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ze. Separación de poderes y jueces constitucionales

SEPARACIÓN DE PODERES Y JUECES CONSTITUCIONALES:

 

UN ENFOQUE DE ROLES CORRECTORES[1]

 

 

Edwin Figueroa Gutarra[2]

 

Contenidos 

Introducción 1. Hamilton y los esbozos de polémica sobre los poderes. 2  Corrección de los actos de poder 3. Exigencias de la interpretación constitucional en el rol corrector de los jueces 4. ¿Estado Jurisdiccional? 5. Rasgos de un Estado neoconstitucional 6. Ponderación y normas. A modo de ideas finales

 

Introducción

El concepto formal de separación de poderes, desde las primeras ideas de Montesquieu, ha significado tradicionalmente una idea de separación en sentido estricto, evitando así la peligrosa concentración de todo el poder en un solo estamento. Así, en la propuesta del pensador de la Bréde, debemos tener poderes separados de acuerdo a las funciones asignadas por la ley y la Constitución: un Poder Ejecutivo que estrictamente gobierna, un Poder Legislativo cuyos deberes se circunscriben a la producción de leyes, su derogatoria o modificación y un Poder Judicial que juzga en conflictos específicos.

Sin embargo, esto no implica una idea suficiente de lo que realmente debemos entender por una concepción material de la separación de poderes. La separación de poderes, de vista al siglo XXI, exige necesariamente entender un redimensionamiento de su concepto desde la noción de “equilibrio”, a partir de los roles asignados a cada uno de estos poderes desde el conjunto de valores, principios y directrices que informan nuestras Cartas Fundamentales.

Proponemos en este trabajo, a grandes rasgos,  desarrollar las funciones del poder corrector de los jueces en relación, especialmente, a los actos formales del Poder Legislativo, fundamentalmente porque entre los Poderes Judicial y Legislativo es en específico tiene lugar el escenario corrector de la justicia constitucional.

Tal función de control no puede ser en exceso abierta: caracteriza su racionalidad y razonabilidad el empleo de premisas en la interpretación constitucional de las leyes así como podemos argüir un conjunto de rasgos básicos que identifican la ponderación en el ámbito de un nuevo modelo de Estado, cuyo matiz neoconstitucional es en suma la identificación de postulados materiales que subyacen en todas las Cartas Fundamentales.

 

  1. Hamilton y los esbozos de polémica sobre los poderes

Es pertinente aquí remitirnos a la vieja polémica generada a partir de “El Federalista 78” de Hamilton,[3] desde el cual fue esbozada la premisa de un necesario control de los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo desde la función judicial de control de los actos de poder, a cargo en propiedad del Poder Judicial.

La  propuesta de Hamilton fue muy criticada pues un Poder que reunía la condición de satisfacción del principio mayoritario como el Legislativo, elegido a partir de un acto regular de depósito de la voluntad popular, era a su vez controlado, desde los roles de control jurisdiccional, por quienes precisamente no representaban sino un principio contramayoritario, en la medida que los jueces eran en rigor designados, en los sistemas históricamente más remotos, por el Poder Ejecutivo y no devenían  elegidos por voluntad popular como sí sucedía con los representantes al Congreso.

La contradicción acotada parecía ser más que legítima en la medida que los jueces no eran realmente designados por la expresión de un medio de democracia directa, como voluntad de los ciudadanos, sino por un criterio ajeno propiamente al acto de elección que caracteriza el voto popular. En consecuencia, aseveraba la crítica, no se justificaba la legitimidad de ese control ajeno a una democracia material.

La justificación de Hamilton a estas críticas en “El Federalista 78” superó los márgenes de las cuestiones observadas: no se trataba de poner a un poder por encima del otro, sino en propiedad, apuntaba el pensador norteamericano, que la legitimidad de las decisiones del Poder Legislativo, precisamente obtenían validez, es decir, compatibilidad con la Constitución, a partir de ese control judicial que suponía una examen de constitucionalidad de las decisiones de poder del legislador.

Ahora bien, podemos aportar, en esfuerzo de la idea crítica de función de los jueces, un esbozo de autorregulación de los propios poderes, es decir, que el Poder Legislativo enmiende sus propias decisiones y que se produzca una suerte de self restraint, o ejercicio de autocontrol.

Prima facie ésta es una idea que puede lograr un rango de aceptabilidad: podríamos pensar que una norma expedida por el Poder Ejecutivo, en el legítimo ejercicio de las funciones de regulación que también le asisten, o bien que una norma expedida por el Poder Legislativo, dentro de las atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes, no sean compatibles con el ordenamiento constitucional, y que validada esa propia auto verificación, opten estos Poderes por un cambio de posición, y justifiquen un ámbito que implique la modificación de los aspectos incompatibles con ese orden material de valores que implica el efecto vinculante de las Normas Fundamentales.

Sin embargo, no es en estricto una situación que las más de las veces ocurre, simple y llanamente porque no existe el necesario consenso en democracia para este efecto. Es usual que el Poder Legislativo, salvo excepciones de rigor, justifique una norma con rango de ley en el sentido de que se han cumplido los procedimientos formales para la adopción de la norma.

No le faltaría razón al legislador para esta justificación y sin perjuicio de ello, advirtamos que no basta la justificación de un procedimiento formal sino el necesario escenario de validación material de la norma con la Carta Fundamental. Es decir, no basta visualicemos solo un aspecto formal de la norma en cuanto a la vigencia de la misma, lo cual expresa solo un control de legalidad, sino un ámbito de legitimidad de la misma, entendida a partir de su compatibilidad con la Constitución, lo cual expresa una exigencia de validez, tarea que de suyo no es función regular del Poder Legislativo.

Nos vemos, entonces, ante un escenario contradictorio: quienes no satisfacen en apariencia la condición del principio mayoritario, enmiendan jurisdiccionalmente posiciones de quienes sí justifican esa exigencia del principio de la mayoría.

Aquí admitimos el argumento de Hamilton en el sentido de que es precisamente ese control judicial el efecto de legitimación de las decisiones del Poder Legislativo, sea para aprobar la norma adoptada, perfeccionando su ámbito de legitimidad con respecto a la Constitución, o bien para efectuar los ajustes necesarios, unas veces inaplicándola si optamos por el control difuso de constitucionalidad de la norma, a cargo de los jueces; o bien expulsándola, desde la perspectiva kelseniana, del ordenamiento constitucional, sea por medio de un Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional, dadas las imperfecciones de rigor con el orden material que identifican nuestras Normas de Normas.

 

  1. Corrección de los actos de poder

En adición a lo señalado, valdría una interrogante de rigor: ¿rompemos la teoría de separación de poderes de Montesquieu al afirmar que un Poder puede corregir los actos formales de otro?

