en el caso específico, pesan más, como lo son la tutela de urgencia, la pronta reparación de una vulneración iusfundamental y la necesidad de que frente a una afectación, exista una reparación no mediata sino célere. 

Otro de los fundamentos doctrinarios de esta figura reside, a juicio nuestro, en  la posición de la Corte Constitucional de Colombia[1], cuyo punto de partida es la doctrina alemana de la autonomía procesal de la jurisdicción constitucional- Verfahrensautonomie[2]- cuyo tratamiento ha sido prolijo en sede nacional por César Landa[3]- y que, a grandes rasgos, identifica la característica de modular los efectos procesales en las acciones constitucionales si éstas protegen derechos fundamentales con necesidades de tutela urgente. 

Bajo esa lógica, el “estado de cosas inconstitucional” reprueba una manifiesta vulneración a los derechos fundamentales y permite una reacción “de mayor entidad” de la jurisdicción constitucional, en algunos caos superando las formas del proceso, para precisamente buscar una pronta reparación frente a una agresión ostensible a un derecho fundamental. 

Las partes más relevantes del fallo 05561-2007-PA/TC son: 

38. (…) se ha dejado establecido en el Expediente N.° 2579-2003-HD/TC, que mediante la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional “(…) y a fin de que se respeten plenamente los pronunciamientos de esta naturaleza que de ahora en adelante se emitan, este Colegiado enfatiza que, si con posterioridad a la fecha de expedición de una sentencia de esta clase, llegase al Tribunal o a cualquier órgano judicial competente un caso análogo, cuyos hechos se practiquen con fecha posterior a la de esta sentencia, aparte de que se ordene la remisión de copias de los actuados por la violación del derecho constitucional concretamente afectado, también se dispondrá que se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional”. (…) 

40. En tal sentido, la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional, con relación a la contratación de estudios de abogados, y en general de profesionales encargados de la defensa de los intereses de la ONP mediante procesos judiciales, debe merecer una reestructuración integral, conforme a los considerandos de esta sentencia, a fin de impedir que en el futuro se vuelvan a presentar demandas con él único ánimo de dilatar la atención de los derechos de los pensionistas, sobre todo cuando respecto de tales derechos exista un criterio jurisprudencial establecido e inequívoco sobre la materia, ya sea de parte del Poder Judicial o de este Colegiado

El decisorio se expresa en la siguiente forma: 

1. Declarar, como un Estado de Cosas Inconstitucional, la participación temeraria, obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra; en consecuencia: 

a) ORDENA a las instancias judiciales que tienen en curso procesos en los que la pretensión esté referida al pago de intereses o devengados como consecuencia de la actuación renuente y unilateral de la ONP, apliquen los criterios jurisprudenciales de este Colegiado, dando por concluidos los procesos judiciales relacionados a reclamos de los pensionistas e imponiendo las medidas disciplinarias a que hubiera lugar a los abogados patrocinantes. 

b) ORDENA a la ONP para que en los próximos 3 días posteriores a la publicación de la presente sentencia, se allane o se desista de toda demanda constitucional que tuviera en curso y en el que la única pretensión esté referida a la misma materia de la presente demanda, bajo apercibimiento para el titular del pliego de incidir en desacato a la autoridad judicial

A su turno, la STC 03426-2008-PHC/TC señala: 

32. (…) teniendo en cuenta los efectos generales de la sentencia en la que se declara el estado de cosas inconstitucional, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, señala que cualquier persona o personas que se encuentren en las mismas circunstancias a las descritas en esta sentencia, esto es, que sufran agravio por el mismo o similares actos lesivos, podrán acogerse a los efectos de la presente sentencia o a la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, no siendo necesaria la interposición de nueva demanda de hábeas corpus. Y es que, tal como ha señalado este Colegiado “La expansión de los efectos de una sentencia más allá de las partes intervinientes en el litigio no debe causar mayor alarma, puesto que, tratándose de un Tribunal encargado de la defensa de la supremacía constitucional, es claro, que sus decisiones  -no sólo en los juicios abstractos de constitucionalidad, sino también en los casos concretos de tutela de derechos subjetivos- vincula a todos los poderes públicos” (Exp. Nº 3149-2004-AC/TC, fundamento 14).   

El decisorio fija los siguientes alcances: 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos por haberse producido la violación del derecho fundamental a la salud mental y a la integridad personal; en consecuencia: i) ORDENAR al Director del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho que, en el día, proceda al traslado del favorecido don Pedro Gonzalo Marroquín Soto al Hospital Víctor Larco Herrera; ii) ORDENAR al Director General del Hospital Víctor Larco Herrera para que una vez ejecutado el traslado del favorecido, proceda a su admisión, debiendo la Oficina Ejecutiva de Administración y Oficina de Logística de dicho Hospital superar cualquier imposibilidad material, a fin de que reciba el tratamiento médico especializado. 

2. Declarar, como un estado de cosas inconstitucional, la falta de una política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental de personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer de una enfermedad mental; en consecuencia: 

a. ORDENAR al Ministerio de Economía y Finanzas para que adopte las medidas necesarias que permitan el incremento gradual del presupuesto destinado al Ministerio de Salud, y concretamente, a los centros hospitalarios de salud mental de país. 

b. ORDENAR al Poder Judicial la adopción de las medidas correctivas para que todos los jueces del país emitan pronunciamiento oportuno sobre los informes médicos que les son remitidos por las autoridades de salud, que recomiendan el cese de la medida de seguridad de internación

Indudablemente, la figura del “estado de cosas inconstitucional” puede convertirse en una extraordinaria herramienta procesal y respecto de los jueces del Poder Judicial, puede implicar un extraordinario ahorro de horas- hombre al no tener que tramitar todos los fallos bajo reglas estrictamente apegadas al modo procesal literal. 

Una Sala Superior del Cusco, en desarrollo de esta figura, implementó en 2010 respecto a un caso un “estado de cosas ilegal”, figura que creemos plenamente compatible con el “estado de cosas inconstitucional”, en una muestra de activismo judicial moderado y consecuente con  la defensa pronta de los derechos fundamentales. 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   


[1] Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997.

[2] RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho Procesal. Revista Española de Derecho Constitucional No. 21. No. 62. mayo-agosto 2001.

[3] LANDA ARROYO. César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. La experiencia del Perú. Revista IPSO JURE No. 9. Mayo 2010. Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

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STC 004-2009-PA/TC. Caso Roberto Allcca. Apelación por salto

18 enero, 2012

Estimados amigos:

Una decisión de interés que desarrolla nuevos ámbitos de la institución de la autonomía procesal de la jurisdicción constitucional es la STC 004-2009-PA/TC, caso Roberto Allca, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00004-2009-AA.html.

