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r. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales

 

El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el plazo razonable. Evolución de sus contenidos y dimensiones actuales

 

 

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

Introducción. 1. Desarrollo jurisprudencial del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. 2. Prevalencia del derecho a la propiedad sobre el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. 3. Prevalencia del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales sobre el derecho a la propiedad. 4. Incorporación del elemento plazo razonable. Ideas a título de conclusión  

 

Introducción   

La interpretación del derecho resulta una tarea compleja y a veces hasta misteriosa, en la definición de Tribe, en cuanto es lugar común la existencia de diversos estándares para la resolución de conflictos. Cierto es que desde una perspectiva positivista, el juez se debe a la aplicación de la norma y es la observancia de las reglas jurídicas, el primer estándar a considerar al dilucidar un conflicto. Sin embargo, la propia aplicación de la norma constituye aquello que señalamos: solo un primer estándar, al cual luego han de añadirse otros argumentos, es decir, otros estándares, en una perspectiva de que nuestra pretensión de corrección sea la que más se ajuste al esclarecimiento adecuado del conflicto, quizá sin llegar al cuasi inalcanzable concepto del “juez Hércules” de Dworkin, para quien sí es viable llegar a la respuesta correcta, y más aún, a la única respuesta correcta. 

Apreciemos pues que el Derecho, al ser resuelto en el campo de los hechos que caracterizan al problema, puede reconducirse a diversas vertientes, para las cuales los argumentos representan las “hojas de ruta” que corresponden a diversos caminos en la dilucidación del problema jurídico. 

Así, una pretensión, al ser examinada, podrá conducir a una estimación de la demanda sobre la consideración de determinados argumentos, que conforman un estándar en la decisión del juez. Y advirtamos que a su vez, igualmente otro conjunto de argumentos o ideas fuerza, apoyados en razones coherentes, suficientes y lógicas, puede igualmente definir una desestimación de la demanda, y con ello, generar un pronunciamiento por una pretensión infundada o improcedente. En esa tarea de construcción de argumentos y finalmente razones, las decisiones de los jueces se expresan en la fortaleza argumentativa de sus consideraciones legales y fácticas para definir el problema. 

Al juez no ha de cuestionársele, finalmente, el contexto de descubrimiento de su decisión, es decir, por qué su idiosincracia, valores y creencias inclinan su fallo a favor de la decisión adoptada, sino será relevante que sea examinado el contexto de justificación de su decisión, es decir, las razones por las cuales ha adoptado su decisión en determinado sentido. En ese caso, será importante analizar la justificación interna de la decisión, es decir, si ella sigue un juicio de sindéresis lógica y no se encuentra sujeta a contradicciones; así como la justificación externa, esto es, si la decisión ha seguido una adecuada exposición material de las premisas que justifican el fallo. 

Pues bien, esas razones que justifican la decisión constituyen el criterio central de legitimación del juez. No resulta admisible la existencia de una democracia constitucional, en las perspectivas de Krause y Lowenstein, o de un constitucionalismo democrático, en la visión de De Otto, si no proyectamos una imagen de legitimación de los jueces sobre la base de criterios racionales y razonables que justifiquen sus decisiones y en ese orden de ideas, la construcción de estándares, bien definidos y organizadamente justificados, constituyen la ratio essendi de un derecho sustantivo como lo es la motivación de las resoluciones judiciales, las cuales deben guardar, en todo su desarrollo formal y material, la necesaria observancia por un adecuado cumplimiento de las exigencias de justificación interna y externa de las decisiones. 

En esa lógica de planteamientos, discernir sobre derechos fundamentales en el seno de controversias constitucionales, apunta a exigencias mayores, en cuanto no solo advertimos la juricidad básica de los derechos invocados, desde la definición de Peces Barba, sino también una moralidad básica o un contexto axiológico, que permite a los juzgadores dar un paso más allá de la simple interpretación positivista de la norma jurídica, análisis este último que per se no es contrario a la Carta Fundamental que inspira al Estado, pero que sí denota un contexto de insuficiencia cuando ya no estamos solamente frente al contenido legal de un derecho sino frente a un escenario iusfundamental del mismo. 

Por tanto, la exigencia de justificación es mayor, pues el juez constitucional ha de proyectarse a la valoración del contenido axiológico del derecho y podrá sentar las premisas de que en ese análisis constitucional de la pretensión, no solo se tiene en cuenta el contexto legal y fáctico del problema, sino igualmente los contenidos axiológicos del derecho fundamental que a su vez permiten reconducir la controversia a derechos fundamentales conexos como el derecho fundamental a la dignidad, o la misma exigencia de solidaridad social o a su turno, las libertades implícitas que generan los derechos fundamentales como tales.

Es ése un escenario aproximado del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, libertad pública que a su vez se vincula estrechamente a la figura del plazo razonable y que en su condición de exigencia iusfundamental, no solamente presenta ser definido adecuadamente en sus estándares, sino que su propia naturaleza exige una inserción de sus alcances en el precepto de la razonabilidad en el plazo.

 

1. Desarrollo jurisprudencial del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales    

Una premisa de partida respecto a este derecho es la ausencia de una posición constante y uniforme en el tiempo. Desde su consolidación en el arret Hornsby v. Grecia[2] ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías judiciales a fin de una real operatividad de dicho derecho, a efectos de que su fuerza de realización no represente una mera ilusión. 

En nuestro país, dicho derecho ha presentado contenidos diferentes en la medida que una etapa de caracterización jurisprudencial, en años recientes, fue de subordinación frente a la extensión del derecho a la propiedad y libertad de trabajo, para luego desplazar este significado y lograr una prevalencia frente a estos derechos. Finalmente, su valoración hoy tiene estrecha relación con el derecho fundamental al plazo razonable. 

Estas evoluciones y tendencias son objeto de desarrollo en los siguientes acápites, mereciendo enfaticemos que los estándares jurisprudenciales acotados no han merecido el mismo grado de fundamentación y justificación y de allí nuestros argumentos iniciales por enfatizar los ejes argumentativos de la decisión, más aún si los jueces constitucionales expresan cambios de criterios.   

 

2. Prevalencia del derecho a la propiedad sobre el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales 

Nuestra jurisprudencia constitucional ha marcado diversos estándares de desarrollo respecto al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, fijando inicialmente, vía ponderación, un ámbito de menor jerarquía axiológica frente al derecho a la propiedad y al trabajo en el caso Becerra Leyva[3].  

En dicho fallo, emblemático para la jurisprudencia constitucional del país por la aplicación del principio de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional considera que el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, entendido como un derecho fundamental, logra un nivel de satisfacción elevado, en relación al grado de afectación que sufre el derecho a ejecutar una resolución judicial. 

Tal análisis tiene lugar en un contexto ciertamente muy complejo: las empresas azucareras debían un aproximado de 100 millones de nuevos soles y frente a los embargos que en número considerable amenazaban la estabilidad económico- institucional de varias empresas, el Tribunal opta por la validez constitucional de la Ley 28027 y modificatorias, que a su turno fueran expedidas precisamente para suspender temporalmente la ejecución de medidas de embargo contra las empresas azucareras. 

Por consiguiente, una primera vertiente de estos últimos años del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, presenta una faceta restrictiva en nuestro ordenamiento constitucional, bajo la tesis central de que los derechos fundamentales no resultan absolutos y que otros derechos podían, a su turno, expresar un mayor interés social[4] frente al propio contexto de resoluciones que a su turno solo sufrían, a criterio del propio Tribunal, una intervención leve, pues en rigor las medidas de embargo eran restringidas y no anuladas. 

Debemos destacar la relevancia de los conceptos de interés público e interés social, que el supremo intérprete de la Constitución considera como argumentos taxativamente prevalentes frente al derecho a efectivizar una resolución judicial con garantía de cosa juzgada, es decir, de requerimiento real para su exigibilidad inmediata.

El fallo Becerra Leyva sirvió de precedente para que los jueces del Poder Judicial, en un considerable número de demandas, consideraran la prevalencia de la Ley de Protección Patrimonial frente al mandato de efectividad de las resoluciones judiciales, como derecho integrante del debido proceso y la tutela judicial efectiva[5], contemplado en el artículo 139 inciso 3[6] de nuestra Ley Fundamental. 

Ahora bien, pareciera que cuanto proponemos arriba, si somos rigurosos en doctrina constitucional, representara un contrasentido interpretativo, pues acabamos de señalar que una Ley ha prevalecido frente a una norma constitucional. Y sin embargo, es menester adoptar un criterio interpretativo extensivo o corrector, para entender nuestra anterior aseveración. 

En efecto, la teoría procedimental del control difuso[7] establece claramente que en caso de incompatibilidad entre la norma legal y la Constitución, prevalece esta última. Ello resulta correcto desde el ángulo de la doctrina del control difuso. No obstante ello, debemos advertir que cuanto se enfrenta en la aplicación del principio de proporcionalidad no son estricto reglas y normas, sino principios, o si queremos ser más estrictos en la posición de Dworkin[8], normas- principios, o propiamente derechos fundamentales, los cuales no tienen una estructura similar a la de las normas- regla. 

En consecuencia, es el derecho a la propiedad y a la libertad de trabajo, así como el interés público y social, el derecho iusfundamental que emerge de la Ley de Protección Patrimonial, así como lo es el derecho a la efectividad de una resolución judicial, el derecho fundamental que proviene del artículo 139 inciso 3 de nuestra Norma de Normas. 

Por tanto, veamos que se trata de derechos fundamentales o normas- principio, las cuestiones que se enfrentan en esta colisión de principios propiamente dichos y no de reglas en sí, para las cuales se prevén otros criterios de resolución de antinomias, entre ellos los principios jerárquico, cronológico y de especialidad. 

 

3. Prevalencia del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales sobre el derecho a la propiedad 

Por su parte la STC 02204-2010-PA/TC, caso Quiroz Aguilar, representa un importante cambio de posición en relación al caso Becerra Leyva. En efecto, la decisión recaída en el caso Quiroz Aguilar identifica una nueva posición del Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Protección Patrimonial, en propiedad respecto a la ponderación entre el derecho fundamental a la ejecución de resoluciones judiciales y el derecho de propiedad.

Los fundamentos de voto[9] de los magistrados Vergara Gotelli y Urviola Hani [10] y del magistrado Calle Hayen[11], coinciden en manifestar la estimación de la demanda contra la Ley de Protección Patrimonial a partir de una necesaria prevalencia del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Argumento principal lo representa el tiempo de vigencia de las normas de protección[12].

Hubiera sido interesante reforzar el ámbito de fortaleza argumentativa de esta última decisión, pues no existe referencia alguna en la misma al fallo Becerra Leyva y si bien el Tribunal Constitucional tiene la potestad de cambiar de posición, es importante precisamente que los argumentos de cambio de enfoque jurisprudencial sean idóneamente trabajados, más aún si de por medio nos encontramos frente a un importante efecto económico pues la deuda de las empresas azucareras se ha visto ostensiblemente incrementada[13].

Lo antes acotado reviste capital importancia pues tengamos en cuenta que se trata de una variación de posición del supremo intérprete de la Constitución respecto a fallos anteriores, y teniendo en cuenta que dichas resoluciones constituyen elementos rectores para el resto de la comunidad de intérpretes[14].con mayor razón aún corresponde justificar, del mejor modo posible y dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas, el cambio de posición determinado.

Ya en un anterior trabajo nuestro[15], nos hemos pronunciado por la importancia de las categorías interpretativas constitucionales y ello es contextualmente importante, reiteramos, pues implícitamente las ejecutorias de amplio efecto jurisprudencial y social, cuando son adecuadamente fundamentadas, cumplen un rol de la justicia que consiste precisamente en que los cambios de posición deban  devenir correctamente justificados.

En efecto, desde la otra orilla del problema, el respeto por los precedentes cumple una función vital: se respeta el principio de igualdad, cuando una ejecutoria posterior respeta los estándares de la primera, si ambos casos son sustancialmente similares. De otro lado, se produce la interdicción de la arbitrariedad si el juez constitucional falla de acuerdo con sus precedentes.

Por tanto, el cambio de posición no debe significar precisamente el quebrantamiento de los derechos antes enunciados y para ello exige una argumentación que sea conducente en cuanto a identificar los fundamentos relevantes del cambio, de un lado, y a desestimar la posición anterior que vino observando el juez constitucional desde la perspectiva de la influencia de la anterior posición.

No podemos dejar de advertir, en adición a lo señalado respecto a la importancia del cambio de posición con el caso Quiroz Aguilar, que el tiempo parece ir consolidando como nuevas posiciones fuertes, aquellas que antes significaron un voto en minoría.

Veamos que el decisorio, en este nuevo caso en comento, adopta la posición en minoría de Landa Arroyo[16] en el caso Becerra Leyva, respecto a la real exigibilidad de que las deudas de las empresas azucareras fueran realmente honradas.

Algo similar sucede con los votos disidentes – en discordia- de la Corte Suprema de EE.UU.[17], en cuanto ellos con el tiempo van reflejando las nuevas posiciones de la Corte, es decir, aludimos a una minoría que luego se trasforma, con el devenir jurisprudencial, en mayoría, y sobre ello existen amplios estudios.

 

4. Incorporación del elemento plazo razonable

Es importante lleguemos, finalmente, a reseñar la decisión expresada por el primer guardián[18] de la Constitución en la STC 03515-2010-PA/TC, caso Justo Caparo, la cual incorpora al análisis del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, la institución del plazo razonable, bajo la premisa de un ideal de justicia material[19] consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho.

En el caso referido, el Poder Judicial había aprobado, en un caso previsional sujeto al trámite contencioso administrativo contra el propio Poder Judicial, un cronograma de pagos a cargo del Estado, por un plazo de 171 años. Si a ello le sumamos la edad del afectado- 81 años- tendríamos que la obligación establecida ascendente a 257,863 nuevos soles, por la cual se abonaba 1500 nuevos soles por año, sería honrada, esto es, efectivamente cumplida, cuando el demandante cumpla los 251 años de edad.

El Poder Judicial se pronunció, en primera instancia, por desestimar la demanda, bajo el argumento de que el derecho de embargo tiene una reglamentación legal, mas no constitucional.

En segunda instancia, el criterio fue que la Gerencia General del Poder Judicial viene efectivizando el pago de sus obligaciones y que por ausencia de créditos presupuestarios, no se puede cumplir con el íntegro de la obligación.

El Tribunal Constitucional finalmente estima la demanda y ordena al Poder Judicial un nuevo pronunciamiento cautelar pues las decisiones jurisdiccionales contravenían el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el plazo razonable. 

A la luz de nuevas normas administrativas recientes[20], el análisis de esta nueva decisión se vuelve todavía más complejo pues la Corte Suprema del Poder Judicial exige, desde el 22 de diciembre de 2011, que la aplicación de los apercibimientos contemplados por los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, sea efectuada en forma gradual y progresiva y que sea rigurosamente observado el principio de legalidad presupuestal. En caso de inobservancia, corresponderá la intervención de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA. 

En realidad, resulta un  dilema de suyo común entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, la dimensión de cumplimiento material de las sentencias constitucionales si ellas entran en conflicto con normas o mandatos de la justicia ordinaria, en tanto puede existir, en determinados casos, afectación del principio de legalidad. 

A juicio nuestro, tal conflicto, ante todo aparente y no taxativo, fue resuelto, en gran medida,  por los artículos 22[21] y 59[22] del Código Procesal Constitucional, en tanto las sentencias y mandatos constitucionales protegen derechos fundamentales y obedecen a la materialización de un real orden público constitucional, regido por principios, valores y directrices que identifican un ordenamiento jurídico armónico, coherente y pleno. 

En ese orden de ideas, la vulneración del principio de legalidad no devenía en una afectación ostensible pues en el ejercicio de la ponderación de intereses, la formalidad y fundamento material del principio de legalidad debía ceder ante la fuerza de principios que parten de la tutela propia de la Constitución, así como de normas infraconstitucionales que coadyuvan a un ejercicio pleno de los derechos fundamentales. 

No obstante lo reseñado, el panorama parecería en adelante ser distinto con la vigencia de la Resolución Administrativa 452-2011-P/PJ, pues sin duda los jueces del Poder Judicial deberán tener presente los alcances de la referida directiva y por cierto, habrá que contemplar un orden de progresividad en las controversias constitucionales sujetas al términos de cumplimientos de obligaciones, plazo que el artículo 59 del Código Procesal Constitucional ha fijado en 4 meses, sobre la premisa de una tutela de urgencia que a su vez se corresponde con el artículo 25[23] de la Convención Americana de Derechos Humanos, al plantear la exigencia de un recurso sencillo y rápido para defensa de los derechos protegidos por la Convención y que en sede nacional, son prevalentemente derechos fundamentales. 

Las decisiones del Poder Judicial en el caso en comento, correspondientes al año 2010, como sucede en el caso Caparo, han seguido una línea de interpretación restrictiva en la medida que se ha vinculado los fallos de los jueces a determinaciones de orden presupuestario, lo cual en principio es aceptable. Y sin embargo, en muchas ocasiones el incumplimiento de obligaciones, a pesar de tratarse de muchos años sin efectivización de los mandatos, es manifiesto. 

El Tribunal Constitucional destaca en su fallo el examen de la razonabilidad de las resoluciones judiciales y cuestiona un cronograma de pagos imposible de cumplir. Impone el guardián de la Carta Fundamental la exigencia de realización material del fallo judicial pues de ese modo se asegura el valor de la justicia. 

Incide, de igual forma, en que el no cumplimiento de un mandato judicial puede afectar no solo a quien es parte vencedora en el juicio en el proceso sino también a la efectividad del sistema jurídico nacional y concluye que no puede concebirse una aplicación mecánica de las normas sino que precisamente el cumplimiento o realización de un mandato judicial, cumple el fin constitucional de interdicción de la arbitrariedad. 

Nuestra posición coincide con los fundamentos aportados por el Tribunal Constitucional, en la medida que estimamos que una sentencia definitiva exige un cumplimiento material de la misma y al efecto, las reglas del análisis de razonabilidad[24] aportan criterios que no solo parten de las reglas de equidad y aceptabilidad para que la razonabilidad propuesta prospere, sino que a su vez aportan fundamentos racionales, bajo las reglas del discurso racional, que conceden fortaleza sustantiva a los argumentos para que la decisión del juez constituya una aproximación lo más idónea posible respecto de la mejor definición legal de la controversia, así como de la observancia de los principios, valores y directrices que contiene la Norma Primera respecto a derechos como los que la dignidad de la persona y la justicia inspiran. 

Cierto es, de otro lado, que la Resolución Administrativa de la Corte Suprema exige observancia, mas apreciamos que ella en propiedad resulta específica en cuanto a términos como aplicación gradual y progresiva de los apercibimientos así como la exigibilidad de prudencia, o bien razonabilidad en nuestra opinión, para el cumplimiento de la obligación. 

En consecuencia, no se trata de una norma “cerrada” en su ámbito de interpretación sino que habrá que optar por un manejo prudente de la misma.

 

Ideas a título de conclusión 

La jurisprudencia es sumamente rica en sus contenidos. Ello representa una cuestión innegable en términos de que la dimensión fáctica de los problemas y controversias supera inclusive el marco de los propios precedentes jurisprudenciales. 

Sin embargo, esos nuevos ángulos en los problemas exigen, de igual forma, mayores exigencias de justificación a los jueces, tanto en sede ordinaria como constitucional. 

El caso Caparo y los plazos fijados por las instancias judiciales que conocieron el problema, representan de suyo estándares muy lejanos a los contenidos iusfundamentales del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el correlato de ese derecho: el cumplimiento de plazos razonables. Por tanto, se impone una necesaria revisión de los criterios adoptados, en aras de perfeccionar aquel bloque de fundamentos, necesarios de tener en cuenta, que representan los principios, valores y directrices que alberga nuestra Carta Fundamental.   

Por último, el caso en mención vuelve a poner en el debate constitucional contemporáneo esa oposición de larga data que implica, de un lado, el cumplimiento de las normas- regla, aunque ellas generen indefensión por plazos sumamente extensos mas no razonables, y la valoración iusfundamental que desarrollan los jueces constitucionales bajo otros criterios interpretativos como la dignidad de la persona, el plazo razonable y el principio de solidaridad. 

El juzgador podrá alegar que cumple la norma y con mayor énfasis hoy, una Resolución Administrativa de la Corte Suprema. Y sin embargo, resulta de suyo complejo determinar, aunque debe prosperar, en qué medida debe imponerse una análisis de razonabilidad, propiamente axiológico y valorativo, para que las pretensiones que conciernen a derechos fundamentales como éstos, sean atendidas buscando aquello que Alexy[25] inducía como una exigencia de necesidad constitucional, porque “lo que está ordenado por la Constitución es constitucionalmente necesario; lo que está prohibido por la Constitución, es constitucionalmente imposible, y lo que la Constitución confía a la discrecionalidad del legislador es tan solo constitucionalmente posible, porque para la Constitución no es necesario ni imposible”.   

Sobre estas ideas, es propio construyamos estándares que cumplan exigencias constitucionalmente necesarias y en esa idea, advertimos que hay mucho por trabajar para una consolidación material, tangible y sustantiva del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.   

                                                Publicado en Gaceta Constitucional No. 49. Enero 2012. pp. 215-223


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo,  Becario del la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com

[2] Sentencia del 19 de marzo de 1997. En desarrollo del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el fallo desarrolla la tesis de que la fase de ejecución es parte integrante del proceso judicial y que todo impedimento a este respecto, contraría las reglas de un proceso equitativo. 

El caso tiene lugar respecto al matrimonio británico Hornsby que instalado en la isla de Rodas, en Grecia, deseaba abrir un centro de idiomas. Las autoridades griegas denegaron el permiso y a pesar de un fallo favorable del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,  la negativa de la autoridad continuó. El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual desarrolló como una de las reglas del proceso equitativo que los fallos se ejecutaran a fin no convertirse en inoperantes.

[3] STC 0579-2008-PA/TC. Caso Becerra Leyva. El voto en mayoría, que declaraba infundada la demanda, fue de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda, quienes estimaron la prevalencia del derecho a la propiedad sobre el de efectividad de las resoluciones judiciales. Los votos singulares de Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Calle Hayen, optaban por declarar fundada la demanda. 

[4] STC 0579-2008-PA/TC. Caso Becerra Leyva. 

18. (…) la Constitución se refiere en artículo 2.3 a la “moral y el orden público” como límites al ejercicio público de las confesiones. Igualmente el artículo 28.3 refiere que el Estado “regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social”. Estas son dos formas expresas de limitación de los derechos fundamentales que hacen referencia a dos categorías o conceptos jurídicos indeterminados que deben ser concretados a la hora de justificar una intervención basada ya sea en el “interés público” o en el “interés social”. El interés público del Estado constitucional no puede constituir, desde luego, cualquier argumento que interceda de manera irrazonable o desproporcionada en la esfera de los derechos que la Constitución garantiza. En cualquier caso, debe tratarse de supuestos que comprometen bienes de relevancia constitucional y que como tales obligan a los poderes públicos. A su turno el interés social, debe ser comprendido aquí como una especie del género interés público en el que se destaca la relevancia social ya sea en cuanto al grupo humano al que se orienta la actuación estatal o a la actividad que estos realizan y que puede ser catalogada como de “interés social” en el marco de las disposiciones constitucionales. 

[5] El origen del debido proceso es de raíz anglosajona. A su vez, el derecho a la tutela judicial efectiva responde a un aporte de la concepción europea en una percepción del denominado “derecho justo”.  Cfr. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy.  Materiales de estudio Debido proceso. Curso de Capacitación para el Ascenso. IV nivel. Academia de la Magistratura 2011. p. 45-46. 

[6] Constitución 1993. Artículo 139°. Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…)  

[7] STC 1383-2001-AA/TC. Caso Rabines Quiñones. F.J. 16 

[8] DWORKIN, Ronald.  Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1995. p. 75 

[9] Fallos que concuerdan con la decisión de la mayoría. El voto singular, por el contrario, representa una posición contraria al voto de la mayoría. En el Poder Judicial, propiamente en el ámbito de emisión de votos a nivel de Salas Superiores y Supremas, el voto singular coincide con la posición de la mayoría, en tanto que el voto en discordia, como su nombre lo refiere, identifica una posición contraria. 

[10] STC 02204-2010-PA/TC, caso Quiroz Aguilar. Fundamento voto magistrados Vergara Gotelli y Urviola Hani  

4. (…) consideramos necesario reiterar la posición expresada (…)  respecto a que no puede ampararse el incumplimiento de obligaciones bajo leyes que prorrogan eternamente un plazo, deslegitimando la finalidad para la que inicialmente se adoptó dicha medida. Asimismo cabe mencionar que posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2008 (fecha posterior a la decisión del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00579-2008-PA) se ha emitido la Ley N° 29299, que vuelve a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que ya evidencia una burla con el aval de normatividad que promueve la mentira y el incumplimiento de obligaciones pecuniarias.

[11] STC 02204-2010-PA/TC, caso Quiroz Aguilar. Fundamento voto magistrado Calle Hayen. 

8. (…) es especialmente relevante considerar que en el caso concreto la pretensión deriva de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es la remuneración, derecho que tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador conforme reza el artículo 24º de la Constitución “[e]l trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para el y su familia el bienestar material y espiritual”; además, la ejecución  proviene de una sentencia favorable al trabajador. 

[12] La primera norma de protección- la Ley 28027- data de julio del año 2003. Lay 29678 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2011 la suspensión del cumplimiento de obligaciones. En buena cuenta, son poco más de 8 años de vigencia de las normas de suspensión. 

[13] Se refiere que la deuda de las empresas azucareras era de 63 millones de nuevos soles en 2003 y a 2011, ella se ha incrementado a 726 millones de nuevos soles. Información disponible en http://peru21.pe/noticia/697404/deuda-subio663-mllns-durante-ley. Fuente visitada con fecha 22 de enero de 2011. 

[14] Peter Häberle desarrolla la tesis de la fraternidad de intérpretes en el sentido amplio de una comunidad de intérpretes y en cuanto a que todos estamos facultados para la interpretación de la Constitución. Vid La sociedad abierta de intérpretes de la Constitución en “El Estado constitucional”. Universidad Nacional Autónoma de México y Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2003. p. 149 

[15] FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Vinculatoriedad de las categorías interpretativas constitucionales. Un acercamiento conceptual a las sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional. Gaceta Constitucional. No. 39. Marzo 2011. pp. 57-67 

[16] STC 0579-2008-PA/TC. Caso Becerra Leyva. Voto singular de Landa Arroyo. 

8. (…) se recurre al principio de proporcionalidad para concluir, en el fundamento 34, que “el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”. Considero que ello no es así. Pudiendo hacerse in extenso un análisis de la forma como se ha aplicado en la ponencia el test de proporcionalidad, basta sólo afirmar que la Ley en cuestión ni siquiera supera el subprincipio de idoneidad: es evidente que no existe, a nuestro juicio, una relación clara y directa entre el posponer la ejecución de una resolución judicial firme con el “fin constitucional”, según la ponencia, de reactivación de las empresas azucareras en la cual el Estado es accionista. La supuesta idoneidad se ve seriamente cuestionada, recogiendo los argumentos de la propia ponencia, al advertir que durante aproximadamente seis años la intervención del legislador no ha permitido la consecución del fin constitucional antes señalado.

 

[17] Las dissentig opinions, o votos disidentes, constituyen fallos que no coinciden con el sentido de la decisión principal. Sobre las mismas existen diferentes posiciones: de un lado, que consagran la independencia de criterio de los jueces; de otro lado, que no debe existir sino unanimidad de votos para transmitir una posición de cohesión del Tribunal, como sucede con la Corte Constitucional Italiana, la cual no admite votos en disidencia o discordia. Cfr. TUSHNET, Mark. I dissent: Great Opossing Opinions in Landmark Supreme Court Cases. Beacon Press Books. Massachussets, 2008. p. XIII.    

[18] Der Hütter der Verfassung, o “guardián de la Constitución” en acabada expresión de Pablo Lucas Verdú. en la idea de contrastar que el Tribunal Constitucional no es el “señor de la Constitución” (“del Herr der Verfassung”), sino solo su guardián. Vid. LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Palestra Editores. Lima, 2007. p. 20. 

[19] STC 03515-2010-PA/TC. Caso Justo Caparo. 

9. La satisfacción de este derecho(a la efectividad de las resoluciones judiciales)  tiene por finalidad que las sentencias y resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaraciones de intención sin efectividad alguna. Ello obedece a que el ideal de justicia material consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho que emerge de los principios, valores y derechos constitucionales, requiere una concreción no sólo con el pronunciamiento judicial que declara o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su efectivización o realización material, que se logra mediante el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos.  

[20] Resolución Administrativa No. 452-2011-P/PJ. Circular referida a la aplicación progresiva de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. 

Artículo Primero. Establecer que en la ejecución de sentencias firmes que disponen el pago de sumas de dinero y demás obligaciones laborales o previsionales en los que el Estado o las instituciones públicas sean parte obligada, los apremios y apercibimientos regulados en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional deberán ser efectuaos por los jueces en forma gradual y progresiva. En tales supuestos deberán observar rigurosamente el principio de legalidad presupuestal a que se refiere el artículo 70, inciso 1, de la Ley 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, por lo que han de conceder un plazo prudencial para el debido y cabal cumplimiento de lo que haya sido ordenado judicialmente.  

[21] Código Procesal Constitucional. Artículo 22 

(…) Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. 

[22] Código Procesal Constitucional. Artículo 59. 

(…) Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo. 

[23] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

[24] STC 0535-2009-PA/TC. Caso Rodolfo Oroya. 

18. (…) el análisis de la razonabilidad de una medida implica determinar si se ha dado: 

a.    La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. 

b.    La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en  “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. 

c.     Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso.

[25] ALEXY, Robert. Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. En “Teoría de de los derechos fundamentales”. Traducción de Carlos Bernal Pulido., 2da edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2007. p. 519

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