Nuestra respuesta sería negativa, en la medida que reafirmamos la dimensión del concepto de separación de poderes a través de una noción material más avanzada de equilibrio de poderes. Nuestra tesis reafirma que es exigible que ese equilibrio sea real,[4] que no constituya solo una premisa formal sino una concepción material, con vocación de verdad, predictibilidad y universalidad.

En efecto, los Poderes no pueden ser reales si nos circunscribimos únicamente al enunciado lingüístico de la separación de poderes. Siguiendo a Guastini,[5] se hace indispensable la noción de rescatar el sentido interpretativo del concepto de equilibrio de poderes y ello se produce a través de esta función de control de constitucionalidad reservada a jueces del Poder Judicial, en su rol constitucional, así como a las más altas Cortes Constitucionales, cuya tarea resulta omnicomprensiva del concepto de constitucionalidad en su dimensión más amplia.

¿Pueden darse acaso funciones en contrario, es decir, que el Poder Legislativo, dentro de esa percepción de equilibrio, corrija actuaciones del Poder Judicial? O más aún, ¿que lo haga el Poder Ejecutivo?

Consideramos que los ámbitos deben ser definidos a este respecto y la pregunta que formulamos tiene espacios de respuesta en sentido afirmativo: el Poder Legislativo tiene potestad de corrección respecto a la carrera de los jueces, y bien está en condiciones de perfilar los requerimientos del caso a fin de determinar las condiciones de ingreso, permanencia y fin de la función judicial.

De la misma forma, al Poder Ejecutivo le asiste la facultad de iniciativa en las exigencias de perfilar la carrera judicial. Observemos que en estos casos se configura un ejercicio regulador y ante todo formalmente descriptivo de las condiciones que afectan la carrera de los jueces cuya función profesional los pone al servicio del Estado para funciones, también, de control constitucional.

La función judicial de corrección en el ámbito de la constitucionalidad de las leyes tiene un matiz descriptivo de entrada, mas es en el ámbito material de corrección en donde distinguimos un contexto mucho más amplio de análisis, en tanto entendemos por función material una perspectiva que se orienta a buscar las características de unidad de la Constitución y concordancia práctica, principalmente,  que identifica una interpretación judicial.

 

  1. Exigencias de la interpretación constitucional en el rol corrector de los jueces

La exigencia de interpretación judicial de la Constitución, y por ende de las normas que son expedidas en el ámbito del Estado constitucional de Derecho, siguiendo las ideas de Konrad Hesse,[6] plantean una serie de exigencias mínimas respecto a las características de esta interpretación.

En ese rigor de ideas, una norma expedida por el Poder Legislativo exige encontrarse en concordancia con la Constitución, formando una sola estructura, esto es, es la expresión del principio de unidad de la Constitución. Vale decir, no puede esa norma admitir una interpretación particular y ajena a la Constitución, pues forma dicha norma, en una idea bobbiana[7] de sus contenidos, una sola unidad  con la Carta Fundamental.

Bajo ese fundamento, no existen entonces zonas exentas de control constitucional sino exigencia de normas que son susceptibles de revisión y a las cuales se exige tanto una dimensión formal de unidad con la Constitución como una identificación material de adecuación a los preceptos que la Norma Normarum perfila.

De igual forma, la exigencia de concordancia práctica de una norma con la Constitución, demanda compatibilidad y coherencia con la Norma Fundamental: compatibilidad, por cuanto no puede ser contradictoria con la Constitución misma, y coherencia, en razón de que se exige una adecuación con los principios más relevantes de todo Estado de Derecho, entre los cuales encontramos el principio de interdicción de la arbitrariedad, la defensa de la vida humana, la libertad de las personas, entre otras premisas de entrada al ordenamiento constitucional. En este orden de ideas, si una norma a cargo del Poder Legislativo no satisface estas exigencias mínimas de rigor, no puede ser válida ni legítima y se requiere el poder corrector de los jueces sobre la misma.

A su turno, la idea de corrección funcional como principio de interpretación, nos dice de suyo, en forma objetiva, que si esas funciones del Poder Legislativo o Poder Ejecutivo, no son cumplidas a cabalidad, en concordancia con la Carta Fundamental, pues se autoriza el ingreso de la función correctora de los jueces.

Esto es muy puntual: no existe exigencia alguna de corrección si las tareas de estos Poderes son ejercidas a cabalidad, dentro de los rangos de racionalidad y razonabilidad de las normas jurídicas puestas en vigencia.

En esto debemos ser mucho más restrictivos aún: si esas funciones son adecuadamente ejercidas, no debe existir función correctora de los jueces pues esas circunstancias sí ameritarían la invasión de espacios y funciones de los otros Poderes del Estado, y ahí pondríamos a los jueces en una situación de negativa preponderancia, o intento de la misma, sobre las funciones que ejercen tales otros Poderes del Estado.

Ello generaría una situación de hiperactivismo judicial y ése no es el espacio correcto a buscar, premisa a mérito de la cual se demanda de los jueces un activismo judicial restringido. Activismo, por cuanto sí es necesario un rol activo de los jueces en la defensa activa de los derechos fundamentales de las personas; y acción restringida, en tanto esa actividad debe ser ejercida de un modo equilibrado, prudente y ponderado, escenario que es posible de estar imbuidos los jueces de esta adecuada visión de corrección funcional.

En ese mismo horizonte de ideas, la premisa de función integradora que asigna Hesse a la interpretación constitucional, nos conduce a la reafirmación del concepto anterior: las decisiones de los jueces deben buscar el equilibrio y la paz social, en la medida que el producto de la interpretación debe perfilar crear condiciones adecuadas para alcanzar el necesario equilibrio que demanda todo Estado de Derecho.

Finalmente, la idea de supremacía de la Constitución, como otro principio de la interpretación constitucional, principio que John Marshall en 1803 denominó “cláusula de supremacía de la Constitución” en el caso Marbury vs. Madison[8] no es sino la expresión de que no puede existir norma del Poder Legislativo por encima de la Constitución, en tanto ésta es la norma vinculante, prevalente y última por sobre las demás normas.

De esa forma, los jueces adecuarán las normas sometidas a su control para validarlas en el sentido más amplio del término, si su contenido formal y material tiende a este propósito de la interpretación constitucional. Más aún, los jueces habrán de presumir la constitucionalidad de las normas, y solo si después de ese intento por salvar su constitucionalidad, ese propósito es inviable de ejecutar, recién han de ejercer ese poder corrector, el cual ha de ser desarrollado como rezago último de un necesario control de constitucionalidad.

Y a su turno, o bien el juez podrá reinterpretar la norma para encontrar su posible compatibilidad con la Constitución, o bien utilizará la figura de la  mutación constitucional para que a través de una reinterpretación de la norma, pueda alcanzar esa norma el fin social que le es asignada por la interpretación constitucional.

