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Revista virtual IPSO JURE No. 42. Día del Juez. Agosto 2018

5 septiembre, 2018

 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Las celebraciones por el Día del Juez, programadas para el 04 de agosto de cada año, han sido r canceladas para este año 2018, en razón de la coyuntura política que vive el país, a raíz de la difusión de diversos audios que se vinculan a temas de corrupción a nivel de diversas entidades del sistema de justicia.

La medida es extrema pero necesaria y cuanto hemos de poner de relieve al respecto es que es comprensible la indignación ciudadana a propósito de los temas ocurridos, y sin embargo, es importante atender, en ese mismo contexto de problemas, al necesario rescate de la confianza ciudadana en sus autoridades, situación que se expresa en la sanción a quienes infringieron los códigos de ética de la función pública. Esta condición es imprescindible y al mismo tiempo, es fundamental atender a la observancia y respeto por el debido proceso, en salvaguarda de las condiciones materiales que exige todo Estado de derecho. De esa forma, es importante prever cuáles medidas se han de adoptar, cuáles instituciones reestructurar y de qué forma se van a realizar los procedimientos de emergencia, reconfiguración y reorganización del sistema de justicia.

La perspectiva de observancia necesaria de estos requerimientos, reiteramos, representa un elemento angular en todo Estado democrático y social de derecho, y si precisamente nos preciamos de vivir en un Estado constitucional, pues resulta necesario subrayar las líneas de defensa de los derechos fundamentales sin distingos de ninguna naturaleza. De esa forma, si el Poder Judicial es declarado en emergencia y se dispone la reorganización de los estamentos judiciales, pues será necesario no solo atender a que las medidas a disponer sean adoptadas escuchándose al corpus iuris judicial, sino que será cuestión insoslayable sean respetados los principios de autonomía e independencia de los jueces, a fin de que no ocurran los escenarios de arbitrariedad que caracterizaron las reformas judiciales de los años 90.

En esa misma lógica, si se optara por reestructuraciones de los equipos de trabajo- auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial- es condición exigible observar los lineamientos de un debido procedimiento administrativo, pues fue justamente la arbitrariedad de las Comisiones de Reforma el elemento que en los mismos años 90 del siglo pasado, durante el régimen de facto instaurado en esos lustros, ocasionó temas de responsabilidad no solo a nivel legal y constitucional del propio Estado, sino incluso a nivel suprnacional, aspectos que no deben ocurrir otra vez.

El ex Presidente del Poder Judicial, Dr. Duberli Rodríguez, ha afirmado que hemos bajado la guardia contra la corrupción, en relación a los problemas ocurridos. La afirmación resulta ser muy ponderada y efectivamente, la corrupción es un problema muy complejo, con aristas muchas veces muy difíciles de detectar. Sin embargo, ello ha de implicar esta vez un reforzamiento de las atribuciones de los órganos de control, premisa con la cual convenimos y que en rigor, prevemos ha de ser una consecuencia necesaria respecto de los hechos ocurridos y ya verificados ampliamente en los medios de comunicación.

Sin perjuicio de lo expresado, corresponde no perder de vista que existe un bolsón importante de jueces honestos y que día a día luchan por una mejor impartición de justicia. A pesar del complejo escenario acotado, nuestra revista pone de relieve la importancia de esta fecha y sale a la luz incluso en estas adversas circunstancias que vive la democracia en nuestro país.

Hasta la próxima edición.

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 42 consignamos los siguientes artículos:

 

El proceso de transversalización del Derecho constitucional. acuerdos y desacuerdos

Edwin Figueroa Gutarra

 

La Constitución mexicana de 1917 y su presencia en el Perú

Domingo García Belaunde

 

El juez perfecto

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

Justicia y Política en el Perú

César Landa

 

La clasificación de los derechos fundamentales: la persona y sus categorizaciones jurídicas

Víctor García Toma

 

La autopercepción del control de convencionalidad por la propia corte interamericana: breves apostillas críticas

Gerardo Eto Cruz

 

Jurisprudencia vinculante ceja: una opción necesaria para la justicia civil

Nelson Ramírez Jiménez

 

El Tribunal Constitucional de Austria

José F. Palomino Manchego

 

Derecho al trabajo y la adecuada protección contra el despido arbitrario

Luis Castillo Córdova

 

La constitucionalización del arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en torno a la relación del arbitraje con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho Reynaldo Bustamante Alarcón

 

Apuntes sobre la reforma constitucional en el Perú

David Dumet Delfín

 

La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en Iberoamérica

Dante Martin Paiva Goyburu

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/edbdcb0046cb97fe9f56df5d3cd1c288/IPSO+JURE+42.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=edbdcb0046cb97fe9f56df5d3cd1c288 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 43, edición virtual noviembre 2018, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 10 de octubre de 2018.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

 

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Revista virtual IPSO JURE No.41. Aniversario de Corte Superior. Mayo 2018.

