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IV Jornadas Interamericanas de Derechos Fundamentales. PUCP. Lima, 11-13 de octubre de 2017.

11 octubre, 2017

 

Estimados amigos:

La Pontificia Universidad católica del Perú organiza el importante evento denominado “IV Jornadas Interamericanas de Derechos Fundamentales”, el cual se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de dicha Universidad en la ciudad de Lima entre los días 11 a 13 de octubre de 2017.

El temario resulta de mucho interés y es de contenido muy actual.

Las Jornadas se han estructurado de la siguiente forma:

 

Miércoles 11 de octubre

Mesa temática 1: Derechos políticos y consolidación de la democracia en Latinoamérica

Coordinadores: César Landa (Perú) y Carlos Luiz Strapazzon (Brasil).

Mesa temática 2: Juicio político y garantías judiciales

Coordinadores: Eduardo Gómes (Brasil) y Abraham García Chavarri.

Mesa temática 3: Retos de la libertad de información en el siglo XXI: pluralismo informativo y concentración de medios

Coordinadores: Mônia Henning (Brasil) y Luis Huerta (Perú).

 

Jueves 12 de octubre

Mesa temática 4: Garantías judiciales: tutela jurisdiccional y debido proceso

Coordinadores: Jorge León (Perú) y Gina Pompeu (Brasil).

Mesa temática 5: Nuevas tecnologías y protección de derechos fundamentales

Coordinadores: Ingo Sarlet (Brasil) y Carolina Garcés (Perú).

Mesa temática 6: Estado de Derecho en la lucha contra  la corrupción

Coordinadores: José María de la Serna (México) y Erika García-Cobián (Perú).

 

Viernes 13 de octubre

Mesa temática 7: Control de constitucionalidad y control de convencionalidad

Coordinadores: Humberto Nogüeira (Chile)  y David Lovatón (Perú).

Mesa temática 8: Derechos culturales y derechos fundamentales de los pueblos indígenas

Coordinadores: Pedro Grández (Perú) y Saulo Tarso (Brasil).

Mesa temática 9: Constitucionalización del derecho

Coordinadores: Néstor Osuna (Colombia) y Elena Alvites (Perú).

 

Mayor información puede ser obtenida en:

http://themis.pe/evento/semana-interamericana-de-derechos-fundamentales/

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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“Constitución e igualdad: derechos de las mujeres y las personas con discapacidad”. Samuel Abad. Chiclayo, octubre 04 de 2017

5 octubre, 2017

Estimados amigos:

Nuestra Corte Superior de Justicia recibió la visita del prestigiado jurista Samuel Abad Yupanqui. ex Defensor del Pueblo Adjunto, quien disertó sobre el tema   “Constitución e igualdad: derechos de las mujeres y las personas con discapacidad”, habiéndose realizado su ponencia el día de ayer en el Auditorio de nuestra institución en esta ciudad capital.

Dada la relevancia del tema y con la autorización del expositor, colgamos el PPT respectivo, incidiendo en la evolución dinámica del significado material de estos derechos en le escena contemporánea.

Un aspecto de interés respecto a los derechos de las mujeres fue el detalle histórico de la concepción de pensadores como Rousseau y Manuel Bustamante de la Fuente (Perú), quienes propusieron un modelo cultural de no reconocimiento de derechos de las mujeres, hoy una concepción por cierto anacrónica.

Otra  idea fuerza, en relación a los derechos de las personas con discapacidad, fue la nota de que los modelos respecto a este grupo ha sufrido un importante desarrollo, desde el modelo originario de prescindencia ( o exclusión), pasando por el modelo habilitador (de derechos parciales), hasta la propuesta actual de un modelo social, en el cual existe integración plena de este grupo a la sociedad.

CONSTITUCION E IGUALDAD, DD DE LAS MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 04oct 2017

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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XI Congreso de Derecho Constitucional. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, 26 de agosto de 2017

1 septiembre, 2017

XI Congreso de Derecho Constitucional

Universidad San Ignacio de Loyola

Lima, 24 a 26 de agosto de 2017

 

26 de agosto de 2017

 

Sesión en Plenario

 

Aníbal Quiroga León (Perú)

Retos y límites de la interpretación constitucional

Saludo la elección ayer de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El Dr. Augusto Ferrero Costa reemplaza al Dr. Urviola Hani.

En relación a mi tema, debo decir que la interpretación constitucional es uno de los temas más apasionantes del Derecho Constitucional. Se trata de retos encaminados a la defensa de la Constitución. Se debe desentrañar las variables de la interpretación constitucional, la cual es distinta de la interpretación ordinaria.

La interpretación o hermenéutica es hacerle decir a la Constitución lo que tiene que decir, y busca destacar la voluntad de la Constitución como fuerza normativa. Se interpreta una fuente de poder que se distribuye políticamente. La Constitución trae variables abiertas que van cambiando con el tiempo, y como dice Konrad Hesse, se va concretizando en cada caso concreto.

Un ejemplo a examinar es la Constitución de 1993. Nacida renga, producto de un golpe de Estado, sigue en pie. Esta Carta ha ido perfilando sus entornos y se ha ido perfeccionando. La Constitución de 1979 no impidió el golpe de Estado de 1992 y sin embargo, la Constitución de 1993 ha permitido 5 recambios constitucionales, es decir, gobiernos con continuidad democrática.

En EE.UU., la judicial review ha permitido la consolidación de la Constitución. No aparece el control difuso en la Constitución de ese país y sin embargo, precisamente ese sistema ha permitido la vigencia de su Carta Fundamental. En 1907 Evans Hughes decía que la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Hoy en día, en ese país la Constitución es lo que la Corte Suprema dice que es y nadie discute el tema.

En la actualidad tenemos dos entes reguladores en materia de interpretación: Tribunal Constitucional y Corte Suprema. Considero que no sería imposible que la Corte Suprema haga overruling sobre un precedente del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha adoptado algunos criterios sobre la interpretación constitucional. Analizaremos algunos conceptos sobe la materia, entre ellos, el concepto bloque de constitucionalidad, cuyo origen es francés.

El control difuso nace en el Perú en la Carta de 1979, artículo 233. El control difuso administrativo nace desde la idea de que no estaba prohibida su regulación. Se estableció y luego se hizo overruling, dejando sin efecto esta figura.

Instituciones que involucran la interpretación constitucional y sus límites son la apelación per saltum, la actuación de sentencia anticipada y la sentencia interlocutoria denegatoria, así como el caso El Frontón. Se trata de casos que desarrollan la interpretación constitucional.

¿Cómo debería ser la interpretación en el siglo XXI? Creo que hay una lucha entre activistas y quienes respaldan las garantías, esto es, quienes hacen respetar los derechos humanos sin distinción alguna. Cuidado que alegan ellos que es una forma de decir que todo vale para alcanzar la verdad en el proceso.

 

Víctor García Toma (Perú)

Cultura, religión y tipos de Estado

La posición que adopta la Constitución de un Estado tiene que ver con el proceso político al interior del Estado. Estos campos conciernen a hechos concurrentes. Se busca el bien común. El Vaticano ha reconocido que el Estado está al servicio personal y social del hombre.

En cuanto a formas de Estado, el Estado teocrático representa una vinculación entre religión y gobierno. Ferrari dice que ello implica una ordenación política de hombres que reclaman ser autoridades políticas y divinas, por ejemplo, el caso de los faraones egipcios. Augusto, por ejemplo, se declara líder religioso, una especie de sumo sacerdote y luego se autoproclama divinidad. Hay Estados teocráticos cerrados y abiertos, bajo la idea de si aceptan o no denominados derechos como la objeción de conciencia, entre otros.

El Estado confesional se gesta como un cuerpo político que escoge un Dios. En el Perú, la Constitución de 1823 decía que el Estado peruano es católico,  apostólico y romano. Enrique VIII, por ejemplo, crea su propia Iglesia, la anglicana, al no aceptarse su divorcio por parte del Vaticano.

En el Estado laico se establece la libertad plena del ejercicio de libertades religiosas. Así, la legislación civil constriñe las normas eclesiásticas. Se declara agnóstica al no preferir ninguna confesión religiosa.

En 1776, la Declaración de los Derechos de Virginia, EE.UU., reconocía en su artículo 16 que todos los hombres tienen derecho al libre ejercicio de su religión.

La experiencia francesa, con la Constitución civil del clero, en 1790, preveía la confiscación de los bienes de este grupo. Se establecía voto popular para la elección de las autoridades eclesiásticas, y se denomina a los miembros del clero funcionarios públicos. Esta es una visión negativa del clero. No se admiten procesiones en las calles y así se consolida una distancia fría entre el ámbito estadual y la religión.

En el Estado coadyuvante, figura que propongo como categoría, una comunicad política resguarda los derechos religiosos de toda persona. La legislación regula la vida social. Se proscribe beneficios particulares en favor de una religión. Sin embargo, se prevé ayuda especial a una o varias iglesias.

En la STC 03372-2011-PA/TC, caso Lucero Moreno, el Tribunal Constitucional ha reconocido la idea de un Estado coadyuvante, es decir, estamos a la mitad entre el Estado laico y el Estado confesional.

En el Estado hostil el cuerpo político asume una actitud de rechazo hacia las expresiones religiosas. Marx aludía a que la religión es el opio del pueblo. Lenin expresó que cada idea religiosa es la expresión de una vileza indescriptible, fruto de la clase más abominable: la burguesía. Stalin, a su turno, dispuso la destrucción de símbolos religiosos.

 

Ruy Samuel Espindola (Brasil)

Derecho Electoral y reforma política en Brasil

Brasil se encuentra en crisis política desde el impeachement de Dilma Rouseff. La clase política enfrenta un gran descrédito. Lava Jato es un caso muy complejo que ha generado la idea de que toda representación política es corrupta.

MI país tiene más de 60,000 mandatos electivos. La legislación electoral es totalizante. La propaganda electoral es muy extensa y así se prevé multas muy elevadas por asuntos menores.

He escuchado de las propuestas de reformas electorales en Perú. Un tema igual de complejo en Brasil es la prohibición de aportes de entidades privadas. Esto deriva a que el Estado aporte fondos para las campañas electorales.

No se puede convertir al Derecho Electoral en el filtro moral de la República. Los criterios del Derecho Electoral deben estar orientados a tutelar la voluntad electoral. No se puede tratar a los ciudadanos como niños. Los excesos de la justicia electoral representan distorsiones. Hasta 2012 hubo una jurisprudencia muy rica. Se cambió desde entonces la legislación electoral por mayoría. Por ejemplo, el órgano administrativo puede declarar la inelegibilidad de un ciudadano. Es una cuestión de improbidad administrativa.