Conviene aquí hacer una aclaración de rigor: esa interpretación no alcanza, seamos enfáticos en eso, a una modificación literal de la norma sometida a examen. En ese sentido, defendemos esa potestad primera del Poder Legislativo.

Sin embargo, los jueces sí pueden reinterpretar esa norma, es decir, por encima de su contenido formal, reasignarle un valor distinto y ello no implica una modificación formal de la norma pues ésa es atribución exclusiva, insistimos, del Poder Legislativo.

Y he aquí una premisa compleja de asumir: el Poder Legislativo reclama funciones de autonomía en su ejercicio configurador de las normas, la premisa es de suyo aceptable, y sin embargo, insistimos en la tesis, creemos válida, en el sentido de que si esa función no respeta cuando menos los lineamientos centrales de los principios de la interpretación constitucional que los jueces deben observar en su tarea de corrección, entonces adquiere plena legitimidad ese rol de control que los juzgadores efectúan para estos casos de análisis de la norma.

 

  1. ¿Estado Jurisdiccional?

Volviendo a un planteamiento anterior que es necesario agotar, podemos preguntarnos: ese rol prevalente que se asigna a la justicia constitucional, ¿podrá acaso implicar, a modo de esbozo schmittiano,[9] la propuesta de un Estado Jurisdiccional? Es decir, ¿podemos acaso concebir una incipiente forma de Estado en la cual los jueces sin ser gobernantes, ejercen actos de gobierno cuando corrigen los actos formales del Poder Legislativo?

No consideramos que ésa sea la propuesta central de cuanto esbozamos a propósito de los lineamientos de interpretación del poder corrector que los jueces representan. Los jueces solo juzgan y resuelven de acuerdo al caso concreto comentado.

No existe aquí esbozo alguno de exceder el papel asignado a los mismos y de derivar sus funciones más allá de la propuesta efectuada de un rol de poder corrector sobre las funciones de ejercicio de los otros Poderes del Estado, pues si ello sucediere, entonces sí se produciría un exceso de roles y por tanto, se invadirían espacios de función regular de los otros Poderes, desnaturalizándose de  ese modo la teoría del Barón de Montesquieu, quien en buena cuenta terminó por esbozar una propuesta de equilibrio de poderes que a su vez representa el ethos y pathos de la separación de poderes.

En ese norte de ideas, conviene puntualizar el rol de la función legislativa. Una propuesta de amplio contenido del ejercicio formal del Poder Legislativo, se expresa en la concepción de la interpretación auténtica de la norma. El fin de esta posición informa que si es el legislador de la norma quien creó la propia norma, pues es el mismo quien asume, por derecho propio, la interpretación auténtica de la norma que creó.

Esta tarea reviste toda la lógica formal de una proposición silogística: creada la norma, es su autor quien de suyo está habilitado para definir los alcances de la misma. El peso de esta proposición es fundamentalmente subsumible desde una interpretación circunscrita a la corriente literal de contenido que la norma desea expresar.

Sin embargo, no es precisamente la corriente del literalismo la que defendemos en este breve estudio, sino la de una exigible contrastación material de las hipótesis formuladas: en ese avatar de examen, creemos importante afirmar que si el legislador crea la norma, entonces se produce un fenómeno de desajenización de la norma respecto a su creador.

En efecto, incorporada la norma al ordenamiento jurídico, los efectos reguladores de la misma escapan a sus creadores y se ven en la necesidad de encontrar un posicionamiento necesario en los principios consensuados de interpretación constitucional que arriba hemos sostenido con amplitud.

Consideramos que afianzados estos caracteres, los jueces constitucionales se convierten en verdaderos guardianes de la Constitución[10] y no en señores de la Constitución, en tanto ésta no es patrimonio de un poder sino constituye un estatuto común respecto a todos los estamentos de la sociedad.

En conclusión, si el legislador ejerce correctamente esa función de legislar conforme a las leyes y a la Constitución, entonces no hay necesidad de control alguno por encima de esa función legisladora y los jueces se ven impedidos de intervenir, irrazonablemente, en ese espacio de desarrollo de funciones que le compete al Poder Legislativo.

A contrario, si esa función no es ejercida conforme al ordenamiento material de valores que el Estado constitucional informa, entonces sí es necesaria la tarea de control de los jueces. He aquí pues un rol de ejercicio supletorio, de vocación integradora y de excepcionalidad respecto al control constitucional por parte del Poder Judicial.

 

  1. Rasgos de un Estado neoconstitucional

Veamos ahora, siguiendo al maestro español Prieto Sanchís,[11] cuáles son esos elementos centrales de la interpretación constitucional en ese Estado que asume rasgos de neoconstitucional, lo cual no representa sino la esencia misma del Estado constitucional más determinados caracteres de arraigo que complementan la función constitucional de control.

Un primer esbozo de carácter de ese Estado constitucional ha de ser más principios que reglas. La idea se sustenta en que si el Estado del siglo XIX fue el de un Estado prevalentemente legislativo, en realidad el siglo XX representa el rol de un Estado constitucional, y el siglo XXI de la interpretación constitucional en su acepción más amplia en el perfil de un neoconstitucionalismo como forma de entender el fenómeno de la conjunción entre Estado e interpretación constitucional.

En efecto, el Estado Legislativo identifica los mandatos definitivos, es decir, las reglas, como el elemento ancla en ese propósito de identificar la ratio legis de la norma y en ese rol de verificar el papel formal de los enunciados normativos.

Sin embargo, acusada la tesis de que las normas tienden muchas veces a pecar de insuficientes antes que de deficientes, es el rol de razonabilidad de los principios, como mandatos de optimización, el aspecto medular de una nueva forma de sustentar el contexto de justificación de las decisiones judiciales, con mayor énfasis si se trata de examinar la constitucionalidad de la norma.

Ahora bien, reafirmemos un concepto central: si la regla es suficiente para definir el control constitucional de la norma sometida a examen, no hay función correctora que efectuar. En este aspecto nuestra idea es que existe un positivismo solo de entrada en la función judicial, en tanto y en cuanto los conflictos sean definidos por el concurso de las reglas invocadas para el efecto.

La realidad, sin embargo, nos dice que éste no es el curso común en el control constitucional y que por lo tanto, los principios se convierten en los medios óptimos de solución de la controversia constitucional en examen.

Y de la misma forma: ¿pueden los principios convertirse en nuevas reglas? Atienza[12] admite que una vez que se produce la ponderación entre principios, la interpretación de casos futuros, similares al del objeto de examen, tenderá a prevalecer como regla de interpretación.

Sin embargo, no olvidemos precisamente que al asumir la ponderación de principios un carácter regulador, expresa ésta una jerarquía axiológica o móvil[13] que, en esencia, nos remite al fenómeno prevalentemente cambiante que representa la ponderación. En ese modo, no hay solución definitiva en la ponderación sino esencialmente cambiante y con vocación de móvil, en cuanto el resultado de la interpretación de control ha de variar si las condiciones de cambio del problema se imponen.