28 mayo, 2018

 

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Las vicisitudes diarias en nuestro ordenamiento jurídico y en especial aquellas que implican un cuestionamiento de la labor judicial, constituyen temas sensibles para la sociedad en toda la dimensión del problema que expresan. En esa línea, ejerciendo el derecho de crítica opinan los columnistas de diversos medios de comunicación así como profesionales del Derecho y los ciudadanos en general.

La capacidad de réplica del Poder Judicial frente a estos asuntos neurálgicos solo puede expresarse a través de los medios institucionales correspondientes, en la medida que existen restricciones institucionales respecto a asumir posición mediática, por parte de los jueces, respecto a procesos que manejan los mismos jueces. Es de esa forma que si un juez optara por querer declarar respecto a un asunto que le compete, es pertinente contar con la autorización del órgano de control para expresarse al respecto.

Nuestra mención al tema que antecede viene a propósito del rol que les corresponde a los demás jueces que apreciamos el contexto del problema que se analiza, dado que ciertamente no es una facultad irrestricta divulgar una tesis determinada respecto al tema materia de análisis, más aún si se trata de procesos en trámite y con el matiz de relevancia social especial, lo cual permite denominarlos casos emblemáticos. Y sin embargo, construimos una tesis de suma excepción cuando alegamos que creemos razonable que el resto de jueces podamos asumir una perspectiva pedagógica respecto al tema que concierne nuestro interés. Desde esta visión, es de suyo razonable que se ejerza esa potestad constitucional de un sana crítica de las decisiones judiciales, en nuestro caso como jueces, con las restricciones que la normativa impone.

En ese sentido, constituyen temas de suma actualidad los procesos sobre corrupción iniciados contra diversos ex mandatarios del país, y al respecto creemos que es importante velar por una marcha del debido proceso según estándares constitucionales. En especial, los jueces deben asumir una posición severa si el caso lo amerita, con restricciones incluso de la libertad individual si fuere el caso, mas estas decisiones deben inscribirse dentro de una mecánica de respeto irrestricto por los derechos fundamentales concernidos, no tanto porque le asista el derecho de defensa a un ex mandatario bajo criterios simplemente semánticos, sino porque el principio de socialización implica un tratamiento uniforme de todos los casos sin que existan distingos de ningún orden ni diferencia de personas.

De esa forma, si se ejecutan medidas cautelares como la prisión preventiva y las incautaciones de bienes inmuebles, medidas de por sí onerosas, el ejercicio de justificación requiere ser aún más elevado, no tanto porque se trata de un ex Presidente, sino porque el debido proceso en sus expresiones formal y material precisamente demanda un tratamiento de mayor rango de justificación si en rigor la gravosidad ha de ser mayor.

Desde ese enfoque, creemos que corresponde una especial preocupación de los juzgadores por fundamentar mejor sus decisiones, y de ese modo legitimar la función  jurisdiccional, a efectos de validar la perspectiva de los derechos fundamentales en su variante de tutela jurisdiccional negativa, esto es, si la parte solicitante va a ver denegada su pretensión o se van a afectar bienes jurídicos de trascendencia como la libertad o el patrimonio, pues corresponde una justificación mayor de las razones que invoque la justicia al respecto. A eso llamamos nosotros justificación constitucional de la función jurisdiccional.

Hasta la próxima edición.

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 41 consignamos los siguientes artículos:

 

El proceso de transversalización del derecho constitucional. acuerdos y desacuerdos

Edwin Figueroa Gutarra

 

A propósito del caso de “La Manada”

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

¿Autonomía del delito de lavado de activos o el delito previo como elemento normativo del tipo? A propósito de la sentencia plenaria casatoria n° 01-2017/cij-433

William Dante Riojas Santisteban

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/36e6bf8045a2c8e4972dff04d51e568e/IPSO+JURE+41+Versi%C3%B3n+final.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36e6bf8045a2c8e4972dff04d51e568e

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 42, edición virtual e impresa por el Día del Juez, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 30 de junio de 2018.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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Revista virtual IPSO JURE No.40. Febrero 2018

7 mayo, 2018

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Iniciamos un nuevo año y nuestra revista IPSO JURE comienza a trabajar muy en serio la próxima indexación de nuestras ediciones, propósito que ciertamente exige una serie de pautas para poder garantizar la autenticidad académica de sus contribuciones.