Brasil requiere reformar muchas cosas. Hay cuestiones que van contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay mucha inestabilidad en la jurisprudencia nacional de mi país.

Es peligroso pensar que la democracia es corrupta. Se requiere impulsar la idea de moralización de la política. Necesitamos también evitar una elitización de la legislación electoral. Se necesita una democracia para todas las clases sociales. No necesitamos una democracia teórica sino efectiva, real.

 

Ernesto Blume Fortini (Perú)

Retos de la jurisdicción constitucional en el siglo XXI

Trataré los retos de impartición de justicia constitucional, en relación a desafíos en el marco de un Estado constitucional y de cara al ser humano. Dentro de una filosofía pretendidamente humanista se destaca el valor de la persona humana.

Peter Häberle refería que los tribunales y cortes constitucionales pueden adelantar o retrasar el reloj de la historia. Lowenstein, por su lado, alegaba una valiosa tríada humana de fe, amor y poder. El poder es un caso especial, y Venezuela representa una situación especial en la cual se construyen razones para justificar, indebidamente, la detentación del poder. Es decir, se llega al poder democráticamente pero se perpetúan autoridades en el poder a través de los mecanismos que la democracia prevé.

La Constitución es una expresión de poder fundacional. Sieyés ya recogía la idea de una Constitución normativa. Se trata de rescatar dos valores fundamentales: la persona humana y la propia Constitución, en cuanto expresa la voluntad del ser humano de reglas de convivencia. En propiedad, primero está el ser humano y luego, el Estado.

El Perú se forja como país entre la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y el primer tercio del siglo XXI. Nos forjamos como país cuando no había aún una conciencia colectiva de Nación. Ya libres incluso, había muchos peruanos que rechazaban la independencia. Enrique Bernales dice que el Perú es un Estado aún en formación.

Somos un país multiétnico y multicultural. Perú copió la Constitución gaditana de 1812 en la Constitución primera de 1823. Nuestro país termina el siglo XIX casi sin instrumentos de protección de derechos fundamentales. Apenas hay un mandato legislativo en la Ley de Habeas Corpus de 1897.

La Constitución de 1933 amplía la cobertura del habeas corpus. Derechos que hoy son de protección por el amparo, entonces se tutelaban por el habeas corpus. También aparece en esta Carta la garantía de la acción popular.

La Carta de 1979 amplía los procesos constitucionales. Se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, el proceso de inconstitucionalidad, y se sistematizan el habeas corpus y amparo, manteniéndose el proceso de acción popular.

La Carta Fundamental de 1993 presenta un cuerpo orgánico más amplio. Incluye los procesos de habeas data y cumplimiento.

Desde 2002 en adelante se fortalece el desarrollo de la jurisprudencia constitucional por parte del Tribunal.

En relación a los retos a enunciar, un primer reto es impulsar el conocimiento de la problemática constitucional, a fin de crear un sentimiento constitucional, en ideas de Lowenstein y Lucas Verdú. El pueblo peruano debe ser consciente de la necesidad de la defensa de la Constitución. La Constitución no debe ser un fresco en la pared.

Lo segundo: fortalecer la judicatura constitucional, todos los jueces del país deben conocer y manejar la Constitución, debe haber en esencia jueces constitucionales en toda la judicatura. Esa visión debe ser de constitucionalización plena del Poder Judicial.

Adicionalmente, es importante que la judicatura constitucional asuma el rol de garante del Poder Constituyente. El juez debe tener en claro que su misión es la restitución del derecho fundamental reclamado en la demanda. No puede haber otros ejes. El juez debe mirar desde la Constitución. No debe prevalecer una visión legalista, ella es muy perniciosa para el ordenamiento jurídico.

Debe evitarse, también, el hiperactivismo judicial. Debe haber prudencia en los fallos. Sucede hiperactivismo judicial en los jueces jóvenes, producto de una praxis que puede residir en la tentación. No debe prevalecer, tampoco, lo que denomino la astronáutica constitucional, entendida ello como una visión muy ajena a la realidad y su prudencia.

De otro lado, no se debe abusar de los precedentes vinculantes ni caer en las descripciones sutiles de figuras constitucionales. En esto debemos advertir la moderación del derecho anglosajón.

Finalmente, el margen de apreciación no debe significar cumplir una sentencia según la visión particular de cada Estado. Ello no es beneficioso para el sistema interamericano de derechos humanos.

 

 

Domingo García Belaunde (Perú)

Retos del constitucionalismo del siglo XXI

Hablar de un constitucionalismo mundial, en mi opinión, es un despropósito. Hace unos años, se decía que había dos formas de constitucionalismo: uno anglosajón, de carácter prístino, y otro que constituye deformaciones de ese constitucionalismo.

En cuanto se refiere a Occidente, la crisis financiera de 2008 trajo consigo el desmantelamiento del Estado de bienestar. Esto fue un gran problema. Otra cuestión es la de la crisis de los refugiados, lo cual manifiesta problemas de intolerancia especialmente en el continente europeo.

Según Sanguinetti hemos llegado a una América Latina invertebrada. Lo político ha fraccionado a esa América. Eso es obra no solo de concepciones de políticos que se creen visionarios del poder sino también de recursos como el petróleo, situación que desequilibró las relaciones de poder en nuestro continente. América Latina hoy está partida entre dictaduras y regímenes que persiguen la democracia.