El fallo en mención desarrolla la institución de la apelación por salto, la cual implica exonerar a las Salas Superiores del conocimiento de una apelación en ejecución de sentencia respecto al cumplimiento de una decisión previa del Tribunal Constitucional.

La lógica procedimental nos diría que toda apelación, incluidas aquellas que ocurran en ejecución de sentencia, deben ser conocidas por la Sala Superior si el juez A-quo ya emitió un fallo. Sin embargo, justificándose los criterios de tutela de urgencia, el Tribunal considera que el trámite de una ejecución de sentencia debe ser mucho más expeditivo, exonerándose a la Sala del conocimiento de esa ejecución.

Los segmentos de interés del fallo en comento son los siguientes:  

14.  Frente a este problema de dilaciones indebidas para ejecutar las sentencias emitidas por este Tribunal, corresponde dar una solución que tenga como fundamento garantizar y concretizar los fines de los procesos constitucionales, el principio de dignidad de la persona humana, el principio constitucional de la cosa juzgada, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. 

La solución a los problemas de la falta de ejecución de sentencias constitucionales y al de su ejecución defectuosa o desnaturalización debe partir, a juicio de este Tribunal, por exonerar a las Salas Superiores del Poder Judicial de conocer el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de la sentencia de este Tribunal, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado. Ello se justifica en la optimización del derecho a la efectiva ejecución de lo resuelto, específicamente, por el Tribunal Constitucional, y porque el trámite en las salas superiores, en vez de contribuir con la realización efectiva del mandato de las sentencias de este Tribunal, genera dilaciones indebidas y resoluciones denegatorias que, en la mayoría de casos, terminan siendo controladas y corregidas por este Colegiado. 

Por esta razón, teniendo presente los derechos fundamentales afectados por la inejecución, ejecución defectuosa o desnaturalización de una sentencia constitucional y atendiendo a lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del CPConst., según el cual el Tribunal Constitucional tienen el deber de adecuar la exigencia de las formalidades para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales, el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones del juez de ejecución será conocido por el Tribunal Constitucional. En efecto, este recurso será conocido por salto, lo cual origina que la denominación propuesta en la RTC 00168-2007-Q/TC sea variada por la de “recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional”. Igualmente, debe precisarse que contra la resolución que deniega la concesión del recurso mencionado procede el recurso de queja previsto en el artículo 401° del Código Procesal Civil. 

Finalmente, debe precisarse que el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional no procede cuando: a) el cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación, o de los devengados, o de los reintegros, o de los intereses, o de las costas o de los costos; b) el mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretende establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo; y c) cuando el propio recurrente decide que la correcta ejecución del mandato de la sentencia constitucional se controle a través del amparo contra amparo. En estos casos el proceso de ejecución de la sentencia constitucional sigue su trámite en las dos instancias del Poder Judicial y contra la resolución denegatoria de segundo grado procede el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional previsto en la RTC 00168-2007-Q/TC, salvo en el supuesto b), supra. 

15.  De otra parte, debe precisarse que la absolución del recurso de apelación por salto o del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación por salto, se realizará sin trámite alguno, es decir, que no existe la obligación de que se convoque a una audiencia para la vista de la causa, por la sencilla razón de que no se está debatiendo una controversia o litis constitucional, ya que ésta se encuentra resuelta en forma definitiva por la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que se va a verificar el estricto cumplimiento, o no, del mandato contenido en la sentencia. 

En este contexto y a los efectos de lograr que los mandatos de las sentencias del Tribunal Constitucional sean ejecutados en forma inmediata y en sus propios términos, debe requerirse a todas las salas superiores del Poder Judicial que remitan los expedientes que estén conociendo y que tengan por finalidad verificar el estricto cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.

 Podemos apreciar que el fin perseguido es que ocurra un cumplimiento efectivo de una decisión del Tribunal Constitucional, y que las dilaciones indebidas sean excluidas si existe tutela urgente que materializar.

En desarrollo de esas premisas, se fija también un ámbito de exclusión de contenidos materiales que serán exonerados de la apelación por salto.

En la misma ruta de exclusiones, estimamos que aquellas sentencias que no hubieren sido conocidas por el Tribunal Constitucional y que hubieren concluido a nivel de Sala Superior, también resultan excluidas de la apelación por salto, por una sencilla razón: el Tribunal Constitucional no ha dirimido sobre el caso y en consecuencia, no puede resolver sobre lo que no ha sido puesto en su conocimiento. Bajo este criterio, las apelaciones de casos concluidos en Sala Superior, son conocidas solo por ésta en vía de apelación sobre incidentes de ejecución.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

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STC 032-2010-PI/TC. Caso Ley antitabaco. Derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud

9 enero, 2012

Estimados amigos:

Una sentencia que reviste interés por su desarrollo y análisis de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, es la STC 032-2010-AI/TC, caso Ley Antitabaco, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00032-2010-AI.html.

Dicho fallo hace un extenso análisis de conceptos de sumo interés como el paternalismo jurídico y en propiedad, de las implicancias de validar constitucionalmente la Ley 28705 —Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco.

Entre los aspectos más relevantes respecto al paternalismo jurídico encontramos lo siguiente:

56.  (…) una medida jurídica paternalista se encuentra justificada, cuando puede determinarse razonable y objetivamente que la persona que va a ser sujeto de ella, por alguna razón, tiene limitada la libre manifestación de su voluntad, y al restringirse su libertad se evita razonablemente un daño objetivo, grave e irreparable a sus derechos fundamentales

Se trata de aquella persona de la que puede objetivamente predicarse que, por alguna circunstancia ajena a la voluntad del Estado y de la persona misma, no es capaz de evaluar de manera suficientemente razonable el grave riesgo que una conducta representa para sus propios derechos e intereses, o que siendo consciente del referido riesgo, en razón de alguna compulsión externa o interna, no es del todo capaz de actuar en consecuencia para evitarlo. Dado que en estos casos se duda razonablemente de que la voluntad propia se encuentre del todo libremente ejercida, algunos consideran que no cabe aquí hablar de medidas paternalistas (cfr. Beauchamp, Tom, “On Coercive Justifications for Coercive Genetic Control”, en J. Humber y R.F. Almeder –editores–, Biomedical Ethics and the Law, PlenumPress, New York, 1979, p. 388).