¿Será entonces la ponderación una función camaleónica de la tarea del control judicial? Sí y no, sí porque las opciones variables de las condiciones cambiantes de un problema jurídico pueden ser enormes, las variables fácticas del caso efectivamente pueden ser distintas, y sin embargo, también debemos inducir una respuesta negativa, en tanto la ponderación no asume la función perversa de acomodar el juicio de valor a expresar, en las circunstancias que forzadamente puedan interpretar cualquiera de las partes en el conflicto.

Imaginemos que si ello fuera cierto, es decir, que las partes puedan acomodar sus argumentos fácticos de la mejor forma para una solución irrazonable a su proposición, entonces quizá sí serían de suyo válidas las observaciones de García Amado[14] respecto al carácter subjetivo de la ponderación.

Observemos pues que la ponderación en esencia aspira a un margen de racionalidad. Quisiera ella gozar de la racionalidad que caracteriza a la norma y sin embargo, tal condición excepcionalmente ocurre pues la ponderación es mucho más razonabilidad que racionalidad, entendidos estos caracteres como los ámbitos de la razón débil y la razón fuerte del Derecho, en el modo que García Figueroa[15] y Pattaro presentan los escenarios de creación y aplicación de la norma.

A este respecto, es necesario advertir que la ponderación no es en estricto una razón débil. Queremos sostener así que no es razón fuerte en su fase de creación, es decir no parte de una regla o mandato definitivo, sino se perfila en esencia como un planteamiento que en apariencia nacería de una razón débil, faceta que es importante precisar pues la ponderación aspira a ser razón fuerte en la interpretación constitucional.

Pongámonos en el caso de la dignidad de la persona humana. Podemos convenir en razonamientos próximos al respecto, es verdad. Sin embargo, la invocación de este principio puede variar según el ordenamiento jurídico del cual hablemos: las reglas de uso de prendas de vestir en Occidente pueden parecer incompatibles en términos de comparación con la usanza árabe. Cada sociedad construye el concepto de dignidad en sus modos de vida de acuerdo a los principios que construyen esas sociedades, y en esto, el margen de variación de las concepciones sociales puede expresar diversas formas de manifestación.

A pesar de lo señalado, veamos que el solo planteamiento de la dignidad como valor de la persona humana, a pesar de esa aparente debilidad en su modo de proposición por ser un enunciado que no parte de una esquema fuerte como sí sucede en el caso de la regla, sí acusa una tesis de fuerza cuando se convierte en mandato jurisdiccional.

Es la expresión más objetiva que podemos expresar en los esquemas de García Figueroa y Pattaro, en tanto la ponderación apenas acusaría una tesis de debilidad en su creación y no así en su fase de aplicación, pues recogido ese mandato de razonabilidad por el juez constitucional, la razón que expresa la decisión final es fuerte en cuanto un mandato judicial no puede ser desacatado ni desobedecido, bajo los rigores que la función jurisdiccional representa.

Configuradas estas ideas, aparece ya sustentado entonces un segundo rasgo de la interpretación en el Estado neoconstitucional, pues efectivamente podemos sostener más ponderación que subsunción como rasgo relevante de ese tipo de Estado.

Empezamos por sostener más principios que reglas pues ése es el rasgo distintivo más expresivo del Estado neoconstitucional. Este segundo carácter no es sino un correlato de lo afirmado en el primer carácter, pues en propiedad los principios recalan naturalmente en la ponderación así como las reglas lo hacen en la subsunción. [16]

Podemos a estas alturas ordenar una idea: ¿es valiosa y necesaria la subsunción en el Derecho hoy en día? Insistamos en que de suyo la respuesta admite niveles de condicionamiento. La subsunción es definitiva en cuanto una controversia pueda solucionarse con el concurso de normas sustantivas y adjetivas de Derecho.

Este pudo ser un modo de expresión valedero del modelo kelseniano[17] y sin embargo, advirtamos que el esquema del ilustre pensador austríaco, en su propósito de certeza en el Derecho, determinó que los principios no eran el modelo de racionalidad que el ordenamiento formal en su más objetiva expresión demandaba. En esa expresión de ideas, entonces, la ponderación asume un rol integrador necesario que otorga nuevas fuerzas de interpretación al Derecho en su conjunto y reafirma el carácter omnicomprensivo de la interpretación constitucional.

Por otro lado, al reafirmarnos en cuestionamientos a la subsunción, notemos, también, que ese carácter de discusión final que en su momento asumió el positivismo jurídico, jamás fue absoluto. La misma posición positivista admitió la idea de lagunas en el Derecho y fue necesario recurrir a la propuesta de la regla de reconocimiento para entender la posibilidad de una solución formal aún posible a los problemas de lagunas en el Derecho.

A su turno, podemos anotar otra cuestión de interés: si el legislador crea la norma, con lo cual plantea un derrotero para las cuestiones a subsumir dentro del rango de esa norma, ¿puede acaso ponderar? Manuel Atienza[18] presenta la idea de un esbozo argumentativo en la fase pre legislativa, donde el legislador pueda acaso determinar la mejor forma de proyectar el sentido de la norma a crear. En realidad es natural el ejercicio de una ponderación de estos caracteres pero en rigor es fundamentalmente vinculante respecto al caso concreto la solución de control constitucional que prevea el juez en su función correctora.

Un tercer rango propuesto por Prieto Sanchís reside en la no existencia de zonas de control constitucional. Convenimos en que la propuesta es de suyo polémica y vayamos a un caso concreto: si la Corte Suprema pone fin a una discusión jurídica, convengamos en que esa decisión representa para los jueces un efecto de verticalidad interpretativa. La idea de un stare decisis pueda conducirnos a no sentirnos simplemente instados por esa interpretación sino realmente obligados.

No podemos poner en cuestión que las Cortes Supremas de nuestros países representan la instancia más alta de impartición de justicia y sin embargo, siguiendo la tesis que exponemos respecto a la inexistencia de zonas de control constitucional, debemos asumir, en respeto del Estado de Derecho, que inclusive por encima de la Corte Suprema existe un rol corrector por parte de la justicia constitucional, sea ésta función de un Tribunal o Corte Constitucional.

Desde esta perspectiva no existen pues zonas exentas de control constitucional y por ende la función correctora a cargo de los jueces es omnicomprensiva.

