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zb. Dilemas de los jueces constitucionales

 

 

DILEMAS DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES:

NECESARIAS ACLARACIONES A LOS ROLES DE LEGISLADOR POSITIVO Y NEGATIVO  

 

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

Introducción. I. Ordenamiento y legislador positivo II. Insuficiencia y no deficiencia de la norma III. El Poder Legislativo como legislador positivo IV. Jueces constitucionales y creación del derecho V. Jurisprudencia constitucional: ¿contravención al principio de legalidad? VI.  ¿Solo funciones de simple anulación? VII. Jueces constitucionales: ¿solo el Tribunal Constitucional? VIII. Derivación de roles: inaplicación y expulsión. IX. Self restraint y sociedad civil. A modo de conclusión. 

 

 

Introducción  

Las relaciones entre la justicia ordinaria y la constitucional presentan una situación de permanente conflicto que nos conducen a diversos cuestionamientos, uno de los cuales se centra en el rol de los jueces constitucionales en el sentido de si acaso les corresponde la tarea de legisladores negativos, desde la visión kelseniana de exigencia de expulsión del ordenamiento jurídico de aquellas normas incompatibles con la Constitución misma, o si bien acaso en alguna forma se pudieran constituir en legislador positivo, a propósito de la idea fuerza de ser creadores del derecho. 

Fijamos posición por una alternativa esencialmente dual: los jueces constitucionales, en especial aquellos que imparten justicia constitucional a partir de la tarea interpretativa última de las Cortes y Tribunales Constitucionales, identifican una condición objetiva de legisladores negativos, en tanto una de sus funciones es precisamente la expulsión de normas del ordenamiento jurídico, contexto que les asigna a estos jueces la condición de legisladores prima facie negativos. 

De otro lado es viable, sin embargo, construir la noción de que si bien no representan los jueces constitucionales en estricto una función de legisladores positivos, sí es importante advertir ese rango de construcción del Derecho, a partir de la idea misma de determinación de reglas sobre la creación y aplicación del Derecho.

Nos referimos de este modo a la vieja pregunta planteada por Eugenio Bulygin,[2] quien en algún momento indagaba, como añeja reflexión positivista, respecto a si los jueces creaban derecho o no, orientándose la respuesta del autor ruso-argentino mas bien por la idea de que los jueces creaban, en los procesos a su cargo, reglas a partir del derecho, lo cual implicaba construir soluciones propias respecto de la aplicación de la norma, mas siempre bajo ese halo positivista de la regla de reconocimiento en el sentido de adoptar una posición lo más cercana posible al enunciado normativo. Ese esfuerzo de la regla de reconocimiento debía desarrollarse inclusive frente a las lagunas, a efectos de proyectar la posibilidad de alguna forma de respuesta al problema dentro de las líneas del derecho positivo, a fin de evitar esa innoble pesadilla hartiana[3] de los jueces aplicando el Derecho en oposición a las reglas y contra el ordenamiento regulado. 

La alegoría hartiana resulta pues muy útil para la reflexión que planteamos, en tanto los roles de legislador negativo sí implicarían una función de la justicia constitucional respecto al control constitucional de las normas y su compatibilidad con la Carta Fundamental, en tanto que esa perspectiva de creación del derecho, o determinación ex novo, significaría un apartamiento de la línea formal de razonamiento respecto a la norma como tal, y por tanto involucraría una desviación del noble sueño de la aplicación de la ley. A su vez, esta misma figura expresaría la incómoda pesadilla de no aseguramiento del Derecho sobre las bases firmes que el Derecho Positivo representa, y por tanto, bajo la égida de los principios, el ordenamiento ya no sería seguro para nadie, menos aún para la justicia constitucional. 

Lo antes afirmado constituye un dilema para los jueces constitucionales, pues en rigor no son solo el legislador negativo kelseniano de comienzos del siglo XX ni tampoco son el legislador positivo que rebasa las facultades del Poder Legislativo. Por tanto, su función es la de asimilar sus ideas a la nota distintiva de creación del derecho. 

 

I. Ordenamiento y legislador positivo 

Desde la tragedia de Antígona desafiando la autoridad del Rey Creonte[4] y desde la misma aceptación de Sócrates para recibir la injusta sanción de beber la cicuta por haber supuestamente envenenado las mentes de la juventud ateniense con sus ideas,[5] escenarios de esa misma naturaleza nos refieren una visión del respeto por las normas del legislador positivo. 

La idea de Bobbio[6] del ordenamiento jurídico en la visión perfecta de un haz de caracteres como la unidad, la coherencia y la plenitud,[7] refleja y comparte caracteres con la visión de Montesquieu de una separación de poderes, concepto que hoy puede ser materializada, desde una óptica de mayor rigor, bajo la visión de un concepto de equilibrio de poderes.

Ciertamente que la noción primera que identifica la posición de Montesquieu es la separación en estricto de los poderes, uno de los cuales- el Poder Judicial- era esencialmente nulo pues su competencia solo residía en la aplicación de la ley. Y era tal esa visión de mera aplicación que los jueces, en esa perspectiva, solo eran identificados como seres inanimados y hasta inertes en su reflexión, pues solo eran aplicadores de la ley, sin mayor función que la de administrar justicia desde los verbos rectores de la norma, sin atribución alguna de interpretarla pues ella era palabra del legislador.     

La idea de Montesquieu, muy fuerte en la Francia del siglo XIX, se ceñía pues a una concepción del derecho como enteramente artificial. Y efectivamente, si el derecho era artificial en el sentido de que la ley existía por voluntad del legislador,  en definitiva no era viable que se configurara una figura distinta a la aplicación de la ley pues ése no era el rol del juez.

