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Homenaje de reconocimiento a ex magistrados del Tribunal Constitucional. Chiclayo, 23 de mayo de 2017

19 mayo, 2017

Estimados amigos:

Nuestra Corte Superior de Justicia desarrollará  un homenaje de reconocimiento en nuestra ceremonia de nonagésimo sétimo aniversario de creación, a los ex magistrados del Tribunal Constitucional Dres. Javier Alva Orlandini, Juan Vergara Gotelli, Juan Bardelli Lartirigoyen, Magdiel Gonzales Ojeda, Víctor García Toma y César Landa Arroyo, en razón de sus meritorios aportes al Derecho Constitucional entre los años 2001 a 2008, época en la que ciertamente el Tribunal instituyó las bases tutelares de los derechos fundamentales en nuestro país.

Este homenaje se materializa por iniciativa del Presidente de nuestra Sala Dr. Manuel Huangal Naveda, quien tendrá a su cargo el discurso de aniversario en la fecha central del 23 de mayo próximo.

Previamente, el 22 de mayo se desarrollará un Conversatorio denominado ” Experiencias, balances  y retos del Tribnnal Constitucional a 16 años del retorno a la democracia”, encuentro que servirá de marco académico previo y como oportunidad para escuchar a los invitados.

Por razones de fuerza mayor vinculadas a salud, el reconocimiento de los Dres. Alva Orlandini y Vergara Gotelli tiene lugar los días 18 y 19 de mayo en sus domicilios en la ciudad de Lima.

Adjuntamos la referencia de invitación.

Conversatorio Derecho Constitucional. Homenaje ex magistrados TC. 23may2017

Saludos cordiales

Edwin Figueroa Gutarra

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VII Seminario Internacional de Derecho Procesal “Proceso y Constitución”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 25 de abril de 2017

27 abril, 2017

VII Seminario Internacional de Derecho Procesal

“Proceso y Constitución”

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima, 25 de abril de 2017

 

 

Quinta Mesa de Trabajo

La oralidad

Presidente de Mesa: Giovanni Priori (Perú)

 

Roberto Pérez Prieto (Perú)

La palabra hablada como el método más efectivo para la resolución de conflictos 

Nos preguntamos siempre si la oralidad es mejor, dada su influencia en los últimos años, incluso con el refuerzo de los profesionales de teatro. ¿Es realmente importante la palabra hablada? Sí, porque ésta tiene herramientas que no tiene la palabra escrita. Es un hacer y exige un requisito: debe tener verdad. ¿Qué es hacer con verdad? Al decir, hacemos. En el ámbito jurídico, debemos siempre sustentar.

Al hablar, usamos volumen, tono, velocidad, prontitud. Éstas son variables del manejo verbal. Otras variables no verbales: la dirección, el oído. Todo esto no lo tiene la palabra leída. Las cuerdas vocales emiten un sonido y con ello, regulamos las funciones cerebrales, discernimos cómo decir las cosas, vemos cómo utilizamos nuestro cuerpo. La palabra leída solo lo logra en los poemas, en los versos. Otra gran ventaja de la palabra leída es que es un ejercicio colectivo. La palabra leída es un ejercicio individual, cada uno elige si lee o no lee.  Obviar, exigir e imponer son verbos que se deben evitar en la palabra hablada. Hablar implica transmitir emociones. 

 

Michael Vidal (Perú)

La oralidad en el proceso laboral peruano 

La Ley 29497, publicada el 15 de enero de 2010, destaca el proceso oral (por audiencias) y el uso de la tecnología. Busca la efectividad del proceso mismo y se impulsa la inmediación, la concentración y la celeridad.

Ha sido muy importante reducir el tiempo de tramitación. Se ha logrado, como primer aspecto, la actualización de la demanda, superando así la regla tradicional de modificación de la demanda antes de que ésta se notifique.  Esta actualización puede tener lugar en cualquier oportunidad del proceso en primera instancia, incluso en la audiencia misma. La oralidad exige mucha responsabilidad.

En segundo lugar, se configura una preferencia de lo oral sobre lo escrito. Esto último sigue revistiendo importancia, tampoco se debe hacer a un lado totalmente. La audiencia juega un papel clave en el proceso.

En tercer lugar, la actuación de medios probatorios ha variado sustantivamente. Hoy quien ofrece un testigo, debe llevarlo, ya no se le notifica. Los medios probatorios ahora se oralizan.

Finalmente, la emisión del fallo se produce al concluir la audiencia, o en una hora, o al cabo de 5 días. ¿Puede el juez fallar en un sentido y al cabo de 5 los días, fallar en otro sentido? Esto resulta un problema de congruencia.

 

Dante Apolin (Perú)

Los problemas de la oralidad y la corroboración de los enunciados fácticos 

El juez, antes que conmoverse, tiene que corroborar hechos, debe basarse en la información que fluye de las pruebas. La oralidad logra la eficacia del proceso. Para ello y para permitir una adecuada corroboración de hechos, debe partirse de las premisas de celeridad y del propósito de alcanzar una decisión justa.

Sin embargo, la oralidad presenta algunos problemas: se producen injusticias por la poca especialidad de los abogados. Un abogado inexperto perjudicará a su cliente. También se requieren recursos altos, entre ellos muchos equipos. Otro problema es la forma de programación de las audiencias, algunas veces toman más de un año. Un problema adicional es la complicación del proceso. Se pueden producir sesgos en el proceso oral. El juez debe ir preparado a la audiencia, partir de una hipótesis, aunque en algunos casos ello puede representar un problema. Nos referimos a un sesgo de confirmación, es decir, que el juez se forme una idea que mantenga a lo largo de la discusión y que el debate se circunscriba solo a la ratificación de esa hipótesis.

Por último, la oralidad es equiparable a un instrumento. Debe usarse con prudencia. O beneficia al usuario  o en su caso, puede devenir en perjuicio. 

 

Sexta Mesa de Trabajo

¿Es eficaz el amparo para la tutela de los derechos fundamentales?

 Presidente de mesa: Elena Alvitez (Perú)

 

Fernando Castañeda Portocarrero (Perú)

Obstáculos a la efectividad del amparo

El amparo ha resultado efectivo en algunos casos y sin embargo, como media común suele tomar hasta 3 años en ser resuelto. Son algunos obstáculos, según el Informe No. 172 de la Defensoría del Pueblo, la calificación, la cual demora en promedio 76 días para que se admita o rechace la demanda, sin considerar el plazo de notificación a las partes.

Otro problema es la utilización inadecuada del amparo. 4 de cada 10 demandas son improcedentes liminarmente, es decir, un 40%. En tanto, en promedio 43% de demandas son admitidas.

Por su lado, las notificaciones demoran en promedio 138 días. Los actos de notificación toman 18% del tiempo total del amparo. La respuesta ha sido la notificación electrónica pero ésta aún es insuficiente.

Un siguiente problema es el de los amparos previsionales. Los jueces constitucionales de Lima demoran 12 meses en solicitarle a la ONP la remisión del expediente administrativo, y ONP tarda hasta 7 meses en remitir dicho expediente.

Un problema derivado es el de acceso a la documentación remitida por la ONP. Muchos juzgados no podían leer los CDs remitidos por la ONP. Hoy eso ha sido solucionado con PCs más modernas en el Poder Judicial.

A su turno, las medidas coercitivas son otro problema. Las multas se imponen en grado menor, no hay suficiente severidad. No hay un real efecto disuasivo.

La sobrecarga procesal es también un problema. La carga procesal máxima de un juzgado constitucional es 1105 expedientes. Sin embargo, el año 2016 el 9no juzgado constitucional tuvo 2757 casos, lo cual supera la carga máxima procesal permitida.

Esto deriva en problemas de personal. Un especialista legal percibe 3500 soles en promedio y presta servicios en promedio un año.

¿Cuál camino tomar? Optar por una modernización real de la justicia constitucional.

 

Samuel Abad Yupanqui

¿Es eficaz el amparo para la tutela de los derechos fundamentales? 

El art. 25.1 de la Convención Americana de DD.HH. prevé un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de los derechos fundamentales. Esta es una pauta para una real justicia constitucional.

Tres Comisiones se han formado para una modificación del Código Procesal Constitucional pero el Congreso no ha acogido las propuestas formuladas. Respecto a la ruta del amparo, este proceso puede tomar hasta 6 años, lo cual es una realidad frente a la cual hay que actuar.

Lima tiene 8 juzgados constitucionales y un juzgado constitucional tributario. Hoy los juzgados civiles tienen menos carga que los juzgados constitucionales.

A pesar de los problemas de demora, hay casos que sí han merecido respuesta. El caso de la suspensión del sorteo del servicio militar mereció una medida cautelar en 3 días, lo cual supuso una actitud valiente de enfrentamiento al poder. Esto fue un amparo colectivo que mereció respuesta oportuna.

El amparo no debe ser visto desde una posición constitucional pura, requiere una visión procesal constitucional. Esto exige una agenda de cambios la misma que debe conllevar a más juzgados y Salas constitucionales, fijar criterios comunes a través de Plenos, además de reformas normativas puntuales, entre otras medidas.

 

Eloy Espinosa- Saldaña Barrera (Perú) 

Nos preguntamos hoy si el escenario jurisdiccional es el más idóneo para la resolución de conflictos. Otra reflexión es la referida al rechazo liminar de las demandas a nivel del Tribunal Constitucional, un tema de control normativo, como sucede con el caso Vásquez Romero. La realidad es objetiva, hay casos que requieren mayor atención, como el de los pensionistas antes que casos manifiestamente improcedentes.

De otro lado, no hay especialización, no se impulsa la especialidad constitucional. ¿Acaso se debe ello a que este juez revisa resoluciones judiciales?

Sin embargo, sí se están haciendo algunas cosas. Llegamos hace 2 años al TC y teníamos alrededor de 12,500 casos. Hoy estamos disminuyendo la carga procesal. En promedio, la carga pendiente constante es de 9500 casos.  Se ha impulsado precedentes como el caso Elgo Ríos, sobre la vía igualmente satisfactoria, dejándose de lado criterios como el caso Collca, pues no contribuía el criterio de la intensidad de la intervención, dado que ello simplemente pretendía convencer al juez de la intensidad de la intervención.

Sí se exige un diseño constitucional distinto. Nuestro actual modelo exige labores de complementación.

 

 

Sétima Mesa de Trabajo

¿Es eficaz el habeas corpus para la protección de los derechos fundamentales?

Presidente de mesa: Omar Cairo (Perù) 

 

Luciano López (Perù) 

Quiero referirme a los riesgos de la inefectividad del habeas corpus en el Perú. Parto del art. 25 de la Convención Americana de DDHH para destacar lo relacionado a un recurso sencillo, rápido y eficaz. Las condiciones políticas de un país deben ser adecuadas para dar respuesta eficaz a los procesos constitucionales. Sin embargo, si un proceso dura en exceso, entonces no existe un sistema idóneo. En el caso del ciudadano chino WonG Ho Wing la Corte Interamericana observó que un proceso de habeas corpus debería durar no más de un mes y  pesar de ello, en Perú la media de duración es de 1 año 8 meses, incluyendo al Tribunal Constitucional,  lo cual contraviene parámetros internacionales.

El Informe Defensorial 172, de 2015, resume muchas de estas observaciones preocupantes. ¿Necesitamos más jueces? ¿Debe ajustarse la estructura de los procesos? Disponemos de cierta información pero no es completa, se alude a cuántos expedientes ingresan y cuántos terminan, pero no hay datos en relación a condiciones especiales de los expedientes. ¿Qué hace que demore más un caso?

 

Susana Castañeda Otsu (Perú)

¿Es eficaz el habeas corpus para la protección de la libertad individual y los derechos conexos?

El Código Procesal Constitucional ha estructurado un proceso de naturaleza sumaria para la defensa de los derechos protegidos por el habeas corpus.

La STC 3491-2005-PHC/TC, caso Laynes Romero, prevé el habeas corpus contra habeas corpus por el exceso de plazo en resolverse el primer habeas corpus, lo cual nos da una dimensión amplia del habeas corpus.

De otro lado, se presentan problemas en la tramitación de habeas corpus contra resoluciones judiciales, entre ellos, el juez competente (¿de cualquier lugar y jerarquía?), la actuación maliciosa de los demandantes, un uso abusivo del HC, en especial del conexo.

Por ejemplo, es contraproducente que un juez supernumerario de habeas corpus se pronuncie contra una decisión de la Corte Suprema. Aquí hay una cuestión de grados. Se debe enmendar estas incongruencias.  

Debe impulsarse la especialidad de los jueces constitucionales. Por ejemplo, una demanda constitucional contra la Corte Suprema debe ser conocida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. 

Otra cuestión a modo de propuesta, es regular un procedimiento judicial similar a la tutela de derechos para los procesos de habeas corpus. 

 

Pedro Grández (Perú)

Un estudio de las NNUU se refiere a la corrupción como un factor de distorsión en las sociedades. Barberis señala varias dimensiones de la corrupción y a partir de sus ideas, debemos preguntarnos cuáles son las implicancias constitucionales de la corrupción.

El principio Rule of Law es un principio de Estado de Derecho, esto no es sometimiento a cualquier derecho sino al derecho justo. La preocupación por la corrupción fue incluso asimilada en el Federalista 22 por Hamilton y desde ya fue necesario fijar criterios al respecto. Ello fue asumido nuevamente en el Federalista 39. La idea fue entonces diseñar un sistema constitucional que previera estas conductas.

En nuestros países, buscamos que la democracia constitucional no signifique cualquier derecho sino derechos que se vinculen a los principios que tutela nuestro sistema jurídico. El gobierno de la cosa pública significa así que los intereses privados se subordinan a los intereses públicos.

Planteo entonces una garantía judicial sobre no corrupción, la defino como un principio institucional. Así, hay que buscar un habeas res pública, a fin de defender los bienes públicos. En ciertos casos, habría que trasladar casos a la ciudad capital, dada su trascendencia. Otra cuestión: no archivar casos de relevancia por cuestiones formales. 