Desde otra perspectiva, en un cuarto orden encontramos, siempre con Prieto Sanchís, lo que puede denominarse una prevalencia de la interpretación judicial por sobre aquella que desarrolla el legislador. Esta noción ha sido delimitada líneas arriba pero conviene una precisión que convalida lo sustentado: la expresión del legislador a través de la norma suele ser histórica o ex ante, es decir, tiene lugar antes de la interpretación de la norma sometida a control; la interpretación de control judicial de los jueces es de legitimación o ex post, pues apunta a la consolidación de la interpretación desde una perspectiva de control del mensaje formal del legislador, a convertirse en material tras la función de control.

Antes de la norma, encontrarnos frente a la misma, recogiendo las ideas del maestro Guastini, un ámbito que nos induce a considerar un enunciado que exige interpretación. Una vez que la norma ha sido legitimada vía interpretación judicial, podemos inferir que la norma constituye un enunciado interpretado.

Por último, la ponderación expresa, en ese Estado neoconstitucional, una constelación plural de valores antes que un panorama de homogeneidad ideológica. Veamos ello en su contexto real: la norma puede ser identificada, las más de las veces, como una regla, un mandato definitivo, un enunciado que solo nos concede una opción de interpretación, con lo cual se consolida como la única respuesta correcta dentro del Derecho frente a una específica situación a definir.

La Escuela Histórica de von Savigny[19] afianzó esta idea al colocar como uno de los primeros métodos de la interpretación la de orden literal. Solo podía ser buscada una respuesta a la norma desde la perspectiva de cuanto la norma expresara dentro de su propio contenido y en modo alguno desde otra perspectiva. La opción interpretativa se reducía así a aquello que dijera la norma.

El antecedente inmediato de esta afirmación puede encontrarse en el mismo Código Napoleónico de 1804, entendido como la maximización del Derecho en su dimensión formal, de tal modo que los profesores de Derecho del siglo XIX no solían afirmar que enseñaban Derecho sino que enseñaban el Código de Napoleón.

La forma de pensar el Derecho en términos absolutos[20] influyó en todo el siglo XIX y a su vez representó una consumación del pensamiento político de los revolucionarios franceses: era necesario cambiar el poder arbitrario del Ancién Régime  por un nuevo medio de control y nos preguntamos al respecto: ¿no se cambió acaso un tirano por otro?

Ciertamente los tribunales franceses del siglo XVIII adoptaron la línea de un voluntarismo en materia de expresar el Derecho. No había un arraigo de la separación de poderes como hoy entendemos la figura y menos aún un atisbo de su sucedáneo: el equilibrio entre poderes.

Expresiones como la de Luis XIV: “L´Ëtat c´ést moi” (“El Estado soy yo”)[21] nos persuadieron de que no existía sino la consolidación de un poder que absorbía los tres poderes en uno solo, y si bien la figura del Rey constituía una especie de Poder Ejecutivo en ciernes, en realidad significaba el reduccionismo del manejo del Estado en manos de una sola persona.

Similar situación ocurrió, un poco antes, en 1610, en el célebre caso Bonham,[22] a cargo del juez Coke quien, ante los extravíos del Rey Jacobo I por influir en el caso que el médico reclamante había puesto a cargo del Juez Coke, por una sanción por el ejercicio aparentemente irregular como médico en Londres, optó por precisar en su histórica decisión que el juez debía prepararse en el ámbito de la razón artificial del Derecho, exigiendo estudio la respuesta jurídica a manifestar desde los principios del Common Law, en tanto que al Rey le concernían las cuestiones de su reino.

Fue evidente que esta respuesta no satisfizo al rey Jacobo I, quien luego de muchos años logra la destitución del Juez Coke, en aparente represalia por su interpretación en el caso Bonham. Sin perjuicio de ello, notemos lo valioso del caso Bonham pues fue el primer intento sólido por separar la jurisdicción constitucional del ámbito de las decisiones del Rey.

El Derecho tenía una naturaleza brumosa por entonces: la separación de poderes no podía asumirse en una dimensión de mayor amplitud sino reducida a las funciones del poder del Rey, y ante los esbozos de una aparente contradicción al concepto del poder omnímodo del Rey, la respuesta más congruente era la eliminación de esos atisbos de incipiente poder.

Inclusive la Carta Magna de Juan sin Tierra en el siglo XIII[23] constituye un antecedente válido para contextualizar otro intento legítimo por limitar el poder del Rey, ante el reclamo de los súbditos del Rey de entonces por un respeto mínimo por el derecho al debido proceso.

Los antecedentes presentados logran definir, en consecuencia, ese afianzamiento de la homogeneidad de las normas, entendida como un fundamento único de la misma, y si la ley era el elemento ancla de todo el sistema jurídico, en realidad nada debía amenazar su existencia. La norma expresaba un solo mandato y como tal, no admitía una interpretación en contrario.

Sócrates tuvo la oportunidad de salvar la vida frente a la injusta pena impuesta a su persona por el aparente delito de contaminar el pensamiento de la juventud.[24] Los partidarios del pensador griego, creador de la mayéutica, intentaron facilitar la fuga de éste para salvar la vida de su mentor y sin embargo, la respuesta del filósofo griego fue enfática: si la ley no era respetada, a pesar de lo injusto de la decisión, no podía entenderse la subsistencia de las ciudades Estado, uno de cuyos fundamentos residía, precisamente, en el respeto por la ley.

Expresión de esta misma naturaleza, podemos advertir en Antígona, tragedia de Sófocles,[25] pues dos aparentes deberes se enfrentan: de un lado, la orden del Rey Creonte de no sepultar el cuerpo de Polinices por considerarlo traidor a los principios de la ciudad (yacía muerto el invasor a las puertas de Tebas luego de intentar tomar la ciudad), y de otro lado, el deber filial de Antígona de sepultar a su hermano. Ella lo hace desafiando la orden de Creonte y es condenada a la pena de muerte por desafiar la voluntad del Rey.

Si bien afirmamos aquí dos cuestiones en oposición, en realidad, para una situación como la descrita, solo tenía vigencia el aspecto imperativo de la orden del Rey y su consiguiente desafío solo podía significar la muerte del agresor, en este caso Antígona.

En esta misma percepción, la literatura francesa es inclusive expresiva: en “Los miserables” de Víctor Hugo,[26] el Inspector Javert no puede asimilar que su más acérrimo enemigo- el ex presidiario Jean Valjean- le hubiere podido salvar la vida y por tanto, decide suicidarse arrojándose a las aguas del Río Sena.

El esquema de Javert era muy puntual si queremos encontrar un ángulo de interpretación a su mensaje: los enemigos eran enemigos y no admitían rangos distintos de entendimiento. La acción de su enemigo Jean Valjean, quien por encima de toda cuestión, le salva la vida antes que los revolucionarios franceses le mataren, desconcierta a Javert y bajo la conclusión de que si no podía respetar el mensaje que la ley le asignaba, es decir, encarcelar nuevamente a su más acérrimo enemigo, no podía entonces salvar su propia vida.

Las cuestiones presentadas asumen una misma tónica de mensaje final: la ley es una sola y no admite situación en contrario, es homogénea pues solo expresa un único mandato. Si el intérprete intenta descifrar el mensaje de la norma, ha de encontrar una única respuesta correcta y ése era el contenido a establecer.

La ponderación en el siglo XXI, entendida en su dimensión de constelación plural de valores admite en su ámbito de interpretación, que dos principios pueden oponerse: el derecho a la vida frente  a la extinción de la misma, el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad o el honor, el derecho al libre desarrollo de la personalidad( una persona podría fumar si ésa es su decisión) frente al derecho a la salud regulado por el Estado bajo la línea de un paternalismo jurídico que impone algunas restricciones en el ejercicio de ese derecho. Por tanto, valores manifiestamente pueden subyacer en la ponderación, supuesto de naturaleza inviable en el caso de las reglas propiamente dichas, cuya esencia latente reside en la homogeneidad de sus contenidos ideológicos.

 

  1. Ponderación y normas

¿Desmerece la ponderación con estas afirmaciones el sentido prescriptivo de la norma? No lo creemos así. Por el contrario, la ponderación complementa la norma expresada por el legislador, asimilando su contenido a los mandatos materiales de la norma y no solo respecto al enunciado formal de la misma, alejando así la posibilidad de la pesadilla que grafica Hart,[27] quien se inclinaba por el noble sueño que expresa la aplicación de la ley.

Subyacen en la ponderación, entonces, fuertes conflictos de oposición trascendente, situaciones que no se advierten respecto a la idea de homogeneidad ideológica de la norma. Cabe preguntarnos a estas alturas: ¿no le conferimos al juez constitucional, al amparo de estas facultades, un poder excesivo y consiguientemente desnaturalizamos sus funciones de decisor jurídico?

No creemos que la respuesta sea harto compleja: la ponderación manifiesta límites a su ejercicio de poder corrector de los actos del Poder Legislativo. En efecto, García Amado nos dice que antes que la ponderación, procede una correcta determinación del contenido correcto de los derechos en pugna, con lo cual ya no es necesario ponderar. Entonces, siguiendo los mismos lineamientos de tendencia y sin claudicar de nuestra afirmación, corresponde expresar que la ponderación también se reduce a expresar sus verdaderos contenidos.

De esa forma, la ponderación no puede ser irracional ni irrazonable. No es irracional por cuanto su expresión frente a la norma sometida a control, busca en realidad una forma de complementar la norma en sí misma. En efecto, no es una afirmación valedera que la ponderación vaya en sentido contrario al enunciado de la ley misma. Ésa no es la misión de la ponderación: su primera labor es respetar la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas jurídicas. En eso debemos ser taxativos.

Sin embargo, si luego de ese esfuerzo por intentar salvar la compatibilidad de la norma con la Carta Fundamental no se produce ese resultado, estamos frente a un necesario segundo escenario de la ponderación, cual es la posible reinterpretación de la norma, vía mutación constitucional, o bien estamos frente a un siguiente estadío más complejo (cual es la inaplicación de la norma); o a su turno, deberá advertirse el ámbito más complejo de todos: la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico por parte de un Tribunal o Corte Constitucional, cuyas funciones, reiterémoslo una vez más, no son de derogación pues esta tarea siempre quedará reservada solo al Poder Legislativo, en modo exclusivo.

En la línea de esa afirmación, la ponderación tampoco es irrazonable pues precisamente la razonabilidad es su ámbito de expresión principal. Coincidiremos en que la línea de la ponderación no puede partir regularmente, bajo ideas matrices, de la racionalidad de la norma y sin embargo, es su tarea natural ganar espacios de legitimidad a partir de una adecuada enunciación de su razonabilidad.

¿Y cómo lograr adecuadamente esa expresión de razonabilidad? Consideramos que para que ello sea afianzado, no podemos dejar de lado las características de primer orden que identifican un argumento basado en la ponderación.

El argumento ponderativo no puede ser contradictorio, es decir, debe ser consistente, y por tanto debe expresar una adecuada lógica de pensamiento. Constituiría un yerro de inicio que el juez constitucional afirme una manifiesta contradicción con la norma enunciada por el legislador. Antes de ello debe atender al necesario ejercicio de presunción de la constitucionalidad de la norma y a verificar su compatibilidad con la Constitución.

De la misma forma, como ya sostuvimos supra, la ponderación exige una tesis de coherencia, es decir, no puede desdecirse de una íntima y estrecha vinculación con principios ancla del ordenamiento constitucional como el principio de interdicción de la arbitrariedad.

Reafirmemos esta propuesta en el modo siguiente: la teoría de separación de poderes y el equilibrio necesario entre los mismos, exige, de primera intención, que no haya excesos de uno respecto a otro poder, se busca evitar la arbitrariedad de uno de estos Poderes a fin de que los demás puedan desarrollar sus tareas sin restricción de sus funciones, ésa es una de las propuestas matrices de la teoría de separación de poderes. Sin perjuicio de ello, debemos admitir que la arbitrariedad en la gestión de los actos de poder, no es una variable extraña sino, por el contrario, muchas veces más usual de lo que pensamos. En ese orden de argumentos, se hace necesaria la ponderación y su exigencia de ser coherente.

Adicionalmente, el argumento ponderativo en el control de la norma, debe satisfacer la condición de prevalente, es decir, el principio que cede, afectado en su ámbito de nivel medio o leve, frente al principio que es mayormente satisfecho, cuyo grado de satisfacción debiera ser elevado, efectivamente pesa menos pues se impone un argumento contrario que justifica buenas y mejores razones.

En esta afirmación que antecede, debiéramos admitir una regla de Atienza[28] cuando enuncia el decálogo del buen argumentador: induce a que a veces es necesario renunciar al argumento que sostenemos. Agregaríamos a ello que si el argumento opuesto es mejor, pues nada obstaría que acojamos el mismo.

En esto se expresa la prevalencia del argumento ponderativo pues no se trata de imponer una cuestión sino de optar por la mejor solución posible entre todas las situaciones posibles. Es ésa la naturaleza intrínseca de un mandato de optimización desde el momento en que es definido como un enunciado que insta a hacer algo, del mejor modo posible, dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Entonces no hay un carácter arracional en la ponderación y por el contrario, ésta velará por encontrar el mejor resultado posible.

En esa prevalencia que sostenemos como tercera expresión del argumento ponderativo, siguiendo ideas de Mac Cormick,[29] existen situaciones menores que no podemos dejar de observar: para que prevalezca nuestro argumento ponderativo, nuestra afirmación no debe enfrentar problemas de ambigüedad, es decir por exceso de significados, ni de vaguedad, por ausencia de los mismos.

De igual forma, el argumento debe ser universalizable, es decir, la idea de ponderación a proponer debe aspirar a poder ser aplicada siempre que las condiciones del caso sean las mismas. En ese mismo rango, este argumento debe ser consecuencialista, en tanto exige una respuesta que brinde una adecuada solución al problema en cuestión y no exceda así, las dimensiones del problema a efectos de imponer una solución quizá de suyo más que onerosa.

Por lo tanto no existe en esta forma de concebir la ponderación, la indeterminación in genere de los principios al aplicar la ponderación, en respuesta a Commanducci.[30]Sería cierta dicha premisa si el argumento ponderativo no cumpliere cabalmente los roles de consistencia, coherencia, universalidad y consecuencialismo que le asignamos.

En el mismo sentido de negación, no expresa la aplicación del principio de proporcionalidad- el medio sucedáneo procedimental de la ponderación- una degradación de la legislación, como lo preveía Fortshoff,[31] fundamentalmente porque no es tarea de la ponderación reducir los roles del legislador sino de validarlos con legitimidad a partir de las premisas base de la interpretación constitucional.

 

A modo de ideas finales

El concepto de separación de poderes ha superado la tesis inicial presentada por Montesquieu en su obra clásica “El espíritu de las leyes”, conjunto de ideas que desde 1748, año de su publicación, propone que el poder no se encuentre concentrado en las mismas manos.

Hoy la separación de poderes expresa una dimensión de suyo distinta en donde el elemento primordial es la tesis del equilibrio de poderes. Apuntar al logro de ese equilibrio, exige no una redefinición de funciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino una nueva idea de complementariedad entre los mismos, fijando entre los mismos verdaderos pesos y contrapesos.

En ese orden de conceptos, consideramos necesario el poder corrector de los jueces constitucionales respecto a las normas que emanen de los otros Poderes si éstas contravienen mandatos materiales de la Constitución. No implica esta afirmación poner un poder sobre otro sino precisamente consolidar esas necesarias funciones de los Poderes en sus contenidos formales y materiales.

La consecución de esa alta misión de los jueces constitucionales no puede estar exenta de ciertos ámbitos y parámetros: resulta necesaria la interpretación del poder corrector a través de los principios de interpretación constitucional: unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y primacía de la Constitución.

La aplicación de estos principios se condice con los ámbitos de un modelo de Estado neoconstitucional, en el cual los rasgos sustantivos son más principios que reglas, más ponderación que subsunción, zonas no exentas de control constitucional, prevalencia de la interpretación judicial sobre aquella que desarrolla el legislador, y existencia de una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica.

Bajo el uso de estas herramientas no nos encontramos frente a un desarraigo de las funciones que caracterizan a los poderes sino frente a una nueva forma de equilibrio entre los mismos.

Aproximándonos a las ideas a Hamilton, la función correctora de los jueces en el juicio de constitucionalidad de las leyes, no impone a un poder sobre otro. Por el contrario, legitima las funciones de los mismos e identifica plenamente los postulados de un modelo de Estado constitucional, con rasgos de neoconstitucionalismo en el siglo XXI, en el cual el ejercicio del poder ha de distar, con énfasis, de ser arbitrario. Esto constituye un mandato axiológico del cual no nos podemos sustraer.

 

[1] Ponencia presentada al IX Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional “Desafíos constitucionales: locales y globales”, llevada a cabo en Oslo, Noruega entre los días 16 a 20 de junio de 2014.

[2] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Profesor Visitante de la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com

[3] HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. El Federalista. Fondo de Cultura Económica. México, 1957.  En GARGARELLA, Roberto.  La dificultad de defender el control de constitucionalidad de las leyes.  Isonomía. 6, abril de 1997.  p. 56

Fueron 85 ensayos publicados entre octubre de 1787 y mayo de 1788 bajo el seudónimo de Publius, para motivar a los ciudadanos de Nueve York a ratificar la Constitución de Filadelfia de 1787.

[4] Cfr.  GARGARELLA, Roberto.  Op. cit. p. 55-57

[5] Cfr. GUASTINI, Riccardo. Disposición vs Norma. Lima- Perú.- Palestra Editores, 2011. p. 136.

Llama Guastini “disposición” a cada enunciado que forme parte de un documento normativo  y “norma”, a cada enunciado que constituya el sentido o significado atribuido.

[6] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p.  45.

[7] BOBBIO, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico, 1960.  En Introducción al Derecho de José Luis del Hierro. Editorial Síntesis, Madrid, 1997. p. 95. La noción de Bobbio indica que en un ordenamiento no pueden normad dispersas con sus propios contenidos y por tanto, se traducen en una sola unidad; a su turno, no pueden haber incompatibilidades diversas o antinomias sino todas deben solucionarse para un esquema de coherencia; finalmente, tampoco hay lagunas definitivas, imponiéndose la idea de colmar las mismas, configurándose un carácter de plenitud.

[8] Fallo Marbury vs. Madison. Sentencia del Juez John Marshall. 1803.

Rescatando el concepto de cláusula de supremacía normativa de la Constitución,  la sentencia del Juez Marshall señalaba:

“Si una ley es contraria a la Constitución; si tanto la ley como la constitución se aplican a un caso determinado, de modo que el tribunal deba decidir ese caso conforme a la ley, sin tener en cuenta a la Constitución; o bien, conforme a ésta y sin considerar la ley; el tribunal debe determinar cuál de estos ordenamientos en pugna debe normar el caso. Lo anterior radica en la esencia misma del ejercicio de la justicia. Si entonces los tribunales se basan en la Constitución y ésta es superior a cualquier disposición ordinaria de la legislatura, la Constitución, y no ese decreto común, debe regir el caso al cual ambas se aplican…”.

[9] PLAZAS VEGA, Mauricio. Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Temis y Universidad del Rosario, 2003, p. 263., en referencia a La defensa de la Constitución de Karl Schmitt y la réplica de Hans Kelsen, Quién debe ser el defensor de la Constitución. 

A juicio nuestro,  el debate, generado durante la crisis de la República de Weimar en Alemania, giraba en torno a un mismo punto en cuanto al Hutter der Verfassung (o defensor de la Constitución): tanto un Tribunal Constitucional como los jueces del Poder Judicial resultaban sujetos implícitos en la defensa de la Constitución. Por tanto, el distingo solo era de forma, no sustantivo. La polémica se extendió a la concepción del Estado y las formas jurídicas democráticas. 

Vid también SCHMITT, Carl y KELSEN, Hans. La polémica Schmitt-Kelsen sobre la justicia constitucional. El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Estudio Preliminar de Giorgio Lombardi. TECNOS.  Madrid, 2009.  p. I- LXXII

[10] La expresión Hutter der Verfassung es adoptada en la doctrina alemana bajo la idea de un Guardián de la Constitución, en franca oposición a la noción Herr der Verfassung, o señor de la Constitución, expresión esta última que expresa antes que una función de guarda de valores, una noción de propiedad, expresión e suyo incompatible con la calidad de protección de los postulados del ordenamiento constitucional. Vid LANDA, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Palestra Editores. Lima, 2007. 3ra edición. p. 20.

[11] PRIETO SANCHIS, Luis. Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Palestra. Lima, 2007. p. 123.

[12] ATIENZA, Manuel. A vueltas con la ponderación. En La Razón del Derecho. Revista Interdisciplinaria de Ciencias Jurídicas, N° 1 – 2010. Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. p. 9

[13] PRIETO SANCHIS, Luis. Tribunal Constitucional y positivismo jurídico. Doxa 23(2000). p. 180

[14] Cfr. GARCIA AMADO, José. El juicio de ponderación y sus partes. Críticas de su escasa relevancia. Materiales de estudio Academia de la Magistratura 2010. Razonamiento Jurídico. XIV PROFA. Lima. p. 47-91.

[15] GARCIA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN, Marina. La argumentación en el derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2003. p. 68.

El esquema presentado por Enrico Pattaro, profesor de Bolonia, del cual se sirve García Figueroa para desarrollar su planteamiento, reside en 4 modelos: los de Kant, Tomás de Aquino, Viehweg y Perelman, y la Teoría de la Argumentación Jurídica TAJ estándar. Distingue las fases de creación del derecho y aplicación del derecho, y los sentidos asignados son: Kant (modelo fuerte- fuerte), Santo Tomás de Aquino (fuerte. débil), Viehweg y Perelman ( débil-débil); y TAJ estándar (débil- fuerte)

[16] Cfr. ENGISCH, Karl. El problema de la subsunción.  En Introducción al pensamiento jurídico.  Ed. Guadarrama. p. 63

[17] GARCIA BELAÚNDE, Domingo. Kelsen en París: una ronda en torno al “modelo concentrado”. En El control del poder. Homenaje a Diego Valadés. Peter Häberle, Domingo García Belaúnde. Coordinadores. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica. Num. 583. México, 2011. Tomo II. p. 95

[18] ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. 2da edición. 2005. p.18

[19] SAVIGNY, Federico Carlos. Sistema de Derecho Romano actual (Traducc. Jacinto Mesía y Manuel Poley, Madrid, Editorial Analecta) 2004. p. 258.

[20] Fallo Marbury vs. Madison. Sentencia del Juez John Marshall. 1803.

Rescatando el concepto de cláusula de supremacía normativa de la Constitución,  la sentencia del Juez Marshall señalaba:

“Si una ley es contraria a la Constitución; si tanto la ley como la constitución se aplican a un caso determinado, de modo que el tribunal deba decidir ese caso conforme a la ley, sin tener en cuenta a la Constitución; o bien, conforme a ésta y sin considerar la ley; el tribunal debe determinar cuál de estos ordenamientos en pugna debe normar el caso. Lo anterior radica en la esencia misma del ejercicio de la justicia. Si entonces los tribunales se basan en la Constitución y ésta es superior a cualquier disposición ordinaria de la legislatura, la Constitución, y no ese decreto común, debe regir el caso al cual ambas se aplican…”.

[21] L´Etat c´est moi”. Luis XIV, también llamado el Rey Sol. Aunque la cita es acusada de apócrifa, la frase pudo derivar de la idea” El bien del Estado constituye la Gloria del Rey”, sacada de sus Reflexiones. El sentido de la frase es vinculada al absolutismo político.

[22] Caso Bonham vs. Henry Atkins.  Sentencia emitida por el juez Lord Edward Coke. 1610.

Parte de la sentencia del juez Coke, ante la pretendida interferencia del Rey Jacobo I en el fallo, señalaba:

“ es verdad que Dios ha dotado a su Majestad de excelente ciencia y grandes dotes naturales, pero su Majestad no es docto en las leyes de su reino, y los juicios que conciernen  a la vida, la herencia(…) no deben decidirse por la razón natural, sino por la razón y los juicios artificiales del derecho, el cual es un arte que requiere largo estudio y experiencia, antes de que un hombre pueda llegar a dominarlo, el derecho es la vara de oro de la virtud  y la medida para sentenciar las causas de sus súbditos” 

[23] La también llamada Carta Magna de las libertades fue expedida el 15 de junio de 1215 en Londres, Inglaterra.

Decía el artículo 52 de la Carta Magna:

Si alguno sin previo juicio legal de sus pares, ha sido desposeído o privado por Nos de sus tierras, castillos, libertades o derechos, se los restituiremos inmediatamente. (…)

[24] Platón narra en su Apología de Sócrates que pudo evitar el condenado la sentencia de muerte impuesta pero en señal de acatamiento, Sócrates acepta la pena impuesta. Esta figura debe contextualizarse en el sentido esbozado por Sócrates pues si las leyes de una Ciudad Estado no son obedecidas, y por ende no se acatan las decisiones de los jueces (360 jurados votaron por la pena de muerte y 141 por una multa),  entonces no hay Ciudad Estado.

[25] Tragedia de Sófocles, proyectada hacia el año 442 A.C. Al recoger Antígona el cuerpo de Polinices, cuyo cuerpo no podía ser enterrado por supuesta traición, desafía la autoridad del Rey Creonte. La dicotomía de esta tragedia rescata, en mucho, la dualidad entre la orden del Rey, aunque ciertamente ilegítima, y el deber moral nacido del vínculo familiar entre Antígona y Polinices. Antígona es finalmente condenada a muerte. Esta tragedia grafica el desobedecimiento a la ley aunque bajo un imperativo moral.

[26] La novela fue publicada en 1862 y el autor se inspiró en Vidocq, un criminal francés que se rehabilitó y terminó por inaugurar la Policía Nacional de Francia.

[27] HART, Herbert. Una mirada inglesa a la teoría del derecho americano: la pesadilla y el noble sueño. En AA.VV. El ámbito de lo jurídico. Barcelona. Crítica, 1994. p. 327-330. En LANDA ARROYO, César. Los precedentes constitucionales. JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Revista de jurisprudencia y doctrina. Año IIII. No. 5, enero- junio. Lima, 2007. p.  34

[28] ATIENZA, Manuel. DIEZ CONSEJOS PARA ARGUMENTAR BIEN O DECÁLOGO DEL BUEN ARGUMENTADOR. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 29 (2006)

[29] HERNANDO NIETO, Eduardo. Módulo Razonamiento Jurídico. Academia de la Magistratura Perú. XV PROFA. 2011. p. 17

[30] Cfr. COMMANDUCI, Paolo. Principios jurídicos e indeterminación del Derecho. DOXA 21-II. 1998. p. 89-104

[31] FORSTHOFF, Ernst. El Estado en la sociedad industrial, trad. de L. López Guerra y J. Nicolás. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2013.

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