El camino a seguir, sin embargo, no ha de ser tan sencillo, dado que ya no exige la indexación solo el aporte de un buen artículo, sino será necesario aportar un breve resumen, tanto en español como inglés, u idioma de origen e inglés, e indicar las palabras clave del artículo también en dos idiomas. Deben darse cambios, de igual manera, en la composición del Consejo Consultivo a efectos de que haya también participación externa, y no se trate de integrantes solo del Poder Judicial, entidad que auspicia nuestra revista. Igualmente, se extiende la previsión de indexación a las inclusiones necesarias de autor y nombre del artículo, en el propio cuerpo de la revista.

A propósito de lo enunciado, cuanto se busca poner de relieve a través de la indexación, es precisamente garantizar el nivel académico de las contribuciones, y el propósito, a juicio nuestro, es bueno. En efecto, bajo estos lineamientos subyace la idea material de hacer buenas investigaciones y ello es una premisa exigible que no se puede soslayar.

Lo antes afirmado nos lleva a señalar la importancia que implican las buenas investigaciones, pues éste es un ámbito que parte del mismo formato de educación que desarrollamos, tanto a nivel de la formación escolar como de la universitaria.

De esa forma, si nos pusiéramos a indagar sobre por qué ciertas Universidades del orbe destacan y se encuentran en los primeros rankings internacionales de medición de su calidad, se pondría de relieve las políticas que impulsan para una buena labor de investigación. Es así que los primeros lugares de Universidades del mundo-  Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Harvard University, California Institute of Technology (Caltech), University of Cambridge según el QS 2’017-2018- nos dejan en claro que no solo las actividades de estas entidades se orientan a una buena impartición de enseñanza, sino fomentan, dirigen y ejecutan buenas políticas de investigación entre su alumnado.

En ese contexto, nuestra revista pretende elevar su calidad investigativa buscando, a partir de nuestro número 42- por el Día del Juez agosto 2018- lograr la meta de la indexación, aspiración que no solo comprende a la revista como tal, sino insta a nuestros colaboradores de siempre a acoplar sus sistemas de trabajo de artículos, ensayos e investigaciones, al nivel de una investigación  seria, madura y conducente.

El resultado- qué duda cabe- ha de ser doblemente beneficioso pues de un lado, conservamos la calidad de nuestra revista de difusión del conocimiento jurídico, así como retribuimos el valioso trabajo de nuestros colaboradores, dado que no solo ocurre el aporte de un buen artículo, aino que su indexación consolida el nivel de una investigación seria, ponderada y de calidad. Es una apuesta a la cual no podemos renunciar.

Hasta la próxima edición.

 

 

 

En este número 40 consignamos los siguientes artículos:

 

Acciones afirmativas: origen, normatividad y jurisprudencia

Edwin Figueroa Gutarra

 

Sobre la dignidad en la constitución española de 1978

Manuel Atienza (España)

 

Breves considerações sobre o neoconstitucionalismo

Inácio Luiz Martins Bahi (Brasil)

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7d46d8804543e689b42db44df21c54fc/IPSO+JURE+40+VERSI%C3%93N+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7d46d8804543e689b42db44df21c54fc

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 41, aniversario de la Corte, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 10 de mayo de 2018.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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Revista virtual IPSO JURE No. 39. Noviembre 2017

15 febrero, 2018

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Cerramos un año de vicisitudes importantes en materia académica y una noticia que vale la pena resaltar en este último tramo del año es la Convocatoria formulada por la Academia de la Magistratura de nuestro país para la presentación de ensayos e investigaciones, propósito cuyo nivel de identificación con los postulados de esta revista, es más que evidente.

Esta Convocatoria a que aludimos, dirigida a jueces y fiscales del país, no hace sino resaltar esa importante línea de estudio que también demanda la judicatura. Ciertamente el juez que solo elabora sus sentencias cumple un valioso fin de servicios a la comunidad, y es más, el concepto material de exclusividad de la función jurisdiccional, es una importante referencia a la delicada tarea del juzgador. Y sin embargo, estas convocatorias a que aludimos constituyen un simbólico estímulo a la investigación, pues el Derecho no es uno solo, ni es monolítico, ni representa una expresión acabada de las preocupaciones ciudadanas. Por el contrario, esas variadas aristas del Derecho, en todas sus facetas, demandan una labor de estudio, análisis y mayor investigación, para precisamente discernir, con mejor propósito, los lineamientos de las materias que incluso son sometidas a estudio en los autos y sentencias, en el caso de los jueces, y en las disposiciones y requerimientos, en el caso de los fiscales.

