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Revista virtual IPSO JURE No. 38. Agosto 2018. Día del Juez

21 noviembre, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Trayectoria de vida, institucionalidad e involucramiento son términos que definen la experiencia profesional del Dr. Manuel Huangal Naveda, quien como Presidente de Sala y Juez Superior titular del Poder Judicial, cesa este 10 de agosto de 2017 en Chiclayo, en obligatorio retiro de la judicatura por edad límite- 70 años- luego de una cuota de 24 años de servicios en el corpus iuris de nuestro país.

Su calidad personal para dirigir nuestra Sala en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por muchos años, aunado ello a su desempeño como Presidente de Corte en dos oportunidades, y su voz de experiencia en las reuniones de Sala Plena, una especie de reunión en conjunto de todos los jueces superiores de una circunscripción territorial en nuestro país, me inclinan a tomarme la licencia, como Director de esta revista y compañero suyo del trabajo en la Sala Constitucional, muchos años defendiendo juntos la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, para describir, en este breve mensaje, nuestra satisfacción no solo profesional sino espiritual por su dirección en los avatares del quehacer jurídico local y nacional.

Precisamente la Sala Constitucional de Lambayeque, órgano de tanto significado iusfundamental en su momento en el norte de Perú, fue gestión de creación suya ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de nuestro país en el año 2006, y representó un punto de inflexión, incluso de iniciativa continental, para la existencia de jueces constitucionales a dedicación exclusiva en el ámbito nacional.

Es verdad que todos los jueces son por excelencia jueces constitucionales, en la medida que antes que jueces de una especialidad, tenemos el deber moral, a modo de imperativo categórico kantiano, de defender los principios, valores y directrices que alberga nuestra Constitución. Y sin embargo, la tarea del Dr. Huangal Naveda de impulsar una Sala Constitucional con competencia exclusiva para procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, en segunda instancia, y en su momento, de acción popular, en primera instancia, significó una concreción efectiva del concepto de juez constitucional, desde una visión de competencias específicas en materia iusfundamental, superando así los estándares latinoamericanos sobre la materia.

Y por cierto, hubo de cambiarse en el trabajo diario la perspectiva incluso del análisis de la prueba desde la formación de un proceso constitucional, pues ya no preveía el Código Procesal Constitucional peruano la existencia de etapa probatoria, sino la solo exigencia de verificación directa de la prueba documentaria aportada, en constatación del concepto procesal de teoría del acto reclamado, es decir, de la sola constatación de la legitimidad o ilegitimidad del acto agresor o conducta omisiva denunciados. Ello impulsó una nueva forma de compulsar la prueba desde una perspectiva diferente: la de los derechos fundamentales, y ello es propio de la existencia de una competencia específica en materia constitucional. Así, la Sala Constitucional, impulso del Dr. Huangal Naveda, redefinió el concepto de juez constitucional.

Fueron años de experiencia enriquecedora en la Sala Constitucional, al mando de nuestro Presidente saliente, entre activismo judicial y self restraint, es decir, entre una defensa entusiasta de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, al modo de una Corte Warren como aquella Corte emblemática de EE.UU. entre los años 1953 y 1969, y la necesaria auto contención, auto limitación o auto restricción en el espacio de respeto por las competencias de los otros Poderes del Estado. Esa casi eterna bipolaridad no fue sino una búsqueda de acoplamiento continuo en posiciones divididas, siendo el baremo central la defensa de los derechos fundamentales desde los estándares de la Norma Normarum.

Y en ese escenario, resulta fundamental la figura del Presidente de Sala, pues en rigor es quien conduce los destinos de un equipo de jueces para la defensa de los derechos fundamentales, enfrentando la otra orilla, es decir, la de anomia en la tutela de los derechos reconocidos por la Lex Legis. Nuestro Presidente saliente fue un claro ejemplo de la conducta activista por el reconocimiento de estándares de defensa de los derechos de orden iusfundamental, dentro de un marco de razonabilidad que imponía la propia esencia material del ordenamiento constitucional  siempre en la búsqueda de ese Zeitgeist iusfundamental o espíritu del pueblo que supone identificar nuestras decisiones desde la tutela reconocida por la doctrina y jurisprudencia constitucionales.

Los debates de causas con el Dr. Huangal Naveda nos traían un tanto, es importante decirlo, a esas reflexiones que describe Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente de la Corte Constitucional italiana, en su obra “Principios y votos”, al referirse a las tareas del juez constitucional en la sala de deliberaciones, como sitio de encendidas deliberaciones e incluso de enfrentamientos de posiciones en el buen sentido del término, al referirse a definir mediante votación los casos, viéndonos las caras como personas vivas y no como entidades inertes, del modo, este último, en que Montesquieu nos describía a los jueces en su famosa obra “El espíritu de las leyes” en el año 1748, en objetiva referencia a que el juez solo era la boca de la ley y que el Poder Judicial era un poder nulo pues solo podía optar por la aplicación de la ley, de un modo matemático y cerrado como proponían los doctrinarios franceses del siglo XVIII.

Los debates a que aludimos eran así reminiscencias de esas otras ideas del maestro italiano ya referido, pues los derechos fundamentales no podían ser sometidos a voto, no dependiendo ellos mismos del resultado de ninguna votación. Así quedaba clara la regla de que la Constitución es aquello sobre lo que no se vota, pues ya ha sido votado de una vez por todas, en su origen, al darse la propia Constitución. Esas discusiones en materia constitucional nos informaban de la importancia de las reglas escritas, pero por sobre ellas los principios que debían prevalecer.