Por tanto, en esa visión de aplicación mecánica, en la misma característica de transposición del logos matemático al derecho que enuncia Recasens Siches al analizar la Francia revolucionaria del siglo XIX,[8] al juez no le competía otra tarea que ser meramente aplicador de la norma, e inclusive se arriesgaba a ir a prisión si pretendía “insubordinarse” frente al legislador. 

En esa mecánica de razonamiento, el juez era un aplicador de la ley y bien podríamos referirnos a este juez como un referente de antigua raigambre respecto al juez kelseniano que a su vez identificaba la sola expresión del derecho positivo como consecución del razonamiento respecto a la norma, sin más atribución de roles que identificar los elementos fácticos del problema para subsumirlos en el enunciado normativo que la regla como tal representaba. 

 

II. Insuficiencia y no deficiencia de la norma 

Lo antes esbozado, idóneo en un escenario positivista, pudo mantenerse como tesis aplicativa desde la dimensión enteramente artificial del Derecho en un sentido meramente silogístico y subsuntivo.

Sin embargo, escenarios como los de las grandes conflagraciones del siglo XX, plantearon una seria disyuntiva:¿ no eran los modelos de Estado de Derecho de entonces y su visión del Rule of Law, Etat de Lois, o Rechtstaat,[9] una figura deficiente que no impidió un resultado tan siniestro como la pérdida de tantas vidas humanas? ¿O a su turno estos modelos denotaban mas bien un matiz de insuficiencia que condujo a preocupantes vacíos en el derecho y que fueron a su vez aprovechados por ideologías belicistas, como la maquinaria nazi, que súbitamente lograron el poder?  

Nos explicamos: es en el complejo marco de los modelos de Estado de Derecho que el desarrollo de los derechos fundamentales- los cuales inician una acalorada fiebre de crecimiento material en muchas Constituciones desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial- comienza a denotar una idea fuerza ciertamente cognoscible: las normas hasta entonces existentes antes que deficientes fueron insuficientes para explicar tantos escenarios complejos en relación al no respeto de derechos fundamentales básicos como el derecho a la vida, a la libertad individual y otros tantos derechos inalienables del ser humano. 

Fueron las normas insuficientes y no deficientes para aspirar a una solución a estas complejas cuestiones humanas en tanto es propio partamos de una presunción muy prima facie de constitucionalidad de la norma. Es aquí donde el legislador goza de una confianza ex ante en el perfeccionamiento de la norma jurídica, mas observemos que el complejo mundo de las relaciones jurídicas, tan variado en sus contenidos y consecuencias, bien consolida que la norma tienda a satisfacer una realidad jurídica determinada que exige repuesta, o bien que devenga en propiedad insuficiente, en cuanto no puede regular todos los supuestos de la realidad, y por tanto, presenta un escenario de insuficiencia frente al cual la respuesta del Derecho Constitucional es la de un efecto de integración permanente de los vacíos que la insuficiencia acusa, más aún si se trata de derechos fundamentales. 

En consecuencia, la justicia constitucional satisface en ese rol integrador esa exigencia de realidad que las normas deben trasuntar pues completan los jueces constitucionales aquellos contenidos que aquellas no están en posición de manifestar. 

 

III. El Poder Legislativo como legislador positivo  

El reparto de competencias que reconoce la doctrina constitucional al Poder Legislativo como único creador positivo de la norma, es un rol que corresponde ser puesto de relieve. 

En efecto, si alguna vez Carl Schmitt[10] quiso referir la tesis del “Estado jurisdiccional” como aquel escenario en el cual los jueces, sin ser gobernantes, ejercen actos de gobierno, en referencia al rol corrector de la justicia constitucional, es necesario poner de relieve que es solo el Poder Legislativo quien se constituye en  creador objetivo de la norma, quedando vedadas estas potestades para los jueces constitucionales, cuyo rol apuntaría hasta una función de legislador negativo mas no en modo alguno de legislador positivo. 

Ahora bien, esa presunción de legalidad de la norma ha de funcionar, idóneamente, en tanto exista un respeto afianzado por el orden constitucional, en tanto ese papel de regulador positivo del derecho, exige ir de la mano con un respeto por los principios, valores y directrices que alberga la Norma Fundamental. 

Es propio el ejemplo, a propósito de esta mención, de la condición de “intérprete auténtico de la Constitución”, función asignada en un primer estadío al legislador, pues asumimos, prevalentemente, que es el legislador quien interpreta la norma de su creación. 

Sin embargo, esa tarea acusa una tesis de excepción: si en esa interpretación de la norma se infringe valores constitucionales consolidados, entonces es la tarea correctora de los jueces constitucionales, la que debe enmendar aquellas incompatibilidades con la Carta Fundamental. Por lo tanto, la lógica del legislador como intérprete auténtico de ha de ser respetado en tanto no sean vulnerados ostensiblemente derechos fundamentales.  

Materializada pues esa infracción a la Constitución,  creemos que se deshabilita esa exigencia de no revisión de las decisiones del Poder Legislativo, en tanto se rompe el concepto de equilibrio de poderes al existir una norma incompatible con la Constitución, respecto a la cual se habilita la necesidad de una función de control.

Resulta meridianamente cierto, sin embargo, que esa tesis de control debe ser de suma excepcionalidad. Las competencias del Poder Legislativo en la creación, expedición y derogación de normas de derecho positivo son incuestionables. Este Poder del Estado existe para esa delicada función y como tal, difícilmente podrá revisar sus propias normas, siendo pertinente que un Poder ajeno, en el cual resultan naturales las funciones de control, sea quien determine si determinada norma es proporcional o no con relación a la Lex Legum.   

 

IV. Jueces constitucionales y creación del derecho 

La función de creación del derecho, en relación a los derechos fundamentales, indica un rol que no puede establecerse entre las funciones de legislador negativo ni positivo. 

En efecto, siguiendo las ideas de Pattaro y García Figueroa,[11] y diferenciando los ámbitos de creación y aplicación del derecho, podemos reinterpretar, de modo particular nuestro, la propuesta de los autores referidos identificando los razonamientos dogmático y por derechos fundamentales. 

El primero de ellos – el razonamiento dogmático- ha de ser fuerte en su creación pero débil en su aplicación, en específico en el desarrollo de las conclusiones de los procesos argumentativos. La tesis de la fe representa un insumo esencial en el acto volitivo de aceptar las concepciones religiosas como actos de expresión de la creencia. Creer con convicción es una condición necesaria del razonamiento dogmático y por tanto esa actitud de profundo respeto a una concepción religiosa no es sino una forma de razonamiento dogmático ante el cual no hay mayor rigurosidad que la creencia per se. Sin embargo, no es posible demostrar la convicción de las conclusiones pues el acto de fe no necesariamente puede reflejar las conclusiones de la creencia.       

Distinto es el escenario de un razonamiento por derechos fundamentales, ámbito en el cual la fase de creación del Derecho es débil mas el ámbito de aplicación del Derecho es fuerte. La diferencia es ostensible y se explica por cuanto la configuración inicial de los derechos fundamentales, al partir de principios, y muchas veces de enunciados que en suma constituyen punto de partida para la configuración de los derechos, no expresan una razón en rigor fuerte. 

Por ejemplo, el derecho a la verdad[12] parte de una exigencia de respeto por la dignidad de la persona y como tal, identifica el respeto por un valor moral. No puede haber dignidad si no se sabe la verdad. Y sin embargo, partir de esta tesis representa un escenario débil en su fase de creación, pues concurre la exigencia axiológica de construir el derecho a la verdad como un sucedáneo del derecho a la dignidad y no como una categoría positiva de la misma. Por tanto, hay un punto de partida en la construcción del razonamiento que acusa un matiz de debilidad, fundamentalmente por la indeterminación de los principios, asunto que la teoría constitucional no puede exprofesamente rechazar.[13] 

Sin perjuicio de lo afirmado, esa tesis débil se convierte en fuerte cuando aludimos a la fase de aplicación del razonamiento por derechos fundamentales, ámbito en el cual el mandato jurisdiccional de tutela de un derecho fundamental, se convierte en fuerte.

En efecto, una sentencia que defienda derechos fundamentales ya no constituye una mera construcción axiológica sino se transforma en un mandato ético que exige un respeto por el derecho fundamental vulnerado y afectado en modo ostensible, lo que a su vez traduce una necesidad de resarcimiento desde la perspectiva de respeto en sentido amplio por los derechos fundamentales. 

Bajo esa interpretación, podemos conferir una calidad de razón fuerte a los derechos fundamentales en su fase de aplicación, sujetos inclusive a los mandatos coercitivos del juez constitucional respecto de la parte obligada a restituir un derecho.       

 

V. Jurisprudencia constitucional: ¿contravención al principio de legalidad? 

Desde esta misma perspectiva de análisis de creación del derecho, actualizamos una pregunta que se mantiene con perfil vigente en la justicia constitucional: ¿pueden los jueces modificar la norma a través de la jurisprudencia? ¿Se convierten con ello en legisladores positivos? 

De una lectura del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,[14] a propósito del precedente vinculante, no apreciamos mayor rango de distinción en cuanto a la obligatoriedad del precedente vinculante y sin embargo, el desarrollo jurisprudencial al respecto,[15] ha sido enfático desde la condición de obligatoriedad de aplicación del precedente vinculante, inclusive bajo responsabilidad funcional,[16] condición que el órgano contralor ha establecido en caso de no aplicación del precedente vinculante. 

La pregunta propia a formularnos desde la Filosofía del Derecho, disciplina de la cual no nos podemos sustraer al hacer un análisis material de la condición del legislador positivo y negativo, es puntual: ¿pueden los jueces constitucionales modificar el derecho positivo desde la resolución de los conflictos jurídicos propiamente dichos? 

La pregunta formulada supra por Bulygin debe ser complementada con la figura que Guastini[17] invoca como diferencia entre disposición y norma. La disposición, al constituir un enunciado lingüístico, si bien constituye un enunciado sin interpretar, a su vez también identifica la norma en su dimensión formal. 

Sin embargo, la asignación que Guastini le confiere al concepto de norma, desde la percepción de un sentido interpretativo, es decir, de un enunciado ya interpretado, constituye una línea de análisis que trasunta la capacidad interpretativa de los jueces constitucionales para entender como noción base la modificación de la regla, no en sentido objetivo, sino desde una visión fundamentalmente interpretativa.

Konrad Hesse[18] ha tratado este tema desde la definición de los alcances de la interpretación constitucional en su sentido más amplio. La noción de mutación constitucional aporta criterios adicionales en la misma línea de análisis en tanto define, de la misma forma, que la norma pueda ser modificada, no positiva sino materialmente, con lo cual se configura un efecto de integración frente a ese escenario de insuficiencia de las normas para responder a controversias concretas. 

Es necesario afianzar la idea de que la jurisprudencia no introduce modificaciones formales a la norma sino busca el perfeccionamiento de su aplicación, siempre bajo esa presunción de constitucionalidad que acusa la norma creada por el legislador positivo, en este caso el Congreso. 

No es positiva la invasión de funciones por parte de los jueces constitucionales en relación a los efectos de aplicación de la norma. Sería cierta esa acusación de poder contramayoritario que enuncia Gargarella[19] si efectivamente los jueces invadieran sin mayor fundamento los espacios de legislador a propósito de una controversia iusfundamental. 

Y sin embargo, es pertinente recoger, nuevamente, la explicación convincente que Hamilton invoca desde el Federalista 78[20] en relación a la necesidad de un poder corrector de las acciones del Poder Judicial frente a la labor en propiedad insuficiente del legislador cuando de elaborar normas legales y constitucionales se refiere. 

Pongamos las ideas en su lugar: la entrada en vigencia de una norma cuestionada como inconstitucional supone un primer tramo en el cual el juez constitucional ha de consolidar un primer esfuerzo para salvar, hasta donde fuere posible, la constitucionalidad de la norma, y solo después de ese esfuerzo infructuoso ha de corresponder inaplicar la norma o bien expulsarla del ordenamiento jurídico. 

En segundo tramo demanda, con mayor rigor, que la declaración de inaplicabilidad de la norma o su eventual expulsión del ordenamiento se realice, debiéndose poner aquí mucho énfasis, sin que se afecten competencias propias del legislador positivo. 

En tal sentido, todo el ámbito interpretativo corrector de la justicia constitucional no podrá aludir, en modo alguno, a una variación formal de la norma, menos aún a una modificación literal de la norma, pues ésa es competencia exclusiva del legislador.    

Por tanto, estamos, en términos propios de Guastini, ante una necesaria función correctora extensiva del juez constitucional, quien apelando a ese espíritu de enunciación del sentido interpretativo del enunciado normativo, estará en condiciones de superponer un nuevo significado material de la norma. 

Notemos que en este caso no hay corrección formal alguna de la norma, solo una variación material y ahí la clave de bóveda para entender los márgenes y alcances de la justicia constitucional. 

 

VI.  ¿Solo funciones de simple anulación?  

Las funciones de anulación de sentencias del Tribunal Constitucional con relación a normas incompatibles contra el orden constitucional constituyen la principal de sus funciones. Sin embargo, éstas no quedan allí en tanto se extienden a la expedición de sentencias interpretativas propiamente dichas y sentencias interpretativas manipulativas.[21] 

Es aquí donde reside ciertamente una de las cuestiones más complejas de la interpretación constitucional pues desde el modelo kelseniano, quedó afianzada la idea de que un Tribunal Constitucional solo existía como legislador negativo. 

¿Acaso evolucionó entonces a la categoría de legislador positivo? En modo alguno pues ésa es una competencia delegable solo por excepción del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo e inclusive se trata de una función sujeta a control posterior.

Cuanto sucede es que las sentencias interpretativas constituyen la esencia propia de las funciones de control del Tribunal Constitucional, en la medida que precisamente un conjunto de las mismas, al ser manipulativas, implican la posibilidad de que los jueces constitucionales, como intérpretes autorizados de esa sociedad fraterna häberleana,[22] en ese rol que ejercen de lectura autorizada de la Constitución, puedan manejar la percepción de justificación de los contenidos materiales de la Carta Fundamental. 

En efecto, las sentencias manipulativas en sus diversas modalidades de sentencias aditivas, reductoras y sustitutivas, otorgan al más alto intérprete de la Constitución, la facultad de determinar  los alcances constitucionales de las normas en concordancia con los principios, valores y directrices que alberga la Norma de Normas. 

Se trata, por tanto, de una función compleja que igualmente demanda un esfuerzo de comprensión por asumir la tesis de que la Constitución no es simplemente nominal o únicamente semántica y que la riqueza de la misma, consiste en la idea de una Constitución viviente o living Constitution,[23] en tanto su interpretación debe ser dinámica y no estática, o bien que la Constitución no solo es ratio sino también emotio,[24] en tanto no solo traduce el espíritu formal de la norma sino apunta a descubrir la enunciación más favorable de los derechos fundamentales, en aquello que Lucas Verdú en algún momento llamó “sentimiento constitucional”.[25]    

En suma de estas ideas, la función de las sentencias interpretativas no pretende asignarle funciones de legislador positivo, en modo alguno, al  Tribunal Constitucional, función que solo le compete al Poder Legislativo. Sin embargo, es importante atender a ese espíritu propio de la interpretación constitucional, similar en alguna forma al Volksgeist,[26] para entender una posición dinámica en la lectura y justificación de las normas constitucionales. Nos referimos así a que la interpretación constitucional, en sentido amplio, constituye la esencia de un Estado constitucional y representa un modo de vivir bajo reglas de inmediación con los contenidos iusfundamentales de la Lex Legum. 

 

VII. Jueces constitucionales: ¿solo el Tribunal Constitucional?  

Nuestra interrogante asume cierto matiz de provocación pues nos encontramos frente a 2 posiciones, una de ellas irreductible y la otra amplia.

La posición cerrada asume que solo los magistrados del Tribunal Constitucional imparten la justicia de la Carta Fundamental y la que provendría del bloque de constitucionalidad. En una figura irreductible, se podría pensar, hasta de modo radical,[27] que los jueces del Poder Judicial, al ejercer sus atribuciones en procesos constitucionales de la libertad, serían prestados temporalmente a la jurisdicción constitucional y por lo tanto tendrían la calidad de “jueces postizos”, dado que no son jueces de origen de la justicia constitucional. 

Una segunda acepción, más amplia, implica que los jueces del Poder Judicial antes que jueces de sus propias competencias, son jueces de la Constitución. Esta afirmación es, en propiedad, omnicomprensiva, en tanto identifica una vinculación amplia del concepto de juez constitucional y es hoy una premisa de fuerza: ningún juez penal, civil, de familia, de trabajo, etc., podría resolver solo desde los contenidos formales de los Códigos sustantivos y adjetivos que su materia ocupe, sino necesita desarrollar, con la mayor amplitud posible, la visión de irradiación[28] e impregnación de la justicia constitucional, la cual se proyecta a todos los ámbitos del derecho sin que podamos alegar tesis alguna de zonas no exentas de control constitucional.[29] 

En esa línea de ideas, es de suyo pertinente aportar el matiz histórico del caso: existe justicia constitucional desde los primeros fallos del juez Edward Coke[30] y John Marshall[31] en los años 1610 y 1803, respectivamente. 

En efecto, Coke no cede ante los arrebatos del Rey Jacobo I de Inglaterra y le da la razón al médico Bonham, en tanto Marshall enfrenta un problema de suyo complejo entre una ley habilitante y la Constitución de los EE.UU., y sin embargo, en ambos casos se reafirman lo caracteres de la justicia constitucional. 

De esa forma, correspondía, en el primer caso, que el rey de Inglaterra supiera que la impartición de justicia era una labor que requería largo estudio y preparación, así como debía preferirse, en el segundo caso, la aplicación de la Constitución antes que la de una norma con rango de ley que devenía incompatible con la Norma Fundamental de la justicia norteamericana.  

Sin perjuicio de lo expresado, es recién en el año 1919 que es creado el Tribunal Constitucional de Austria, hecho que representa, en propiedad, la partida de inicio de la existencia de un órgano ajeno al Poder Judicial para la dilucidación de las controversias constitucionales. Kelsen le otorga carta de ciudadanía al modelo de control concentrado a partir de un Tribunal con funciones de legislador negativo, en consecución de esa idea positivista de un ordenamiento jurídico con visos de perfección, que a su vez no podía soportar normas incompatibles con la Ley de Leyes. 

En ese rigor de argumentos, apreciemos pues que la justicia constitucional no puede desvincularse, históricamente, de la función propia de los jueces del Poder Judicial quienes inclusive le otorgan carta de ciudadanía al control constitucional propiamente dicho. Bajo este mismo concepto, se impone entonces la necesidad de una función de colaboración intra órganos- Poder Judicial y Tribunal Constitucional- a efectos de compartir argumentos en común para una mejor defensa de los derechos fundamentales. 

 

VIII. Derivación de roles: inaplicación y expulsión. 

Expuestas las ideas que anteceden, no corresponderá en estricto a los jueces del Poder Judicial sino la inaplicación de normas incompatibles con la Constitución en los casos concretos sometidos a su conocimiento. Un poco más allá, los jueces constitucionales del Poder Judicial podrán aplicar, inclusive, el principio de proporcionalidad, a propósito del necesario control de constitucionalidad de las normas vigentes que a su vez son sometidas a un control de validez y compatibilidad con la Constitución. 

A su turno, el Tribunal Constitucional, bajo rezagos kelsenianos, podrá seguir expulsando normas del ordenamiento jurídico en tanto sea determinada la incompatibilidad de un dispositivo con la Constitución. 

En ambos casos, queda vedada la función de legislador positivo en tanto ésta es una competencia regular del Poder Legislativo. Y sin perjuicio de lo afirmado, es pertinente poner de relieve un matiz que ambos estamentos comparten: las funciones amplias de interpretación constitucional en sentido material. 

En efecto, no podemos soslayar, en modo alguno, que la afirmación que antecede distorsiona, en apariencia, las funciones del legislador positivo. Más aún, nos preguntaríamos una vez más si  no es antidemocrático que quienes no han sido elegidos- los jueces- se atribuyan un rol prevalente frente a quienes sí han sido elegidos.

La respuesta es puntual: los jueces constitucionales gozan de una prerrogativa correctora que el Estado Democrático y Social del Derecho, en su máxima expresión- el Estado constitucional- les asigna para precisamente salvar la democracia de los excesos de los demás poderes, y frente a esto es objetiva la conclusión: no sería esa función correctora atribuible a los Poderes Legislativo ni Ejecutivo pues implicarían concentración de poder. Por tanto, deviene necesario que un órgano ajeno a ellos ejerza esas denominadas funciones de control constitucional. 

 

IX. Self restraint y sociedad civil  

Nuestra idea de un concepto dual y de suyo complementario a la noción de  legislador positivo y negativo, en aras de una función propia de creación del derecho en la justicia constitucional, no puede contravenir el tratamiento de una idea que la doctrina constitucional ha instado a manejar con cuidado: la necesidad de que los jueces constitucionales se auto controlen, dado lo pernicioso que implicaría impulsar controles formales sobre los roles de legislador negativo del Tribunal Constitucional. 

En efecto, la impartición de justicia constitucional parece debatirse entre un rol de activismo judicial restringido e hiperactivismo. Éste último deviene contrario a los derechos fundamentales y el principio de supremacía normativa de la Constitución, en tanto los jueces constitucionales se exceden en sus funciones y van más allá de ese mandato de prudencia que impone la función de justicia. 

A su turno, bien puede constituir la idea de activismo judicial restringido un oximorón y sin embargo, no es así, pues no hay una contraposición manifiesta entre la idea de que un juez sea activista, es decir, se preocupe por la defensa de los derechos que gozan de protección constitucional, y de otro lado, que igualmente exista una restricción ponderada en esa delicada tarea de impartir justicia constitucional desde la perspectiva de última instancia de decisión. 

Destacada esa idea, creemos pues que una cuestión que ayuda al concepto de autocontrol, que en propiedad permite que ese control asuma una dimensión real, reside, también, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pues la ecuación base a señalar es puntual: a mejor elección de magistrados, mejor panorama de decisiones más sólidas en la justicia constitucional.[32]  

Es aquí donde nos permitimos anotar un rol de relevancia de la sociedad civil, en la medida que su aporte es fundamental para la consolidación de una mejor justicia constitucional. Nos referimos a que corresponde a la sociedad civil, a la comunidad jurídica en su conjunto, el aporte propio de las mejores fórmulas de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. 

A este respecto, la elección de un Congreso de primera línea, permitirá un mejor consenso en la determinación de los puestos clave de la justicia constitucional, y de la misma forma, el aporte de mejores formas de elección,[33] evitándose así la elección de puestos de la magistratura constitucional en función a criterios algunas veces políticos, dada la necesidad de que la elección sea prevalentemente técnica y de calidad para que precisamente los mejores constitucionalistas del país integren la magistratura del más alto órgano de impartición de justicia constitucional. 

 

A modo de conclusión  

Categorizar en estricto las formas de legislador positivo y negativo implica razonamientos excluyentes que no tienen asidero sólido en la justicia constitucional. Ciertamente el legislador positivo por excelencia es el Poder Legislativo, función asignada dogmáticamente desde las posiciones de la Constitución bien equilibrada y los pesos y contrapesos de la teoría inglesa, así como la propuesta de separación de poderes del señor de la Bréde y barón de Montesquieu en el siglo XVIII. 

A su turno, el concepto material de legislador negativo representa la tesis primigenia de Kelsen desde la visión de un órgano independiente del Poder Judicial ejerciendo funciones de control concentrado en la justicia constitucional. Sin embargo, tal concepto decimonónico atiende solo a una función de simple anulación de sentencias del Tribunal Constitucional y hoy, en pleno siglo XXI, la función interpretativa asume por cierto dimensiones muy distintas en tanto el ámbito de sentencias interpretativas connota una tarea de lectura material de la Constitución desde perspectivas muy amplias. 

Es entonces esa función de creación del Derecho en la justicia constitucional la nota distintiva con relación a los conceptos de legislador positivo y negativo,  pues traduce una competencia de los jueces constitucionales- magistrados del Tribunal Constitucional y jueces constitucionales del Poder Judicial- quienes resultan llamados a delimitar, cuando fuere el caso, los excesos de los poderes, en aras de consolidar aquello que no es una quimera sino una realidad tangible y que denominamos el Estado constitucional. 

Bajo esas premisas, destacamos el rol creador de la justicia constitucional y la importancia que asume trasuntar estas facultades en una evolución material del rol de legislador negativo. 

En aras de una noción de equilibrio, el control a ejercer sobre ese rol creador debe ser prudente, ponderado y adecuado, siendo el self restraint una pauta necesaria a trabajar. Y en otra faceta de autocontrol, nos corresponde a los ciudadanos  ejercer la exhortación por elegir a los mejores magistrados del Tribunal Constitucional.  

Finalmente, los dilemas anotados tienen mucho más un matiz de apariencia que de realidad y sin embargo, es menester asumir las dimensiones de la justicia constitucional como contenidos permanentes a desarrollar, en tanto representan retos de envergadura para quienes ejercen en este ámbito función jurisdiccional. 

 

 Publicado en Gaceta Constitucional No. 72. Diciembre 2013. pp. 299-310 

 


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Profesor Visitante de la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com 

[2] BULYGIN, Eugenio. Los jueces, ¿crean derecho? Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 18. abril 2003, pp.6-25 

[3] HART, Herbert. Una mirada inglesa a la teoría del derecho americano: la pesadilla y el noble sueño. En AA.VV. El ámbito de lo jurídico. Barcelona. Crítica, 1994. p. 327-330. En LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Revista de jurisprudencia y doctrina. Año IIII. No. 5, enero- junio. Lima, 2007. p.  34 

[4] Tragedia de Sófocles, proyectada hacia el año 442 A.C. Al recoger Antígona el cuerpo de Polinices, cuyo cuerpo no podía ser enterrado por supuesta traición, desafía la autoridad del Rey Creonte. La dicotomía de esta tragedia rescata, en mucho, la dualidad entre la orden del Rey, aunque ciertamente ilegítima, y el deber moral nacido del vínculo familiar entre Antígona y Polinices. Antígona es finalmente condenada a muerte. Esta tragedia grafica el desobedecimiento a la ley aunque bajo un imperativo moral.

[5] Platón narra en su Apología de Sócrates que pudo evitar el condenado la sentencia de muerte impuesta pero en señal de acatamiento, Sócrates acepta la pena impuesta. Esta figura debe contextualizarse en el sentido esbozado por Sócrates pues si las leyes de una Ciudad Estado no son obedecidas, y por ende no se acatan las decisiones de los jueces (360 jurados votaron por la pena de muerte y 141 por una multa),  entonces no hay Ciudad Estado. 

[6] BOBBIO, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico, 1960.  En Introducción al Derecho de José Luis del Hierro. Editorial Síntesis, Madrid, 1997. p. 95. 

[7] Esta noción de Bobbio indica que en un ordenamiento no pueden normad dispersas con sus propios contenidos y por tanto, se traducen en una sola unidad; a su turno, no pueden haber incompatibilidades diversas o antinomias sino todas deben solucionarse para un esquema de coherencia; finalmente, tampoco hay lagunas definitivas, imponiéndose la idea de colmar las mismas, configurándose un carácter de plenitud

[8] Cfr. RECASENS SICHES, Luis.  La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX,  extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del derecho, México, Ed. Porrúa S.A., 1980. p. 190. 

Las ideas gráficas de Recasens Siches se acercaban en mucho a una especie de transposición matemática del razonamiento meramente aplicativo de la ley. La visión del legislador apuntaba a una idea de exactitud, en tanto los hechos debían ser subsumidos en la norma, sin más opción para el juez que la única aplicación  de la ley. Desaparecía así la arbitrariedad de los tribunales del Ancién Régime o antiguo régimen, para dar lugar a un nuevo criterio de fuerte vinculación: la aplicación de la ley. De esta forma, desaparecía el abuso del juez anterior a la revolución francesa.  

[9] Vid. GROTE, Rainer. Rule of Law, Rechtstaat, y État de Droit. Materiales de enseñanza 2010. Teoría constitucional. Universidad Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque. 

Advirtamos que los términos referidos- secuencialmente en inglés, alemán y francés, respectivamente- se refieren a un mismo concepto: Estado de Derecho.   

[10] PLAZAS VEGA, Mauricio. Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Temis y Universidad del Rosario, 2003, p. 263., en referencia a La defensa de la Constitución de Karl Schmitt y la réplica de Hans Kelsen, Quién debe ser el defensor de la Constitución. 

A juicio nuestro,  el debate, generado durante la crisis de la República de Weimar en Alemania, giraba en torno a un mismo punto en cuanto al Hutter der Verfassung (o defensor de la Constitución): tanto un Tribunal Constitucional como los jueces del Poder Judicial resultaban sujetos implícitos en la defensa de la Constitución. Por tanto, el distingo solo era de forma, no sustantivo. La polémica se extendió a la concepción del Estado y las formas jurídicas democráticas. 

Vid también SCHMITT, Carl y KELSEN, Hans. La polémica Schmitt-Kelsen sobre la justicia constitucional. El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Estudio Preliminar de Giorgio Lombardi. TECNOS.  Madrid, 2009.  p. I- LXXII 

[11] GARCIA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN, Marina. La argumentación en el derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2003. p. 68. 

El esquema presentado por Enrico Pattaro, profesor de Bolonia, del cual se sirve García Figueroa para desarrollar su planteamiento, reside en 4 modelos: los de Kant, Tomás de Aquino, Viehweg y Perelman, y la Teoría de la Argumentación Jurídica TAJ estándar. Distingue las fases de creación del derecho y aplicación del derecho, y los sentidos asignados son: Kant (modelo fuerte- fuerte), Santo Tomás de Aquino (fuerte. débil), Viehweg y Perelman ( débil-débil); y TAJ estándar (débil- fuerte)    

[12] STC 2488-2002-HC/TC. caso Villegas Namuche. FF.JJ. 8-20.

13.  Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que, en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una mejor garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente.  

[13] COMANDUCCI, Paolo. Principios jurídicos e indeterminación del derecho. Doxa. N. 21, vol. 2. 1998. p. 89-104 

[14] Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo VII. 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. 

[15] Vid STC 3741-2004-AA/TC. Caso Salazar Yarlenque.  FF.JJ. 36-49. 

[16] STC 006-2006-CC/TC. Caso Casinos Tragamonedas.  FF.JJ. 53-54. 

[17] Cfr. GUASTINI, Riccardo. Disposición vs Norma. Lima- Perú.- Palestra Editores, 2011. p. 136. 

Llama Guastini “disposición” a cada enunciado que forme parte de un documento normativo  y “norma”, a cada enunciado que constituya el sentido o significado atribuido.  

[18] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p.  45. 

[19] GARGARELLA, Roberto.  La dificultad de defender el control de constitucionalidad de las leyes.  Isonomía. 6, abril de 1997.  p. 55-57 

[20] HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. El Federalista. Fondo de Cultura Económica. México, 1957.  En GARGARELLA, Roberto.  Op. cit. p. 56 

[21] STC 004-2004-CC/TC. Caso Presupuesto del Poder Judicial. F.J. 3.

3.2. Las sentencias interpretativas propiamente dichas 

(…) Dicha modalidad aparece cuando se ha asignado al texto objeto de examen una significación y contenido distinto al que la disposición tiene cabalmente. Así, el órgano de control constitucional puede concluir en que por una errónea interpretación se han creado “normas nuevas”, distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de ley objeto de examen.  Por consiguiente, establece que en el futuro los operadores jurídicos estarán prohibidos de interpretar y aplicar  aquella forma de interpretar declarada contraria a la Constitución.

3.3. Las sentencias interpretativas-manipulativas (normativas) 

En este caso el órgano de control constitucional detecta y determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional dentro de una ley o norma con rango de ley. La elaboración de dichas sentencias está sujeta alternativa  y acumulativamente a dos tipos de  operaciones: la ablativa y la reconstructiva. 

La operación ablativa o de exéresis consiste en reducir los alcances normativos de la ley impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o hasta una norma cuya significación colisiona con la Constitución. Para tal efecto, se declara la nulidad de las “expresiones impertinentes”; lo que genera un cambio del contenido preceptivo de la ley.  

La operación reconstructiva o de reposición consiste en consignar el alcance normativo de la ley impugnada “agregándosele” un contenido y un sentido de interpretación que no aparece en el texto por sí mismo. 

[22] HÄBERLE, Peter. Métodos y principios de la interpretación constitucional: un catálogo de problemas.  Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 379-411. p.  695. 

Señal el autor alemán en relación al concepto de sociedad abierta de intérpretes:

Todo el que tiene relación con el objeto de regulación de las normas es indirectamente y, llegado el caso, también directamente, intérprete de las normas. El destinatario de las normas participa de una manera más intensa en el proceso de interpretación de lo que generalmente se suele entender 65. Puesto que no sólo los juristas viven las normas, tampoco son ellos sus únicos ni sus principales intérpretes. El concierto de intérpretes en sentido amplio y estricto no sólo tiene lugar allí donde funciona de manera institucionalizada (como en la jurisdicción). (…)  

[23] LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Revista de jurisprudencia y doctrina. Año IIII. No. 5, enero- junio. Lima, 2007. p.  32 

[24] LANDA ARROYO, César.  Op cit.  p. 36. 

[25] LUCAS VERDU, Pablo. El sentimiento constitucional. Edit. Reus. Madrid., 1985 

[26] Traducido del alemán como “Espíritu del pueblo” en referencia a rasgos comunes de los pueblos a lo largo de su historia. Su origen parte del nacionalismo romántico. 

[27] STC 006-2006-CC/TC. Caso Casinos Tragamonedas. Voto aclaratorio.

Señala el voto del magistrado Vergara Gotelli:

(…) es preciso recordar también que el Tribunal Constitucional determinó en dicho precedente ( ne referencia a la STC N.° 009-2001-AI/TC y 4227-2005-AA/TC)sobre el proceder de los jueces del Poder Judicial, prestados a la justicia constitucional, para que éstos cumplieran las órdenes que el Tribunal Constitucional como superior jerárquico y como máximo intérprete de la Constitución había determinado, lo que significa que se trataba de una decisión exclusivamente constitucional no obstante que en la jerarquía de la sede constitucional actuaban en los grados inferiores “jueces constitucionales postizos” cedidos exclusivamente para esta labor, vale decir para procesos constitucionales de amparo, cumplimiento, hábeas corpus y hábeas data por el Poder Judicial, lo que significa que para estos casos no era el Poder Judicial el llamado a notificar ni a contradecir lo que se dispuso en sede constitucional.(…)  

[28] PRIETO SANCHIS, Luis. Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Palestra. Lima, 2007. p. 123. 

[29] STC 5854-2005-PA/TC. Caso Lizana Puelles.

19.  La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis resulta manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de corrección funcional, ya que desconoce, por un lado, el carácter jurídico-vinculante de la Constitución y, por otro, la función de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201º de la Constitución). En efecto, dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido reconocida constitucionalmente al (Jurado Nacional de Elecciones) JNE (artículo 177º de la Constitución) con autarquía, pues pretende que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en aquellos casos en los que resulten contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. Lo que equivaldría a sostener que para el JNE, tales principios y derechos no resultan vinculantes. 

[30] Caso Bonham vs. Henry Atkins.  Sentencia emitida por el juez Lord Edward Coke. 1610. 

Parte de la sentencia del juez Coke, ante la pretendida interferencia del Rey Jacobo I en el fallo, señalaba: 

“ es verdad que Dios ha dotado a su Majestad de excelente ciencia y grandes dotes naturales, pero su Majestad no es docto en las leyes de su reino, y los juicios que conciernen  a la vida, la herencia(…) no deben decidirse por la razón natural, sino por la razón y los juicios artificiales del derecho, el cual es un arte que requiere largo estudio y experiencia, antes de que un hombre pueda llegar a dominarlo, el derecho es la vara de oro de la virtud  y la medida para sentenciar las causas de sus súbditos”   

[31] Fallo Marbury vs. Madison. Sentencia del Juez John Marshall. 1803.

Rescatando el concepto de cláusula de supremacía normativa de la Constitución,  la sentencia del Juez Marshall señalaba: 

“Si una ley es contraria a la Constitución; si tanto la ley como la constitución se aplican a un caso determinado, de modo que el tribunal deba decidir ese caso conforme a la ley, sin tener en cuenta a la Constitución; o bien, conforme a ésta y sin considerar la ley; el tribunal debe determinar cuál de estos ordenamientos en pugna debe normar el caso. Lo anterior radica en la esencia misma del ejercicio de la justicia. Si entonces los tribunales se basan en la Constitución y ésta es superior a cualquier disposición ordinaria de la legislatura, la Constitución, y no ese decreto común, debe regir el caso al cual ambas se aplican…”.

[32] El caso de la Corte Constitucional de Colombia es paradigmático. La composición muy sólida desde el inicio de funciones de esta prestigiada Corte con la Constitución colombiana de 1991, ha permitido la ubicación de este Tribunal como la judicatura líder en la defensa de los derechos fundamentales. Sus sentencias son usualmente invocadas por las Cortes y  Tribunales Constitucionales de la región. 

[33] La experiencia colombiana nos refiere que la rama judicial- el equivalente a nuestro Poder Judicial peruano- también tiene facultades de propuesta de magistrados del Tribunal. En el caso español, inclusive el Rey de España propone 2 plazas para magistrados del Tribunal Constitucional español. En el modelo peruano, el Poder Legislativo asume todas las funciones de propuesta y elección. 

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