Cuanto señalamos es de la mayor relevancia: un mejor servicio a la ciudadanía- por cierto un eje importante en la función jurisdiccional- demanda un estudio analítico, suficiente y ordenado de las materias sometidas a controversia. Esta tarea bien puede ser desarrollada en una sentencia, entendámoslo así. Y sin embargo, son las páginas libres de la Academia, en su concepto más lato, aquellas que permiten una labor de discernimiento desde las perspectivas de un libre albedrío academicista, si se nos permite la expresión. Por consiguiente, el estudio que desarrolla el juez en su decisión habrá de querer significar un importante punto de partida, y ello es necesario, pero es la perspectiva de un raciocinio libre, amplio y otras tantas veces especulativo aquello que se permite en un ensayo o investigación, sin las fijaciones de límite y de rigor que demanda un caso concreto en la sentencia judicial.

En esa dirección, los lineamientos de un estudio como el de una Convocatoria, son de por sí positivos, y de ahí que compartimos esa tendencia de la Academia de la Magistratura por estimular la investigación. IPSO JURE en sus páginas propone una línea de trabajo muy similar, pues aspira a un desarrollo de la investigación a través de sus convocatorias trimestrales, en la idea de hacer más amplio el horizonte de trabajo e investigación que demanda la elaboración de un estudio serio, esforzado y de buen propósito académico.

¿Hay recompensas por ello?  Pues al igual que en las competencias de la antigua Grecia, el agradecimiento material de las entidades que convocan, equivale a la rama de olivo que conseguía el atleta griego al vencer en buena lid. Se trata pues de una respuesta mucho más que simbólica pero al mismo tiempo expresiva. Nos sumamos a la simbólica entrega de una rama de olivo para quienes han colaborado con sus líneas de reflexión para nuestra revista en este año 2017.

Hasta la próxima edición.

 

En este número 39 consignamos los siguientes artículos:

 

Las sentencias interpretativas y sus problemas

Edwin Figueroa Gutarra

 

Constitucionalismo, globalización y Derecho

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

La reparación civil en el delito de colusión simple

José Hernán Neciosup Chancafe

 

Insuficiencia de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias en un intento por derrotar a la corrupción

Vania Yalitza Chicoma Santos

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e0fea000447292fbbb3dfb01a4a5d4c4/IPSO+JURE+39.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e0fea000447292fbbb3dfb01a4a5d4c4

http://goo.gl/B2m1yY

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 40, febrero 2018, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 10 de marzo de 2018.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

IPSO JURE 39. Nota La República. 15feb2018

 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

 

 

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Revista virtual IPSO JURE No. 38. Agosto 2017. Día del Juez

21 noviembre, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Trayectoria de vida, institucionalidad e involucramiento son términos que definen la experiencia profesional del Dr. Manuel Huangal Naveda, quien como Presidente de Sala y Juez Superior titular del Poder Judicial, cesa este 10 de agosto de 2017 en Chiclayo, en obligatorio retiro de la judicatura por edad límite- 70 años- luego de una cuota de 24 años de servicios en el corpus iuris de nuestro país.

Su calidad personal para dirigir nuestra Sala en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por muchos años, aunado ello a su desempeño como Presidente de Corte en dos oportunidades, y su voz de experiencia en las reuniones de Sala Plena, una especie de reunión en conjunto de todos los jueces superiores de una circunscripción territorial en nuestro país, me inclinan a tomarme la licencia, como Director de esta revista y compañero suyo del trabajo en la Sala Constitucional, muchos años defendiendo juntos la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, para describir, en este breve mensaje, nuestra satisfacción no solo profesional sino espiritual por su dirección en los avatares del quehacer jurídico local y nacional.

Precisamente la Sala Constitucional de Lambayeque, órgano de tanto significado iusfundamental en su momento en el norte de Perú, fue gestión de creación suya ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de nuestro país en el año 2006, y representó un punto de inflexión, incluso de iniciativa continental, para la existencia de jueces constitucionales a dedicación exclusiva en el ámbito nacional.

Es verdad que todos los jueces son por excelencia jueces constitucionales, en la medida que antes que jueces de una especialidad, tenemos el deber moral, a modo de imperativo categórico kantiano, de defender los principios, valores y directrices que alberga nuestra Constitución. Y sin embargo, la tarea del Dr. Huangal Naveda de impulsar una Sala Constitucional con competencia exclusiva para procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, en segunda instancia, y en su momento, de acción popular, en primera instancia, significó una concreción efectiva del concepto de juez constitucional, desde una visión de competencias específicas en materia iusfundamental, superando así los estándares latinoamericanos sobre la materia.

Y por cierto, hubo de cambiarse en el trabajo diario la perspectiva incluso del análisis de la prueba desde la formación de un proceso constitucional, pues ya no preveía el Código Procesal Constitucional peruano la existencia de etapa probatoria, sino la solo exigencia de verificación directa de la prueba documentaria aportada, en constatación del concepto procesal de teoría del acto reclamado, es decir, de la sola constatación de la legitimidad o ilegitimidad del acto agresor o conducta omisiva denunciados. Ello impulsó una nueva forma de compulsar la prueba desde una perspectiva diferente: la de los derechos fundamentales, y ello es propio de la existencia de una competencia específica en materia constitucional. Así, la Sala Constitucional, impulso del Dr. Huangal Naveda, redefinió el concepto de juez constitucional.

Fueron años de experiencia enriquecedora en la Sala Constitucional, al mando de nuestro Presidente saliente, entre activismo judicial y self restraint, es decir, entre una defensa entusiasta de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, al modo de una Corte Warren como aquella Corte emblemática de EE.UU. entre los años 1953 y 1969, y la necesaria auto contención, auto limitación o auto restricción en el espacio de respeto por las competencias de los otros Poderes del Estado. Esa casi eterna bipolaridad no fue sino una búsqueda de acoplamiento continuo en posiciones divididas, siendo el baremo central la defensa de los derechos fundamentales desde los estándares de la Norma Normarum.

Y en ese escenario, resulta fundamental la figura del Presidente de Sala, pues en rigor es quien conduce los destinos de un equipo de jueces para la defensa de los derechos fundamentales, enfrentando la otra orilla, es decir, la de anomia en la tutela de los derechos reconocidos por la Lex Legis. Nuestro Presidente saliente fue un claro ejemplo de la conducta activista por el reconocimiento de estándares de defensa de los derechos de orden iusfundamental, dentro de un marco de razonabilidad que imponía la propia esencia material del ordenamiento constitucional  siempre en la búsqueda de ese Zeitgeist iusfundamental o espíritu del pueblo que supone identificar nuestras decisiones desde la tutela reconocida por la doctrina y jurisprudencia constitucionales.

Los debates de causas con el Dr. Huangal Naveda nos traían un tanto, es importante decirlo, a esas reflexiones que describe Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente de la Corte Constitucional italiana, en su obra “Principios y votos”, al referirse a las tareas del juez constitucional en la sala de deliberaciones, como sitio de encendidas deliberaciones e incluso de enfrentamientos de posiciones en el buen sentido del término, al referirse a definir mediante votación los casos, viéndonos las caras como personas vivas y no como entidades inertes, del modo, este último, en que Montesquieu nos describía a los jueces en su famosa obra “El espíritu de las leyes” en el año 1748, en objetiva referencia a que el juez solo era la boca de la ley y que el Poder Judicial era un poder nulo pues solo podía optar por la aplicación de la ley, de un modo matemático y cerrado como proponían los doctrinarios franceses del siglo XVIII.

Los debates a que aludimos eran así reminiscencias de esas otras ideas del maestro italiano ya referido, pues los derechos fundamentales no podían ser sometidos a voto, no dependiendo ellos mismos del resultado de ninguna votación. Así quedaba clara la regla de que la Constitución es aquello sobre lo que no se vota, pues ya ha sido votado de una vez por todas, en su origen, al darse la propia Constitución. Esas discusiones en materia constitucional nos informaban de la importancia de las reglas escritas, pero por sobre ellas los principios que debían prevalecer.

Es verdad, como dice Ortega y Gasset, que el hombre es su ser y su circunstancia. El Dr. Huangal Naveda, Presidente de Sala entonces, encarna esta aseveración filosófica para dejar una alta valla en la conducción de los debates iusfundamentales, aunando ello a la dirección estratégica hasta en dos oportunidades de los destinos de nuestra Corte Superior de Justicia. Así quedan para él nuestras palabras de agradecimiento por ser un líder en su verdadera dimensión material.

De esa forma, estas palabras no son sino un mensaje de agradecimiento en nombre de las generaciones actuales y venideras de jueces, a partir de una trayectoria profesional intachable, en la cual la decencia, la experiencia y la capacidad de dirección de nuestro buen amigo Manuel Huangal Naveda, constituyen muestras de ejemplo que ayudan a la siempre encomiable labor de reforzar en positivo la imagen del juez

Hasta la próxima edición.

 

 

En este número 38 consignamos los siguientes artículos:

 

Entrevista a Manuel Huangal Naveda: Una vida de servicio en el Poder Judicial

 

Décimas a Manuel Huangal Naveda.

Matilde Mesones Montaño.

 

La Prisión Preventiva y los Derechos Fundamentales

Manuel Huangal Naveda

 

Amparo, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Notas actuales sobre un proceso trascendente

Edwin Figueroa Gutarra

 

La concepción postpositivista del Derecho, de Miguel Ángel Rodilla

Manuel Atienza (España)

 

Processo e verità nella transizione.

Michele Taruffo (Italia)

 

El rol del juez en la construcción de la tutela judicial efectiva

Diana Maria Ramírez Carvajal (Colombia)

 

Reforma del CNM: pecados capitales

Guido Águila Grados

 

Concentración de medios. Ideas para una regulación impeditiva

Nelson Ramírez Jiménez

 

El control constitucional difuso y su ejercicio en el marco de los procesos constitucionales

Luis R. Sáenz Dávalos

 

Resumen de un trabajo de investigación de Maestría en Educación

Manuel J. F. Bulnes Tello

 

El proceso de selección y elección de los miembros del Tribunal Constitucional y sus implicancias en la función de control de la constitución

Sandro Omar Aguilar Gaitán

 

La determinación judicial de la pena en el Código Penal Peruano

Emiliano Sánchez Bances

 

El Proceso de Investigación al Adolescente en conflicto con la ley penal desde la perspectiva del Decreto Legislativo N° 1348

Carmen Zoraida Ameghino Bautista

 

La necesaria implementación del juez de ejecución penal en el ordenamiento jurídico peruano

Gasdaly Maribel Salazar Alarcón

 

Protección a la víctima de violencia familiar conforme la ley n° 30364

Magali Cóndor Villalta

 

¿Son un trofeo para sus padres? ¿Es una agresión el síndrome de alienación parental?

Alvin Paul Quiroz Frías

 

La vacatio sententiae en las sentencias exhortativas emitidas por el Tribunal Constitucional

Rosa Mercedes Revolledo Masías

 

La admisión de nueva prueba en la etapa de juzgamiento como consecuencia de una defensa ineficaz.

Stalin Pisfil Casas

 

Responsabilidad administrativa subjetiva por parte de la administración y la reciente incorporación del principio de culpabilidad como parte de los principios de la potestad sancionadora administrativa a propósito de la vigencia del Decreto Legislativo nº 1272

William Mijahuanca Cajusol

 

Breve apunte de los problemas del recurso de casación en materia civil en nuestro ordenamiento jurídico peruano

Luis Tezén de la Cruz

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c6456d804353a9c2972db7875b9b83f6/IPSO+JURE+38..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6456d804353a9c2972db7875b9b83f6

 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 39, diciembre 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 01 de diciembre de 2017.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

IPSO JURE 38 Nota La República 21nov2017

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

 

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Revista virtual IPSO JURE No. 37. Mayo 2017

28 junio, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Reconocimiento es una expresión de suyo valiosa que reconocen con énfasis tirios y troyanos. Es una forma de hacer justicia material, es una manera de destacar los valores, virtudes y logros que caracterizan al ser humano, es un modo de corresponder también al valor justicia.

Nuestras palabras antes expresadas adquieren sentido con el homenaje promovido por nuestro Presidente de Sala, Dr. Manuel Huangal Naveda, quien propuso a nuestra institución un homenaje de reconocimiento en nuestra ceremonia de nonagésimo sétimo aniversario de creación de la Corte, a los ex magistrados del Tribunal Constitucional Dres. Javier Alva Orlandini, Juan Vergara Gotelli, Juan Bardelli Lartirigoyen, Magdiel Gonzales Ojeda, Víctor García Toma y César Landa Arroyo, en razón de sus meritorios aportes al Derecho Constitucional entre los años 2001 a 2008, época en la que ciertamente el Tribunal instituyó las bases tutelares de los derechos fundamentales en nuestro país.

Para quienes hemos trasegado un tanto por el Derecho Constitucional, la noticia es doblemente buena: se trata de un homenaje en vida a los ilustres ex magistrados de este Tribunal, y al mismo tiempo materializamos un propósito que nuestra ex Sala Constitucional de Lambayeque, norte de Perú, siempre promovió: tender puentes entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria, buscando caminos de acoplamiento de ideas, conceptos y tendencias jurisprudenciales.

El Tribunal a que aludimos marcó docencia en pedagogía de los derechos fundamentales, y le dio sentido a muchas instituciones del Derecho contemporáneo. Sentó los criterios de construcción de conceptos iusfundamentales y reorientó la tarea de argumentación constitucional de los jueces del Poder Judicial, no en la idea de restar funciones de la justicia ordinaria sino en el propósito, razonable por cierto, de legitimar la propia Carta Fundamental.

La anécdota histórica y cuya cita es valiosa, alude a que antes de jurarse la Constitución de los EE.UU. por parte del pueblo de Nueva York en 1788, el cuestionamiento al poder contramayoritario de los jueces implicaba discrepar abiertamente con las facultades de corrección de los jueces respecto a las medidas del legislador, quien sí representaba a un poder mayoritario.

Así, no revestía mucha lógica, en la percepción de entonces, que quienes no habían sido elegidos por las mayorías, y de ahí la denominación contramayoritaria, pudieren corregir a quienes sí resultaban un poder mayoritario, en tanto había sido elegido en las urnas y por tanto, sí representaba a la mayoría.

Hamilton fue muy preciso al argumentar en el Federalista 78 que cuanto hacían los jueces era legitimar la Constitución y no poner a un poder por encima del otro. Y si la corrección era necesaria, pues estaba se llevaba a cabo dentro de los cánones permitidos por la propia Constitución.

La labor del Tribunal Constitucional ha seguido una ruta similar. Su trabajo en la defensa de la Carta Fundamental fue objeto de múltiples discrepancias y sin embargo, los principios de interpretación enunciados, dentro de la proyección de que los hombres son sus ideas, su ser y su circunstancia, adquirieron basamento de fuerza en el ámbito de nuestra jurisprudencia, aserto que nos permite sostener, con suficiencia docente, que después del papel rector en derechos fundamentales por parte de la Corte Constitucional de Colombia, pues Perú, con el Tribunal a que aludimos, logró posicionarse en un merecido lugar inmediato entre los Tribunales que cimentaron con más fundamento, verbo y rectoría el Derecho Constitucional.

De ahí la importancia de este homenaje de reconocimiento a quienes trabajaron por un aporte en la consolidación de los derechos fundamentales, tarea que nuestra Corte ha asumido con la convicción de que se produce una valoración en vida de los magistrados antes referidos.

La ceremonia central de reconocimiento tuvo lugar en la ceremonia de aniversario de nuestra Corte en la ciudad de Chiclayo con fecha 23 de mayo de 2017, participando en ella  los Dres. Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma y Landa Arroyo. Por razones de fuerza mayor vinculadas a salud, el reconocimiento a los Dres. Alva Orlandini y Vergara Gotelli, tuvo lugar en sus domicilios en la ciudad de Lima, en días previos a la ceremonia de aniversario.

Nuestra revista IPSO JURE se viste de gala por el significado de esta ceremonia y hace votos porque sigamos fortaleciendo la justicia constitucional. Si el aforismo nos dice caminante no hay camino, y que ese camino se hace al andar, veamos que el tesonero trabajo de la justicia constitucional es, entre otras cosas, una tarea de largo aliento, persuasión por la primacía de los derechos fundamentales y un convencimiento por un rol del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución y no como señor de la Constitución- Hutter der Verfassung und nicht Herr der Verfassung– que con magistral docencia destaca el maestro salmantino Pablo Lucas Verdú.

 

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En este número 37 consignamos los siguientes artículos:

 

De las relaciones entre el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos: construyendo un deber de injerencia

Edwin Figueroa Gutarra

 

La filosofía del derecho como filosofía “regional”

Manuel Atienza Rodríguez

 

Discurso de orden por el “Día del Juez”

Heriberto Gálvez Herrera

 

Luces y sombras del Código General del Proceso colombiano a un año de su vigencia plena

Helver Bonilla García (Colombia)

 

La aplicación de más de una sanción por un mismo acto ilícito tributario

Jorge Javier Pisfil Montalvan

 

Breve comentario de la prescripción tributaria en el ordenamiento jurídico peruano

Luis Antonio Tezén De La Cruz

 

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: https://goo.gl/8WMEVQ

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 38, agosto 2017, edición Día del Juez, impresa y virtual, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 15 de julio de 2017.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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Revista virtual IPSO JURE No. 36. Febrero 2017

7 abril, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Iniciamos un nuevo año 2017 y la coyuntura nacional abarca integralmente los asuntos de corrupción derivados de las investigaciones del caso LAVA JATO, un problema no solo de Brasil sino ya en rigor de la comunidad latinoamericana. Pocas veces la sociedad se ha visto expuesta a una coyuntura que abarca un significativo número de eventos vinculados a la corrupción en muchos niveles, tanto públicos como privados, dejando una estela de sinsabor generalizado por el impacto no solo institucional de estos problemas, sino por la trascendencia social misma de cómo hacer frente a la corrupción, y a través de cuáles medios forzar una respuesta congruente frente a estos delicados problemas.

Para nosotros, jueces en ejercicio, y finalmente juzgadores de muchas de las vicisitudes judiciales a partir de estas controversias, la idea es más objetiva en cuanto al contexto en que estas situaciones han ocurrido: hay necesidad de reforzar los medios de vigilancia desde el Gobierno mismo, desde la implementación misma de las normas de control sobre la función público-privada, y desde la propia sociedad civil.

Creemos que ésta es una tarea primordial que compete a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto es exigible diseñar herramientas que establezcan fórmulas de adecuado control para que estos problemas o bien desaparezcan, o en su caso, se reduzcan a su mínima expresión. Y efectivamente, allí donde no hay un control adecuado de la función pública, o donde el ente privado ejerce función corruptora activa sin una real labor de fiscalización de los entes públicos, pues precisamente se desarrolla sin amenaza la corrupción misma.

En este mismo problema es importante no dejar de lado una dimensión de este problema: los controles deben asegurar reglas de equilibrio material, esto es, ni ser blandas en exceso en su diseño, ni impedir el desarrollo de proyectos de inversión tan necesarios en el país bajo un suerte de controlismo draconiano. Al respecto, la previsión legal de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos que impliquen concesiones del Estado, nos parece una adecuada propuesta a implementar.

Y en ese contexto de propuestas a desarrollar, ¿cuál tarea nos corresponde a los jueces? Más que una función preventiva, nos es propio actuar cuando el problema alcance los ribetes de una acción con contenido penal, y es aquí donde para que sea eficaz la acción de la justicia, los jueces seamos escrupulosos mensajeros del derecho fundamental al debido proceso en todas las fases del juzgamiento.

En efecto, los jueces no pueden juzgar desde y por los medios de expresión, o desde cuál tribuna del Poder Legislativo se propone sancionar con mayor severidad a las personas involucradas en actos de grave corrupción.  Tampoco nos toca determinar si el modelo tecnocrático de desarrollo del país llegó a su fin.

Es imperativo formal para los jueces ser enfáticos en el respeto escrupuloso de las reglas del derecho fundamental al debido proceso, precisamente para que tenga lugar la eficacia necesaria de las sentencias eventualmente condenatorias que se impartan en su oportunidad. Por tanto, el juzgador debe estar imbuido, además de las regulaciones legales y constitucionales de la normativa de nuestro país, también de la perspectiva de los estándares de los derechos humanos vía control de convencionalidad en los procesos a su cargo, y así corresponderá sancionar, con la dureza que la ley permita, los actos probadamente graves de corrupción.

Bajo ese enfoque, procesar desde una perspectiva de juicios paralelos, es decir, cuando la sociedad civil emite una suerte de sentencia popular previa sin haber evaluado críticamente los hechos de relevancia jurídica en estos actos de corrupción, deja abierta una puerta difícil de cerrar, en tanto y en cuanto, precisamente esos flancos débiles que abre un juzgamiento apresurado, insuficiente y no respetuoso de la constitucionalidad exigible, pueden implicar situaciones en las cuales se declare la responsabilidad internacional del Estado, en referencia a infracciones contra la Convención Americana de Derechos Humanos.

De las cuatro características que Sócrates destacó corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, creemos que la última es de suma relevancia: si hay prueba suficiente que corrobore la responsabilidad del acusado, la sentencia penal a imponer es casi inamovible, aún así sea revisada por las instancias superiores del Poder Judicial.

Esa regla de cuasi inamovilidad de contenidos a que nos referimos, implica la suficiencia de las reglas de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en los casos de corrupción a examinar. El juez no resuelve desde una perspectiva aislada de cuanto expresan los medios de comunicación, o cuánto imputa la sociedad civil. La exigencia clave es determinar que los juzgamientos sean escrupulosos de los derechos fundamentales concernidos en cada uno de estos procesos y que las sanciones a imponer, sean fiel expresión de la vigencia efectiva de un Estado Democrático y Social de Derecho. Hacer lo contrario y desvincularse de las formulaciones y exigencias que demandan estas mega investigaciones y juzgamientos, solo propiciará caos, desorden y desasosiego en la lucha frontal contra la corrupción.

Nuestro país debe volver a la necesaria senda de la institucionalidad, mas ello demanda de los jueces una actitud de consecuencia con los derechos fundamentales a ser debatidos en los procesos a su cargo.

Hasta la próxima edición

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

 

En este número 36 consignamos los siguientes artículos:

 

Reglas y principios: un debate material entre el noble sueño y la pesadilla

Edwin Figueroa Gutarra

 

Interpretación jurídica e imperio de la ley

Manuel Atienza Rodríguez

 

La prohibición de enajenar y gravar: reforma del artículo 882° del Código Civil

Ximena Llontop Guzmán

 

Régimen Mype tributario: no apto para microempresarios

Luis Tezén de la Cruz

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4d41728040af5987a10aebc8403f88d6/IPSO+JURE+36+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d41728040af5987a10aebc8403f88d6

 

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En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 37, mayo 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 01 de mayo de 2017.

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IPSO JURE 36 Nota La Republica 07abr2017

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Edwin Figueroa Gutarra

 

 

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