Así, los niños y, en general, los incapaces absolutos en los términos del artículo 43º del Código Civil, son personas en relación con las cuales pueden adoptarse determinadas medidas paternalistas

57.  Pero, ¿pueden adoptarse medidas paternalistas en relación con personas adultas que no siendo jurídicamente incapaces, presenten determinados caracteres que, por así decirlo, distorsionen sus manifestación de voluntad, sin llegar a ser incapaces? En determinadas circunstancias, la respuesta a esta interrogante es afirmativa. Así, pueden adoptarse medidas paternalistas informativas por el bien de las propias personas adultas a las que va dirigida la información, si se asume razonablemente que obligándolas a informase pueden reorientar el curso de una conducta que puede generarles una grave afectación a sus derechos. Como bien apunta, Miguel Ramiro Avilés, “[l]as campañas de información de los riesgos o beneficios que supone la realización de ciertas actividades deben ser el primer tipo de medidas paternalistas que deben adoptarse ya que siempre es preferible la medida menos aversiva porque la autonomía o la libertad de la persona deben sufrir lo menos posible, a lo que se une que con la información se apela a la razón” (cfr. “A vueltas con el paternalismo jurídico”, en Derechos y Libertades, N.º 15, Junio 2006, p. 234).

Ahora bien ¿cabe preguntarnos: es paternalismo jurídico prohibir el consumo de tabaco? ¿No serían los ciudadanos acaso responsables de sus actos si deciden fumar y con ello autoinflingirse un propio daño? Creemos que hay paternalismo jurídico mas entendido como una intervención razonada y razonable en los derechos de las personas. El derecho a fumar ha de continuar manteniéndose para los ciudadanos, mas no en lugares públicos pues ello afecta el derecho de terceros a la salud e inclusive del propio consumidor. Por lo tanto, hay un paternalismo inclusive basado en los nocivos efectos del tabaco a nivel mundial, los cuales arrojan cifras realmente preocupantes: una de cada 8 muertes están asociadas al consumo de tabaco, a lo que debe sumarse que cerca de 100 millones de personas murieron a causa del tabaquismo durante el siglo XX y se estima que para el año 2030 el tabaco podría ser responsable de 10 millones de muertes al año en el mundo.

Ocupa nuestro interés, adicionalmente, que el Tribunal Constitucional aplica el principio de proporcionalidad para validar la norma cuestionada y en relación al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, fija los siguientes argumentos:

§9. Las prohibiciones cuestionadas ¿superan el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto?

120. Queda por analizar si las prohibiciones de crear espacios públicos cerrados solo para fumadores, y de fumar en las áreas abiertas de los establecimientos dedicados a la educación que sean solo para adultos, superan el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. De acuerdo con este subprincipio, una medida restrictiva de los derechos fundamentales, solo resultará ponderada, si el grado de incidencia que genera sobre el contenido de los derechos restringidos, es menor que el grado de satisfacción que genera en relación con los derechos y/o bienes constitucionales que busca proteger u optimizar. (…)

122. (…) Con relación al grado de afectación de los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, debemos señalar que el ejercicio de estos derechos puede[] ser limitado[] por el derecho a la salud. En ese sentido, el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, como todo derecho, no es absoluto, por lo que debe ejercerse en armonía con los derechos fundamentales de otras personas y los bienes de relevancia constitucional. De otro lado, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, el ejercicio de la libre iniciativa privada no debe atentar contra ‘los intereses generales de la comunidad’, mientras que el ejercicio de la libertad de empresa no debe poner en riesgo la salud de las personas.

Si comparamos los aspectos analizados anteriormente (el grado de realización de la protección del derecho a la salud y el grado de afectación de los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa) podemos concluir que la medida impugnada resulta proporcional” (cfr. escrito de contestación de la demanda, p. 60; el énfasis es del original).

Es nuestra opinión que el fallo goza de fortaleza argumentativa e incide en una buena justificación externa, al tiempo que llega a la valiosa conclusión de que la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, exige pautas de acción del Estado. En propiedad, éste debe ejercer un rol activo frente a las exigencias que plantean estas relaciones de colisión entre dos derechos relevantes como lo son, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuestionando que fumar en lugares públicos pueda implicar una forma de restricción manifiesta, así como la relevancia del derecho a la salud en las políticas públicas del Estado. Frente a esos escenarios de conflicto, corresponde adoptar normas que fundamenten las potestades de intervención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

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STC 2317-2010-PA/TC Caso Miguel Cadillo Palomino. ¿Desvinculación del precedente?

1 julio, 2011

Estimados amigos: 

La institución del precedente vinculante ha generado una serie de supuestos respecto a su principal característica, es decir, su grado de vinculatoriedad. De un lado, una posición mayoritaria, asumida por el propio Tribunal, refuerza el necesario grado de sujeción del juez respecto al precedente, tendencia a la que se adscribe el órgano de control de la magistratura en nuestro país. 

De otro lado, en la posición de un sector de los jueces, existe la idea de que se afecta la autonomía judicial pues el precedente vinculante representa una imposición de la interpretación del supremo intérprete. Una tercera posición más equilibrada, a la cual nos adscribimos, considera la necesidad de adaptar nuestra interpretación constitucional a la del precedente vinculante, pues finalmente representa la interpretación de la Constitución, y entre las múltiples interpretaciones a construir, es la del Tribunal Constitucional aquella que prevalece. En esta última vertiente, no debemos dejar de lado que se hace necesaria una construcción jurisprudencial de mejora de los contenidos de los derechos fundamentales respecto al precedente vinculante, tarea que es inherente al guardián final de la Constitución que es el propio Tribunal. En ese orden de ideas, creemos que deben tenderse puentes entre el Tribunal Constitucional y los jueces del Poder Judicial para una más efectiva tutela de los derechos fundamentales y si ello implica la progresividad de los derechos constitucionales, es propio fije el Tribunal dichas pautas. 

Sin perjuicio de ello, subsiste nuestra duda en el sentido de si realmente el precedente vinculante de que dispone nuestro sistema jurídico, efectivamente trasgrede las bases conceptuales y de marco teórico del precedente anglosajón, el cual solo por excepción permite el apartamiento, mas finalmente lo permite, a diferencia de nuestro precedente vinculante que excluye la figura de la excepcional justificación.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la STC 2317-2010-PA/TC, caso Miguel Cadillo Palomino, la cual puede ser leída en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02317-2010-AA.html, presenta una lectura de aplicación de mejor contenido por parte de los jueces del Poder Judicial, lo que supone, dice el propio Tribunal, no el apartamiento del precedente, sino una mejora de sus contenidos. La decisión en comento señala al respecto: 

10. (…) Resulta válido concluir que una aplicación simplemente mecánica o automática de los precedentes vinculantes emitidos por este Tribunal, desprovista de la necesaria consideración de su ratio decidendi y de la interacción de ésta con las peculiaridades del caso concreto, difícilmente sería compatible con la eficacia y utilidad que aquellas decisiones deben ostentar en el Estado Constitucional, así como con la idea de una adecuada protección de los derechos fundamentales. Y es que, como parece evidente, la interpretación del llamado derecho jurisprudencial, lejos de valerse de los clásicos métodos lógico-deductivos propios del derecho legislado, exige incorporar al razonamiento práctico de los jueces aquellas consideraciones o argumentos que sirvieron de base al Tribunal para tomar la decisión finalmente adoptada; ello con el objeto, no de propiciar indebidos apartamientos de la doctrina sentada por este Alto Tribunal, sino de adecuar la aplicación de los mismos a la realidad de los casos concretos, siempre que con ello se favorezca una mayor y más efectiva protección de los derechos fundamentales. 

La idea expresada no deviene, en nuestra opinión, en un apartamiento del precedente vinculante sino en la mejora de los contenidos del caso por parte de los jueces. Es una regla que presenta, en forma similar, el derecho internacional de los derechos humanos interpretado en el sistema interamericano respecto al derecho interno de los Estados. En este caso, prevalece la interpretación del sistema supranacional sin que el Estado pueda alegar prevalencia de su Derecho Interno o afectación de su autonomía. Como mecanismo de excepción, solo si el Derecho nacional protege de mejor forma el caso sometido a conocimiento, el derecho supranacional no prevalecerá. 

Sin perjuicio de lo sostenido, es importante precisar, respecto a la sentencia presentada, que la interpretación de mejora de contenidos, apunta a que los jueces consideren la base de aplicación del precedente vinculante para la respectiva mejora de su contenido, y no que la interpretación del juez se aparte de la del precedente. 

La diferencia de figuras es muy notoria. El primer caso representa un esfuerzo de progresividad respecto al contenido del precedente vinculante; la segunda, por cierto más riesgosa, tiende a apartarse del contenido y alcances del precedente, en la tesis de hacer prevalecer una interpretación del juez por sobre la del Tribunal Constitucional, situación que llevaría a la eventual inaplicación de las interpretaciones del Tribunal y a que existan distintas interpretaciones, unas de mejor tutela que otras. Al respecto es importante delimitar funciones, roles y competencias: los jueces constitucionales deberían ser autónomos en sus interpretaciones de la Constitución mas nuestro ordenamiento constitucional ha sido delimitado en base a que el Tribunal Constitucional es el órgano que en definitiva, interpreta la Constitución, no resultando el único intérprete pero sí el supremo. Al Tribunal Constitucional se le ha delegado las tareas de control normativo y por su ubicación en el ordenamiento constitucional, es a quien le compete la interpretación final de los derechos fundamentales.   

Saludos cordiales, 

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Prevalencia del derecho a la ejecución de resoluciones judiciales sobre la Ley de Protección Patrimonial. Cambio de posición jurisprudencial del TC

29 junio, 2011

Estimados amigos:

Una noticia de suma relevancia para la jurisprudencia constitucional peruana en materia de ponderación es la STC 02204-2010-PA/TC, caso Quiroz Aguilar, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02204-2010-AA.html. La decisión señalada  identifica una nueva posición del Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Protección Patrimonial, en propiedad respecto a la ponderación entre el derecho fundamental a la ejecución de resoluciones judiciales y el derecho de propiedad, un caso que en Perú ha generado un nivel de conflictos sociales considerable.

Nuestra posición ya había sido expresada, respecto a la colisión entre ambos derechos fundamentales, con desarrollo de sentencias de la Sala Constitucional de Lambayeque, en este propio blog-  https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/01/stc-0579-2008-patc-caso-becerra-leyva-principio-de-proporcionalidad/- ponderando el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales, entendiendo una vulneración menor de este último derecho frente a la satisfacción mayor de aquel.

En el caso Becerra Leyva el Tribunal Constitucional señaló:

“33. (…) tenemos que el grado de realización o satisfacción del objetivo propuesto por el legislador que en este caso, es lograr el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, así como la promoción del empleo y la disminución de la pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional no sería posible de realizar, en la medida que una empresa cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados difícilmente podría conseguir las alianzas económicas necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los que busca proteger la medida de protección legal de la industria azucarera en el norte del país. 

34. Cuando es posible establecer de manera racional que una medida de restricción de baja o leve intensidad logra niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”.

La sentencia hoy en comento traduce un cambio de posición completo del Tribunal Constitucional, aunque por 4 votos contra 3, en cuanto otorga prevalencia al derecho fundamental a cobrar las acreencias con calidad de cosa juzgada, modificándose la posición del caso Becerra Leyva. Señala el supremo intérprete:

Fundamento voto magistrados Vergara Gotelli y Urviola Hani 

4. (…) consideramos necesario reiterar la posición expresada (…)  respecto a que no puede ampararse el incumplimiento de obligaciones bajo leyes que prorrogan eternamente un plazo, deslegitimando la finalidad para la que inicialmente se adoptó dicha medida. Asimismo cabe mencionar que posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2008 (fecha posterior a la decisión del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00579-2008-PA) se ha emitido la Ley N° 29299, que vuelve a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que ya evidencia una burla con el aval de normatividad que promueve la mentira y el incumplimiento de obligaciones pecuniarias.

Acota el magistrado Calle Hayen:

8. (…) es especialmente relevante considerar que en el caso concreto la pretensión deriva de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es la remuneración, derecho que tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador conforme reza el artículo 24º de la Constitución “[e]l trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para el y su familia el bienestar material y espiritual”; además, la ejecución  proviene de una sentencia favorable al trabajador.

Lo expresado genera varias reflexiones de interés: ¿cuál será, con esta decisión, el efecto de vinculatoriedad respecto a la Ley 29678, que prorroga el pago de obligaciones de las empresas sujetas al régimen de protección patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2011? Notemos que en este fallo en comento no hay referencia a la última ley de prórroga. De la misma forma, ¿ preverán los acreedores acogerse a esta nueva sentencia para solicitar el pago de sus deudas ahora sujetas a la prórroga de obligaciones hasta diciembre de 2011?. De otro lado, de la contraposición entre el caso Becerra Leyva y la nueva posición expresada en el caso Quiroz Aguilar, ¿primaría el criterio de posición nueva, bajo argumentos de temporalidad, para tener por establecida una nueva posición del TC, quedando el antecedente Becerra Leyva superado? Sin duda son interrogantes que la jurisprudencia constitucional deberá ir respondiendo en los próximos fallos, dada la trascendencia de la nueva posición, la cual involucra una considerable cantidad de acreencias de las empresas sujetas a la protección patrimonial.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra  

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STC 976-2001-AA/TC. Caso Llanos Huasco. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Despidos materia de amparo: nulos, incausados y fraudulentos.

2 mayo, 2011

Estimados amigos:

Siendo hoy en Perú feriado no laborable para el sector público por el Día del Trabajo (en realidad fue ayer la celebración del 01 de mayo) venía a nuestra mente una sentencia de singular importancia para el Derecho del Trabajo que contempla, a juicio nuestro, 2 aspectos relevantes: de un lado, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, y de otro lado, la delimitación material de los tipos de despido a ser conocidos en sede de amparo.

En relación a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, el concepto referido no significa sino aludir a que el ámbito de estos derechos como atributos subjetivos ya no solo se circunscribe a las relaciones Estado- ciudadanos, en una premisa vertical a través de la cual solo el individuo podía ser sujeto activo y el Estado sujeto pasivo, respecto de las libertades fundamentales, sino también a las relaciones intra particulares, como expresión de horizontalidad.

Es de esa forma que la doctrina de la Drittwirkung permite extender las relaciones a propósito de derechos fundamentales entre particulares y nos permite inferir que el ámbito de acción de estos derechos, se produce igualmente entre terceros, quienes a su vez pueden resultar emplazados entre sí.

La STC 976-2001-AA/TC, caso Llanos Huasco, la cual puede ser leída en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00976-2001-AA.html resume lo señalado en los siguientes términos:

A) Eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados

5. Desde una perspectiva histórica, los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado. Es decir, como atributos subjetivos que protegían un ámbito de autonomía individual contra acciones u omisiones derivadas de cualquiera de los poderes públicos. De esta forma, los derechos y libertades fundamentales tenían al individuo por sujeto activo, y únicamente al Estado como sujeto pasivo, en la medida en que ellos tenían por objeto reconocer y proteger ámbitos de libertad o exigir prestaciones que los órganos públicos debían otorgar o facilitar.

Por su propia naturaleza de “derechos públicos subjetivos”, tales facultades no se extendían al ámbito de las relaciones privadas, pues se concebía que era inadmisible que entre privados se presentaran abusos o relaciones asimétricas, en razón a que dichas articulaciones, teóricamente, se realizaban en condiciones plenas de libertad e igualdad, que sólo el Estado podía poner en cuestión.

Tal concepción se tradujo en considerar a la Constitución sólo como un documento normativo a partir del cual se regulaban las relaciones entre los individuos y el Estado, en tanto que las relaciones entre privados -en principio, libres e iguales- debía realizarse a través del Código Civil, que de esta manera era presentado como el estatuto jurídico fundamental de los particulares. Como eufemísticamente lo ha señalado Konrad Hesse [Derecho Constitucional y Derecho Privado, Editorial Civitas, Madrid 1995, Pág. 37], el Código Civil se convertía, así, en el “auténtico baluarte de la libertad”.

Hoy, desde luego, los derechos fundamentales no son sólo derechos públicos subjetivos, esto es, libertades que garantizan sólo un status negativus, la preservación de un ámbito de autonomía personal oponible al Estado. A juicio del Tribunal Constitucional, al lado de la idea de los derechos fundamentales como derechos subjetivos, también hay que reconocer en ellos el establecimiento de verdaderos valores supremos, es decir, el componente estructural básico del orden constitucional, “en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; (…) el fundamento del orden jurídico y de la paz social.” [STC de España 53/1985, Fund. Jur. N°. 4].

Y es que, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, la Constitución, que no quiere ser un ordenamiento neutral, ha introducido con los derechos fundamentales un ordenamiento valorativo objetivo, en el cual se encuentra la más importante consolidación de la fuerza de validez de aquellos. Este sistema de valores, que encuentra su punto central en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad del ser humano, vale como una decisión constitucional fundamental para todos los ámbitos del derecho: legislación, administración y jurisdicción reciben de ella sus líneas orientativas y su impulso [BverfGE 7, 204 y ss].

Ello significa que los derechos fundamentales no sólo demandan abstenciones o que se respete el ámbito de autonomía individual garantizado en su condición de derechos subjetivos, sino también verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes públicos, al mismo tiempo que informan y se irradian las relaciones entre particulares, actuando como verdaderos límites a la autonomía privada.

Se trata, además, de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, del propio artículo 38° de la Constitución, según el cual “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)”. Con dicho precepto constitucional se establece que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares con el Estado, sino también a aquéllas establecidas entre particulares. De manera que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta también a las establecidas entre particulares, por lo que cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos o desconocerlos, deviene inexorablemente en inconstitucional.(…)

En suma, pues, los derechos constitucionales informan y se irradian por todos los sectores del ordenamiento jurídico, -incluidos los referidos a la materia laboral- pues ellos forman parte esencial del orden público constitucional. 

Además de estos criterios, en relación al derecho al trabajo, la decisión en comento igualmente delimita los ámbitos de los procesos de amparo, puntualizando cuáles son los supuestos a tener en cuenta. La decisión precisa lo siguiente:

 15. De ahí que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su abundante jurisprudencia, haya establecido que tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan en los tres casos siguientes:

a) Despido nulo

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 29° del Decreto Legislativo N.° 728 y como consecuencia de la necesidad de proteger, entre otros, derechos tales como los previstos en el inciso 2) del artículo 2°; inciso 1) del artículo 26° e inciso 1) del artículo 28° de la Constitución.

Se produce el denominado despido nulo, cuando:

  • Se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a un sindicato o por su participación en actividades sindicales.
  • Se despide al trabajador por su mera condición de representante o candidato de los trabajadores (o por haber actuado en esa condición)Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados de su sexo, raza, religión, opción política, etc.
  • Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre que se produzca en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto).
  • Se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida (Cfr. Ley N.° 26626 ).
  • Se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley 27050).

b) Despido incausado

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de julio de 2002 (Caso Telefónica, expediente N.° 1124-2002-AA/TC). Ello a efectos de cautelar la vigencia plena del artículo 22° de la Constitución y demás conexos.

Se produce el denominado despido incausado, cuando:

  • Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique.

c) Despido fraudulento

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido implícitamente en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 0628-2001-AA/TC, de fecha 10 de julio de 2002. En aquel caso se pretendió presentar un supuesto de renuncia voluntaria cuando en realidad no lo era. En tal caso, este Tribunal consideró que “El derecho del trabajo no ha dejado de ser tuitivo conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes de la Carta Magna, debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que forman parte de la gama de los derechos constitucionales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional y económica…”. (Fun. Jur. N°. 6).

Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la plena vigencia, entre otros, de los artículos 22°, 103° e inciso 3) del artículo 139° de la Constitución.

Se produce el denominado despido fraudulento, cuando:

  • Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la “fabricación de pruebas”.

En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo.

16. En mérito a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional estima que la protección adecuada contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27° de la Constitución ofrece dualmente una opción reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria (resarcimiento por el daño causado), según sea el caso.

Esta orientación jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia laboral no conlleva a la estabilidad laboral absoluta, sino plantea el reforzamiento de los niveles de protección a los derechos del trabajador frente a residuales prácticas empresariales abusivas respecto al poder para extinguir unilateralmente una relación laboral.

La importancia de estos criterios, reiteramos, reside en la delimitación necesaria de los procesos laborales, en sentido material, que han de ser conocidos en sede constitucional, circunscribiéndose el conocimiento de todos los demás tipos de procesos, a la vía laboral ordinaria o a la vía contencioso administrativa.

Los fundamentos de esta sentencia luego son complementados con la STC 206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, ya reseñado antes en nuestro blog en https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/08/stc-0206-2005-aatc-caso-baylon-flores-precedente-vinculante-laboral/

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra  

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STC 0030-2005-PI/TC. Caso Barrera Electoral

1 mayo, 2011

Estimados amigos:

A propósito de las elecciones presidenciales en Perú y de las recientes conformaciones del Congreso, merece un breve comentario la sentencia de la Barrera Electoral, la cual asumió un perfil muy claro a propósito de los temas de democracia representativa que enfoca: la fortaleza de la gobernabilidad a través de la participación de partidos políticos fuertes.

En el módulo Democracia, recientemente dictado en la Academia de la Magistratura, dimos cuenta de la inquietud inicial de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 28617, en el sentido de un cuestionamiento objetivo: no se debía excluir a los partidos políticos de su plena participación en política si su votación favorable significaba la voluntad ciudadana. En ese orden de ideas, la expresión de votación ciudadana debía significar una representación congresal pues así lo determinaba la voluntad popular.

El proceso de inconstitucionalidad cuestionaba que para acceder al procedimiento de distribución de escaños del Congreso de la República, se requiriera haber alcanzado al menos 5% del número legal de sus miembros o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos en el ámbito nacional.

La STC 030-2005-PI/TC, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00030-2005-AI.html, vierte los siguientes conceptos representativos respecto a este tema:

36.  En criterio de este Colegiado, el establecimiento de una “barrera electoral” resulta plenamente compatible con la Carta Fundamental, pues se encuentra orientada a:

A)     Evitar el acceso al Congreso de la República de agrupaciones políticas cuya mínima o nula representatividad impida el cumplimiento de la finalidad que la Constitución les encomienda en su artículo 35º; es decir, “concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular”, institucionalizando la representación de intereses que en los hechos aparecen atomizados a nivel social. En efecto, en criterio de este Tribunal, el rol de los partidos políticos se dirige a generar un margen de representatividad objetiva y no un mero interés de grupo, incapaz, por su nimia significancia, de ser considerado como parte de la voluntad general, sino, simplemente, como una suerte de portavoz de intereses particulares o personales.

B)     Conseguir que todos los partidos y movimientos políticos gocen siquiera de la mínima representatividad que viabilice su trascendencia institucional en la vida política del país, de modo tal que se establezcan las bases para la configuración de un verdadero sistema de partidos, entendido como aquel en el que —vía competencia, articulación e interacción— cada partido o movimiento es, en cierto modo, dependiente de la función que los otros desempeñan en el escenario político.

El sistema de partidos es parte de la vis externa del “funcionamiento democrático”, que les exige el artículo 35º de la Constitución, frente a la vis interna de ese mismo funcionamiento, constituida por su estructura y acción organizacional interna.

C)     Evitar una fragmentación en la representatividad congresal que obstaculice la gobernabilidad; el consenso entre las mayorías y minorías, y la toma de decisiones oportunas y trascendentes en la vida política, social y económica del país, pues, según quedó expuesto en los Fundamentos 4 a 18 supra, todos ellos son elementos vitales para la estabilidad de la democracia representativa, reconocida en el artículo 45º de la Constitución.

D)     Impedir que, como consecuencia de la referida fragmentación, una mayoría simple pueda resultar sustancialmente beneficiada por la ausencia de contrapesos significativos en el Congreso.

El Tribunal asume la tesis de evitar una atomización de la representación parlamentaria en tanto una votación determinada no necesariamente contribuye a forjar viabilidad democrática. En consecuencia, prevalece la propuesta de fortalecimiento de la representatividad parlamentaria.

En las últimas elecciones, por aplicación de la Ley de Barrera Electoral, el movimiento Cambio Radical, no obstante una importante votación, no llegó a alcanzar curules en el Congreso, dado que no alcanzó el 5% de la representatividad exigida.   

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 014-2003-AI/TC Proceso de inconstitucionalidad contra la Constitución de 1993

30 abril, 2011

Estimados amigos:

Concluido el dictado de nuestro curso Teoría Constitucional y Democracia en el curso de Ascenso de la Academia de la Magistratura, tuvimos oportunidad de trabajar 2 interesantes sentencias vinculadas a estos temas y producto del debate con los discentes, se generaron importantes reflexiones a partir de los fundamentos de las sentencias acotadas.

Un tema de suyo relevante en Teoría Constitucional, fue la legitimidad de origen de las Cartas Fundamentales y al respecto, cabe preguntarnos: ¿Es cuestionable una Constitución  in toto?

Bien sabemos que los procesos de inconstitucionalidad evalúan una norma con rango de ley y hasta en el esquema de Otto Bachof, podríamos determinar si una norma constitucional es inconstitucional, pero, ¿podría determinarse la inconstitucionalidad de una Constitución entera?

Esa es la reflexión que asume una decisión de mucho interés como lo es la STC 014-2003-AI/TC, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00014-2003-AI.html, sentencia que plantea una cuestión de sumo interés: si la Norma Fundamental de 1993 fue adoptada luego de un golpe de Estado, ¿resulta deslegitimada esa Constitución por ausencia de legitimidad de origen?

El Tribunal Constitucional asume la inviabilidad de la petición de los demandantes, quienes inclusive no asumen la Carta de 1993 como una Constitución sino como un “documento”, dado su contexto de ilegitimidad.

El supremo intérprete asume que no puede plantearse la inconstitucionalidad de toda la  Constitución de 1993 pues no existiría un barómetro de referencia para su control. ¿O acaso habría que buscar parámetros de referencia en la Constitución de 1979, Carta anterior a la de 1993? Además, si aún así se pretendiera cuestionar esta Carta ¿no resultaría acaso deslegitimado el propio Tribunal para esa tarea dado que es la propia Constitución la Carta que establece las potestades del Tribunal?

La parte más relevante de la decisión en comento señala:

§5. Las paradojas de la impugnación de inconstitucionalidad del “documento denominado Constitución Política de 1993”

20. (…) la pretensión de los recurrentes está destinada a obtener de este Tribunal un pronunciamiento jurisdiccional que declare la inconstitucionalidad de lo que denominan “documento de 1993”. Por consiguiente, las cuestiones por indagar son las siguientes: ¿cuál ha de ser el parámetro con el cual este Tribunal Constitucional debe juzgar la validez/invalidez del “documento de 1993”? ¿Tiene el “documento de 1993” la cualidad para ser objeto de control en la acción de inconstitucionalidad?

5. A. ¿Existe una norma-parámetro para declarar la inconstitucionalidad de una Constitución?

21    En el Fund. Jur. N.° 3 de la STC N.° 0001-2002-AI/TC, este Colegiado sostuvo que “a través de la acción de inconstitucionalidad, este Tribunal evalúa si una ley o una norma con rango de ley transgrede, por la forma o por el fondo, la Norma Suprema. Se trata, en principio, de un juicio abstracto respecto a dos normas de diversa jerarquía. Por un lado, la Constitución, que actúa como parámetro, en la medida que es la Lex Legum; y, por otro, la ley o las normas con rango de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese control”.

En el caso de autos, la primera paradoja que se evidencia es la que tiene que ver con la determinación del parámetro con que este Tribunal debe realizar el juicio de validez. ¿Cuál sería el indicado? ¿la Constitución precedente o la misma Constitución de 1993?

22.  Queda claro que no es en este último sentido con el que debe comprenderse los alcances de la impugnación efectuada.

En primer lugar, no se solicita la declaratoria de la inconstitucionalidad de una o algunas disposiciones de la Constitución de 1993, tampoco se pide que se declare la inconstitucionalidad de una reforma constitucional que haya sido introducida de manera contraria al procedimiento contemplado en su artículo 206°, o vulnerando los límites materiales a los que está sujeta la reforma constitucional [STC N.° 0014-2002-AI/TC]. La impugnación se dirige contra el texto íntegro del llamado “documento del 93”.

No obstante, si este Tribunal Constitucional obrase como lo solicitan los recurrentes, el parámetro con el cual tendría que juzgarse a la Constitución de 1993 no podría ser otro que los propios criterios subjetivos de quienes integramos este Colegiado.

Al no encontrarse preestablecidos dichos criterios, es decir, al no mostrarse objetivados, sino depender de lo que, a nuestro juicio, pueda ser lo bueno o lo malo para el país, la imposición de una decisión al respecto nos devolvería en un solo acto a un pasado oprobioso, propio del Estado absolutista, en el que la justicia se “administraba” no sobre la base de una ley, sino conforme a los caprichos del monarca. Sólo que en esta oportunidad el monarca no sería un individuo [el rey], sino 7 personas, las que precisamente formamos parte de este Tribunal.

23.  Como lo anterior es incompatible con la naturaleza de este Tribunal Constitucional, cabría que la pretensión se dilucide desde la otra perspectiva propuesta en el Fundamento N°. 21; esto es, considerar como parámetro para juzgar la inconstitucionalidad de la Constitución de 1993 a la Constitución de 1979.

En torno a ello, no menos dramática sería la situación en la que este Tribunal Constitucional se vería envuelto si el parámetro fuese dicha Ley Suprema. En efecto, sucede que la autoridad con la que cuenta este Tribunal no dimana de la Constitución de 1979, sino de la Constitución de 1993. Así las cosas, ¿podría este Tribunal declarar la inconstitucionalidad –no ya de una disposición–, sino de toda la Constitución, que lo crea y establece sus competencias?

No es ésto todo, sin embargo. Si, por un momento, y pese a lo anterior, tuviésemos la convicción de que este Tribunal es competente para declarar la inconstitucionalidad del denominado “documento de 1993”, situaciones no menos paradójicas habría que necesariamente advertir:

a) Por un lado, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la Constitución de 1993, al ser un acto procesal que ponga fin a un proceso creado y regulado por la misma Constitución de 1993, tendría que forzosamente también considerarse como ¡inconstitucional! Es decir, se trataría de una sentencia dictada en el seno de un proceso, en sí mismo, inconstitucional.

b) Por otro, inconstitucional también sería el pronunciamiento efectuado por este Colegiado, pues si se declarase la inconstitucionalidad de la Constitución de 1993, con dicha declaración de invalidez se declararía la inconstitucionalidad del mismo Tribunal Constitucional. Y es que nos encontraríamos frente a un pronunciamiento que habría emanado de un órgano –este Tribunal Constitucional- que, al haber sido creado por la Constitución del 93, también sería inconstitucional.

La doctrina que esta decisión establece resulta de sumo interés para sentar la posición de la legitimidad de origen que identifica a las Cartas Fundamentales de los Estados.

En ese norte de ideas, resulta validada la Constitución de 1993, sobre la cual es importante aportar, adicionalmente, que la misma resultó legitimada con el referéndum de la misma, mecanismo de democracia participativa que permitió asumir su legitimación posterior, esto es, la legitimación entendida como acto posterior, de ratificación, respecto a su legitimidad, percibida como condición de origen.

En conclusión, no es procedente, vía proceso de inconstitucionalidad, determinar la expulsión del ordenamiento jurídico de una Constitución y en democracia, el camino más viable habrá de ser, de corresponder a las circunstancias, adoptar una nueva Constitución a través de los mecanismos que la propia Carta Fundamental contempla.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 01538-2010-PA/TC. Caso Telefónica del Perú. Cosa juzgada y deducciones tributarias.

29 abril, 2011

Estimados amigos:

Una decisión del Tribunal Constitucional que nos ha dejado con algunas inquietudes, dado que no es expedida por unanimidad, es la STC 01538-2010-PA/TC, caso Telefónica del Perú, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01538-2010-AA.html.

La controversia es puntual: ¿se deben o no hacer deducciones sobre los mandatos judiciales que establecen sumas líquidas a pagar? La decisión que comentamos, en mayoría, establece una suerte de inmutabilidad del monto final de pago en referencia que los mandatos judiciales se ejecutan en sus propios términos, y en ese orden de ideas, la mayoría señala:  

3. Al respecto, la recurrente alega que al haberse desestimado su pedido de deducción  ascendente a S/. 9,088.92 nuevos soles por conceptos de prestaciones de salud, ONP o AFP, e impuesto a la renta sobre las remuneraciones ordenadas a pagar en la sentencia que ascienden a un total de S/. 36,149.91 nuevos soles se ha vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley y de propiedad. A efectos de verificar si lo resuelto en el pedido de deducción vulnera o no los derechos constitucionales alegados por la recurrente, conviene remitirnos a la literalidad de lo ordenado en la sentencia, que tiene la calidad de cosa juzgada, expedida en el proceso judicial subyacente (pago de remuneraciones devengadas).

4.        Al respecto, a fojas 20 del primer cuaderno obra la sentencia de fecha 4 de mayo del 2005 expedida en primera instancia en el proceso judicial subyacente sobre pago de remuneraciones devengadas, en la cual se declara “FUNDADA EN PARTE la demanda (…) en consecuencia ORDENO que la demandada pague a la actora, en el plazo de cinco días la suma de TREINTISEIS MIL CIENTO CUARENTINUEVE NUEVOS SOLES CON NOVENTIUN CENTIMOS (S/. 36,149.91) de los cuales por remuneraciones devengadas corresponden Veintiséis Mil Novecientos Sesenta y Nueve Nuevos Soles con treinta y cuatro céntimos (S/. 26,969.34) y por reintegro de utilidades la suma de Nueve Mil Ciento Ochenta Nuevos Soles con cincuentisiete céntimos (S/. 9,180.57); asimismo ORDENO que la demandada, en el mismo plazo, DEPOSITE en la entidad bancaria o financiera elegida por la trabajadora la suma de Dos Mil Doscientos Cuarenta y siete Nuevos Soles con tres céntimos (S/. 2,247.03) por compensación por tiempo de servicios (…)”. Asimismo a fojas 23 del primer cuaderno obra la sentencia de fecha 12 de agosto del 2005 expedida en segunda instancia, la cual “CONFIRMA la sentencia de fecha 4 de mayo del 2005 (…) que resuelve declarar fundada en parte la demanda, con lo demás que contiene (…)” .

5.        De las sentencias recaídas en el proceso judicial subyacente sobre pago de remuneraciones devengadas, se aprecia que ninguna de ellas admite excepción alguna a su cumplimiento total en los propios términos en que ella misma se expresa. En razón de ello, el pedido de deducción de la recurrente sobre las remuneraciones ordenadas a pagar en la sentencia constituye un acto procesal que tiene como finalidad última frustrar el cumplimiento cabal y total de lo ordenado en la sentencia (pago de S/. 36,149.91 nuevos soles), de modo tal que la desestimatoria de dicho pedido bajo ningún concepto conlleva a la vulneración de los derechos constitucionales alegados por la recurrente, máxime si lo ordenado en la sentencia no establece hipótesis alguna de excepción para su cumplimiento total. Y es que las sentencias judiciales se ejecutan en sus propios términos y no dejan margen de acción para que su cumplimiento sea pensado, merituado y/o evaluado por la parte encargada de ejecutarla, no existiendo en el caso de autos motivos razonables para proceder a su incumplimiento toda vez que el pedido de deducción (pago por concepto de prestaciones de salud, ONP o AFP, y pagos por impuesto a la renta) constituye un asunto cuya dilucidación está íntimamente vinculada con el fondo de la cuestión controvertida en el proceso judicial subyacente; por lo que debía ser discutida en el mismo proceso judicial y no en la etapa de ejecución de sentencia. 

Sin embargo, el voto en minoría del magistrado Álvarez Miranda señala:

3.      Empero, ambas instancias del proceso ordinario subyacente no han merituado que parte de dicha deducción es una renta de quinta categoría, y por consiguiente, objeto de retención en la fuente de acuerdo con el criterio de lo percibido conforme a lo establecido en los literales “a” y “c” del artículo 34º, el literal “g” del artículo 67º, el “a” del 71º y el 57º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y que lo dispuesto en tales normas es imperativo, y por consiguiente, de obligatorio cumplimiento tanto para empleadores como para ciudadanos/contribuyentes.

4.      Del mismo modo, han obviado que de acuerdo con los artículos 34º, 35º y 36º del Texto Único Ordenando de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y los artículos 47º, 48º, y 49º del Reglamento de dicha Ley, los aportes correspondientes a AFP Horizonte deben ser retenidos por el empleador a fin de que éste los deposite en dicha AFP.

5.      Por tanto, el hecho que ambas instancias judiciales del proceso subyacente hayan obviado mención alguna respecto de tales descuentos, no enerva la obligatoriedad del cumplimiento de tales deberes tanto para María Zapata Carranza (sustantivos por cuanto es quien va a asumir la carga económica de tales erogaciones) como para Telefónica del Perú (formales en tanto es quien va a colaborar en el proceso de recaudación de tales conceptos de carácter tributario y no tributario).

6.      De ahí que, en mi opinión, lo solicitado por la recurrente durante la etapa de ejecución de Sentencia no puede entenderse en modo alguno como un acto dilatorio tendiente evitar el cabal cumplimiento de dicho mandato judicial en tanto su actuar se encuentra ajustado a lo previsto legalmente, razón por la cual, corresponde amparar su pretensión, mas aún cuando la razón por la que se rechazó lo solicitado obedece a una interpretación errónea de lo dispuesto en el Acuerdo del Pleno Jurisdiccional dado que en el caso de autos, la controversia no gira en torno a la determinación de un tributo sino sobre si lo devengado debe estar afecto a las retenciones legalmente establecidas conforme ha sido indicado supra. Es más, lo retenido incluye descuentos de carácter no tributario, como son las aportaciones a la referida AFP.

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque se declare FUNDADA la presente demanda.

Objetivamente, asumimos que toda suma que ordena un pago está sujeta a afectaciones tributarias pues las exclusiones de impuestos deben estar cuando menos predeterminadas por norma legal o administrativa. Nos interrogamos: ¿es suficiente la referencia a que toda sentencia deba ejecutarse en sus propios términos y a partir de allí, crearse un régimen de inafectación o de incremento real de la deuda?

En el caso en comento, desestimada la deducción de la deuda, ya la acreencia no es el monto ordenado a pagar sino incluye sumas adicionales que en rigor son montos que benefician al propio trabajador, como son aportes AFP y otros. Entonces, ¿no debió fundamentar la decisión judicial de pago por qué debía estimarse que el mandato de pago no incluía ningún tipo de deducción? Y aún así, ¿no deben los mandatos judiciales de pago de deudas laborales aportar como corresponde con toda suma regular que se percibe en el ejercicio de la relación de trabajo? ¿Por qué crear un régimen de inafectación a partir de la literalidad de un mandato judicial de pago de suma líquida?

Con el debido respeto por la opinión de la mayoría, debemos coincidir con la decisión de Álvarez Miranda en tanto se trata de una decisión que estima la obligación que tenemos todos los contribuyentes de aportar sobre los ingresos que percibimos.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

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