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zr. Derecho al honor y libertad de informar

Derecho al honor y libertad de informar  

 

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

Los derechos al honor y a la libertad de informar constituyen un interesante campo de oposición de valores en tanto los axiomas que enuncian suelen oponerse con frecuencia en la realidad en el complejo campo de colisión entre derechos fundamentales.  

El derecho al honor, y extensivamente a la buena reputación, representa una vinculación de suyo muy especial con la dignidad de la persona humana y en propiedad, su tratamiento jurisprudencial ha merecido una tesis decididamente progresiva, en cuanto el conjunto de supuestos protegidos que rodean este también denominado derecho a la imagen, se ha ido ampliando en sus ámbitos de oposición vía ponderación sobre otros derechos fundamentales, en especial en relación al derecho a la libertad de informar.

Ciertamente esta mayor afirmación del derecho al honor no constituye un desarrollo normativo solitario de disposiciones constitucionales y supranacionales. Las previsiones del legislador implican solo un supuesto que constituye un punto de partida respecto al derecho al honor y a la buena reputación, y de esta forma, tanto las Cartas Fundamentales como los Códigos sustantivos y adjetivos, incluyen un pauteo de la protección de estos valores, los mismos que nos sirven de guía en la dilucidación de controversias que involucran estos derechos.

Y en adición a lo señalado, es la propia jurisprudencia en su ámbito delimitador, trascendiendo el frío silogismo de las reglas, el elemento material que ha ido enriqueciendo y protegiendo con una visión más amplia estos derechos fundamentales ancla de todo ordenamiento constitucional. En ese mismo rango, por otro lado, las propias decisiones de los jueces van construyendo un ámbito negativo de respuestas a pretensiones inviables respecto al derecho al honor y la buena reputación cuando no se afecta el contenido constitucionalmente protegido de estos derechos. Es de esa forma que la jurisprudencia se transforma en una living decision, concepción en desarrollo de la living Constitution,[2] para hacer más dúctil ese haz de homogeneidad que informan las reglas del ordenamiento.

Por su parte, la libertad de informar manifiesta una expresión base de toda democracia constitucional. No puede concebirse la existencia de un Estado democrático y social de derecho sin el ejercicio de la libertad de expresión, uno de cuyos sucedáneos más relevantes es el derecho a la libertad de informar. Libertad y democracia,[3] por tanto, constituyen una relación indisoluble, una y otra son elementos de base material en la concepción del Estado de derecho.

Nuestras palabras supra vienen expresadas en el contexto de dación de la STC 0625.2012-PA/TC, a propósito de una decisión desestimatoria del Tribunal Constitucional respecto a la afectación al derecho al honor y la buena reputación. Un ciudadano deudor reclama en la vía constitucional a propósito de las comunicaciones de la calidad de moroso por parte de una entidad crediticia ante INFOCORP, el órgano técnico encargado del registro de deudas impagas en nuestro país. La sentencia en propiedad es denegatoria y precisa el Tribunal que el hecho de que la entidad emplazada haya procedido a reportar al recurrente como moroso, no implica que lesione su derecho al honor en la medida que se entiende que dicha calificación es consecuencia del incumplimiento del cronograma original de pago que pactaran el recurrente y la entidad demandada al momento de suscribir el contrato de mutuo dinerario.

La descripción de este caso nos lleva a una primera delimitación. El derecho al honor comprende una faz interna y otra externa.[4] En el primer caso existe un ámbito interno que implica una visión propia del ser humano sobre sí mismo; y en el segundo segmento, esa manifestación externa del derecho al honor involucra la buena reputación y tiene relación con la imagen de la persona ante los demás, vedándose las situaciones que, al provenir de terceros, puedan mellar gravemente, en límites irrazonables, la imagen de la persona.

Como segunda delimitación, es necesario establecer una correlación de orden desde diversos instrumentos internacionales y nacionales, entre el derecho al honor y la buena reputación, de un lado, y la libertad de informar, de otro lado, pues en propiedad, el ejercicio de esta última, suele llevar, en determinadas ocasiones, a la vulneración del derecho al honor y la buena reputación. Ello nos conduce entonces a revisar el marco de la libertad de informar para que ésta, en ejercicio de una visión equilibrada de esa libertad, no exprese graves afectaciones al derecho al honor. Hemos de hacer esta delimitación revisando los enunciados materiales de diversos instrumentos internacionales a propósito de estos derechos fundamentales usualmente contrapuestos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12[5] parte de la interdicción de injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas que incidan en la afectación de la honra y la reputación. Habilita que la persona afectada recurra a los instrumentos de protección que prevén los ordenamientos jurídicos contra dichas agresiones. A este respecto, los ordenamientos tienden a construir y sistematizar sus normas en base a supuestos de responsabilidad ulterior, es decir, de acciones civiles que prevean la fijación de indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y daño emergente. No debe preverse, digamos no debería preverse, procesos penales como respuesta a afectaciones al derecho al honor y la buen reputación, en razón de que constituyen medios excesivamente gravosos para la protección de este derecho en comento.[6]

Este mismo instrumento en su artículo 19[7] fija un marco de ejercicio de la libertad de opinión y expresión, y de no ser molestada una persona si ejerce ese derecho en condiciones regulares. En rigor, añadimos como elemento material en relación al derecho al honor, un límite natural respecto a este último derecho en caso se produjera una grave vulneración y tal límite no es sino la intromisión grave en el derecho al honor. Siendo un principio de todo Estado constitucional la interdicción de la arbitrariedad, el ejercicio irrespetuoso de la libertad de informar debería merecer restricciones solo respecto de las materias que califiquen como sustantivamente vedadas, entre ellas principalmente el odio racial y la pedofilia.

De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17[8] reproduce los mismos supuestos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al enfatizar que las injerencias en la vida privada no son permitidas, lo cual supone ese respeto por el right to be alone,[9] es decir, el derecho a estar en soledad, lo que implica también un espacio autónomo,[10] concepción que transmite un rango de libertad de las personas que se hace imperioso respetar.

Este mismo instrumento en su artículo 19[11] remarca el derecho a la libertad de expresión fijando deberes y responsabilidades especiales en el ejercicio de dicho derecho. Entonces, no constituye el derecho a la libertad de expresión, reiterémoslo con énfasis, un derecho absoluto, sino un derecho que conlleva específicamente restricciones calificadas en su ejercicio. Tales restricciones califican entonces como medios legales que reconducen un adecuado ejercicio de la libertad de informar.

En adición a ello, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo V[12] remarca la protección de la ley contra los ataques a la honra de las personas. En esa misma idea de contraposición que desarrollamos, el artículo IV[13] de este instrumento advierte en genérico el ejercicio de la libertad de expresión. Contrastados ambos contenidos en su dimensión material, debemos ser reiterativos en la propuesta de un ejercicio equilibrado de esa sucedáneo que hemos denominado libertad de informar.

En ese mismo razonamiento, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11[14] añade el elemento de reconocimiento de dignidad de la persona humana, valoración que creemos necesaria pues entre honor y dignidad la vinculación es de suyo estrecha. El derecho a la dignidad de la persona presupone un  supuesto material de origen y así lo enuncia nuestra Carta Fundamental en su artículo 1.[15] El derecho al honor, entonces, constituye una manifestación del derecho a la dignidad.

En la misma Convención Americana, el artículo 13[16] reconoce una dimensión amplia de la libertad de expresión que podemos a su vez considerar la más trabajada a nivel de instrumentos normativos pues se determina la prohibición de censuras previas, salvo situaciones especialísimas, y la habilitación de responsabilidades ulteriores como conceptos procedimentales necesarios, lo cual nos deriva, como hemos afirmado antes, solo a acciones de orden civil y no a procesos penales que eventualmente puedan implicar la restricción de la libertad de informar.

Incluso dados los supuestos que configura la doctrina de la real malicia,[17] resultan vedados los sistemas de responsabilidad penal que suponen los excesos en la libertad de informar como elementos configurativos de responsabilidad penal.

En el ámbito constitucional propio, nuestra Carta Fundamental de 1993 reconoce el derecho al honor,[18] poniendo énfasis en la exigencia de rectificación en forma gratuita, inmediata y proporcional, esto es, como resultados tangibles por la afectación a esa legítima expectativa de protección.[19] A su turno, los excesos en el ejercicio del derecho a la libertad de informar[20] son determinados por la ley respectiva. Notemos aquí un detalle: se traslada aún al ámbito penal, de suyo muy oneroso y restrictivo, las trasgresiones al derecho al honor y la buena reputación.

El caso que ha merecido nuestro comentario se enmarca dentro del ejercicio normativo regular de la entidad crediticia de informar a los órganos técnicos los incumplimientos de obligaciones crediticias. En propiedad, el no cumplimiento de una acreencia genera la inscripción y registro del no pago de la obligación y por ende, la determinación de la morosidad del obligado. De esta forma, no se afecta el derecho al honor y la buena reputación del deudor, en tanto nos encontramos ante un ejercicio regular de la libertad de informar de la entidad de crédito respecto a la morosidad generada en las acreencias a su cargo.

Comparados los supuestos del caso con el examen material de los derechos al honor y la buena reputación y la libertad de informar, constatamos, en desarrollo de la escala triádica propuesta por Robert Alexy,[21] una colisión en la cual el derecho al honor del deudor sufre un nivel moderado de afectación, en tanto el ejercicio de la libertad de informar presenta un nivel alto de satisfacción. Por tanto, ese ejercicio ponderativo nos lleva a determinar, caso por caso, en una especie de jerarquía axiológica móvil, en términos de Guastini,[22] que según las circunstancias concretas del caso, los hechos y los principios en juego, así como sus márgenes de razonabilidad, han de resultar determinantes para resolver el caso en concreto.

 

Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 98. Febrero 2016. pp. 45-50     

 

[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com

[2] LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. Justicia constitucional. Revista de jurisprudencia y doctrina. . Año II. Nro. 5., enero-junio. Lima, 2007. p. 32

[3] Cfr. BÖCKENFORDE, Erns Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Trotta, Madrid, 2000, p. 67

[4] STC 02756-2011-PA/TC. Caso Sindicato de Trabajadores Municipales de Chorrillos. F.J. 4-5

[5]  Declaración Universal de Derechos Humanos.  Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

[6] Una rápida recopilación de situaciones emblemáticas en materia de libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos, nos informa de los siguientes casos: La Última Tentación de Cristo- Olmedo Bustos y otros v. Chile; Ivcher Bronstein v. Perú; Herrera Ulloa v. Costa Rica; Ricardo Canese v. Paraguay; Palamara Iribarne v. Chile; y Kimel v. Argentina. En adición a ello, la Opinión Consultiva OC- 585, sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas. 

5 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

[8] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 17

  1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
  2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

[9] Alocución utilizada en la STC 06712-2005-PHC/TC. Caso Magaly Medina. F.J. 38.

[10] Cfr. STC 06712-2005-PHC/TC. Caso Magaly Medina.

  1. (…) La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el casoLawrence c. Texas, del 2003 (se trata de un caso en que hubo una intervención estatal a un domicilio en el cual dos personas practicaban relaciones homosexuales), también está en la misma línea: 

La libertad protege a la persona de intrusiones gubernamentales arbitrarias en una vivienda u otro lugar privado (…). El derecho de la libertad se extiende más allá de los límites espaciales. La libertad supone una autonomía de la persona que incluye libertad de pensamiento, credo, expresión y cierta conducta íntima. El presente caso involucra la libertad de la persona tanto en su dimensión espacial como en sus más trascendentes dimensiones.

[11] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 19

  1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
  2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
  3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
  4. a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
  5. b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

[12] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

 

[13] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio

[14] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
  2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
  3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

[15] Constitución Política del Perú. Artículo 1.

[16] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
  2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
  3. a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
  4. b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
  5. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
  6. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
  7. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

[17] En la doctrina de la real malicia, es necesario demostrar la mala fe de quien informa irresponsablemente, subordinado a valores que presentan ostensible conflicto con la libertad de expresión. Si no existe demostración suficiente de la real malicia del sujeto activo informante, no deben aplicarse supuestos de restricción a la libertad de expresión.

Vid. BADENI, Gregorio. Doctrina de la real malicia. ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISMO. Buenos Aires, 2005. p. 17.

[18] Constitución Política de 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho:(…) 

  1. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

[19] Vid STC 6712-2005-PHC/TC. Caso Magaly Medina F.J. 38.

Por su importancia transcribimos el enfoque jurisprudencial adoptado en dicha sentencia:

  1. (…) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso von Hannover c. Alemania (ApplicationN.° 59320/00), del 2004, estableció que 

(…) la importancia fundamental de la protección de la vida privada desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad que tiene todo ser humano. Esa protección (…) se extiende más allá de círculo privado familiar e incluye también la dimensión social. El Tribunal considera que cualquier persona, aun si es conocida por el público, debe poder gozar de una ‘legítima expectativa’ de protección y respeto de su vida privada.

[20] Constitución Política de 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho: (…) 

  1. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

[21] BERNAL PULIDO, Carlos. Estructura y límites de la ponderación. DOXA 26.  CUADERNOS DE FILOSOFÍA DEL DERECHO. Universidad de Alicante, 1989. p. 9.

[22] GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. Trad de J. Ferrar. Gedisa. Bacelona. 1999. p. 170.

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