Archive for the ‘q. Sentencias constitucionales emblemáticas del Poder Judicial del Perú’ Category

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Corte Suprema. Casación 28322-2017. Acción popular. Enfoque de género

23 abril, 2019

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Estimados amigos:

La justificación de las decisiones jurisdiccionales suele ser un buen ejercicio de argumentación y es un tema en el cual, es necesario reconocerlo por el lado de los jueces, el Tribunal Constitucional ha consolidado cierta posición de liderazgo. De esa forma, las sentencias emblemáticas del supremo intérprete de la Constitución nos lleva a los jueces cierta ventaja argumentativa que pretendemos, es un objetivo implícito, se acorte más y más.

Es verdad que somos más de 3,000 jueces a nivel nacional y la posibilidad de dispersión de justificación siempre va a ser más alta. Los famosos saltos interpretativos a los que alude el profesor español Garcia Figueroa resultan una afirmación plausible en cuanto puede variar el eje de interpretación sobre un caso, incluso a nivel de un mismo Colegiado de jueces. En tanto, el Tribunal Constitucional es un solo órgano y puede afianzar mejor su línea de interpretación.

Pues bien, sin perjuicio de las observaciones a que pudiera haber lugar, la reciente sentencia sobre enfoque de género en un proceso de acción popular en reciente decisión de la Corte Suprema de nuestro país, constituye, en rigor, una fundamentación de diversas posiciones, desde aquellas que desestiman la demanda, en votos en minoría, hasta la posición final estimatoria, que a su turno declara infundada la demanda contra el enfoque de género que desarrolla el Currículo Nacional de Educación Básica, decisión esta última que, a juicio nuestro, resume una visión dinámica de los derechos fundamentales.

No desarrollamos una posición in extenso respecto al fallo pero sí destacamos la importancia de un afianzamiento de líneas de justificación e interpretación de los derechos objeto de tutela por parte de los jueces supremos. Se necesitó dar intervención hasta a 8 jueces del más alto grado para definir este caso controversial cuya atenta lectura recomendamos.

Para nosotros la conclusión es clara: la mejor justificación de los jueces se acerca más a esa línea docente, pedagógica y formativa del Tribunal Constitucional, cuyos pilares son, vía un adecuado ejercicio de justificación externa, la invocación de la ley, la jurisprudencia y la doctrina,. El tema de fondo de la decisión de por sí permitía un importante espacio para el desarrollo amplio de los temas materia de demanda.

Incluimos el enlace al archivo en PDF de la sentencia ( cortesía de LEGIS PERU) .

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/04/Exp.-23822-2017-Lima-Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR1WvxCDoPL82-Vkdf6yfInrlfj4BkbHxviXLsWx9nPYEkVboBdqG_O354E

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Sala Penal Especial Corte Suprema. Confirma que carece de efectos jurídicos indulto a Alberto Fujimori

18 febrero, 2019

Estimados amigos:

El caso del indulto al ex Presidente Fujimori siempre despierta renovado interés de la academia dada la magnitud del proceso que incluso fue objeto de examen por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asunto que ya antes abordamos en este blog. En efecto, la Corte IDH, vía examen de convencionalidad, derivó el asunto al Poder Judicial de Perú para que dirimiera la legalidad y constitucionalidad del citado beneficio

En esta oportunidad, nos permitimos adjuntar la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que a su vez confirma la resolución del juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, quien en octubre de 2018 declaró que carecía de efectos jurídicos la Resolución Suprema que otorgaba el referido indulto.

Adjuntamos el respectivo fallo y recomendamos su atenta lectura.

Corte Suprema Sala Penal Especial Caso Fujimori Indulto sin efecto

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias Poder Judicial. Fundada acción popular contra la no motivación de resoluciones

26 agosto, 2018

 

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Estimados amigos:

Para su análisis y comentarios adjuntamos dos sentencias de interés en relación al siempre discutible tema de sanciones a jueces por el tema de no motivación o motivación parcial y problemas interpretativos, decisiones expedidas por la Tercera Sala Civil de Lima y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema en un proceso de acción popular, confirmando la Sala Suprema la decisión de primera instancia de la Sala Superior.

De inicio, nuestra posición es que el tema de no motivación corresponde al ámbito del recurso revisorio, pues si partimos de la naturaleza polisémica del Derecho, es decir de admitir como posibles diversos significados interpretativos para la posible solución de un problema con incertidumbre jurídica, entonces rebatir este problema no debe realizarse a través de procedimientos administrativos de sanción a jueces, sino vía la impugnación correspondiente. Y si existiere mala fe del juzgador, pues ello es un tema de prueba.

De otro lado, aludir a la exigencia positivista kelseniana de única respuesta correcta, como entenderíamos habría pretendido la Resolución que queda fuera del ordenamiento vía estas sentencias de acción popular, choca, de suyo, con la noción de encontrar la mejor respuesta posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas, a donde hoy apuntan los principios de razonabilidad y proporcionalidad en un Estado constitucional.

En consecuencia, respaldamos las decisiones de los órganos del Poder Judicial, al declarar fundada la demanda de acción popular contra la Resolución Administrativa 360-2014- CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para la sanción  administrativa por parte del órgano disciplinario respecto a supuestos de no motivación total o parcial.

PJ Sentencia accion popular Sala Superior 3ra Sala Civil Lima Motivación

PJ Sentencia accion popular Corte Suprema Motivación

Saludo cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Exp. 00649-2011. Decisión de la Sala Penal Nacional de fecha 09 de febrero de 2018. Caso Pativilca. Derecho de gracia a favor de Alberto Fujimori.

16 agosto, 2018

Estimados amigos:

Por el enorme interés académico que el caso reviste, adjuntamos el enlace a la resolución de la Sala Penal Nacional sobre el caso Pativilca. Dicha decisión fue adoptada en relación al derecho de gracia otorgado al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, y marca importantes parámetros respecto a la figura del control de constitucionalidad y convencionalidad del Poder Judicial sobre actos del Poder Ejecutivo en el otorgamiento de este tipo de beneficios.

El decisorio declara que carece de efectos jurídicos la Resolución Suprema que concede el derecho de gracia por razones humanitarias al procesado ex mandatario,. En consecuencia, ordena la continuación del proceso penal respectivo, del cual fue excluido el beneficiario dado el derecho de gracia concedido.

Es importante marcar la validación del derecho de gracia como atribución excepcional del Presidente de la República en ejercicio, y sin embargo, precisa esta posición de la Sala la exigencia de cumplimiento de determinados requisitos para su concesión. Enfatiza, finalmente, la importancia del derecho a la verdad como criterio que colisiona con las posiciones de cierre respecto a las investigaciones sobre delitos contra la humanidad.

El enlace es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/68d8e4004482e6c9aa65fa01a4a5d4c4/Exp.+649-2011-0-J_Caso+PATIVILCA_Resol.+39.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=68d8e4004482e6c9aa65fa01a4a5d4c4

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Distinguishing frente al precedente Huatuco. Posiciones contrarias al Tribunal Constitucional

31 agosto, 2015

Estimados amigos:

El precedente vinculante Huatuco ( STC 05057-2013-PA/TC, el cual puede ser visto en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/05057-2013-AA.pdf ) ha generado diversas posiciones en el Poder Judicial dada la restricción del mismo en materia de derechos laborales respecto a servidores públicos.

En el acopio de información relativa a las decisiones contrarias a la posición del Tribunal Constitucional respecto al precedente Huatuco, hemos recogido dos decisiones, a juicio nuestro meticulosamente trabajadas: una primera de la Cuarta Sala Laboral de Lima, ponente Omar Toledo Toribio, y una segunda, del Juez Félix Ramirez Sánchez, de la Corte de La Libertad, quienes desarrollan una interesante visión de la figura anglosajona del distinguishing, a fin de sustentar que los casos que examinan no son similares a los del precedente, y por tanto, no corresponde su aplicación.

Si bien hemos escrito en este blog que efectivamente el precedente vinculante no permite apartamientos, inclusive bajo responsabilidad funcional del juez, observemos que el distinguishing o distinción es una figura muy particular, pues se expone que el caso en examen no se subsume en los supuestos del precedente vinculante, y por tanto, generan una posición diferente que precisamente distingue en relación al precedente.

Nos parece sumamente valiosa la posición de las sentencias en mención pues efectivamente se recurre a una técnica muy particular de distinción, mecanismo  permitido por la doctrina constitucional. El debate ha de centrarse, en todo caso, en la fuerza argumentativa de estas decisiones frente a los efectos generales que genera el precedente.

Recomendamos su atenta lectura.

Sentencia 27013-2013 Corte Superior de Lima. Precedente Huatuco. Ponente Omar Toledo. Distinguishing

Sentencia 58-2014. Corte Superior La Libertad. Precedente Huatuco. Juez Félix Ramirez. Distinguishing

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Derecho a la igualdad

21 marzo, 2011

Estimados amigos:

Complementando nuestra información anterior sobre el caso Béjar( vid https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/21/sentencia-pj-01890-2009-0-1001-tercer-juzgado-civil-del-cusco-caso-edwin-bejar-derecho-a-la-igualdad/) incluimos la sentencia de segunda instancia del caso en comento Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Derecho a la igualdad , la cual ha sido remitida por gentileza de uno de los ponentes, el Dr. Wilber Bustamante del Castillo.

Recomendamos su examen minucioso pues el desarrollo de los fundamentos constitucionales es realmente de mucho interés por la doctrina aportada y las técnicas de interpretación constitucional aplicadas.   

La conclusión de mayor relevancia que extraemos de la sentencia referida es que los jueces constitucionales del Poder Judicial tienen mucho que aportar a la construcción de estándares en la justicia constitucional.   

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencia PJ 168-09. Segunda Sala Laboral de Lima. Caso SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES OPERADORES DE ESTACIÓN DE CONTROL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. Proceso de acción popular.

24 febrero, 2011

 

Estimados amigos:

Ya en un comentario anterior (vid https://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/12/04/sentencias-constitucionales-accion-popular/) hemos aludido a las características del proceso de acción popular, herramienta sobre la cual es importante reiterar que la misma es conocida en exclusiva por el Poder Judicial.

Esta vez incluimos una nueva sentencia de la Segunda Sala Laboral de Lima-Sentencia PJ 168-09. Segunda Sala Laboral de Lima. Caso SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES OPERADORES DE ESTACIÓN DE CONTROL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. Proceso de acción popular.  –  en referencia al régimen laboral de la tercerización, figura cuya reglamentación es objeto de control constitucional a nivel reglamentario por parte de la Sala.

Nos parece importante transcribir algunos aspectos de interés constitucional de la misma, en los términos siguientes:

1. Que nuestro sistema jurídico establece el control de la constitucionalidad de las normas a través de la jurisdicción constitucional, la cual comprende en dicha función al Tribunal Constitucional (Artículo 201° de la Constitución) y al Poder Judicial, el primero encargado del control concentrado de la constitucionalidad de las normas de rango de ley (Artículo 202, inciso 1 de la Constitución) a través de la Acción de Inconstitucionalidad, y el segundo, del control de las normas de jerarquía inferior a la ley, a través de la Acción Popular regulada por Ley N° 28237, artículos 84 y siguientes.

2. La Acción Popular tiene por finalidad el control jurisdiccional de la constitucionalidad y la legalidad de las normas de rango inferior a la ley, a través de la declaración y ejecución de inconstitucionalidad o legalidad, en todo o parte de las mismas;(…) 

9. De lo que se advierte a todas luces es que la definición y características establecidas por la norma, si bien es cierto es amplia y genérica en el ámbito de su aplicación, no lo es en cuanto establece los parámetros objetivos para la configuración de la tercerización, con sus características propias y definidas los cuales se configuran copulativamente y no de forma independiente, por lo que no dan espacio para el análisis e interpretación. Sin embargo, el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento bajo análisis, al referirse a los elementos propios de los servicios de tercerización, estipula que los “indicios de la existencia de autonomía empresarial, los cuales deben ser evaluados en cada caso concreto, considerando la actividad económica, los antecedentes, el momento de inicio de la actividad empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de las empresas principal y tercerizadora.”. De lo anterior se advierte de la precitada norma del Reglamento al referirse a la autonomía empresarial permite una evaluación en cada caso concreto, en función a un conjunto de criterios, lo cual desvirtúa lo regulado por la Ley y permite que se pueda desnaturalizar la figura de tercerización como esta regulada en la Ley pues, como se ha señalado líneas arriba, la tercerización constituye un instrumento de gerencia moderna que no es negativa en sí salvo su desnaturalización. Siendo así, en este punto, resulta fundada la demanda de acción popular.(…)

12. En relación al cuestionamiento al segundo párrafo del punto 4.3 del Reglamento respecto del extremo que establece “(…) o formen parte componente o vinculada directamente a la actividad o instalación productiva que se le haya entregado para su operación integral.”. Como se ha señalado líneas arriba,  la empresa tercerizadora debe contar necesariamente con el local o equipamiento necesario para el cumplimiento de la actividades o proceso encargados por la empresa principal, esto constituye un elemento caracterizante de la tercerización.

13. Que, como se tiene anotado, los equipos o locales, antes mencionados, deben ser utilizados bajo la administración de la empresa tercerizadora, es decir, que deben esta a cargo de esta última. En consecuencia, al señalarse en el Reglamento la disyuntiva “o” con el complemento “formen parte componente o vinculada directamente a la actividad o instalación productiva que se le haya entregado para su operación integral”, en el supuesto en comento, se abre la posibilidad de que se desnaturalice la tercerización pues se está permitiendo que el equipamiento pueda ser proporcionado por la empresa principal bajo el argumento o justificación de que forma parte componente o vinculada directamente a la actividad o instalación productiva que se le haya entregado para su operación integral. De esta forma, se estaría desvirtuando uno de los elementos típicos de la tercerización, esto es, que la contratista cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Siendo así, dicho extremo de la demanda resulta amparable. (…)   

El fallo declara fundada en parte la acción popular interpuesta por el Sindicato demandante y en consecuencia, declara inaplicables los artículos 4.1 y 4.3, del Reglamento cuestionado- Decreto Supremo N° 006-2008-TR, Reglamento de la Ley n°29245 y del Decreto Legislativo N° 1083 que regula los servicios de tercerización.

El ejercicio argumentativo nos parece de interés en cuanto se efectúa un control de constitucionalidad de las disposiciones reglamentarias del Poder Ejecutivo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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