 

Octava Mesa de Trabajo

Procesos penales especiales

Presidente de mesa: José Ascensio Mellado (España)

 

José Antonio Caro John (Perú) 

José Neyra Flores (Perú) 

Enrique Letelier (Chile) 

 

Novena Mesa de Trabajo

El proceso penal como medio de tutela de los derechos

Presidente de mesa: María Yolanda Doig  

 

José María Ascensio Mellado (España) 

César San Martín Castro (Perú) 

Alberto Binder (Argentina)

 

 

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VII Seminario Internacional de Derecho Procesal “Proceso y Constitución”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 24 de abril de 2017

26 abril, 2017

VII Seminario Internacional de Derecho Procesal

“Proceso y Constitución”

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima, 24 a 27 de abril de 2017

 

 

Lunes 24 de abril de 2017

 

Alfredo Villavicencio, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, brindó las palabras de bienvenida.

Giovanni Priori, Director de la Maestría en Derecho Procesal, refirió que el Primer Congreso tuvo su origen en el propósito de celebrar los 90 años de la PUCP, allá por el año 2007 y que este Sétimo Seminario destaca por congregar a ponentes de diversas latitudes para el estudio del Derecho Procesal.

 

Primera Mesa de Trabajo

¿Autotutela vs tutela procesal?

Presidente de mesa: Francisco Ramos Méndez (España)

 

Freddy Escobar (Perú)

Auto tutela: Control ex ante y control ex post  

El homo sapiens en el planeta tierra implicó la evolución de distintas culturas. Hace 3000 años Persia significó una primera evidencia del sistema judicial. En Persia, la ley escrita ratificaba la autotutela como la forma más importante de justicia. En Grecia, Dracón dispuso que aquel que matara a alguien, podía ser objeto de venganza por parte de la familia de la víctima. Si consideramos el efecto de las ideas desde la influencia persa, en realidad el sistema judicial tendría 10 segundos de existencia como sistema de tutela procesal, sobre las 24 horas del reloj de la existencia humana, es decir, casi todo el tiempo. Así, desde que el hombre existe, tuvimos un sistema de autotutela.

El sistema judicial significó una primera tendencia de imposición de mayores impuestos. Las poblaciones aceptaron estos mayores impuestos a cambio de protección.

El sistema judicial representa un costo óptimo pues trabaja a nivel de economía de escalas. En propiedad, reduce costos. Son límites naturales a la autotutela la legitima defensa y la defensa posesoria.

La tutela y la autotutela son caras de una misma moneda. En la tutela, el sistema ex ante implica que el titular tiene que activar el sistema judicial, es quien demanda.  En el sistema ex post , a nivel de autotutela la contraparte activa el sistema judicial. Por ejemplo, el acreedor deja sin efecto el contrato y es el deudor quien debe recurrir al sistema judicial.

 

Reynaldo Bustamante (Perú)

Resulta importante definir bien el problema de la autotutela y la tutela procesal, establecer su extensión. Si consideramos que el Derecho no es uno solo, sino que incluso es un conjunto de valores, de principios, de derechos fundamentales, entonces no solo se analiza el problema tutela-autotutela en términos de eficacia, sino en términos de justicia.

Aquí me refiero al Estado constitucional como concepción que inspira nuestro Derecho, que legitima el poder. Desde la Constitución, el acceso a la justicia y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, son elementos importantes en este sentido. Un segundo punto es la proscripción de la arbitrariedad. En adición a ello, el Estado constitucional se caracteriza por la supremacía constitucional. La Constitución  inspira este tipo de decisiones. De esta forma, el problema entre tutela y autotutela tiene otra dimensión.

La eficiencia, entonces, debe vincularse a la justicia. Debe otorgarse tutela procesal frente a la arbitrariedad, se busca evitar un perjuicio irreparable.

 

Segunda Mesa de Trabajo

Perfiles históricos y comparados de la tutela procesal

Presidente de mesa: Loic Cadiet (Francia)

 

Raffaele Volante (Italia) 

Planteo el problema de cómo  el Derecho Sustancial le da forma al Derecho Procesal, a raíz del planteamiento que hace el profesor Priori en sus palabras introductorias. La construcción de las decisiones jurídicas varía de acuerdo a la concepción del ordenamiento. En reglas generales, el juez interpreta un  ordenamiento que no ha construido y esto tiene matices a lo largo de la historia. La norma sustancial se configura así como producto del ordenamiento.

En otro periodo de la historia, la norma se construye de acuerdo al tipo de sociedad, de acuerdo a la costumbre y al comportamiento de la sociedad. No nos referimos a una norma abstracta y general, la costumbre es una norma factual y particular cuya concepción termina en 1789, con la nueva concepción jurídica que impone la Revolución Francesa. Hablamos ya, en este nuevo periodo, del concepto de jurisdicción.

La tendencia en Europa en los 1800 comienza entonces a construir, en la sentencia del juez, una nueva concepción de la costumbre. Hay una vinculación más fuerte al concepto de abstracción. Los Tribunales de Casación son un fruto de la Revolución francesa. Adoptan así una  nueva concepción  del Derecho.

 

Luca Passanante (Italia) 

El overruling es un tema que no tiene tanto una naturaleza cuantitativa. Es importante adentrarse en este asunto. El prospective overruling implica un examen futuro del caso en la aplicación de la consecuencia jurídica pero que no asume eficacia retroactiva, incluso tampoco presente.

La oposición entre jurisprudencia y ley es un tema que debe ser superado. En 1932, el juez Cardozo, de la Corte Suprema de EE.UU., primer juez hispano en esa institución, señaló la compatibilidad constitucional del instituto del prospective overruling para efectos de ampliarse a futuro y sin efecto de aplicación inmediata para el caso presente.

Esbozó razones persuasivas de justicia y declaró la operatividad de la institución del prospective overruling. La Corte Suprema de ese país asumió en sentencias posteriores esta posición procedimental pero consideró  solo situaciones de oportunidad.

Scalia, juez de la Corte Suprema de EE.UU, señaló en 1991, que debemos evitar que la Corte Suprema a través del prospective overruling se sienta en la capacidad de crear nuevo Derecho.

Italia no ha conocido este instituto en su tradición pero la Corte Suprema ha fijado líneas directrices iniciales en los últimos años.

 

Jaime Arellano  (Chile) 

Nos preguntamos por qué se formulan propuestas para transformar la justicia civil en toda América Latina. Nuestros sistemas eran los de un juez ausente, que delegaba su labor en el sistema, haciendo opaco el derecho de acceso a la justicia para gran parte de la comunidad jurídica.

La justicia comenzó a reformarse desde las especialidades: la penal, la laboral, la de familia. Hoy todos los países de América Latina tienen justicia especializada. En Chile existe una tasa de litigiosidad muy alta: 14381 demandas por cada 100,000 habitantes; en Honduras, esta tasa es muy baja. En Argentina, el nivel es medio.

Una primera dificultad es tomar decisiones sobre la justicia en base a información incompleta. Otras formas avanzaron tratando de buscar modelos orientados hacia la oralidad, se buscó disminuir el número de audiencias, pero se olvidó definir los asuntos urgentes que requerían decisión. Entonces es complejo diseñar modelos procesales. Es peligroso pensar en modelos procesales estrictamente pragmáticos. Ello obvia garantías constitucionales.

Hay grados de ruptura, así señalamos, con el modelo declarativo del Código anterior. Los modelos orales han efectuado un importante aporte pero creemos que es insuficiente. No se trata de sustituir, se trata también de reformar lo necesario. Chile aún no aborda la reforma de la justicia civil. Por ejemplo, aún no se define la carga dinámica de la prueba.  No se trata de entelequias teóricas. La pregunta entonces es: ¿ cuál es el modelo procesal que estamos impulsando?

El rol del juez  es otro ítem de discusión. Nos preguntamos cuál debe ser el rol del juez en este modelo reformado. Debemos enfrentar una reforma del modelo procesal, esa es mi posición, no conviene un jaloneo teórico solo desde lo procesal. Se requiere, por ejemplo, una mirada con una perspectiva de género. La exclusión del género femenino no debe ser una tendencia, por el contrario, debe diseñarse un sistema de justicia que no sea solo de hombres.

 

Tercera Mesa de Trabajo

Proceso y tutela de los derechos materiales

Presidente de mesa: Luca Passanante (Italia)

 

Giovanni Priori (Perú)

Reflexiones preliminares sobre el sistema de tutela de derechos en el Perú 

Es importante que en el Perú redefinamos el sistema de tutela de derechos. Nuestra Constitución señala que éste es un deber fundamental del Estado en esta materia. Cuando hacemos una reforma procesal, nos inclinamos por una reforma sectorial. Si reformamos lo civil, no miramos el ámbito constitucional, y así por el estilo.

El Perú es el país que menos crece en su sistema de justicia. 89% de la población desconfía del sistema judicial. La pregunta es: ¿cómo puede crecerse tanto con tanta desconfianza en el sistema judicial? El Estado ha respondido a la crisis del sistema de justicia con la estrategia de evitar que los conflictos  lleguen al Poder Judicial. Entonces, se ha administrativizado la tutela de derechos.

La tendencia es crear cada vez más métodos regulatorios y sin embargo, esto es un engaño, en razón de que lo resuelto por un órgano administrativo es revisado finalmente por la justicia. Entonces, se da de todos modos el conflicto en el Poder Judicial pero con una diferencia: 3 o 4 años después.

Una segunda forma ha sido reforzar y ampliar los casos de autotutela. Por ejemplo, la prenda se puede ejecutar, incluso hoy ya la hipoteca. De igual forma, se está reforzando el arbitraje. El propio Estado evita el Poder Judicial y acude al arbitraje. La conciliación tampoco ha tenido éxito.

En el Perú hemos hecho reformas procesales pero no nos hemos ocupado del sistema de remedios. Entonces ¿nos debemos preocupar solo por la efectividad de los derechos? Creemos que debemos buscar darle coherencia al sistema de derechos en el Perú. En los últimos 20 años se han reformado todos los Códigos Procesales y sin embargo, aun mantenemos un sistema inconexo. Ello constituye un descuido histórico para Perú.

 

Adrian Simons (Perú)

El derecho de acción y la protección de los derechos materiales 

Me permito comentar un caso: la mina Huarón, en el año 1997, solicita instalar tapones en una mina submarina a efectos de mitigar una posible catástrofe. Pidió la mina una medida autosatisfactiva contra otra mina, dándole forma a su pedido a través de una medida cautelar. El juez concedió la medida pero al existir apelación, concede apelación con efecto suspensivo. La Sala Superior finalmente revocó la medida cautelar porque no hay previsión de la petición autosatisfactiva en el Código Procesal Civil. La Corte Suprema resolvió rechazar in limine el recurso de casación. Lamentablemente se produjeron muertes al no realizarse la medida.

¿Cómo romper estas cadenas? A través de una nueva concepción del derecho de acción, que se aleje de un procedimiento neutro ajeno a la realidad. Entonces, el derecho de acción tiene que ir más allá, debe contar con reglas procesales más abiertas. Debe tratarse de un nuevo derecho, que implique un procedimiento adecuado para buscar la tendencia procesal idónea. Propongo entonces un tipo de tutela específica pues no tenemos un sistema de tutelas específicas. Se logrará así el restablecimiento del derecho material. Como decía el maestro colombiano Jairo Parra: “Ya no es posible hacer proceso sin tener a la Constitución de nuestro lado”.

 

Jaime Vinatea (Perú)

¿Es eficaz el proceso laboral peruano? 

La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el sistema laboral respecto a si el sistema es eficaz o no. Debemos preguntarnos: ¿para qué sirve el proceso? ¨Para la realización del derecho material. Nuestro sistema laboral es imperativo y esto plantea temas de eficacia: ¿son capaces las empresas de cumplir las normas?

En relación al análisis funcional de la norma, inmediación, oralidad y concentración son nuevas características del sistema procesal. El nuevo modelo de proceso si funciona bajo estos nuevos parámetros. Es importante, también, que menos procesos lleguen a la Corte casatoria. Si así fuere, se hace más efectivo el sistema. La falta de capacitación también influye. Si ésta no se produce razonablemente, el sistema no va a funcionar adecuadamente.

 

Cuarta Mesa de Trabajo

Derecho material y proceso

Presidente de mesa: Alvaro Pérez

 

Michelle Taruffo (Italia) 

La conexión entre derecho procesal y derecho material es obvia y sin embargo, se olvida la función básica del proceso, es decir, la aplicación del derecho material. A veces se ignora cómo van las cosas en el mundo. Se ocupan del proceso algunos autores diciendo que el fin del proceso es el proceso mismo. Pero no hacen referencia a qué es el derecho, y que su objeto es respecto es resolver un conflicto.

Si uno mira hacia las versiones del proceso, en especial el modelo adversarial, EE.UU. como referencia,  la  idea es quién vence en el proceso, y sin embargo, no se ocupa del proceso. No se habla del resultado del proceso.

De otro lado, los jueces no hacen silogismos. Es una reacción aplicar un mínimo de racionalidad en sus decisiones, frente al abuso de los tribunales del antiguo régimen. La norma no cae como norma del cielo. Exige interpretación. No hay texto que tengo un solo sentido aunque tampoco se trata de cualquier sentido. También existe una exigencia de aplicar correctamente la regla en el caso concreto. Esto va de la mano con la búsqueda de la verdad.

 

Loic Cadiet (Francia)

La reforma en el proceso en Francia

El 18 de noviembre de  2006 se expide en Francia la Ley de Modernización de la justicia del siglo XXI. Se constituyó en una ley de derecho procesal global. Se intentó hacer una justicia más ágil así como una desjudicialización de la justicia. Se promovió un mayor acceso a la justicia en ciertos aspectos, así como se promovió un mejor  acceso en otras materias. A pesar de lo expuesto, la justicia no alcanza aún sus fines. El acceso a la justicia, es una conclusión, no ha sido plenamente promovido.

El seguro de tutela jurídica es una forma extraordinaria de financiación según el nuevo sistema. Está en proceso de ser promovido en determinadas causas. Las formas complementarias de acceso son así una expresión de acceso a la justicia.

El Estado providencia es una concepción del acceso a la justicia. Las ideas de Big data y Open Access, tipos de búsquedas disponibles para los lectores, son formas de expresión del acceso a la justicia. Así, se impulsa el acceso a los medios alternativos de resolución de conflictos. La apuesta del derecho  francés es la articulación de conceptos. Solo así se pueden construir buenas decisiones jurídicas.

 

Jairo Parra Quijano (Colombia) 

En Colombia se puso en vigencia el año 2016 el denominado “Código General del proceso”. Sin embargo, solo reguló el procedimiento civil. La consagración del proceso oral exige una percepción especial.

Cuando el juez interroga a las partes, el contradictorio no es como nosotros lo concebimos. El proceso es dialéctico, es más que una lucha entre las partes, es un intento operativo para el juez con el auxilio de las partes. Se busca una racionalidad probable, no una verdad absoluta. Se busca dar a la razón a quien la tiene desde el punto de vista del derecho sustantivo.

 

Juan Monroy Gálvez (Perú)  

El derecho material en los procedimientos complejos 

Platón distinguió dos tipos de aproximación: por los sentidos, lo cual era siempre poco probable. Y el otro era por la razón, más sólido, porque ello representaba el mundo de las ideas. El modelo platónico se encuentra vigente. Leibnitz ya trabaja una especie de idealismo.

Dada la influencia de la Constitución, se hace necesario desarrollar modelos de acción. A nivel de técnica procesal, se busca perseguir el valor eficacia. Y sin embargo, nos hemos olvidado que el derecho material es estático, pero el proceso actúa en una perspectiva dinámica.

Existe una ética de verdades singulares respecto a situaciones concretas. Es absurda una doctrina ética sustentada en el derecho de los hombres en general. No se puede apreciar el proceso sin compromiso social, político y económico. Decía Capelletti que la justicia no es una abstracción, juega su destino en cada caso concreto de desigualdad o discriminación.

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VII Seminario Internacional de Derecho Procesal. Proceso y Constitución. Lima, 24 a 27 de abril de 2017

22 abril, 2017

Estimados amigos:

La Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Maestría en Derecho Procesal y la Asociación IUS ET VERITAS, organiza el VII Seminario Internacional de Derecho Procesal denominado “Proceso y Constitución”, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Lima en la sede de la referida Universidad entre los días 24 a 27 de abril de 2017.

Entre los ponentes internacionales figuran Michelle Taruffo (Italia), Jairo Parra Qujiano y Diana Ramírez (Colombia), Eduardo Oteiza (Argentina), además de importantes profesores de otras nacionalidades así como maestros nacionales.

Este Seminario constituye el más importante encuentro nacional en Derecho Procesal y los temas a abordar asumen el enfoque de necesario examen de la evolución de las tendencias doctrinarias en esta materia. Igualmente, el Derecho Procesal, disciplina hoy plenamente autónoma y alejada de la concepción ferroviaria del proceso, representa el pulso del Derecho y constituye su manifestación externa más importante. En esos términos, ésta es una reunión que exige presencia de todos.

Adjuntamos el Programa del evento.

IUS ET VERITAS Programa PUCP Proceso y Constitucion 24abr2017

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Teoría del control constitucional. Importancia de su existencia. Dr. Víctor García Toma. Chiclayo, 29 de marzo de 2017

28 marzo, 2017

Estimados amigos:

 

La Comisión de Capacitación  de Magistrados que el suscrito preside ha organizado una serie de ponencias en un Plan de Conversatorios de Derecho Constitucional- Sesiones de Cátedra para el presente año 2017 y arrancamos el día 29 de marzo con la exposición “Teoría del control constitucional. Importancia de su existencia”, a cargo del Dr. Víctor García Toma, ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Dicha ponencia se desarrollará en el auditorio principal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

La idea central es estructurar temas de relevancia en Derecho Constitucional, propósito que obedece a la necesidad de entender el fenómeno de constitucionalización del Derecho y de hacer llegar a los jueces de nuestro Distrito Judicial el mensaje de asumir la importancia de una interpretación de los derechos desde la perspectiva de los principios de la Constitución, y desde la dimensión, importancia y contenido material de los derechos fundamentales.

La justicia ordinaria requiere involucrarse más en este propósito, a juicio nuestro, a fin de resolver en derecho, con justicia y equidad, las materias que se ponen en nuestro conocimiento. Dada esa atingencia, hemos estructurado temas que siguen una secuencia lógica determinada sin perjuicio de que pueda afinarse contenidos específicos en el curso de la coordinación con los ponentes del caso.

Patrocinan los Conversatorios el Poder Judicial de Perú, Poder del Estado encargado de impartir justicia y la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en coordinación con la Comisión de Capacitación de Magistrados y la Primera Sala Laboral de Lambayeque

 

Nuestro Plan de trabajo es el siguiente:

 

Cátedra 1

Dr. Víctor García Toma

Tema: Teoría del control constitucional. Importancia de su existencia

Fecha: miércoles 29 de marzo de 2017.

 

Cátedra 2

Dr. Domingo García Belaúnde

Tema: Enfoques civiles del proceso constitucional

Fecha: miércoles 31 de mayo de 2017.

 

Cátedra 3

Dr. Ernesto Blume Fortini

Tema: El Tribunal Constitucional. Importancia de su función.   

Fecha: miércoles 19 de julio de 2017

 

Cátedra 4

Dr. Samuel Abad Yupanqui (docente universitario)

Tema: La interpretación constitucional y los derechos de las personas con discapacidad

Fecha: miércoles 27 de setiembre de 2017

 

Cátedra 5

Dr. Luis Sáenz Dávalos ( asesor del Tribunal Constitucional) 

Tema: El principio de proporcionalidad. Su aplicación práctica en el ordenamiento jurídico.

Fecha: miércoles 22 de noviembre de 2017

 

Esperamos colgar mayor información al respecto en adelante.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México D.F. 01-03 de febrero 2017

3 febrero, 2017

Estimados amigos:

Se lleva a cabo en estos días en México D.F., el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, evento que a juicio nuestro constituye la reunión más importante en habla hispana en materia constitucional.

La reunión a que aludimos se denomina “Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro en su centenario” .

Entre otros temas, han de abordarse:

Constitución y Estado laico; Constitución y orden jurídico internacional; Constitución, desarrollo, ciencia y ambiente; Corrupción y otros vicios institucionales; Federalismo, regionalismo y municipalismo; Elecciones, partidos políticos y calidad de la democracia

También Garantías y eficacia de los derechos humanos; Gobierno local y democracia; Justicia, equidad y derechos sociales; Reforma y cambio de las Constituciones; Constitución y régimen de gobierno.

Se incluyen diversos homenajes la Constitución de Querétaro.

El Programa integral puede ser visto en http://www.iberoconstitucional2017.unam.mx/programa/

Mas información al respecto puede visualizarse en http://www.iberoconstitucional2017.unam.mx/

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Razonabilidad y proporcionalidad en la interpretación del Derecho. Academia de la Magistratura. Chiclayo, 14 de diciembre de 2016.

13 diciembre, 2016

Estimados amigos:

La Academia de la Magistratura nos extiende una invitación para desarrollar la ponencia  “Razonabilidad y proporcionalidad en la interpretación del Derecho” en el marco de sus conferencias descentralizadas y cerrando el año académico en la sede Lambayeque.

La actividad referida tendrá lugar en la ciudad de Chiclayo el próximo 14 de diciembre en el Auditorio del Ministerio Público de esta ciudad.

¿Qué sustentamos con el tema en mención? Pues esbozar una propuesta muy ambiciosa en tanto si desde la corriente del positivismo jurídico partimos de la noción de reglas y el precepto de completitud, en la razonabilidad y proporcionalidad partimos de tesis principialistas en la interpretación. ¿Es ello posible? Creemos que sí, en la medida que hoy la interpretación constitucional ha afianzado estas herramientas para que la resolución de controversias no solo tenga lugar desde las reglas, sino también desde los principios y su universo de construcciones materiales.

Ciertamente ha de ser una tarea muy exigente fundamentar desde los principios, más aún cuando partimos de conceptos jurídicos indeterminados varios, y sin embargo, la apuesta de la interpretación no puede ser más un análisis estático del derecho o un simple conjunto de caracteres inamovibles de categorías formales. La exigencia es desarrollar estándares que nos permitan en muchos de los derechos en discusión, abordar facetas importantes de derechos fundamentales a discutir, a definir, y principalmente en lo que concierne a jueces constitucionales, a ponderar y aplicar. De muy poco nos vale una Constitución semántica como la de Lowenstein; necesitamos, por el contrario, una suerte de living Constitution, aquí y ahora, pues de lo contrario, pasará el tren de la historia.

Adjuntamos una resolución de trascendencia nacional ( versión completa y versión resumen) que será materia de comentario en nuestra exposición, precisamente para presentar el contraste entre una interpretación formal y otra material, a partir de rangos de razonabilidad y proporcionalidad. En especial, recomendamos la lectura de las pp. 29 y 31, votos de los Dres. Távara y Cornejo.

jne-resolucion-caso-julio-guzman-16feb2016

jne-resolucion-caso-julio-guzman-resumen

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

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