Es verdad, como dice Ortega y Gasset, que el hombre es su ser y su circunstancia. El Dr. Huangal Naveda, Presidente de Sala entonces, encarna esta aseveración filosófica para dejar una alta valla en la conducción de los debates iusfundamentales, aunando ello a la dirección estratégica hasta en dos oportunidades de los destinos de nuestra Corte Superior de Justicia. Así quedan para él nuestras palabras de agradecimiento por ser un líder en su verdadera dimensión material.

De esa forma, estas palabras no son sino un mensaje de agradecimiento en nombre de las generaciones actuales y venideras de jueces, a partir de una trayectoria profesional intachable, en la cual la decencia, la experiencia y la capacidad de dirección de nuestro buen amigo Manuel Huangal Naveda, constituyen muestras de ejemplo que ayudan a la siempre encomiable labor de reforzar en positivo la imagen del juez

Hasta la próxima edición.

 

 

En este número 38 consignamos los siguientes artículos:

 

Entrevista a Manuel Huangal Naveda: Una vida de servicio en el Poder Judicial

 

Décimas a Manuel Huangal Naveda.

Matilde Mesones Montaño.

 

La Prisión Preventiva y los Derechos Fundamentales

Manuel Huangal Naveda

 

Amparo, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Notas actuales sobre un proceso trascendente

Edwin Figueroa Gutarra

 

La concepción postpositivista del Derecho, de Miguel Ángel Rodilla

Manuel Atienza (España)

 

Processo e verità nella transizione.

Michele Taruffo (Italia)

 

El rol del juez en la construcción de la tutela judicial efectiva

Diana Maria Ramírez Carvajal (Colombia)

 

Reforma del CNM: pecados capitales

Guido Águila Grados

 

Concentración de medios. Ideas para una regulación impeditiva

Nelson Ramírez Jiménez

 

El control constitucional difuso y su ejercicio en el marco de los procesos constitucionales

Luis R. Sáenz Dávalos

 

Resumen de un trabajo de investigación de Maestría en Educación

Manuel J. F. Bulnes Tello

 

El proceso de selección y elección de los miembros del Tribunal Constitucional y sus implicancias en la función de control de la constitución

Sandro Omar Aguilar Gaitán

 

La determinación judicial de la pena en el Código Penal Peruano

Emiliano Sánchez Bances

 

El Proceso de Investigación al Adolescente en conflicto con la ley penal desde la perspectiva del Decreto Legislativo N° 1348

Carmen Zoraida Ameghino Bautista

 

La necesaria implementación del juez de ejecución penal en el ordenamiento jurídico peruano

Gasdaly Maribel Salazar Alarcón

 

Protección a la víctima de violencia familiar conforme la ley n° 30364

Magali Cóndor Villalta

 

¿Son un trofeo para sus padres? ¿Es una agresión el síndrome de alienación parental?

Alvin Paul Quiroz Frías

 

La vacatio sententiae en las sentencias exhortativas emitidas por el Tribunal Constitucional

Rosa Mercedes Revolledo Masías

 

La admisión de nueva prueba en la etapa de juzgamiento como consecuencia de una defensa ineficaz.

Stalin Pisfil Casas

 

Responsabilidad administrativa subjetiva por parte de la administración y la reciente incorporación del principio de culpabilidad como parte de los principios de la potestad sancionadora administrativa a propósito de la vigencia del Decreto Legislativo nº 1272

William Mijahuanca Cajusol

 

Breve apunte de los problemas del recurso de casación en materia civil en nuestro ordenamiento jurídico peruano

Luis Tezén de la Cruz

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c6456d804353a9c2972db7875b9b83f6/IPSO+JURE+38..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6456d804353a9c2972db7875b9b83f6

 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 39, diciembre 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 01 de diciembre de 2017.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

IPSO JURE 38 Nota La República 21nov2017

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

 

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Revista virtual IPSO JURE No. 37. Mayo 2017

28 junio, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Reconocimiento es una expresión de suyo valiosa que reconocen con énfasis tirios y troyanos. Es una forma de hacer justicia material, es una manera de destacar los valores, virtudes y logros que caracterizan al ser humano, es un modo de corresponder también al valor justicia.

Nuestras palabras antes expresadas adquieren sentido con el homenaje promovido por nuestro Presidente de Sala, Dr. Manuel Huangal Naveda, quien propuso a nuestra institución un homenaje de reconocimiento en nuestra ceremonia de nonagésimo sétimo aniversario de creación de la Corte, a los ex magistrados del Tribunal Constitucional Dres. Javier Alva Orlandini, Juan Vergara Gotelli, Juan Bardelli Lartirigoyen, Magdiel Gonzales Ojeda, Víctor García Toma y César Landa Arroyo, en razón de sus meritorios aportes al Derecho Constitucional entre los años 2001 a 2008, época en la que ciertamente el Tribunal instituyó las bases tutelares de los derechos fundamentales en nuestro país.

Para quienes hemos trasegado un tanto por el Derecho Constitucional, la noticia es doblemente buena: se trata de un homenaje en vida a los ilustres ex magistrados de este Tribunal, y al mismo tiempo materializamos un propósito que nuestra ex Sala Constitucional de Lambayeque, norte de Perú, siempre promovió: tender puentes entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria, buscando caminos de acoplamiento de ideas, conceptos y tendencias jurisprudenciales.

El Tribunal a que aludimos marcó docencia en pedagogía de los derechos fundamentales, y le dio sentido a muchas instituciones del Derecho contemporáneo. Sentó los criterios de construcción de conceptos iusfundamentales y reorientó la tarea de argumentación constitucional de los jueces del Poder Judicial, no en la idea de restar funciones de la justicia ordinaria sino en el propósito, razonable por cierto, de legitimar la propia Carta Fundamental.

La anécdota histórica y cuya cita es valiosa, alude a que antes de jurarse la Constitución de los EE.UU. por parte del pueblo de Nueva York en 1788, el cuestionamiento al poder contramayoritario de los jueces implicaba discrepar abiertamente con las facultades de corrección de los jueces respecto a las medidas del legislador, quien sí representaba a un poder mayoritario.

Así, no revestía mucha lógica, en la percepción de entonces, que quienes no habían sido elegidos por las mayorías, y de ahí la denominación contramayoritaria, pudieren corregir a quienes sí resultaban un poder mayoritario, en tanto había sido elegido en las urnas y por tanto, sí representaba a la mayoría.

Hamilton fue muy preciso al argumentar en el Federalista 78 que cuanto hacían los jueces era legitimar la Constitución y no poner a un poder por encima del otro. Y si la corrección era necesaria, pues estaba se llevaba a cabo dentro de los cánones permitidos por la propia Constitución.

La labor del Tribunal Constitucional ha seguido una ruta similar. Su trabajo en la defensa de la Carta Fundamental fue objeto de múltiples discrepancias y sin embargo, los principios de interpretación enunciados, dentro de la proyección de que los hombres son sus ideas, su ser y su circunstancia, adquirieron basamento de fuerza en el ámbito de nuestra jurisprudencia, aserto que nos permite sostener, con suficiencia docente, que después del papel rector en derechos fundamentales por parte de la Corte Constitucional de Colombia, pues Perú, con el Tribunal a que aludimos, logró posicionarse en un merecido lugar inmediato entre los Tribunales que cimentaron con más fundamento, verbo y rectoría el Derecho Constitucional.

De ahí la importancia de este homenaje de reconocimiento a quienes trabajaron por un aporte en la consolidación de los derechos fundamentales, tarea que nuestra Corte ha asumido con la convicción de que se produce una valoración en vida de los magistrados antes referidos.

La ceremonia central de reconocimiento tuvo lugar en la ceremonia de aniversario de nuestra Corte en la ciudad de Chiclayo con fecha 23 de mayo de 2017, participando en ella  los Dres. Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma y Landa Arroyo. Por razones de fuerza mayor vinculadas a salud, el reconocimiento a los Dres. Alva Orlandini y Vergara Gotelli, tuvo lugar en sus domicilios en la ciudad de Lima, en días previos a la ceremonia de aniversario.

Nuestra revista IPSO JURE se viste de gala por el significado de esta ceremonia y hace votos porque sigamos fortaleciendo la justicia constitucional. Si el aforismo nos dice caminante no hay camino, y que ese camino se hace al andar, veamos que el tesonero trabajo de la justicia constitucional es, entre otras cosas, una tarea de largo aliento, persuasión por la primacía de los derechos fundamentales y un convencimiento por un rol del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución y no como señor de la Constitución- Hutter der Verfassung und nicht Herr der Verfassung– que con magistral docencia destaca el maestro salmantino Pablo Lucas Verdú.

 

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En este número 37 consignamos los siguientes artículos:

 

De las relaciones entre el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos: construyendo un deber de injerencia

Edwin Figueroa Gutarra

 

La filosofía del derecho como filosofía “regional”

Manuel Atienza Rodríguez

 

Discurso de orden por el “Día del Juez”

Heriberto Gálvez Herrera

 

Luces y sombras del Código General del Proceso colombiano a un año de su vigencia plena

Helver Bonilla García (Colombia)

 

La aplicación de más de una sanción por un mismo acto ilícito tributario

Jorge Javier Pisfil Montalvan

 

Breve comentario de la prescripción tributaria en el ordenamiento jurídico peruano

Luis Antonio Tezén De La Cruz

 

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: https://goo.gl/8WMEVQ

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En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 38, agosto 2017, edición Día del Juez, impresa y virtual, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 15 de julio de 2017.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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Revista virtual IPSO JURE No. 36. Febrero 2017

7 abril, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Iniciamos un nuevo año 2017 y la coyuntura nacional abarca integralmente los asuntos de corrupción derivados de las investigaciones del caso LAVA JATO, un problema no solo de Brasil sino ya en rigor de la comunidad latinoamericana. Pocas veces la sociedad se ha visto expuesta a una coyuntura que abarca un significativo número de eventos vinculados a la corrupción en muchos niveles, tanto públicos como privados, dejando una estela de sinsabor generalizado por el impacto no solo institucional de estos problemas, sino por la trascendencia social misma de cómo hacer frente a la corrupción, y a través de cuáles medios forzar una respuesta congruente frente a estos delicados problemas.

Para nosotros, jueces en ejercicio, y finalmente juzgadores de muchas de las vicisitudes judiciales a partir de estas controversias, la idea es más objetiva en cuanto al contexto en que estas situaciones han ocurrido: hay necesidad de reforzar los medios de vigilancia desde el Gobierno mismo, desde la implementación misma de las normas de control sobre la función público-privada, y desde la propia sociedad civil.

Creemos que ésta es una tarea primordial que compete a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto es exigible diseñar herramientas que establezcan fórmulas de adecuado control para que estos problemas o bien desaparezcan, o en su caso, se reduzcan a su mínima expresión. Y efectivamente, allí donde no hay un control adecuado de la función pública, o donde el ente privado ejerce función corruptora activa sin una real labor de fiscalización de los entes públicos, pues precisamente se desarrolla sin amenaza la corrupción misma.

En este mismo problema es importante no dejar de lado una dimensión de este problema: los controles deben asegurar reglas de equilibrio material, esto es, ni ser blandas en exceso en su diseño, ni impedir el desarrollo de proyectos de inversión tan necesarios en el país bajo un suerte de controlismo draconiano. Al respecto, la previsión legal de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos que impliquen concesiones del Estado, nos parece una adecuada propuesta a implementar.

Y en ese contexto de propuestas a desarrollar, ¿cuál tarea nos corresponde a los jueces? Más que una función preventiva, nos es propio actuar cuando el problema alcance los ribetes de una acción con contenido penal, y es aquí donde para que sea eficaz la acción de la justicia, los jueces seamos escrupulosos mensajeros del derecho fundamental al debido proceso en todas las fases del juzgamiento.

En efecto, los jueces no pueden juzgar desde y por los medios de expresión, o desde cuál tribuna del Poder Legislativo se propone sancionar con mayor severidad a las personas involucradas en actos de grave corrupción.  Tampoco nos toca determinar si el modelo tecnocrático de desarrollo del país llegó a su fin.

Es imperativo formal para los jueces ser enfáticos en el respeto escrupuloso de las reglas del derecho fundamental al debido proceso, precisamente para que tenga lugar la eficacia necesaria de las sentencias eventualmente condenatorias que se impartan en su oportunidad. Por tanto, el juzgador debe estar imbuido, además de las regulaciones legales y constitucionales de la normativa de nuestro país, también de la perspectiva de los estándares de los derechos humanos vía control de convencionalidad en los procesos a su cargo, y así corresponderá sancionar, con la dureza que la ley permita, los actos probadamente graves de corrupción.

Bajo ese enfoque, procesar desde una perspectiva de juicios paralelos, es decir, cuando la sociedad civil emite una suerte de sentencia popular previa sin haber evaluado críticamente los hechos de relevancia jurídica en estos actos de corrupción, deja abierta una puerta difícil de cerrar, en tanto y en cuanto, precisamente esos flancos débiles que abre un juzgamiento apresurado, insuficiente y no respetuoso de la constitucionalidad exigible, pueden implicar situaciones en las cuales se declare la responsabilidad internacional del Estado, en referencia a infracciones contra la Convención Americana de Derechos Humanos.

De las cuatro características que Sócrates destacó corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, creemos que la última es de suma relevancia: si hay prueba suficiente que corrobore la responsabilidad del acusado, la sentencia penal a imponer es casi inamovible, aún así sea revisada por las instancias superiores del Poder Judicial.

Esa regla de cuasi inamovilidad de contenidos a que nos referimos, implica la suficiencia de las reglas de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en los casos de corrupción a examinar. El juez no resuelve desde una perspectiva aislada de cuanto expresan los medios de comunicación, o cuánto imputa la sociedad civil. La exigencia clave es determinar que los juzgamientos sean escrupulosos de los derechos fundamentales concernidos en cada uno de estos procesos y que las sanciones a imponer, sean fiel expresión de la vigencia efectiva de un Estado Democrático y Social de Derecho. Hacer lo contrario y desvincularse de las formulaciones y exigencias que demandan estas mega investigaciones y juzgamientos, solo propiciará caos, desorden y desasosiego en la lucha frontal contra la corrupción.

Nuestro país debe volver a la necesaria senda de la institucionalidad, mas ello demanda de los jueces una actitud de consecuencia con los derechos fundamentales a ser debatidos en los procesos a su cargo.

Hasta la próxima edición

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

 

En este número 36 consignamos los siguientes artículos:

 

Reglas y principios: un debate material entre el noble sueño y la pesadilla

Edwin Figueroa Gutarra

 

Interpretación jurídica e imperio de la ley

Manuel Atienza Rodríguez

 

La prohibición de enajenar y gravar: reforma del artículo 882° del Código Civil

Ximena Llontop Guzmán

 

Régimen Mype tributario: no apto para microempresarios

Luis Tezén de la Cruz

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4d41728040af5987a10aebc8403f88d6/IPSO+JURE+36+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d41728040af5987a10aebc8403f88d6

 

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En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 37, mayo 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 01 de mayo de 2017.

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IPSO JURE 36 Nota La Republica 07abr2017

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

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Revista virtual IPSO JURE No. 35. Noviembre 2016

12 enero, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Cerramos un año más de existencia de nuestra revista y a la fecha de composición de estas líneas, el Poder Judicial atraviesa una coyuntura de fuerza mayor en razón de la paralización de servicios de justicia por causa de una huelga nacional de los servidores de esta institución.

Abordar esta problemática siempre nos lleva un escenario de dualidad: de un lado, buscamos un Poder Judicial óptimo, un servicio de justicia eficaz, así como un trabajo de identificación eficiente con los intereses del ciudadano para una mejor atención en cuanto a los procesos que aborda la institución. De otro lado, sin embargo, los jueces no podemos sino asumir una preocupación enorme por la anomia de la institución en tanto los servicios de justicia se detienen y muchos casos que exigen pronta solución, se ven irremediablemente postergados.

A ello se aúna otro tema más complejo: ¿Y qué hacemos los jueces frente a esta compleja realidad, al margen de identificarnos con la preocupación de los servidores judiciales? Pues objetivamente no hay un espacio amplio de debate al respecto, en tanto incluso nuestras declaraciones como jueces a los medios de comunicación, exigen, bajo ciertos parámetros, autorización previa del órgano de control de la institución. Tal requerimiento mediatiza sustantivamente la recurrencia a los medios de información y dicha restricción constituye incluso un asunto que implica cumplimiento de reglas administrativas.

Sin embargo, es pertinente, aún así, llamar la atención de la Administración- léase Poder Ejecutivo y órganos de gobierno- para que a estos problemas corresponda una solución óptima en términos de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto la falta de dialogo o de adopción de soluciones a estos grandes problemas que los servidores de nuestra institución presentan, definitivamente causa mella en los servicios de justicia, así como nos aleja de ese estándar óptimo de solución que implica superar el conflicto dentro de un tiempo prudencial.

Dada esa atingencia, nos queda un llamado a los estamentos de dirección del país para verificar una pronta solución por estas coyunturas complejas, y más aún, a proyectar en el tiempo un diálogo alturado, necesario y sostenido, para que este tipo de situaciones impliquen soluciones en la mesa de diálogo, siempre en forma previa a la adopción de mecanismos de fuerza.

Finalmente, una política de comunicación siempre construye bases materiales y reduce la posibilidad de conflictos en las instituciones, mas ello necesita de muestras palpables de propósito para la búsqueda de soluciones. Esa es nuestra invocación en este año que termina.

Hasta la próxima edición

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 35 consignamos los siguientes artículos:

 

Jueces constitucionales

Edwin Figueroa Gutarra

 

Ponderación y sentido común jurídico

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

Abogarán mejor ( Narrativismo y litigación)

José Calvo González (España)

 

Desregulación para la regulación – la necesidad de construir el Derecho Laboral en el siglo XXI

Thereza Christina Nahas (Brasil)

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1d07d4004fa42875b991fb41148c483f/IPSO+JURE+35+noviembre+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d07d4004fa42875b991fb41148c483f

 

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En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 36, febrero 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 15 de febrero de 2017.

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Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

 

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Revista virtual IPSO JURE No. 34. Edición Día del Juez. Agosto 2016

26 septiembre, 2016

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

IPSO JURE llega a su edición 34 en una fecha conmemorativa muy especial y ésta es el Día del Juez, fecha de homenaje a aquellos profesionales del Derecho que optaron por una tarea de sacrificio, compleja y muchas veces hasta de escenarios de incomprensión.

Decimos sacrificio pues ciertos ámbitos de la vida privada del juez se convierten en públicos. Ya no hay un solo tamiz de su condición de persona natural sino debe aceptar el ámbito de escrutinio de la sociedad civil en conjunto sobre sus tareas profesionales, su desenvolvimiento incluso ético y su ejercicio de correlación con la propia comunidad.

Existe también sacrificio porque el juez es un ciudadano de a pie, como todos nosotros, pero igualmente recae sobre sus hombros una grave responsabilidad pública, en tanto le corresponde impartir justicia en condiciones no siempre de las más óptimas. Pensemos en las lejanías territoriales, en los lugares de muy difícil acceso, en circunscripciones recónditas de nuestro país. Si no existe un juez profesional para asumir competencia sobre las controversias con raigambre jurídica, pues allí tenemos a otro ciudadano- el juez de paz- quien sin ser necesariamente profesional en el Derecho- pues no es seleccionado y nombrado sino elegido- debe resolver conflictos jurídicos según su leal saber y entender.  Se suma entonces a esa responsabilidad de discernir el derecho aplicable al caso en concreto, las dificultades propias para un ejercicio adecuado de las responsabilidades profesionales que le impone la Nación.

La tarea del juez es compleja porque debemos apreciar que argumentar es un ejercicio siempre difícil de realizar. Las partes sostienen diversas posiciones guiadas por las premisas de valoración, elección y decisión, como plantea Guastini. En las partes tiene lugar ese apasionamiento propio de quien defiende con vigor, convicción y fuerza una causa. En el juez, debe haber una labor cognitivo- racional pues debe aquietar las aguas movidas del proceso y ponerse a escrutar sobre a quién le corresponde el derecho, quién acredita las pruebas que conciernen a su posición y por tanto, debe construir un tejido argumentativo que le confiera posición de reconocimiento legal y constitucional, a quien en justicia tiene el derecho.

Sin embargo, es complejo este proceder pues las partes involucradas en el conflicto han de cuestionar, unas veces con la fuerza de la razón y el derecho, y otras no, la posición que el juez asuma, sea ella cual fuere. Entonces el juzgador ha de preguntarse: ¿Acaso me pude equivocar? ¿Prosperará esta impugnación en la instancia superior? A este respecto, el juez debe asumir una conducta de ajenidad al proceso. La controversia le corresponde solo hasta el momento en que expide su decisión. Lo que suceda después ya es un ejercicio de las partes involucradas en la discusión. En idea extensiva, el juez se limitará a ejecutar su decisión si ésta es confirmada. Y si no lo fuera, igualmente hay un rol de ajenidad pues cuanto suceda en el proceso vincula solo a las partes y es el juez un actor racional que debe sujetarse al proceso mismo, evitando cualquier tipo de relación con las partes.

Y hay un ámbito de incomprensión, por último, pues la tarea del juez puede ser motivo de rechazo por parte de la sociedad. Habrá sentencias que en definitiva no han de ser cómodas para algunos sectores de la sociedad, así como habrá decisiones que podrán agudizar ciertos niveles de contradicción en la comunidad misma. Y no obstante ello, el ejercicio de corrección de esas decisiones, debe corresponder al ámbito de la opción del recurso mismo, es decir, que vía recurso se disponga la modificación de una decisión que no es pertinente, y no a través de la presión mediática misma.

El juez goza de autonomía e independencia en sus decisiones, y puede equivocarse aunque ello no debe ocurrir. Y a pesar de ello, es propio que las decisiones sean modificadas en el decurso propia de la discusión judicial misma. No sucede con los jueces que sean aquellos seres inertes e inanimados que solo pronuncian las palabras de la ley, en mención clásica a la que se refería Montesquieu en El Espíritu de las Leyes de 1748. Por el contrario, los jueces construyen sus decisiones con esfuerzo, preparación y versación, en pos de definir una controversia de la mejor forma posible y dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Es entonces un ejercicio de correspondencia material que tenga lugar una modificación de la decisión del juez a través de los canales pertinentes que representan los ejercicios de impugnación de una decisión. Y esto es lo adecuado pues de lo contrario, la sociedad incurre en juicios paralelos y el inocente ya es culpable y sujeto a vindicta pública antes de una decisión judicial.

Es por tosas estas razones que en este 04 de agosto es equilibrado, prudente y razonable volver a recordar esa delicada tarea del juez en el Perú y en todos los lugares del mundo. Con juicio de certeza histórica nos decía Sócrates que cuatro características le corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

Al juez le corresponde escuchar siempre con cortesía pues ésta es una máxima imperativa en toda comunicación; al mismo tiempo, le corresponde al juez responder sabiamente, en tanto su formación técnica y humana le confiere facultades para poder decidir dentro de la ley y los principios constitucionales. Pondera prudentemente el juez pues el equilibrio es una regla de oro en todo debate jurídico. Finalmente, decide imparcialmente por cuanto juzga a las partes en cuanto tales, sin otra consigna que aplicar el derecho como corresponde.

Hasta la próxima edición

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 34 consignamos los siguientes artículos:

 

Tema: El CNM y los retos que plantea la selección y nombramiento de jueces

Entrevista al Dr. Guido Águila Grados, Presidente del Consejo nacional de la Magistratura CNM

 

Discurso del Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque pronunciado por el Día del Juez: 04 de agosto del año 2016.

Juan Zamora Pedemonte

 

Discurso de Orden con motivo del 96° Aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Pablo Díaz Piscoya

 

La exigencia de “especial trascendencia constitucional” en el ordenamiento constitucional peruano. Indeterminación y reconstrucción del precedente vinculante 0987-2014-PA/TC

Edwin Figueroa Gutarra

 

Qué significa motivar

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

¿Qué es ponderar? Sobre implicaciones y riesgos de la ponderación.

Juan Antonio García Amado (España)

 

¿Conviene el antiprocesalismo en el siglo XXI?

Helver Bonilla García (Colombia)

 

El entorno del juez. Elementos para una reflexión

Marina Gascón Abellán (España)

 

Derechos sociales y libre comercio. OIT versus OMC

Thereza Christina Nahas (Brasil)

 

El control de convencionalidad y sus problemas

Domingo García Belaunde

 

Las comisiones investigadoras y las diferencias entre las sentencias Tineo Cabrera y Toledo

César Landa Arroyo

 

Las resoluciones inimpugnables en el Código Procesal Civil y el derecho al recurso como garantía de la doble instancia

Omar Sumaria Benavente

 

¿Cuál es el trabajo del juez?

Adrián Simons Pino

 

La culpabilidad en materia penal. Sus modalidades

Pedro Napoleón Lara Benavides

 

De las relaciones complejas entre la ley penal y los derechos fundamentales: a propósito de la ley de flagrancia

Victoria León Villa

 

La violencia familiar a la luz de las 100 reglas de Brasilia, a propósito de la Ley N° 30364

Carla Yolanda Paredes Ciccia

 

Alcances sobre la ejecución de actas de conciliación realizadas por ante la justicia de paz

Juan Herrera Sánchez

 

¿Qué tan eficiente y eficaz ha resultado la aplicación del proceso inmediato en el Perú? Situación de los Juzgados Penales en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Milagros Jannet Begazo Norabuena

 

El elemento típico del perjuicio en el delito de colusión ilegal

Liliana Delgado Martínez

 

Jueces peruanos competentes para asumir jurisdicción y competencia a nivel mundial sin exhorto

Ramon Bayardo Mujica Zevallos

 

Principio o Sistema: Brevísimo estudio del Mérito en el Servicio Civil Peruano

  1. Luis Bravo Montalvo Luz Celeste del C. Sánchez Bravo

 

Los supuestos de falsa motivación de las resoluciones

Luis Manuel Liza Castillo

 

El precedente vinculante en el ordenamiento jurídico peruano

Ana Elisabet Segura Muñoz

 

A propósito de los nueve años del caso “Metro”: un análisis del consumidor razonable y el principio de veracidad en la publicidad comercial

Luis Tezén de la Cruz

 

La supervisión por condiciones de seguridad de Criticidad Alta en Grifos y EE.SS.: un análisis del nuevo modelo creado por OSINERGMIN

Aldo Ortiz Torres

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e997c2004e4010ed93a0fb661656052a/IPSO+JURE+34+EDICION+DIA+DEL+JUEZ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e997c2004e4010ed93a0fb661656052a 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 35, noviembre 2016, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 15 de octubre de 2016.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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Revista virtual IPSO JURE No. 33. Edición aniversario de Corte. Mayo 2016

7 junio, 2016

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebra el 23 de mayo de 2016 su XCVI aniversario y la revista IPSO JURE, órgano académico de esta Corte,  se suma a tan importante data, que a su vez pone de relieve la cercanía de nuestra institución al siglo de existencia desde su levantamiento de columnas en el año 1920.

Estos casi 100 años nos llevan pues a esa otra reflexión de suyo también importante y es preguntarnos en qué consiste el servicio de justicia. Se suele asociar esta idea a la administración de justicia, mas es nuestra modesta posición que ese término se ha visto superado por la noción filosófica de impartición de justicia, en tanto ésta conlleva un significado mucho más profundo que la simple idea de administrar justicia.

En cierto modo los jueces administramos justicia, es decir, dirigimos un Despacho, conducimos un grupo de personas, en rigor auxiliares, y en adición a ello, aplicamos la ley resolviendo una controversia de relevancia jurídica. Y sin embargo, ésa solo es una expresión de la compleja problemática de la justicia a cargo de los jueces, pues en esencia, y más allá de la noción formal de administración, el juez es depositario material de la confianza ciudadana, a través de los mecanismos de selección y nombramiento respectivos, para precisamente se convierte en la persona que ha de resolver un conflicto o colisión de derechos.

Su posición es ciertamente expectante pues las partes se ven precisadas a aceptar su competencia e intervención. Existe un forma de imposición por parte del Estado, en la medida que el ciudadano se ve sujeto a la aceptación de determinadas reglas de participación de jueces que impone el ordenamiento jurídico, pero por encima de esta salvedad, lo que existe es una intervención mucho más profunda del servicio de justicia, la misma que nos permitimos denominar impartición, dentro de esa noción cuasi filosófica de Ulpiano, quien desde el siglo II enunciaba que justicia era la continua y perpetua voluntad dar a cada quien lo que le corresponde.

Y por cierto aseveramos que la trascendencia de la noción de impartición es mucho mayor en relación a la simple decisión, pues a través de un complejo proceso argumentativo, el juez adopta una decisión que siguiendo de alguna manera las reglas aproximadas  de Reichenbach, hace que el juez se convierta en un jugador racional que hace una apuesta conociendo bien las leyes de la probabilidad, esto es, no se trata de un simple juego pero tiene similitud con esta atingencia, pues finalmente resulta común que haya un parte ganadora y una parte que pierde.

Además, el juez conoce las leyes de la probabilidad pues no adopta una posición decisionista sino que conoce la ley, el Derecho así como la Constitución, y encuentra una posición racional y razonable respecto de los derechos en pugna. Finalmente, su decisión goza de coercitividad en tanto las partes se ven impelidas a aceptar el fallo, salvo los mecanismos formales de impugnación, lo cual en última instancia, impone también la decisión de otro juez revisor.

Señalado lo anterior,  precisamente ese grupo de jueces, reunidos en una colectividad jurídica y con competencia territorial, forman una Corte de Justicia, la cual parte de una premisa de territorialidad para dirimir las controversias con relevancia jurídica. En el caso de Lambayeque, el departamento está integrado por las provincias de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, y en adición a ello, Jaén, Cutervo y San Ignacio. A su vez, la justicia que imparte se circunscribe a casi 1 millón 500,000 habitantes, lo que es una población considerable y nos convierte en la cuarta Corte de Justicia a nivel nacional, detrás solo de Lima, Arequipa y La Libertad. Y sin embargo, Lambayeque ha tenido picos de producción jurisdiccional considerable que en determinados años, ha logrado se escale posiciones en esta determinación de la importancia de Cortes a nivel nacional.

Celebramos entonces estos 96 años de existencia imbuidos de un espíritu de servicio que nos hace mirar a los jueces hacia una política de respuesta oportuna, eficiente y adecuada del servicio de impartición de justicia. Miles de casos esperan solución en el país y creemos que existe un muy importante número de jueces honrados, laboriosos y estudiosos, prestos a solucionar las controversias.

Brindamos pues por ese 96 aniversario.

Hasta la próxima edición.

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 33 consignamos los siguientes artículos:

 

Industrias extractivas y derechos humanos: proteger, respetar y remediar en condiciones de equilibrio

Edwin Figueroa Gutarra

 

Ética para fiscales

Manuel Atienza Rodríguez

 

Note sulle funzioni della motivazione

Michele Taruffo

 

Los efectos nocivos del Decreto Legislativo 1194 en el sistema judicial peruano

Deysy Elizabeth Vásquez Rojas

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/888756804cf45ad0a895b84797055225/IPSO+JURE+33.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=888756804cf45ad0a895b84797055225

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 34, edición Día del Juez, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 30 de junio de 2016.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

 

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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Revista virtual IPSO JURE No. 32. Edición febrero 2016

4 abril, 2016

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

IPSO JURE lanza su primera edición de este año 2016, un período que ciertamente no solo ha de ser de cambios relevantes en nuestro país dada la proximidad de los comicios generales para elección de Presidente de la República y Congresistas, sino porque en cuanto al Poder Judicial, igualmente se genera la expectativa de un mandato presidencial y congresal que asuma, analice y ponga de relieve las vicisitudes que vive el corpus iuris, cuyo complejo deber de impartir justicia hace de la labor del juez una tarea ciertamente de alcances mayores.

El Perú se caracteriza por una geografía agreste en donde el mejor acceso de comunicaciones se produce en la zona Costa, junto al mar. Aquí es más llevadera la interconexión de Distritos Judiciales. Sin embargo, la zona Sierra, a regular altitud por los Andes, y la Selva, cuyos accesos son normalmente difíciles- algunas veces se necesita la vía pluvial para notificar- comprueban enormes dificultades para una impartición de justicia célere o que a su turno, se cumplan las expectativas ciudadanas dentro de plazos razonables asignados para las controversias judiciales.

No debemos olvidar aquí, incluso, que aspectos iusfundamentales como la observancia escrupulosa del debido proceso, exigen el cumplimiento de distintas formalidades y en especial, de las garantías que rodean el desarrollo de las causas judiciales. Se consolida así una teoría de las cargas legítimas, cuya expresión más tangible es el respeto, observancia y acatamiento necesarios de los principios que rodean los derechos humanos, reconocidos incluso en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto, con efectos vinculantes. Ello, en buena cuenta, lo que hace es traducir el respeto de una serie de exigencias que el propio sistema supra nacional de derechos humanos impone, y respecto de las cuales los jueces deben ser celosos guardianes.

En consecuencia, no solo existe una geografía compleja en nuestro país, sino que todo el sistema de impartición de justicia en el país, debe guardar observancia de los estándares de un debido proceso, el cual precisamente hace más complejas las controversias judiciales y genera que, en aras del respeto de los derechos humanos, muchas veces tengamos que resolver fuera de los plazos estrictamente fijados por nuestras normas procesales adjetivas.

El argumento que antecede tampoco debe constituir una justificación respecto de la mora en los procesos judiciales. Por el contrario, nos compete a los jueces ser iingeniosos en el manejo de los procesos a cargo nuestro, y optimizar que los derechos sustantivos primen sobre las reglas formales. Y nos compete también hacer saber a los lawmakers, o responsables en la formulación de leyes, cuáles son los mecanismos que procesalmente puedan manejar mejor una impartición de justicia más célere, pronta y satisfactoria.

A modo de ejemplo, tendríamos una regla del doble conforme, en el sentido de que si un proceso en el Poder Judicial concluye con sentencia estimatoria en segunda instancia, pues dicho proceso ya no debe ser conocido por la Corte Suprema. Ello ya sucede en los procesos constitucionales en Perú, en los cuales una sentencia estimatoria de segundo grado, impide que un caso suba al Tribunal Constitucional, salvo las excepciones habidas de lavado de activos, narcotráfico y terrorismo.

El respeto por el principio de pluralidad de instancias se materializaría en el hecho de que el caso ya fue conocido por un juez de primer grado. El tema aquí es: si dos instancias ya conocieron el caso, pues se cumple materialmente el principio de pluralidad de instancias y ya no es exigible que el caso suba a la Corte Suprema, en caso de que haya sentencia estimatoria de segundo grado.

Advirtamos que con esta propuesta se produciría una importante descongestión de casos a nivel de la Corte Suprema, pues ésta cuenta actualmente con siete Salas en total, de las cuales solo tres son Permanentes, es decir, hay cuatro Salas Transitorias.

Por tanto, está en nuestras manos impulsar medidas de este tipo que incluso legitimen la labor judicial. De seguro nuestra propuesta se puede perfeccionar, pero en esencia, nuestra condición de poder contramayoritario, según cánones de la teoría política, nos impone formular propuestas que contribuyan a la impartición de justicia a que todos aspiramos.

Que sea un buen 2016 para todos Ustedes.

Hasta la próxima edición.

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 32 consignamos los siguientes artículos:

 

Líneas jurisprudenciales en materia de plazo razonable

Edwin Figueroa Gutarra

 

Metamorfosis de un precedente discutible: La sentencia interlocutoria denegatoria

Domingo García Belaunde

 

Algunos debates sobre la legitimidad de los órganos de justicia constitucional en América Latina

Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia)

 

Jurisdicción y el papel del juez en el paradigma del Estado democrático de derecho

Antônio Gomes de Vasconcelos (Brasil)

 

Derecho social y Mercosur

Thereza Christina Nahas (Brasil)

 

Algunas notas sobre la interpretación constitucional y la mutación constitucional

Martin Tonino Cruzado Portal

 

La relación entre la Constitución y el Nuevo Código Procesal Penal

Milagros Jannet Begazo Norabuena

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dec2fa804c35e097aabeef9e31dff33e/IPSO+JURE+32.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dec2fa804c35e097aabeef9e31dff33e 

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En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 33, edición aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 25 de abril de 2016.

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Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

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Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI