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Prólogo “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”. Guido Aguila Grados. EGACAL. 2014.

16 abril, 2017

Estimados amigos:

Revisando algunos de nuestros archivos, verificamos un singular prólogo del libro “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”, del profesor Guido Aguila Grados, Editorial San Marcos y EGACAL, Lima, 2014, una de cuyas varias ediciones nos correspondió prologar en el año 2014 por deferencia del propio autor.

Dado que el mensaje del libro es siempre de actualidad, nos permitimos adjuntar nuestras líneas de presentación de dicho trabajo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

“La Constitucionalización del Derecho en el Perú” 

El desarrollo de obras críticas, analíticas y conceptuosas de la realidad del ordenamiento constitucional, demanda una especial sensibilidad para proyectarse a esa especie de sentimiento constitucional de la cual alguna vez nos hablaba Lucas Verdú. Y reafirmamos esa noción de vinculación sensible pues se hace necesario desarrollar una especial lectura entre líneas de los aportes materiales que se generan día a día desde la lectura de nuestra Constitución, de su conjunto de disposiciones y normas, enunciados lingüísticos y sentidos interpretativos, así como de la frondosa jurisprudencia que desarrolla la magistratura constitucional, para encontrar los mensajes de relevancia que la realidad constitucional trasunta en nuestro diario devenir.  

Guido Águila Grados, joven y brillante profesor de Derecho Constitucional de las generaciones más recientes, me concede el alto y quizá inmerecido honor de desarrollar la presentación de su libro “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”. Luego de leerlo, me queda la muy grata satisfacción de encontrar un estudio muy bien encaminado a propósito de los temas en común que implican la vigencia activa del constitucionalismo de portada que empuja incesante este siglo XXI y de los conceptos materiales que integran esta nueva forma de vivir el Derecho de nuestros días.

Muchas de las reflexiones contenidas en el libro que comentamos, orientan su posición a la defensa del arraigo del protagonismo de nuestra Constitución hoy en día, superando el vestigio kelseniano de la existencia de una Carta Fundamental como norma estática en la cúspide del ordenamiento jurídico. Destaca el carácter que Águila Grados marca, a lo largo de todo el libro y en oposición al esquema del maestro de Austria, de la vinculatoriedad de la Norma de Normas, y de la transformación que sus contenidos hoy implican. Ese protagonismo no es gratuito. Tiene lugar después de haber vencido el constitucionalismo de hoy, si es pertinente la expresión, los rezagos de un positivismo jurídico que se mantuvo como lema del razonamiento jurídico por largo tiempo desde sus esbozos en el siglo XVIII, su afianzamiento histórico en el siglo XIX y su reconocimiento como pauta de procedimiento en la primera mitad y un poco más del siglo XX, cambiando entonces, por esta irrupción de la Constitución, nuestro bagaje de discernimiento en temas de derechos fundamentales.

Una Constitución, como refiere Águila Grados, es un documento ligado a la distribución del poder, y como tal se le tiene asignada una tarea prioritaria: eliminar el exceso de poder, distribuir proporcionalmente, en una idea de pesos y contrapesos, ese extraordinario poder de modo equilibrado, como lo defiende Manuel Aragón en diversos estudios. Y he ahí el reto para las sociedades modernas pues no basta una estricta separación de poderes, sino es necesario, indispensable y de suyo impostergable, que entre esos poderes exista un adecuado equilibrio que constituya el punctum dolens del constitucionalismo moderno hoy, equilibrando las relaciones de poder y por tanto, eliminando esas abruptas manifestaciones de desnivel en el devenir de los derechos protegidos por la Constitución.   

Comenta Águila Grados diversas reflexiones del maestro italiano Guastini para referirse en clave negativa, a una “Constitución invasiva, entrometida”. Sin duda éste es un aporte valioso de la obra pues erigimos la Constitución como un mecanismo de equilibrio entre  las relaciones de poder. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando ese poder resulta desbocado y se extralimita, a manera de un Ulises desatado, como sugiere Elster? Pues precisamente se produce el descontrol de la Constitución y por lo tanto, se rompe el equilibrio de poderes al tiempo que tiene lugar una exigencia de racionalizar ese poder “desbocado” que represente, por ejemplo, un desbocado hiperactivismo judicial.

Reviste importancia, igualmente y en el esquema de la obra, lo que Águila Grados denomina el “destronamiento del principio de legalidad por el de constitucionalidad”, expresión de suyo valiosa que traduce, con creces, la corriente que hoy pone a los principios, valores y directrices que emanan de la Constitución, como el ángulo de referencia para la dilucidación de aquellos problemas que hoy atañen a los derechos tutelados por la Constitución.

Sin embargo, en ese margen de reflexión, equilibrio y prudencia necesarios, convengamos en que si bien ha sido destronado el principio de legalidad, es necesario respetar sus bases de legitimación. El principio de legalidad seguirá existiendo en cuanto representa el primer ángulo de los problemas que requieren interpretación desde la Constitución.

En efecto, bajo la idea de una justicia excepcional, los principios que hoy informan el ordenamiento jurídico, de algún modo han de ser respetuosos, prima facie, por preferir la aplicación del principio de legalidad en aquellas controversias que no denoten sino un rango de menor complejidad. ¿Y ello por qué? Por cuanto ésa es, a grandes rasgos, la nota de equilibrio que debe demarcar un ordenamiento jurídico prudente: respetar los alcances del principio de legalidad y solo si éste, más que por insuficiencia antes que por deficiencia, no responde a las necesarias respuestas que exige la Constitución, entonces sí tiene lugar la plena aplicación del principio de constitucionalidad, entendido como el concepto ethos y pathos de la justicia constitucional. 

De esa forma, respetamos los espacios del legislador y la presunción, cuando menos inicial, de conformidad con la Constitución que involucra la aplicación del principio de legalidad.

La obra desarrolla con acierto, también, la tesis de que derechos sin garantías, son afirmaciones programáticas desprovistas de valor normativo. La noción que referimos parte de la propuesta de que una Constitución adopta tres tipos de normas: principios, derechos y garantías, mixtura que representa una conjunción de relevancia pues no es posible ejercer la defensa de un derecho fundamental sin que exista una textura material del mismo como principio, recordando a este efecto la marcada tesis de Dworkin respecto a que los derechos fundamentales son el mejor ejemplo de principios. A su vez, tales derechos no pueden ser ejercidos sin que exista un rango mínimo de garantías necesarias para el ejercicio de dichos derechos.     

Y sobre estas mismas ideas, de producirse lo que el autor llama “infidelidad constitucional”, asumida como la situación que acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de una norma o acto manifiestamente contrarios a la Carta Fundamental, pues se generan los espacios necesarios para que prevalezca el principio de constitucionalidad en forma plena, así como tiene lugar, igualmente, esa mixtura de principios, derechos y garantías para una vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como para la observancia de la cláusula de supremacía constitucional que desde el histórico fallo del Juez Marshall en 1803, en el leading case Marbury vs Madison, acota que los gobiernos no  están formados por ángeles y de ahí la necesidad de una teoría afianzada de control constitucional. 

Un primer segmento de la obra en comento aborda las aristas propias del tránsito del Estado legal de Derecho al Estado constitucional de Derecho, sugiriendo la idea de un nuevo escenario en el ordenamiento constitucional.

Un segundo segmento de la obra examina la constitucionalización del Derecho y examina los conceptos de Constitución rígida, proyecta el concepto de garantía jurisdiccional de la Constitución, analiza la premisa de fuerza vinculante de la Constitución, pone líneas de énfasis en relación a la denominada “sobreinterpretación” de la Constitución así como orienta criterios sobre la apreciación directa de las normas constitucionales. Aporta, igualmente, alcances adicionales sobre la interpretación conforme a las leyes y discierne sobre la influencia de la Constitución respecto de las relaciones políticas.

Estos temas de la segunda sección constituyen el análisis crucial de la obra de Águila Grados pues es allí donde reside la fuerza argumentativa del libro que aporta a la academia. Con singularidad discierne estos conceptos desde una vertiente fuerte: la importancia del concepto de constitucionalización del Derecho y al modo de la proclama de Gustavo Zagrebelsky respecto al “Derecho dúctil”, reexamina qué ha sido el Derecho desde una vertiente positivista y fundamentalmente, qué es hoy desde la visión de un derecho constitucionalizado que ha cambiado la perspectiva del Derecho de nuestros días.

La tercera parte de la obra dirige sus objetivos a un tema vital en el panorama constitucional y es el referido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como principal fuente del Derecho Constitucional peruano. Examina conceptos relevantes propios derivados de la jurisprudencia constitucional, entre sentencias interpretativas, normativas o manipulativas, la doctrina constitucional y el precedente constitucional. Consigna, de modo descriptivo y útil, una referencia a materias temáticas respecto a fallos relevantes del Tribunal Constitucional.

En suma, nos encontramos frente a una obra puntillosamente trabajada y que a su vez constituye un importante aporte a la doctrina nacional, tan necesaria ahora que las relaciones de poder se vuelven complejas por el fenómeno de irradiación e impregnación de los derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos, y más aún, cuando la oposición de facultades en los Poderes reconocidos, sufre una importante transformación a partir de la recategorización de la fisonomía de los Poderes propiamente dichos en sus ámbitos funcionales.

En perspectiva, las premisas principales de Águila Grados respecto al fenómeno de la constitucionalización del Derecho, constituyen una importante descripción de en cuál escenario nos encontramos. Y sin embargo, quedan aún muchos temas en el tintero. Queda aún por definir en cuánto más debe cambiar ese escenario para importar una verdadera situación de equilibrio de poderes y en qué medida ese escenario de constitucionalización del Derecho represente una verdadera reafirmación de las relaciones de poder. Y en ese contexto, que no sea una constitucionalización que simplemente termine por convertirse en el positivismo jurídico de nuestros días, o bien, una simple y mecánica tendencia a constitucionalizar el Derecho. Creemos que esos objetivos constituyen un anhelo a materializar para un siguiente trabajo del autor. 

Edwin Figueroa Gutarra    

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Libro “La prueba en el proceso según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Gaceta Jurídica, Lima 2016, 224 páginas

29 noviembre, 2016

Estimados amigos:

Nos es grato anunciar con singular beneplácito la publicación de nuestro último libro “La prueba en el proceso según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” (Gaceta Jurídica, Lima 2016, 224 páginas), estudio que aborda la importancia de la prueba en los procesos constitucionales.

Si bien en estricto no existe etapa probatoria en el proceso constitucional, no podemos dejar de aludir a la relevancia de la valoración probatoria por parte del juez constitucional, quien guiado por la tesis de la teoría del acto reclamado, se circunscribe a determinar si existe una omisión o comisión de agravio a derechos fundamentales y, principalmente, si tal figura es legítima o ilegítima, con lo cual, si ocurre el segundo supuesto, recién se determina la estimación de una demanda por manifiesta vulneración a derechos fundamentales.

Transcribimos la parte introductoria de nuestro trabajo.

 

 

Introducción 

Dentro de la idea de abordar el examen integral de diversos derechos fundamentales, GACETA JURIDICA nos encomienda una nueva responsabilidad y ésta se refiere al tratamiento constitucional del derecho a la prueba, sus alcances, su tratamiento jurisprudencial y las previsiones de evolución de dicho prevalente en nuestro ordenamiento. Nuestro enfoque habrá de desarrollarse principalmente desde la evolución de la doctrina constitucional y desde la previsión de cuál ha sido la posición jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional así como de otros órganos jurisdiccionales en relación a la prueba. 

El derecho a probar se inserta como componente del derecho al debido proceso, un derecho de envergadura mayor y naturaleza macro que a su vez comprende diversos derechos integrantes y cuyo punto de partida, en el ámbito normativo, se ve enunciado a partir del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referido a garantías judiciales,  en cuanto toda persona efectivamente tiene derecho a determinados elementos formativos del debido proceso. 

Bajo esta pauta, derechos de base inicial como el derecho a la defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a ser oído, entre otros, constituyen una faceta que organiza, cimenta y otorga contenido material a este derecho continente denominado debido proceso. Y ciertamente, el derecho a la prueba fluye en forma material del derecho al debido proceso, pues sin prueba no es posible la realización de aquel derecho. 

Cabe como anotación al margen que el artículo 8 de la Convención Americana fundamentalmente enfoca su sentido hacia los procesos penales, en tanto el procesado o imputado, goza de un conjunto de garantías mínimas; y sin embargo, el desarrollo jurisprudencial de los países conformantes del sistema interamericano de derechos humanos, ha determinado como consecuencia, asumir el efecto de irradiación de estas garantías mínimas, como aspectos vinculados al debido proceso respecto a todo tipo de procesos, entre ellos constitucionales, civiles, laborales, etc. 

En consecuencia, el debido proceso y su componente el derecho a probar, asumen una naturaleza transversal, es decir, de efectos de irradiación en todo el Derecho, en tanto la prueba constituye efectivamente el ángulo material de relevancia preferente en toda controversia con trascendencia jurídica. 

Delimitamos un primer ámbito de nuestro trabajo al referirnos a los estándares del derecho probatorio y enseguida, abordamos una definición del derecho a la prueba, su evolución, sus categorías procesales así como los principios vinculados a la misma, entre otros temas. 

Una segunda faceta que hemos de trabajar relaciona el derecho a la prueba con los derechos fundamentales, en tanto aquí ocurren diversas figuras que es importante poner de relieve. El derecho a probar desde el Derecho Procesal como disciplina autónoma, ha logrado una importante consolidación respecto a los medios de prueba, las fuentes de prueba, el objeto y los modelos de prueba, así como su función. En este trabajo queremos asumir, partiendo de esas mismas ideas, cuál ha sido el avance desde el punto de vista constitucional.  

En un tercer ámbito, trabajamos la delimitación entre prueba y argumentación, en la medida que un buen argumento precisamente pone de relieve cuál ha sido el contexto de prueba que ha trabajado. Y al respecto, hemos de enfatizar algunas nociones que la doctrina considera necesario remarcar sobre la valoración integral de la prueba, cuáles son sus alcances y cómo ello constituye una exigencia también para el juzgador, habida cuenta que no es un buen argumento una valoración aislada de la prueba.  

En un cuarto orden de temas preferentes, ponemos énfasis en el desarrollo constitucional de este derecho a nivel de nuestro Tribunal Constitucional, principalmente, siendo necesario remarcar aquí algunas sentencias relevantes que a juicio nuestro, marcan una evolución de la delimitación del derecho a la prueba.   

Entre otros fallos, la STC 06712-2005-HC/TC, caso Magaly Medina, delimita el sentido constitucional del derecho a la prueba, fijando las exigencias con que deben contar los medios probatorios. 

De otro lado, la STC 0655-2010-PHC/TC, caso Quimper Herrera, establece los caracteres de la prueba prohibida, fija su naturaleza jurídica y precisa sus efectos.  

Luego de este análisis, tiene lugar el análisis de otros fallos en esta misma perspectiva: el tratamiento constitucional del derecho a la prueba desde diversas interpretaciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. 

Queremos consignar aquí igualmente, dada su importancia, qué ha fijado el Poder Judicial respecto al derecho a probar, más aún si es este Poder del Estado quien asume una labor filtro de las controversias iusfundamentales, en la medida que solo las sentencias denegatorias en los procesos constitucionales llegan al Tribunal Constitucional. Por tanto, hay una tarea marcadamente residual de análisis de posiciones denegatorias de los jueces constitucionales del Poder Judicial, elemento de valoración que se traduce en que el Tribunal Constitucional fundamentalmente conoce decisiones judiciales que desestiman pretensiones constitucionales. Pues bien, en esa labor de filtro los jueces del Poder Judicial han ido fijando criterios sobre prueba que es importante reseñar. 

En un quinto orden de ideas, analizamos el contexto de ubicación sistemática del derecho a la prueba en el ámbito interamericano de derechos humanos, pues se trata de un escenario trascendente. Agotada la vía interna, de ser el caso, la controversia se traslada a un escenario supranacional que ostenta diversas características peculiares. 

Finalmente y en la idea de puntualizar, nos parece pertinente reseñar, en un sexto segmento de trabajo, cuán importante ha sido en el Derecho Comparado la delimitación del derecho a la prueba y al respecto, ponemos como tema de debate la importancia del certiorari en el modelo anglosajón y cuál sería su influencia respecto a la prueba en el Derecho nacional.  

En suma, planteamos un ambicioso bosque de conceptos que a su vez pretende perfilar una noción en clave pragmática del derecho a probar, noción que en el transcurso de los últimos años se ha ido fortaleciendo en la jurisprudencia constitucional y cuyos esbozos necesitan ser conocidos por los intérpretes del derecho, en esencia todos quienes nos vemos vinculados a esa necesidad de homogenizar criterios de lectura de los derechos fundamentales. 

Es así cierta esa premisa haberleana de que formamos los seres humanos una fraternidad de intérpretes pues la naturaleza omnicomprensiva de los derechos humanos, entre ellos el derecho a probar, denota un esfuerzo conciliador de criterios. Este estudio se suma a ese propósito en la idea de recoger nociones clave de la interpretación sobre el derecho a la prueba. 

 

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Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Archivos Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Allan Brewer Carías

28 diciembre, 2015

Estimados amigos:

La Asociación Peruana de Derecho Constitucional, entidad de la que formamos parte, nos hace llegar un interesante estudio del Dr. Allan Brewer Carías sobre la situación en Venezuela, información que creemos importante compartir con Uds. a partir de la idea de un estudio crítico sobre los problemas de la democracia en dicho país.

Creemos que es importante realizar una lectura crítica de dicho material.

Allan Brewer Carìas (LA RUINA DE LA DEMOCRACIA, 2015) (1)

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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LO QUE HACEN LOS MEJORES PROFESORES DE DERECHO. MICHAEL HUNTER

31 julio, 2015

Estimados amigos:

Ha llamado nuestra atención y nos parece de entrada un muy interesante libro la obra “What the best law teachers do” (Lo que hacen los mejores profesores de derecho), de Michael Hunter, cuya interesante reseña es sumillada por la revista “La Ley” en su edición de julio 2015. Adjuntamos la nota de página.

Nos parece importante destacar que el autor señale que estos profesores forjan la autoconfianza en sus alumnos y ello tiene lugar a través de un proceso de construcción de conocimiento que demanda muchas competencias.

Frente a esta perspectiva moderna, nos parece importante contrastar la mayéutica de Sócrates, pues igualmente es posible incidir en la forja de conocimiento a través de técnicas de motivación y autoprogreso, a partir de los criterios propios del profesor por que el alumno desarrolle por sí mismo la elaboración de ideas.

Recomendamos la lectura de este valioso material.

WHAT THE BEST LAW TEACHERS DO

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Obra colectiva “Causales de improcedencia de los procesos constitucionales”. Gaceta Jurídica. 2015.

21 julio, 2015

 

Estimados amigos:

Ha sido publicada una nueva obra colectiva nuestra denominada “Causales de improcedencia de los procesos constitucionales” (Gaceta Jurídica. Lima 2015. 239 pp), la misma que incluye un estudio nuestro “Contenido constitucionalmente protegido. Un esbozo de reglas par su determinación”.

El libro apunta desarrollar por qué no deben prosperar ciertos procesos constitucionales y en cuanto a nuestro aporte, abordamos la compleja esfera de señalar, a modo de propuesta, un conjunto de reglas para la determinación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, aspecto que ciertamente ofrece ribetes de dificultad desde las primeras ejecutorias del Tribunal Federal Constitucional alemán de 1951.

En ese entonces, se abordó la tesis de un contenido esencial, no esencial y adicional respecto de un derecho fundamental para hoy modernamente designarse una nueva pauta procedimental: “contenido constitucionalmente protegido”. En tal sentido, aquel ámbito de un derecho fundamental vinculado a este contenido, recibirá protección en la justicia constitucional, en tanto que aquello excluido de dicho contenido, por cierto implicará una decisión desestimatoria.

Adjuntamos la carátula y el índice de la obra.

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LIBRO Causales de improcedencia de los procesos constitucionales Indice

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

 

 

 

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Presentación del libro “150 controversias judiciales. Casos célebres” . Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Chiclayo, 19 de febrero de 2015

20 febrero, 2015

Estimados amigos:

El día de ayer tuvimos la grata oportunidad de cumplir el honroso encargo del amigo y  profesor Raúl Chanamé Orbe, ex Decano del Colegio de Abogados de Lima, de presentar su más reciente libro “150 controversias judiciales. Casos célebres”  (Grupo Editorial Lex & Iuris”. Lima, octubre 2014. 248 pp), actividad llevada a cabo en el Auditorio Principal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

La obra diseña un esbozo inicial de la importancia del razonamiento y la argumentación judicial para, a partir de dichas líneas matrices, enfocar la descripción y luego análisis de importantes casos de la historia judicial universal, entre ellas el juicio a Sócrates, los juicios de Nuremberg, el juicio a Jesucristo, el asesinato de Marat, hasta casos del ámbito interamericano e inclusive importantes controversias en sede nacional.

Cada caso descrito va acompañado de algunas preguntas motivadoras y dado el nivel de controversia de las cuestiones planteadas, surge naturalmente la condición, de muchos de ellos, de calificar como casos trágicos y hasta verdaderos dilemas morales, que a su vez generan posiciones encontradas.

Sin duda es un material valioso para nuestras clases de Argumentación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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“El derecho a la debida motivación”. Gaceta Jurídica, Lima 2015, 230pp.

3 febrero, 2015

Estimados amigos:

En lo que constituye una buena noticia para inicios de este año, anunciamos la publicación de nuestro último libro “El derecho a la debida motivación” (Gaceta Jurídica, Lima 2015, 230 pp.), el cual reseña tendencias actuales de la motivación como disciplina y resume un glosario de los pronunciamientos más importantes en esta materia en los últimos años, entre decisiones de la propia Sala Constitucional de Lambayeque, Perú, algunos aportes de otros Distritos Judiciales de nuestro país, el Tribunal Constitucional y decisiones vinculantes del Consejo Nacional de la Magistratura en la evaluación de la calidad de las decisiones judiciales.

Dado el contexto de lanzamiento de la obra,  incluimos la introducción de este estudio.

 

GACETA JURIDICA nos delega un honroso encargo para asumir un nuevo reto como lo es el estudio del derecho a la debida motivación y las implicancias jurisprudenciales del mismo, en especial en nuestro ordenamiento jurídico. 

Desde ya esta tarea resulta siempre sumamente ambiciosa pues el derecho a la debida motivación implica no solo una garantía sino, también, una exigencia constitucional respecto a la cual los jueces tienen un deber fundamental, al tiempo que se asume la motivación, igualmente, como una condición relevante en el ejercicio de impartición de justicia, lo cual se traduce en fallos de la justicia constitucional y ordinaria que, representativamente, van fijando estándares que debemos asumir como necesarios. 

¿Por qué enfocar, además, el derecho a la debida motivación en este estudio desde una perspectiva judicial? Porque es donde el ejercicio de motivación se expresa en su más amplia figura de posición final de la decisión jurídica, prevalente inclusive frente a las pretensiones de los abogados en todos sus estamentos de actuación, incluidas las actuaciones del Ministerio Público. En adición a ello, su faceta reviste no solo un derecho fundamental como tal, sino también un principio de la función jurisdiccional y ése es el contexto material más inmediato, esto es, definirlo como exigencia a los jueces en su tarea de impartir justicia. Por lo tanto, ocurre un fenómeno especial: no solo involucra la debida motivación un enunciado constitucional de garantía para la comunidad, sino se afianza la motivación en un conjunto de criterios jurisprudenciales que extienden el marco normativo del deber de motivar. Y son esos parámetros jurisprudenciales los que van definiendo un bosque de fundamentos cada vez más nítido, en tanto las exigencias de motivación no son solo un argumento lato sino cada vez más específico en cuanto a exigencias a los jueces: he ahí la ventaja comparativa de la predictibilidad al demandarse a los propios juzgadores respetar los estándares de motivación fijados por la justicia constitucional. 

Asumimos pues, una naturaleza dual respecto a este y tantos otros derechos fundamentales, pues la debida motivación implica un derecho fundamental a la vez que se posiciona como deber fundamental, en especial de los jueces, quienes en esa famosa alocución de Gascón Abellán sobre Reichenbach, tomada de la Filosofía de la Ciencia, representan jugadores que hacen una apuesta racional conociendo bien las leyes de la probabilidad. 

Nos inclinamos en este estudio por adoptar una visión del derecho a la debida motivación principalmente desde la Filosofía del Derecho, vinculando motivación con argumentación, expresiones cuyos matices diferenciales representan, el primer concepto, una exigencia constitucional, y el segundo, una tarea de base en cuanto se refiere a la construcción de argumentos. Ambas expresiones son de suyo interdependientes: no hay debida motivación sin adecuada argumentación, sin construcción de argumentos, así como no existe un planteamiento racional y razonable de argumentos, si los jueces no concluyen su decisión a través de una debida motivación. En ese mismo orden de ideas, recurrir a los conceptos base de la Filosofía del Derecho siempre nos reconduce a la esencia del pensamiento judicial al cumplir el deber de motivar. 

Y en ese camino, los conceptos de la justicia constitucional, en su calidad de elementos transversales en el Derecho, abarcan todas las áreas del razonamiento en sede judicial, representando un criterio ancla cuando nos referimos al derecho a la debida motivación, pues muchos de los estándares que consideramos necesario destacar, precisamente parten de decisiones del Tribunal Constitucional en la configuración de este deber –derecho fundamental.   

En relación a esos estándares jurisprudenciales, adicionalmente, existe un conjunto de decisiones que hemos considerado de cierta actualidad, entre fallos de la justicia constitucional, así como decisiones de la justicia ordinaria. Extendemos, en especial, este ámbito de cánones al glosario de facultades propias de la Administración como ente de fijación de criterios argumentativos de la justicia ordinaria. 

Nos referimos al Precedente Obligatorio emitido por el Consejo Nacional de la Magistratura de Perú respecto a la Calidad de las Decisiones en relación a jueces y fiscales, aplicable a los procesos de ratificación de jueces y fiscales cada 7 años, pues por primera vez queda regulado, desde el ámbito de potestades de la Administración propiamente dicha, cómo deben trabajar los magistrados los items de comprensión del problema jurídico y claridad de la exposición, coherencia lógica y solidez de la argumentación, congruencia procesal y adecuada fundamentación jurídica y jurisprudencial, entre otros ámbitos ahora sí especificados. 

Estas anotaciones no son en absoluto menores: la sociedad civil dispone de una garantía adicional en el ejercicio de exigencia de realización del deber de motivar respecto de los jueces, pues desde esta decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, estamos los ciudadanos, como destinatarios de las decisiones judiciales, en condición de exigirles a los jueces, y por extensión a los fiscales, que demuestren haber comprendido el problema jurídico sometido a su consideración, al tiempo que se demuestre existe claridad conceptual pues una decisión en exceso compleja afecta, como lo denomina la doctrina española, nuestro derecho a comprender.  

De la misma forma, esa exigencia se extiende a que la sustentación de argumentos del juez al motivar, goce de coherencia lógica y solidez en la argumentación, pues una decisión contradictoria rompe los principios de identidad, tercio excluido y razón suficiente del razonamiento jurídico. Seamos enfáticos en ese aspecto: no puede existir razonablemente una decisión judicial contradictoria. 

En esa misma ruta de ideas, deviene otra exigencia relevante que la decisión sea congruente. En el eventual caso de una desvinculación del tipo en materia penal, de una variación de la demanda civil antes de que ésta sea notificada, o de la reconversión de un proceso constitucional previa observancia de los estándares prefijados por el Tribunal Constitucional, o en otros casos excepcionales, la decisión podrá no constituir una consecuencia lógica de la pretensión mas los casos aludidos son puntualmente excepcionales. Y sin embargo, en los demás casos, hay necesidad de respetar el principio de congruencia procesal, tan caro en el debate procesal. 

Por último, llamamos decisión considerablemente buena a aquella que satisfaga estándares de aplicación normativa, al tiempo que invoque los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así como enuncie, de modo relevante, la doctrina vinculada al respecto. Advertimos aquí un trípode conceptual que los jueces están instados a respetar e inclusive es objeto de calificación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura respecto a las resoluciones, hasta 16, que el juez está obligado a presentar a la institución calificadora, conforme al artículo 70 de la Ley 29277, Ley de Carrera Judicial. 

En efecto, si no hubiera aplicación directa de la norma respectiva en el caso concreto, habremos de suponer que los jueces basan su decisión en la Constitución o en los principios generales del Derecho. De igual forma, la observancia de los precedentes es un aspecto de interés por cuanto se fomenta la predictibilidad y la universalidad de las decisiones. Finalmente, la invocación de la doctrina es una tarea positiva pues representa el uso de herramientas construidas por los estudiosos del Derecho. El juez moldea estas últimas, las hace dúctiles para su uso, y las adecúa para su aplicación respecto al caso concreto. 

Podemos poner de relieve, en consecuencia, la importancia de este Precedente Obligatorio en la medida que las exigencias descritas supra van a ser criterios de calificación en los procesos de ratificación, representando la Calidad de las Decisiones un segmento de enorme importancia, en tanto representan 30 sobre 100 puntos de calificación en los procesos de ratificación. 

Desde otro aspecto de este estudio ¿podemos hablar de un modelo de debida motivación? Sin duda esta tarea sería sumamente ambiciosa. Creemos que podemos manejar, más bien, un catálogo de reglas aproximadas para una buena argumentación. Ya Manuel Atienza propone uno y lo abordamos en este estudio. 

Es complejo definir un modelo de adecuada motivación por cuanto los casos a definirse en sede judicial revisten regularmente distintas aristas que hacen no inviable pero sí difícilmente uniforme un solo modelo. Y por el contrario, donde sí podemos definir reglas mucho más claras al respecto, es en sentido y clave negativos, es decir, aproximarnos a aquellos aspectos que contradicen una buena motivación. 

Es un tanto el criterio técnico del caso Giuliana Llamoja- STC 078-2008-PHC/TC- pues precisamente este fallo define cuáles son los escenarios contradictorios a una debida motivación y en los cuales la decisión judicial no debe incurrir. Es de alguna forma similar el criterio adoptado en el caso Scotiabank- STC 0037-2012-PA/TC- en cuanto a la insuficiencia de la interpretación literal y la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad como cánon interpretativo respecto de causas que admiten un nivel de complejidad tal, que hacen insuficiente la corriente del literalismo como elemento de definición de la controversia jurídica. A este efecto, advertimos la insuficiencia de las premisas de la lógica formal así como la poca presteza del silogismo jurídico frente a controversias exigentes. 

En esa perspectiva, es nuestra intención que las pautas conceptuales descritas en este estudio, puedan objetivamente convertirse en herramientas procedimentales para que la sociedad civil advierta la importancia de hacer tangible la eficacia del derecho a la debida motivación. Es cierto, este principio concierne aún más a los jueces y sin embargo, si las pretensiones no inciden en las exigencias materiales de este derecho- deber, no cumplen los abogados, en cuanto a ellos concierne, con esa premisa clásica definida por el artículo 38 de nuestra Carta Fundamental, la cual plantea, entre otros conceptos, el deber de cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Defender nuestra Norma de Normas implica, también, exigir la realización de derechos fundamentales, entre ellos, la exigencia de motivar. 

 

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Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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