Lademocracia tiene supuestos, decía Raymond Barr, y hablaba de democracias portátiles, en referencia a modelos que no funcionaban, al solo importar elementos teóricos sin una adaptación a la propia realidad.

En lo que respecta a Perú, hemos vivido mucho de los recursos naturales, lo cual ha generado a su vez grandes problemas. Nos ha faltado cultivar más la inteligencia como virtud.

Los retos de hoy no son nuevos. Vienen de atrás. Por ejemplo, la educación. No tenemos un esquema educativo eficiente y ello es un ancla contra el progreso.

Tenemos también quiebra de partidos políticos. No hay visos de que se consoliden. Los partidos están en franco retroceso hace muchos años.

Afrontamos, de igual modo, una crisis de la clase política, en especial del Congreso. No hay partidos clásicos con escuelas de dirigentes.

De la misma forma, hay una quiebra del sistema de justicia. Los jueces no entienden el sistema constitucional. Hemos tenido jueces civilistas eminentes y jueces estudiosos de otras disciplinas, pero no en materia constitucional.

Hay ausencia, de igual modo, de una verdadera doctrina constitucional. Armamos estudios constitucionales sobre casos pero los casos no son determinantes. Considero que no se puede aprender de casos. La jurisprudencia parte de ella, pero no necesariamente de ella se aprende. Es distinto el sistema anglosajón, en él a partir de casos se construye sistemas jurídicos.

 

 

Clausura

Hicieron uso de la palabra los siguientes profesores:

Jorge Cáceres Arce, en representación de los profesores nacionales de Derecho Constitucional.

Allan Brewer Carías, en representación de los profesores extranjeros.

Justo Balmaceda Quiros, por la Universidad San Ignacio de Loyola

Ernesto Blume Fortini, por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

 

 

 

 

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XI Congreso de Derecho Constitucional. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, 25 de agosto de 2017

26 agosto, 2017

XI Congreso de Derecho Constitucional

Universidad San Ignacio de Loyola

Lima, 24 a 26 de agosto de 2017

 

25 de agosto de 2017

 

Sesión en Plenario

 

Oscar Pucinnelli (Argentina)   

El valor (y el grado de cumplimiento) de los pronunciamientos de la Corte y de la Comisión Interamericana en la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina. Alternativas para la superación de los problemas de legitimidad y eficacia de las sentencias interamericanas.

¿Cómo hacemos para que el Derecho común que emerge del Pacto de San José tenga vigencia efectiva? Este Pacto demoró 10 años para entrar en vigencia, el primer fallo fue Velásquez Rodríguez. Se han dado bajas en el camino: Trinidad y Tobago, en 1998, además de Venezuela en 2012.

Argentina ratifica el Pacto en 1984 y desde entonces se generan las primeras tendencias de desacuerdo a través de teorías negatorias, las cuales negaban que pudieran aplicarse decisiones por encima de la Corte Suprema. Si la Corte era Suprema debía respetarse ese nivel.

Uno de los primeros derechos en fuerte debate fue el de la libertad de expresión. Al respecto, Néstor Pedro Sagües estableció criterios doctrinarios que ayudaron a un mejor esclarecimiento del tema. La doctrina del seguimiento, planteada por Sagües, se adscribía a continuar aceptando los parámetros de la Corte IDH. El seguimiento de los criterios de la Comisión no es inexorable, se plantea en oposición, apreciándose una diferencia objetiva entre las posiciones sobre la convencionalidad de las decisiones de la Corte IDH. Numerosos casos de la jurisprudencia argentina muestran este contraste.

La doctrina del seguimiento se enriquece más tarde por la prevalencia en muchos fallos que adhieren al control de convencionalidad. Se desvirtúa el criterio de aplicación automática de los fallos de la Corte IDH para fundamentarse la importancia del control de convencionalidad. Carranza Latrubesse es un fallo relevante en Argentina que asimila las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la vinculación de los fallos de la Corte IDH.

Fontevecchia vs Argentina genera una discusión actual. La Corte Suprema asume fundamentos crtiticables para no seguir el fallo Fontevecchia por parte de la Corte IDH. Señala que ésta no es una cuarta instancia y se resiste a ejecutar el fallo. Señala que el ex Presidente Menem no fue parte en el proceso supranacional y a mérito de ello, planta banderas de guerra para no acatar el fallo.

Se prevé un problema interno de magnitud. ¿Qué hacen los jueces? Habrá jueces que aplicarán previsiblemente a otros casos en trámite el criterio de exclusión de la Corte Suprema; y otros jueces, no.

Otra cuestión como problema: ¿Cómo se logra que los fallos de la Corte IDH y de la Comisión sean aplicables? Esto plantea un debate muy complejo.

Venezuela es otro asunto complejo. Se ha retirado de la Convención Americana de Derechos Humanos, implicando ello que la Corte busque otros mecanismos para la aplicación de la Convención.

Que los países del sistema interamericano dicten leyes internas para la ejecución de los fallos de la Corte IDH, parece una medida adecuada de concientización de las sentencias de la Corte.

 

Francisco Eguiguren Praelli (Perú)

El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y su desarrollo por el sistema interamericano de derechos humanos

En relación a la ponencia que acaba de concluir, me permito algunas reflexiones. En el sistema interamericano no hay caminos lineales. Si en una forma se resolvió un asunto ante la Corte IDH, ello no es un estándar acabado. Lo que ha hecho la Corte Suprema argentina al negarse a acatar el fallo, constituye un peligroso precedente, aunque esperamos que no sea precedente lo resuelto. El pacta sunt servanda es una necesaria referencia a considerar. En el sistema interamericano, una sentencia o una no sentencia que llega a la Corte IDH y que afecta derechos humanos, se supone debe ser anulada. Esto es una cuestión necesaria.

En relación a  mi tema, el derecho a la consulta es una reivindicación histórica. Hay visiones de aprovechamiento de recursos naturales, y nuestro continente es muy rico pero la explotación de los recursos; sin embargo, esto no debe afectar derechos de los pueblos indígenas.

El Convenio 107 de la OIT asume que las poblaciones indígenas son atrasadas, condenadas a desaparecer en la modernidad. Con el Convenio 169, la visión es totalmente distinta.

El derecho a la consulta previa mecaniza un procedimiento de participación. Los Estados se ven precisados a consultar a las poblaciones indígenas respecto de actividades económicas que pudieran eventualmente afectarles. No puede haber un desarrollo que los deje fuera.

Pero ¿Quiénes son las poblaciones indígenas? Son descendientes de pueblos originarios y como elemento relevante, conservan costumbres y tradiciones. Igualmente, debe haber un elemento de auto identificación indígena.

Muchos Estados no aplican el Convenio 169 alegando que las poblaciones concernidas no son pueblos indígenas. Sin embargo, el Convenio 169 refiere en su artículo 1.3 que el término “pueblos” tiene una acepción específica, no es una denominación en sentido amplio, como la solemos entender.

Obtener el consentimiento libre, previo e informado, implica buscar lograr un acuerdo. Deben quedar fuera posiciones extremas, no se aceptan posiciones intransigentes: ni el Estado que asuma la consulta como un formalismo ni la comunidad que quiera negar cualquier tipo de inversión. La Comisión IDH acepta el desarrollo y plantea que el beneficio sea de todos.

Saramaka vs Surinam y Sarayaku vs Ecuador son dos fallos emblemáticos. La Corte IDH fue más allá del Convenio 169 en estas decisiones. Interpretando el derecho de propiedad privada, asumió que la consulta previa es obligatoria con las comunidades indígenas para proteger el derecho de propiedad, incluso respecto de Estados que no han firmado el Pacto de San José.

El Estado debe hacer la consulta, no es responsabilidad tercerizable, debe hacerse culturalmente adecuada.

Faltan en los Estados leyes internas que identifiquen el marco de la consulta previa. El caso peruano es pionero: se fijó parámetros en ausencia de leyes y recién después tuvo lugar el marco normativo.

Otro problema es la desnaturalización, entendida la consulta previa como una mera formalidad. Una dificultad adicional es la ideológica: que venga la inversión a cualquier precio. La consulta exige mucho más, es un derecho genuinamente cultural.

 

Lucio Pegoraro  (Italia)

Hacia la jurisdiccionalizaciòn, la concentración y la “externalización” del control de constitucionalidad. Nuevas clasificaciones (fuzzy) de la justicia constitucional   

Utilizar el método comparado es una decisión subversiva. Es una ciencia crítica, relativista, laica, y no tiene miedo de destruir categorías habituales. Propone líneas graduables. El mundo no se divide en blanco y negro, hay un arco iris que indica gradualidad.

Por ejemplo, en la política, no hay clases rígidas de gobierno. Hay pertenencias mayores o menores a un sistema. Así, tenemos liberalismo y plurinacionalidad, valores que replantean el concepto de unificación cultural.

A su vez, el concepto democracia puede ser deconstruido. Hay democracias militantes y otras que prohíben el sistema de partidos. Así, no hay solo un modelo de judicial review y un modelo kelseniano concentrado. Hay matices diversos, incluso al tener la Corte Suprema de EE.UU. todos los poderes, pues tiene un modelo concentrado, nace concentrado hasta la Guerra Civil, no se aplica la Bill of Rights.

Visto lo afirmado, entonces podemos afirmar respecto a estos fenómenos más o menos concentración, o más o menos politización, lo cual nos obliga a clasificaciones. Scarpelli dice que todo es clasificable.

La tendencia de los últimos años es la creación de justicia especializada, la justicia constitucional es de orden relevante y se refuerzan estos órganos que desarrollan más que criterios de inaplicación, nociones de creación del Derecho.

“Externalización” conlleva ideas subversivas, así afirmo mi idea. Elementos actuales son, entre otros, el objeto del control, cómo se puede controlar la volontè genérale. Otra cuestión es cómo evaluar el poder de reformar la Constitución. Por ejemplo ¿puede una Corte obligar a un país a modificar su Constitución? En Francia, por ejemplo no se puede controlar la loi referendè, pues ya se dio una legitimación de la ley.

Le Droit comparé, de esta forma, es un tanto una idea subversiva pero significa también una reconstrucción de categorías, que evita las ideas cerradas.

 

Alberto Borea (Perù)

Prensa y democracia en el siglo XXI

Me he de ocupar de temas de prensa y democracia. Es una cuestión que exige nuestra atención. La democracia es un problema no conceptuado. Nos sucede con ella lo mismo que pasa con la caverna de Plutón pues apenas vemos una luz de ella.

El encuadramiento de los fenómenos políticos demanda criterios de actuación. Lo político hoy significa una fuerza en la economía. No hay hoy frenos al poder económico. Así, quienes amasan una fortuna, asumen la idea de que el próximo paso es entrar a la política e incluso dirigir un país. ¿Se vive así en un Estado constitucional? No. En adición a esto, hay un poder de la prensa que significa otra distorsión en este aspecto.

Existe una confusión entre poder económico y poder de la prensa. No son confiables los conglomerados de gente con mucho poder económico. Estamos en una nueva era en la economía pero al mismo tiempo, hay distorsión de la rich media.  Importa que este fenómeno no se vaya agrandando.

Es un anhelo de los pueblos vivir en democracia. Sin embargo, se requieren fórmulas para resolver los problemas que aquejan a la democracia pues distorsiones hay muchas. La democracia no es solo ir a votar. No hay una democracia directa a través del voto electrónico, a fin de que se consulte al ciudadano un asunto directo. Las consultas requieren discusión, espacios de análisis. Así, una votación de naturaleza electrónica, no se ajusta a los fines de la democracia.

Rawls criticaba que la legislación fuera escrita por los lobbystas. Ello nos dice que debemos tener el coraje de poner el cascabel al gato, a fin de evitar la plutocracia, esto es, que el poder económico decida los destinos del país.

 

Néstor Pedro Sagües (Argentina)

Control de convencionalidad y fijación de tarifas en los servicios públicos 

El tema que me ocupa es aparentemente técnico. ¿Puede un Tribunal acaso fijar tarifas públicas? Formularé algunas preguntas puntuales

¿Puede el juez constitucional fijar el servicio de la tarifa pública? ¿Puede el juez recurrir a los instrumentos de derechos humamos para fijar los montos? ¿Pueden los jueces dictar sentencias legislativas?  Y ¿Cuándo tiene éxito un Tribunal cuando fija una sentencia legislativa?

El Gobierno argentino fijó las tarifas de gas, es el caso del cual me he de servir. La Corte Suprema señaló, sin que nadie lo pidiera, cómo deben ser las audiencias públicas sobre esta materia, indicando cómo debían fijarse las tarifas. ¿Fue activismo? ¿Fue hiperactivismo? Señaló la Corte que la fijación de tarifas debía tener en cuenta la capacidad económica del usuario. Indicó que las audiencias debían ser razonadas, de acuerdo a una democracia deliberativa (concepto propuesto por Habermas) y así los concernidos por la norma, debían participar en su elaboración y discusión. Realmente son términos discutibles los fundamentos de la Corte. 40 años atrás éste era un tema político no justiciable.

Sin embargo, con el asunto de justificación de la constitucionalidad de la decisión, el Tribunal entra a definir los montos de las tarifas públicas. Observamos aquí un cambio de escenario del control de constitucionalidad. El Tribunal se convierte en un órgano de nueva interpretación de la Constitución. Se trata de una etapa nomogenètica muy visible. Cuestionamos si un Tribunal puede hacer esto.

La Constitución convencionalizada es la Constitución adecuada con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conecta las respuestas nacionales con el Derecho Internacional.

Las sentencias legislativas son un tema conflictivo. Emiten normas para el Poder Ejecutivo y Legislativo. Este tema obliga a un reexamen de la doctrina clásica. Dicen los jueces constitucionales a los demás Poderes: legisle. Se le transfiere al Poder Judicial o Tribunal Constitucional potestades especiales. ¿Deja el Tribunal de convertirse en Tribunal para convertirse en órgano legisferante? Si el Congreso y el Gobierno no cumplen bien sus roles, el activismo judicial se va a incrementar en los próximos lustros.

 

Sesiones de la tarde. Mesas temáticas

 

Mesa 6: Derechos fundamentales y multiculturalismo

Mesa 7: Tribunal Constitucional y desarrollo jurisprudencial

Mesa 8: Régimen constitucional económico

Mesa 9: Tendencias contemporáneas del constitucionalismo contemporáneo

 

 

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Congreso de Derecho Constitucional. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, 24 de agosto de 2017

25 agosto, 2017

 

XI Congreso de Derecho Constitucional

Universidad San Ignacio de Loyola

Lima, 24 a 26 de agosto de 2017

 

24 de agosto de 2017

 

Ceremonia de inauguración

 

En el auditorio principal de la Universidad hacia las 9.30 horas de la mañana, hicieron uso de la palabra las siguientes autoridades:

Ramiro Salas Bravo, Rector de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Ernesto Blume Fortini, Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Domingo García Belaúnde, Presidente Honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Manuel Miranda Canales, Presidente del Tribunal Constitucional.

Raúl Diez Canseco Terry, Fundador- Presidente del Directorio de la Universidad San Ignacio de Loyola

 

Sesión en Plenario

Eloy Espinosa – Saldaña Barrera (Perú)

Reflexiones sobre algunos de los actuales retos del juez constitucional latinoamericano, vinculados a los alcances de su labor de convencionalización del Derecho

Hoy existen importantes elementos de convencionalización del Derecho. Lizana Puelles, como decisión del Tribunal Constitucional TC peruano, está vinculada con Yatama vs Nicaragua. Campo Algodonero se vincula con la sentencia del TC sobre la Ley Universitaria y SERVIR. Barrios Altos, sentencia de la Corte, se vincula al caso Martin Rivas.

La lógica de avances es importante pero este camino no está lleno de rosas. Hay retos que enfrentar. Se deben prever dinámicas. Una primera dinámica es qué dice y qué resuelve el  juez constitucional.  Constatamos que hay una falta de especialización del juez en materias de Derecho Constitucional y  Procesal Constitucional. Tenemos un contexto de hiperregulación mas no todo está dicho y tampoco está bien dicho.

Otro tema es la legitimidad del juez constitucional. El Estado constitucional parte de reconocer una legitimación del juez constitucional y eso significa que el juez constitucional juega un rol contramayoritario. Se exige el respeto de las minorías por parte de las mayorías

Otro estadío es qué puede ser justiciable. Hoy se puede cambiar la información. Debemos  preguntarnos si el espacio jurisdiccional es el más adecuado para la defensa de los derechos. Al respecto, Diego Valadés  plantea diversos escenarios.

Un reto adicional es ver qué entendemos por convencionalización. Para algunos jueces es la comprensión del viejo derecho clásico. Pero eso no es convencionalización. Si jugamos con una lógica de estándares mínimos, debemos observar quién fija lo más protector y en base a qué se fija lo más protector.

En mi opinión, una convencionalización es un diálogo que busca respuestas mínimas comunes. La dinámica que se plantea es una lógica kompetenz kompetenz.

La convencionalización ha venido para quedarse. Ayuda a los jueces para enfrentar retos.

 

Armin von Bogdandy (Alemania)

Aportes del “ius constitutionale comune”

Un reto importante, a mi juicio, es que América Latina asume un constitucionalismo transformador.  Mi propuesta es la de un ius constitutionale commune ICAL. Es una teoría del constitucionalismo transformador. Es una teoría que sirve a la práctica del Derecho. Las teorías jurídicas deben ser prácticas.

Dos cuestiones adicionales a plantear: papel y posición ¿puede tener algún tipo de relevancia para América las ideas sobre el análisis de un constitucionalismo transformador? Cualquier asesoramiento europeo sobre formas de organización no es viable.

Enanos montados en las espaldas de un gigante, decía Häberle. Para alcanzar conocimiento nuevo en un proceso de investigación común, no es tan necesaria una investigación elevada sino una investigación distinta. ICAL es el fruto de un grupo de investigaciones en América Latina. En Perú, abonan en estas tesis Espinosa Saldaña, Elizabeth Salmón, Cesar Landa, entre otros estudiosos del Derecho, ellos representan un ejercicio de investigación.

El ICAL significa un nuevo fenómeno jurídico, presume la existencia de un constitucionalismo transformador.  El Derecho es una construcción social, las palabras entonces forman parte del Derecho. El ICAL plantea una interacción entre el Derecho Nacional y el Derecho Internacional.

Existe también una función normativa. Busca que se realicen las promesas de las Constituciones nacionales. Así, el constitucionalismo transformador cumple también una función académica, asume una mentalidad comparativa. La denominación ICAL reúne a personas de criterios diversos.

Hace 30 años el discurso de los derechos humanos era un discurso básicamente político. Hoy es una realidad que concierne a muchos.

 

Martín Santivañez Vivanco (Perú)  

Distintos y complementarios: un estudio sobre la igualdad

Distinción, complementariedad e igualdad son términos que superan el ámbito jurídico. Se trata de un sistema complejo. Solo entre iguales en dignidad puede surgir la complementariedad. Optar por una posición jurídica, señala Dorsch, es un acto de distinción. La distinción es una categoría reconocida por el Derecho a lo largo de su historia. La complementariedad es una categoría que el Derecho reconoce. Es una realidad metajurídica.

Hay una complementariedad hombre-mujer, empleador- trabajador, ello fortalece el tejido social. La evidencia empírica señala la importancia de las relaciones sociales y exige confianza en las instituciones sociales.

La igualdad es también el reconocimiento de un derecho. La Constitución de 1993 reconoció en la dignidad- dignitas– un derecho natural. La igualdad consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

La libertad proyecta instituciones jurídicas distintas que aunque semejantes son iguales. Sin apelar a la dignidad el Derecho, ello es incomprensible. Sin criterios objetivos los derechos derivan a un individualismo.

Corresponde a la Academia abrir un gran diálogo sobre estos temas nacionales.

 

Francisco Miró Quesada Rada (Perú) 

Constitucionalidad y legalidad de los partidos políticos. La calidad de la democracia.

Mi trabajo es interdisciplinario entre Derecho y Ciencia Política.  Es importante apreciar las razones  que  impiden una auténtica democracia al interior de los partidos políticos.  Nos hace falta una dirección política en el país.

Libertad e igualdad son dos principios elementales que señala Lowenstein. ¿Qué ha afectado la democracia en el Perú? Una causa ha sido la herencia colonial. Se trata de una concepción más bien ajena a la democracia. Venezuela sufre hoy este problema respecto a la calidad de su democracia.

El péndulo del poder es otro problema. América Latina ha tenido un proceso pendular, pasando de dictaduras a democracias y viceversa. Eso genera inestabilidad.

Otro factor es el caudillismo, cuya cultura está muy arraigada en nuestra sociedad. A esto se suma el clientelismo.

De igual forma, la crisis de los partidos políticos suma una desafección por la democracia. Este es un problema en los últimos 37 años. Perú es un país multipartidista. En los partidos ideológicos, la ideología es una expresión del mundo. En los años noventa se originan los partidos pragmáticos pues no les interesa la ideología. Asumen el valor que tiene hacer cosas para luego pensar sobre la política.

El partido empresa implica un empresario millonario. No predomina la ideología ni la obra sino los recursos. Es además de caudillista, oligárquico y plutocrático.  El líder financia el partido.

¿Qué se propone? Prohibir los cargos de elección inmediata.  Ello ayudaría a desaparecer el partido en las acepciones que no lo representan.

 

Allan Brewer Carías (Venezuela)

Tribunal Constitucional e impartición de “injusticia” inconstitucional. El caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela terminando de aniquilar a la Asamblea Nacional en 2017.

Un Tribunal no puede despojar a un ciudadano de sus derechos fundamentales.  En el caso de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia TSJ ha ejercido injusticia inconstitucional. En marzo  de 2017, dos sentencias del TSJ despojaron al Parlamento de sus facultades. Declaró nulas las decisiones pasadas y futuras de la Asamblea Nacional, supuestamente por desacato a las decisiones del TSJ.

Un desacato puede generar multa pero no puede originar la nulidad de los actos dictados por la Asamblea Nacional. Desde enero de 2017, las decisiones del TSJ han ido despojando a la AN de sus decisiones. Declaró inconstitucionales todas las leyes de la AN.

Supeditó incluso las decisiones de la AN a vistos buenos del Poder Ejecutivo. Eliminó, igualmente, las funciones de control político. Tal es así que debía haber visto bueno del Ejecutivo para interpelar a un ministro. Además, las preguntas solo debían ser formuladas por escrito.

Los informes del Presidente ya no se realizan así ante el Parlamento sino ante una Sala del TSJ.

La AN ya no puede deliberar. Eliminó el TSJ toda posibilidad de legislar por parte de la AN.

En una decisión de 2017, la TSJ eliminó la inmunidad parlamentaria. El juicio duró tres días contra un Acuerdo de la AN. Otra decisión tomó solo un día para ser resuelta, en relación a los contratos internacionales petroleros a ser firmados por el país.

Vistas estas características, no se puede hablar en mi país de justicia constitucional

 

Sesiones de la tarde. Mesas temáticas

 

Mesa 1: Derechos fundamentales

Mesa 2: Jurisdicción constitucional y convencionalidad

Mesa 3: Estructura y reforma del Estado. Bicameralismo y descentralización.

Mesa 4: Tribunal Constitucional y desarrollo jurisprudencial 

Mesa 5: Sistema electoral y partidos políticos   

 

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XI Congreso de Derecho Constitucional. Lima, 24 a 26 de agosto de 2017

21 agosto, 2017

Estimados amigos:

La Asociación Peruana de Derecho Constitucional APDC y la Universidad San Ignacio de Loyola USIL organizan el XI Congreso Nacional de Derecho Constitucional denominado “Retos del constitucionalismo del siglo XXI”, el cual tendrá lugar en la ciudad de Lima en las instalaciones de la USIL, entre los días 24 a 26 de agosto de 2017.

Este evento congrega a profesores de Derecho Constitucional y público en general, y es la reunión de mayor importancia en esta materia en el ámbito nacional, figurando expositores de Argentina, Alemania, Brasil. España, Italia, Perú y Venezuela.

Nos corresponde presidir la Mesa 2- Jurisdicción constitucional y control de convencionalidad- el día 24 de agosto en horas de la tarde, así como el 25 de agosto, igualmente en la tarde, desarrollar en la Mesa 9 – Tendencias contemporáneas del constitucionalismo moderno– la ponencia “Tribunal Constitucional y self restraint“.

Incluimos el enlace web al evento y adjuntamos el programa de la actividad.

http://marketing.usil.edu.pe/congreso-derecho/

APDC 2017 PROGRAMA XI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Homenaje de reconocimiento a ex magistrados del Tribunal Constitucional. Chiclayo, 23 de mayo de 2017

19 mayo, 2017

Estimados amigos:

Nuestra Corte Superior de Justicia desarrollará  un homenaje de reconocimiento en nuestra ceremonia de nonagésimo sétimo aniversario de creación, a los ex magistrados del Tribunal Constitucional Dres. Javier Alva Orlandini, Juan Vergara Gotelli, Juan Bardelli Lartirigoyen, Magdiel Gonzales Ojeda, Víctor García Toma y César Landa Arroyo, en razón de sus meritorios aportes al Derecho Constitucional entre los años 2001 a 2008, época en la que ciertamente el Tribunal instituyó las bases tutelares de los derechos fundamentales en nuestro país.

Este homenaje se materializa por iniciativa del Presidente de nuestra Sala Dr. Manuel Huangal Naveda, quien tendrá a su cargo el discurso de aniversario en la fecha central del 23 de mayo próximo.

Previamente, el 22 de mayo se desarrollará un Conversatorio denominado ” Experiencias, balances  y retos del Tribnnal Constitucional a 16 años del retorno a la democracia”, encuentro que servirá de marco académico previo y como oportunidad para escuchar a los invitados.

Por razones de fuerza mayor vinculadas a salud, el reconocimiento de los Dres. Alva Orlandini y Vergara Gotelli tiene lugar los días 18 y 19 de mayo en sus domicilios en la ciudad de Lima.

Adjuntamos la referencia de invitación.

Conversatorio Derecho Constitucional. Homenaje ex magistrados TC. 23may2017

Saludos cordiales

Edwin Figueroa Gutarra

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI