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zj. El principio de autonomía procesal

 

 

El principio de autonomía procesal. Notas para su aplicación material

 

 Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

Índice

 

Introducción. 1. Conceptos previos sobre autonomía procesal. 2. ¿Principios infringidos a través de la autonomía procesal? 3. Activismo judicial restringido. 4. Por una buena regulación de la autonomía procesal. a) Exigencia de la tutela urgente de un derecho fundamental. b) Agotamiento del examen de legalidad de la controversia c) Descripción de la regla sustantiva de aplicación de la autonomía procesal .d) Descripción de la regla procesal de operatividad de la autonomía procesal  d) Determinación del test de consecuencias de la autonomía procesal. 5. Un esbozo de la aplicación del principio de autonomía procesal: el estado de cosas inconstitucional.  6. Críticas a la autonomía procesal. A modo de conclusión, Bibliografía

 

Resumen 

El presente artículo desarrolla un estudio del principio de autonomía procesal asumiendo posición por la defensa del mismo en razón de su vinculación con el concepto de tutela urgente que representan los derechos fundamentales. En esa perspectiva de orden material, igualmente considera una posición moderada y propone un conjunto de reglas para un mejor desarrollo de esta concepción. Reconoce, igualmente, las posiciones críticas al respecto y las examina en una propuesta de complementariedad entre el Derecho Procesal y la autonomía procesal propiamente dicha.

 

Palabras clave

Autonomía procesal. Proceso. Activismo judicial. Tutela urgente. Derechos fundamentales. Estado de cosas inconstitucional.

 

Introducción

Uno de los temas más controversiales en relación a la dimensión formal y material de los procesos constitucionales, reside en los alcances del principio de autonomía procesal, entendida como una facultad de los jueces constitucionales para superar determinadas limitaciones formales del proceso y proponer decisiones que respondan a un contexto de urgencia, inmediatez y pronta restitución de los derechos fundamentales conculcados.

La discusión asume ribetes extraordinarios en la doctrina, tanto de quienes defienden esta posición como facultad, así como respecto de quienes alegan fórmulas detractoras de la autonomía procesal, en tanto rompería esta pretendida figura los esquemas del Derecho Procesal, afectando su estructura, contenidos y vigencia. Por el contrario, se propone que una definición correcta de esta institución sería autonomía procedimental, en tanto resultaría inviable quebrantar las formas del proceso, supuesto del cual debe partir toda Teoría General del Proceso.

Nos inclinamos en este trabajo por construir una tesis de defensa del principio de autonomía procesal desde su perspectiva de praxis, efectividad y utilidad procedimental en la función jurisdiccional pues es importante apuntar a cuál es la posición de los jueces al respecto. Los principios del Derecho Procesal, a juicio nuestro, siguen incólumes en la medida que la autonomía procesal, antes que deslegitimar contenidos en relación al proceso, asume una posición de legitimación de los valores del Derecho Procesal como herramienta de aplicación para la defensa real, tangible y presta de los derechos constitucionales y no de identificación de las formas del proceso como un conjunto de valores inamovibles, absolutos y de riguroso contenido.

Apreciemos un ángulo importante del problema de la autonomía procesal, cuya definición tampoco es incompatible con una facultad procedimental: los jueces hacen más efectivas sus decisiones a partir de un rango de defensa más afianzada de los derechos fundamentales, si concurre la regla base de la fijación de los criterios marco del principio de autonomía procesal en relación al caso concreto.

La visión detractora de la autonomía procesal no debería orientarse, es nuestro modesto aporte en este trabajo, a asumir que los elementos formales del proceso son obviados, o en su caso, derrotados argumentativamente. Por el contrario, la perspectiva debe apuntar a que a través de la autonomía procesal, se cumple un propósito de los procesos constitucionales, cual es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, la cual no puede ser excesivamente parametrada, o en su defecto, responder a tesis onerosamente formales.

En esa misma línea de razonamiento, la autonomía procesal legitima propiamente la defensa propiamente de principios constitucionales y ello nos permite inferir el afianzamiento de una tesis de consolidación de la Constitución y de las leyes, las cuales no deben ser nominales sino reales.

Y en ese esquema de empoderamiento del Derecho Procesal, sin embargo, resulta necesario asumir una posición de activismo judicial restringido, en tanto los jueces debe ser activistas pues ésa es su tarea respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, mas de otro lado, debe existir una mesura razonable de la aplicación de esta figura.

En esto convenimos con la fórmula que exige un rango de mesura necesaria en las cuestiones en las cuales la autonomía procesal implica el quebrantamiento de formas procesales, pues esta tarea debe ser excepcional y no regular. Es aquí propio enunciar que es exigible una forma de self restraint o autocontrol pues los jueces no son los señores de la Constitución sino los guardianes de la misma. Y es en razón de esta calidad de guardianes que debe quedar establecida la premisa de que la autonomía procesal, como institución excepcional, apunta a hacer que la Constitución se realice y a que la misma adquiera una dimensión de enunciado activo antes que formulación normativa de matiz estáticamente aplicativo.

¿Qué logramos con ello? Ganar mucho y perder poco. Ganamos una defensa real, cierta en inmediatez, y tangible de los derechos fundamentales; y perdemos poco en tanto un sacrificio de las formas procesales, en eso sí convenimos, constituye una regla excepcional, hasta cierto punto tipificada, a efectos de que ese rango de facultad de las Cortes y Tribunales Constitucionales, como entes de fijación de líneas jurisprudenciales, pueda servir de valioso parámetro para que los jueces de grado inferior se sumen a una mejor y más efectiva defensa de los derechos fundamentales.

 

  1. Conceptos previos sobre autonomía procesal

Las definiciones más aproximadas a los conceptos que proponemos de autonomía procesal nos refieren, entre otros conceptos, una libertad de configuración[2] por parte de un Tribunal Constitucional, noción que debe ser asumida como una facultad propia de una Corte para establecer un conjunto de principios propios que han de regular su dirección procedimental.

La doctrina alemana, al denominar Verfahrensautonomie[3] a la autonomía procesal, distingue un rango de medida de las potestades del Tribunal Constitucional para lograr la restitución del derecho conculcado superando, en determinados casos, el propio marco regulador del enunciado normativo, esto es, desarrollando en rigor una nueva visión procesal de la norma a partir de la necesidad de sopesar el contexto de tutela de urgencia que identifica a los procesos en cuyo seno se discuten derechos fundamentales.

Zagrebelsky[4] aporta, de igual modo, la idea de que el derecho es dúctil, maleable, supuesto que se identifica, en vía de complemento, con la idea del principio de autonomía procesal, concepción que legitima las ideas de este estudio: el Derecho deja de ser una estructura estática para asumir una forma dinámica; el Derecho Procesal deja de ser expresión de mera legalidad para convertirse en una proclama de legitimidad; y las normas procesales constitucionales dejan de ser estrictos criterios de protección para asumir la esencia de deberes especiales de protección.

En sede nacional, la autonomía procesal es definida como un principio[5] que “establece una potestad del juez constitucional para la interpretación e integración de las normas constitucionales” Una visión más dogmática y que suscribimos en muchos de sus contenidos es la de Landa Arroyo,[6] quien se refiere a la autonomía procesal como un principio que “le ha permitido (al Tribunal Constitucional”, en no pocas ocasiones, hacer dúctil el Derecho y los procesos constitucionales” a fin de alcanzar los fines constitucionales de los mismos: la defensa de la primacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales”.

Es importante anotar que un enunciado formal de la tesis de la autonomía procesal puede inclusive desprenderse del artículo III[7] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,  vinculación de suyo estrecha a la noción del principio de elasticidad inmerso en la norma acotada. Esta condición de ductilidad debe ser asumida desde la perspectiva de una exigencia de tutela de urgencia, condición excepcional en la tutela de los derechos fundamentales, y aserto válido como contraposición a una percepción estática del Derecho, ante la cual este principio se presenta como una faceta dúctil y maleable de los derechos fundamentales.

Mas  la interrogante válida respecto a la tutela de urgencia es: ¿y cuál debe ser la medida de restitución de los derechos conculcados? En otros términos: ¿se puede medir la urgencia de una controversia constitucional y a partir de esa noción, quebrantar las formas procesales y encontrar una respuesta a esa exigencia de definición de una pretensión constitucional?

Nuestra respuesta, en este primer intento de construcción del concepto de autonomía procesal, ha de ser tentativa en el sentido de que efectivamente esa medición es posible a través de los estándares jurisprudenciales que implementan los jueces constitucionales y al respecto, dicho contexto viene explicado, en el caso peruano, por las categorías jurisprudenciales de la interpretación de los derechos fundamentales, en propiedad por las sentencias del Tribunal Constitucional, y por extensión, es nuestra posición, por las decisiones del Poder Judicial en materia iusfundamental.

Trataremos aquí de ser enfáticos en un criterio fundamental respecto de este estudio: la autonomía procesal no puede constituir una facultad excesivamente irrestricta por parte de la justicia constitucional. Ella debe venir dada por la fijación de una regla aplicable a cada caso concreto que enuncia la decisión jurisdiccional que aplica esta potestad de autonomía en los procedimientos de una pretensión constitucional.

En consecuencia, aplicamos autonomía procesal en cuanto los criterios marco que informan esta institución, vengan expresados, de un lado, en los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional; en la doctrina constitucional o doctrina jurisprudencial cuya construcción, a juicio nuestro, es progresiva, y finalmente, en la jurisprudencia constitucional en sentido amplio en cuanto precisamente ésta viene a ser la lectura de la Constitución y la visión que de ella plasman en sus decisiones los jueces constitucionales.

Creemos que aquí no podemos ser restrictivos respecto al ente emisor de las concreciones objetivas de la aplicación de la autonomía procesal. Nos referimos a que sí puede definirse que los precedentes vinculantes son potestad de configuración por parte del Tribunal Constitucional, mas la definición de las reglas de aplicación de la autonomía procesal, también puede y debe ser una atribución de los órganos jurisdiccionales de más alta instancia del Poder Judicial, pues la defensa de la Constitución nos concierne a todos, y en este sentido, se justifica una concepción horizontal de la autonomía procesal, en tanto la defensa de los derechos fundamentales asume una dimensión lata de la noción de prudencia de los jueces al decir el derecho, es decir, al hacer jurisprudencia.

En este rubro de ideas matrices, de igual forma, consideramos que la autonomía procesal se justifica en los procesos constitucionales, los cuales expresan un rango de urgencia insoslayable. ¿Se puede extender a otro tipo de procesos? No negamos esta posibilidad mas ello impone, inevitablemente, una regla de rigurosa cautela.

 

  1. ¿Principios infringidos a través de la autonomía procesal? 

La autonomía procesal del Tribunal Constitucional, asumida en este perfil de estudio también como autonomía procedimental, quebrantaría los principios de congruencia del proceso, de legalidad, y por extensión, de preclusión y convalidación de los actos procesales. Y por excelencia, supondría una afectación del principio de seguridad jurídica, elemento ancla de todo ordenamiento jurídico que se precie de ser respetuoso de la ley.

Convenimos en que sí existe una afectación de forma y prima facie de estos principios reseñados y sin embargo, adicionalmente es importante puntualizar, a juicio nuestro, que la realización de la tutela de urgencia,[8] condición implícita de los derechos fundamentales, exige, en determinados casos, trascender la vigencia de las formas procesales para lograr la materialización de la defensa de los derechos fundamentales, y es en propiedad en los procesos constitucionales donde el ámbito de protección ha desarrollado un rol mucho más activo si partimos de las premisas ciertamente más estables de la jurisdicción ordinaria.[9]

En consecuencia, si ese medio de realización de la tutela de urgencia de los derechos fundamentales exige, en casos concretos, objetivos y determinados, el quebrantamiento de las formas del proceso, pues de suyo se encuentra justificada conceptualmente la autonomía procesal, la cual no debe asumir la figura de una institución invasora de competencias de la realización de los elementos de la Teoría General del Proceso, ni de la aparición de un caos constitucional, y menos aún como un concepto que fomente la inseguridad jurídica.

No compartimos la posición de que la autonomía procesal afecte la vigencia propia de  los principios de congruencia y legalidad pues reafirmamos la noción de que no basta la existencia nominal de un ordenamiento procesal, sino que el mismo sea efectivo,  y que a su vez permita la realización del bien justicia, aspiración a que se dirige, también, el principio de función integradora,[10] en tanto busca como objetivo, igualmente, alcanzar la paz social.

Observemos, entonces, que la autonomía procesal precisamente nacería de un escenario de insuficiencia de las reglas de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, la autonomía procesal representaría un efecto integrador de aquellas lagunas que las normas del legislador precisamente no han podido evitar y que aún sometidas a control de la jurisdicción ordinaria, ésta no puede compatibilizar con los fines de los procesos constitucionales.

 

  1. Activismo judicial restringido

Si asumimos una tesis de aplicación de la autonomía procesal, el equilibrio en su aplicación debe ser el segundo matiz de la existencia de esta institución y son los jueces, quienes dilucidan precisamente las controversias, especialmente las causas constitucionales, quienes deben determinar una aplicación ordenada, en la medida de lo posible, de la autonomía procesal. Por tanto, debe existir activismo judicial en la natural exigencia de un especial deber de protección[11] que caracteriza a la justicia constitucional.

El juez de la Constitución resulta así instado a divisar dos niveles: uno primero de aplicación de la norma en sentido regular, y uno inmediato que exhorta a una defensa más sólida, efectiva y urgente de los derechos fundamentales. La protección legal que demanda el primero de esos niveles, podrá verse satisfecha respecto a aquellas controversias que no demanden sino una exigencia de aplicación normativa de la regla, o de la ley concernida para el caso en discusión. En este aspecto, la exigencia de un razonamiento silogístico y positivista se convierte en el primer factor o estándar de la solución del problema. Y sin embargo, frente a la anomia de la regla particular respecto de los casos trágicos, se hace exigible un efecto integrador amplio de la autonomía procesal, de modo tal que las leyes y la Constitución ya no son solo ratio, sino emotio[12] por cuanto se pretende el rescate del valor justicia en su acepción más convincente.

Y como correspondería, es el juez el personaje llamado a asumir ese rol de activismo en la defensa de los derechos fundamentales. Ciertamente algunos esbozos de justicia administrativa pueden configurarse como supuestos de esa eficacia horizontal que identifica a los derechos de configuración legal y sin embargo, no es la justicia administrativa el basamento principal de una dilucidación del conflicto, el cual por naturaleza propia trasunta a la orilla de los jueces pues son las decisiones las que representan el fin de la controversia jurídica. Por consiguiente, son estos quienes asumen esa titularidad de base en la defensa del orden constitucional.

Y más allá de esa premisa, no podemos dejar de advertir, como constante de la autonomía procesal, esa exigible restricción implícita en la aplicación de esta figura. No puede constituirse la autonomía procesal, por su sola invocación en el decurso de los procesos constitucionales, en regla invasiva no justificada de las competencias de otros Poderes, o en su caso, vaciar de contenido objetivamente los valores que resguarda el proceso a través de sus principios ancla.

En esa línea de pensamiento, es exigible una necesaria ponderación, mesura y prudencia, en la aplicación de esta figura procesal y de ahí que sostengamos la vigencia de una tesis de activismo judicial restringido: activista es el juez en la defensa del orden constitucional y de los derechos fundamentales que emanan de las controversias sometidas a control constitucional, y restringido es este mismo juzgador en cuanto la autonomía procesal demanda igualmente prudencia en su aplicación.

En ese norte de reflexiones, la interpretación constitucional, al invocar la autonomía procesal, requiere adoptar una premisa base que propone Carpizo[13]: “la interpretación no debe alejarse del universo jurídico, convirtiendo al Derecho Constitucional en Filosofía del Derecho”.  Es así que no es propio que la autonomía procesal pudiera representar un ejercicio irreflexivo de la interpretación constitucional sino una labor de análisis en la cual la cautela sea el elemento relevante de esta figura.

En términos de García Belaunde[14] esa ponderación tiene lugar tiene lugar poniéndose énfasis en el trinomio cautela- subsidiariedad- delegación legislativa y señala que los procesos constitucionales se rigen por normas específicas así como por normas procesales específicas  “llegándose al caso de que el órgano calificado, en vía jurisprudencial, puede crear normas procesales para el caso concreto, si bien es cierto que con cautela, en vía subsidiaria y generalmente por delegación del legislador”(…). La restricción del maestro García Belaúnde es mucho mayor aquí pues inclusive aduce una delegación legislativa, lo cual traduce mayores obstáculos en el desarrollo de las normas autónomas propias de los procesos constitucionales.

 

  1. Por una buena regulación de la autonomía procesal

Si coincidimos con la tesis de viabilidad de la autonomía procesal, consideramos que el sustento de aplicación de esta institución, reside en un conjunto de reglas mínimas de aplicación de la misma.

Ciertamente hemos de convenir en que el juez conoce el derecho y por tanto, el principio iura novit curia representa una materialización del concepto de autonomía procesal. De ser así, debería evaluar las formas posibles, viables y razonables de materialización de ese efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Igualmente, por el principio de suplencia de queja deficiente, el juez inclusive va mucho más allá de una pretensión insuficientemente construida y otorga el derecho a pesar de las condiciones de déficit argumentativo de la pretensión. Y sin embargo, el rol activo que le confiere la autonomía procesal, debe obedecer a una regla de mesura, pues de lo contrario, incurriría ese juez en hiperactivismo judicial, y ello propiamente acarrearía resultados disímiles pues no constituyen el objetivo propio, común y material de la justicia constitucional, pues en tal caso nos encontramos frente a un quebrantamiento del orden constitucional y hasta debe lidiarse con una actitud invasiva de las competencias asignadas a otros estamentos y Poderes del Estado.

A fin de evitar esos escenarios contradictorios a una aplicación ordenada de la autonomía procesal, fijamos las siguientes reglas, a modo de propuesta, para su aplicación equilibrada:

 

  1. a) Exigencia de la tutela urgente de un derecho fundamental.

No debe aplicarse la figura de la autonomía procesal, o en propiedad la flexibilización de los procedimientos propios de un proceso constitucional, si no concurre una causal de urgencia para la dilucidación de una pretensión constitucional. Esta debe ser la condición base de la autonomía procesal pues implicaría, su dimensión material, que efectivamente el juez constitucional no disponga de otro medio de solución salvo aquel de hacer flexible la respuesta de la jurisdicción constitucional desde la idea de una tutela realmente urgente.

¿Y cómo entendemos la urgencia de un derecho fundamental? Como una exigencia de respuesta que no puede ser mediata, lejana o sujeta aún a un contradictorio. Estos últimos rangos de una controversia de relevancia jurídica pueden ser definidos al interior de un proceso cognitivo, con sujeción a una estación de pruebas y bajo las reglas de un determinado contradictorio. La autonomía procesal define su esfera de aplicación desde la idea de que no hay sino un contexto urgente que definir, resolver y respecto al cual concurre la exigencia de tomar posición inmediata. Por tanto, la perspectiva de la Convención Americana en su artículo 25, orientada a la exigencia de un “recurso sencillo y rápido”, se materializa desde la autonomía procesal y para esa operación, lo urgente rompe con la noción de procesos mediatos.

 

  1. b) Agotamiento del examen de legalidad de la controversia

La explicación a este respecto es puntual: la presunción de legalidad de las reglas nos lleva a un escenario de su máxima efectivización, esto es, partimos de una noción de completitud de la regla aplicable al caso concreto y como tal, las reglas deben, bajo rigor aplicativo, dirimir el caso concreto. De allí que constituyan mandatos definitivos en cuanto la noción filosófica de la única respuesta correcta[15] tendería a significar que las controversias admiten una respuesta final desde la condición base que representa el Derecho Positivo.

Sin embargo, observemos que ésta es una solo una característica base de las reglas, es decir, su completitud en realidad constituye una faceta que no es siempre un objetivo alcanzable, simplemente porque como decía Cambacéres,[16] las reglas “no lo pueden decir todo” y de allí, la necesidad de completar el juicio de valoración lógica y silogística de la regla, desde su análisis de aplicación.

Lo afirmado pretende significar, a grandes rasgos, que las reglas deben ser examinadas por el intérprete, procurándose agotar su examen de legalidad, y solo si no existe una respuesta razonable de la regla frente al problema, pues la condición de urgencia define el agotamiento del examen de legalidad. En esa línea de pensamiento, podemos pensar en la presunción de legalidad de los actos del legislador. En idea objetiva de este rol, asumimos ex ante que los actos configurativos del legislador en la determinación de las reglas, perfilan una situación de suficiencia de las mismas, mas siempre desde una perspectiva prima facie.

Lo que suceden en el ámbito constitucional es que muchas de las veces en que las reglas exigen una respuesta del ordenamiento jurídico frente a pretensiones determinadas, nos encontramos ante un escenario de insuficiencia de las reglas, y ello genera precisamente un efecto integrador de determinadas instituciones procesales que bien pueden ser catalogadas, desde la autonomía procesal, como medios integradores de las lagunas constitucionales que muchas veces los criterios reguladores notoriamente insuficientes de las reglas, generan frente a controversias concretas.

En esa norte de ideas, la autonomía procesal asume una condición aplicativa de última ratio, excepcional, extraordinaria y sumaria, que implica para el juez constitucional el cumplimiento de su tarea de respetar las prerrogativas del legislador en cuanto a la configuración del ordenamiento positivo. Y en esto la propuesta kelseniana mostraba un rango de fortaleza determinante respecto a las bases de la Teoría del Derecho: la garantía de certeza de la regla constituye un punto de partida relevante para la seguridad del Derecho como tal. Este fue, sin duda, un aspecto base de la teoría kelseniana, muy arraigada hacia una Teoría Pura del Derecho, esto es, proponiendo que el Derecho se hacía autónomo, de tal forma que esa condición de tal le auguraba una consistencia conceptual y también aplicativa del Derecho, exento de elementos contaminantes en la regla, de tal modo que quedaba asegurada su pureza.

Lo transitado en el Derecho hasta este siglo XXI nos señala que las premisas kelsenianas, fuertes en su creación, no mantuvieron su rigor en la fase de aplicación, fundamentalmente porque el Derecho cada vez exigía más desde una perspectiva argumentativa, y porque a su vez, los derechos fundamentales se constituyeron en elementos totalmente imprevistos del esquema conceptual aplicativo de Kelsen. Diríamos, más aún, que la configuración de los derechos fundamentales en los ordenamientos constitucionales modernos, demandan nuevas respuestas argumentativas por parte de todas las estructuras de intérpretes de las comunidades jurídicas contemporáneas.

Así, el Derecho ya no es solo aplicación sino exigencia de respuestas argumentativas más elaboradas, más adecuadas a un entorno de realidades cambiantes. Y en ese nuevo escenario, las reglas ya no suelen constituir el medio de respuesta idóneo, por excelencia definitivo, para las exigencias que plantean hoy los derechos fundamentales.

¿Significaría aquello que un área del Derecho como tal, en términos positivos si lo queremos afirmar, ha colapsado? Creemos que no, pues la trilogía de respuestas de Atienza Rodríguez,[17] nos sigue conduciendo a que se necesita de ese Derecho cierto y no conflictivo para aquellas controversias que puedan marcar un rango de fáciles. Inclusive algunas causas difíciles podrían aún marcar rangos de respuestas desde el Derecho Positivo y su dimensión aplicativa. Y sin embargo, las reglas guardan un silencio, quizá deliberado, frente a las controversias trágicas, las cuales exigen nuevas dimensiones de respuesta, bajo estándares diferentes, y en esa ruta se inscribe la institución de la autonomía procesal, la misma que no exenta de discusiones sobre su oposición a la Teoría General del Proceso, sí constituye un medio de respuesta tangible, evidenciable y vívido, frente a las controversias que rompen la tradicionalidad del análisis vertical de las reglas, para diversificar su respuesta a los casos concretos a través de una conjugación de medios de respuesta tanto verticales como horizontales.

 

  1. c) Descripción de la regla sustantiva de aplicación de la autonomía procesal

No puede configurarse la autonomía procesal constitucional si no existe una justificación conceptual de su aplicación. Diversos precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional[18] han regulado, sin que sea una constante de los mismos en todos los casos, el perfil de la justificación de las reglas sustantivas de un precedente.

Creemos que ésta debe ser una exigencia en la aplicación de la figura de la autonomía procesal pues dado el quebrantamiento excepcional de las formas procesales, son el Tribunal Constitucional y las Cortes Constitucionales quienes deben justificar el marco material que justifica la autonomía procesal respecto al caso concreto.

De esta forma, inclusive, sería posible asumir la validación de la aplicación de la figura de la autonomía procesal en su faceta de fundamentación, y advertiríamos, de la misma forma, cuáles razones conducen al más alto Tribunal  a asumir una posición privilegiada de la tutela de urgencia. Y en ese mismo razonamiento, el Tribunal fundamentaría, inclusive, por qué rebate la tesis contraria a la autonomía procesal, es decir, por qué se deja de lado la necesaria observancia de las formas procesales a tener en cuenta en el proceso.

 

  1. d) Descripción de la regla procesal de operatividad de la autonomía procesal

En esa misma técnica justificativa, consideramos que el Tribunal debe describir los pasos procedimentales de aplicación de la figura de la autonomía procesal en relación al caso concreto. Observemos que  esta condición se materializa en un caso concreto[19] de aplicación de la autonomía procesal, en tanto el Tribunal configura las reglas que deben observar los juzgadores en la fase procedimental de la autonomía procesal en los procesos constitucionales.

Esta exigencia reviste mayor importancia aún: la determinación de las reglas procedimentales constituye un criterio guía para el resto de las instancias jurisdiccionales del país. En efecto, la condición de supremo intérprete del Tribunal Constitucional lo pone en un rango de ente regulador de las tendencias jurisprudenciales en el resto del país, no solo en cuanto se refiere a los jueces de la justicia ordinaria, el inmediato estrato de aplicación de la autonomía procesal, sino en función de una noción de abarcamiento de todos los ámbitos de la justicia en el país.

La noción es precisa: la calidad de ente regulador le permite al Tribunal autorizar la facultad de extender los criterios de aplicación de la posición que enuncia a todos los demás estamentos de impartición de justicia, tanto jurisdiccionales como administrativos, del país. A este respecto, ello constituiría, como función del Tribunal, una concreción de la capacidad omnicomprensiva del alto órgano para fijar la extensión de la aplicación de las figuras que enuncia.

Esto revestiría un efecto sin duda positivo en el resto de la judicatura pues fijada la regla de aplicación de autonomía procesal al caso concreto, los órganos jurisdiccionales superarían, seguramente con creces, la noción de exigible formalidad que los procesos revisten y demandan en las resoluciones judiciales. En términos usuales, la primera noción de dilucidación de los conflictos con relevancia jurídica, es la determinación de los alcances del mismo en relación con la ley. El juez usualmente debe agotar el examen de legalidad de la controversia, luego del cual, podríamos decir, queda facultado para un examen de constitucionalidad.

Sin embargo, ante la concreción de la regla enunciativa de aplicación de la figura de la autonomía procesal como tal, respecto al caso concreto, y fijados los alcances de su procedimiento, los jueces tendrán la certeza de aplicación de la figura y el derecho ha de ser más predecible, universal y uniforme. Configurados estos caracteres, no nos encontramos frente a una figura que rompa los estándares de la Teoría General del Proceso sino ante un sucedáneo que mas bien legitima su aplicación.

 

  1. e) Determinación del test de consecuencias de la autonomía procesal 

El énfasis en este aspecto reside en que, en relación al caso concreto, no exista vulneración irrazonable, con efectos más gravosos, de otros derechos fundamentales. La ley de ponderación de Robert Alexy[20] circunscribe el razonamiento del principio de proporcionalidad a que si bien un principio o derecho fundamental resulta realmente afectado, tanto mayor debe ser la satisfacción del principio opuesto.

La lógica de esta determinación es objetiva: en el balanceo de bienes jurídicos en juego, debe revestir mayor grado de realización el bien que se privilegia y no el principio que cede su contenido material frente a otro principio, es decir, si existe una propuesta de pesos y contrapesos en la aplicación de la autonomía procesal, en definitiva debe prevalecer aquel bien cuyo grado de realización es mayor en grado de satisfacción que el principio afectado.

La determinación de un test de consecuencias, entonces, nos conduce a que si aplicado el principio de autonomía procesal, la superación de las formas procesales presenta un grado de afectación y a su vez, otro principio o derecho fundamental resulta más satisfecho, entonces adquiere un contexto material de importancia mayor la aplicación del principio de autonomía procesal. En este aspecto, suscribimos las propuestas de Alexy respecto a la ley de la ponderación pues efectivamente la noción de una escala triádica con los valores elevado, medio y débil, implica, si privilegiamos la autonomía procesal, que el principio o derecho fundamental más satisfecho pueda presentar un grado de realización elevado, en tanto que el principio de congruencia procesal, por excelencia aquel que resulta desplazado frente a la autonomía procesal, presenta solo un grado medio de afectación.

Naturalmente, en la construcción de esta noción de consolidación del principio de autonomía procesal se pueden presentar efectivamente las propias confrontaciones abstractas que la misma teoría de Alexy describe en este rubro.

Nos explicamos: puede ocurrir, es una alternativa, que tanto el principio de autonomía procesal, vinculado por cierto a un derecho fundamental relevante,  así como el principio de congruencia procesal, presenten iguales grados de satisfacción y afectación, esto es, que en ambos casos ocurra un nivel elevado de los mismos. En dicho caso, la alternativa de las cargas argumentativas sugiere que el intérprete privilegie determinados valores del ordenamiento jurídico, como lo son la libertad, o la realización de los alcances de un Estado Democrático y Social de Derecho, que propenda a la realización de los derechos de sus ciudadanos. De ser así, vinculado el principio de autonomía procesal a un bien jurídico de mayor relevancia, el empate de valores podrá ser definido a través de las cargas argumentativas o el empate respecto a un margen estructural de la ponderación.[21]

Aún así y en el plano de la abstracción enorme que permite la construcción de las fórmulas de realización de los principios, ¿Qué sucede si existiera un empate también de las cargas argumentativas dado el caso de que a pesar de este escenario, igualmente prevalezca el escenario de que los principios en juego- autonomía procesal y congruencia procesal- aún siguieran empatados? Creemos que Alexy, igualmente, establece una aproximación de respuesta frente a esta compleja disyuntiva: la efectivización de subniveles de afectación y satisfacción. En esa lógica, tendríamos los siguientes niveles: elevado elevado, elevado medio, elevado débil, medio elevado, medio medio, medio débil, débil elevado, débil medio, débil, débil.

 

  1. Un esbozo de la aplicación del principio de autonomía procesal: el estado de cosas inconstitucional 

Podemos apreciar, dadas las premisas que anteceden, que la fijación de determinados estándares para la aplicación del principio de autonomía procesal, garantiza que esta figura no constituya una facultad irrestricta del Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional.

No se configuraría, en esta misma línea de pensamiento, una invasión de espacios ni un quebrantamiento en desorden de las formas procesales, o bien de los valores que consagra el proceso así como de los bienes jurídicos basilares que tutela la Teoría General del Proceso. Por el contrario, creemos que estas formas de realización del principio de autonomía procesal, refuerzan la institución de una vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

Tan solo un ejemplo válido podría graficar nuestras aseveraciones construidas supra: la figura del estado de cosas inconstitucional[22] que en nuestro ordenamiento constitucional parte de un caso de habeas data, el cual recoge una ejecutoria de la Corte Constitucional de Colombia del año 1997.[23] Esta figura implica, en términos sustantivos, la expansión de los efectos de la sentencia a quienes no fueron parte en el proceso, mas solo a partir de un caso paradigma previo que declara un estado de cosas inconstitucional.

Desde la perspectiva del principio de congruencia procesal, la exigencia base reside en que producida una sentencia, corresponde la etapa de ejecución para quien resulta titular del derecho consignado en el fallo del Tribunal. Tal decisión no es aplicable, naturalmente, a quienes no fueron parte en el proceso. La lógica es determinante: no es aplicable una ejecución de sentencia a favor de quien no se constituyó oportunamente en parte en el proceso.

Y sin embargo, ¿cuál es la situación jurídica de otras personas, no parte en el proceso paradigma, si la condición de vulneración ostensible de un derecho fundamental, así declarada por el Tribunal, es la misma que la del caso fuente? El principio de autonomía procesal nos permite que terceros postulen la calificación de su condición de afectados al igual que en el caso paradigma, sean incorporados en ejecución de sentencia y puedan ejecutar la sentencia convirtiéndose en terceros legitimados por el propio Tribunal o las más de las veces, por el juez a cargo de la ejecución del fallo.

¿Qué obtienen los terceros incorporados a la ejecución del proceso paradigma? Se evita el tránsito de las pretensiones desde un inicio, la absolución de la demanda respecto de la parte emplazada, la emisión de la sentencia respectiva, la interposición de los respectivos recursos de apelación, la audiencia propia de apelación ante la instancia superior y la emisión de un segundo fallo propio de la instancia de revisión, para derivar el proceso solo a la etapa de ejecución de sentencia. Se logra un considerable esfuerzo de supresión de las etapas del proceso para postular solo la ejecución de la pretensión. Necesariamente, el juez de ejecución cuidará que las condiciones materiales del tercero no demandante originario sean las mismas, sustantivamente idénticas, que las del caso matriz, y solo en ese caso, despachará ejecución respecto al caso referido. No satisfechas las condiciones de contexto  material a que aludimos, no será posible incorporar al solicitante en la etapa de ejecución del caso paradigma.

Si razonamos en el caso propuesto desde la perspectiva del principio de congruencia procesal, la respuesta es denegatoria respecto a que el tercero postule su incorporación al proceso en el cual no ha sido parte. La expresión del juzgador aquí es de un matiz vertical, en tanto es exigible ser titular de un derecho, propiamente satisfacer la condición de demandante, para postular la ejecución de un fallo judicial. Desde ese ámbito argumentativo, será necesario que el tercero postule la demanda y que concluya el proceso para que pueda solicitar la ejecución del derecho que la justicia constitucional le pudiera eventualmente conferir.

Desde las laderas del principio de autonomía procesal, el reconocimiento de un estado de cosas inconstitucional, constituye condición de legitimación suficiente para que el tercero pueda postular la ejecución de la sentencia y como tal, ver satisfecho su derecho prontamente, sin la necesidad, por cierto onerosa, de iniciar el proceso desde la etapa de la demanda propiamente dicha. Veamos que la reducción de etapas procesales es considerablemente razonable y por ende, el costo de horas-hombre y de exigencias de intervención de la justicia constitucional, determinantemente menor.

He aquí que se aprecia la importancia de una institución que permite una tutela pronta de los derechos fundamentales invocados al tiempo que ha tenido lugar la valoración previa del examen de legalidad que constituye el ámbito del principio de congruencia procesal. De otro lado, el juez constitucional deberá observar que respecto a la aplicación del contexto sustantivo de la regla a seguir en la aplicación del principio de autonomía procesal a seguir, el alto Tribunal de la Constitución debe haber predeterminado las condiciones materiales y procedimentales para tutelar el derecho de terceros legitimados no parte en el proceso.

Por último, el juez constitucional, al aplicar el principio de autonomía procesal, deberá determinar que las consecuencias de su decisión presentan un equilibrio de razones justificatorias y que la aplicación de esta figura, no supone mayor gravosidad para las partes en colisión. A este respecto, un examen de previsión de consecuencias constituye el efecto legitimador de validación del estado de cosas inconstitucional y por ende, del principio de autonomía procesal.

 

  1. Críticas a la autonomía procesal 

Las críticas al principio de autonomía procesal pueden advertirse en los frentes externo e interno.

En el frente externo, Ferrajoli[24] asume una posición contraria a la ponderación entre derechos fundamentales pues ello debilita, en posición del maestro italiano, la normativa constitucional.

Acotemos un concepto previo: la aplicación del principio de autonomía procesal constituye, desde nuestra posición, un sucedáneo de la ponderación propiamente dicha. En efecto, la autonomía procesal traduce una expresión de balanceo entre derechos fundamentales, por excelencia, entre un derecho fundamental tutelado por la autonomía procesal, y el principio de congruencia procesal que expresa y traduce la vigencia del principio de legalidad en todo ordenamiento jurídico. En consecuencia, aplicar los criterios marco de la autonomía procesal expresa las bases conceptuales de la ponderación de intereses y como tal, la ponderación propiamente dicha resulta implícita en la autonomía procesal.

El jurista florentino indica: “Considero que el principialismo de Dworkin, de Alexy, es fruto de un equívoco conceptual. La distinción entre principios y reglas es obviamente muy importante; pero esa definición de reglas de Dworkin o de Alexy como “todo o nada”, o que las re-glas requieren aplicación mientras que los principios ponderación, requiere ser redefinido de manera más rigurosa”[25]

García Amado[26] igualmente conduce una de las más formidables críticas a la ponderación en el ámbito externo, en cuanto propone una esencial intercambiabilidad de los métodos subsuntivo y ponderativo, lo cual nos conduce a una determinación previa de los derechos en conflicto y si ello sucede, es decir, si reconocemos cuál es la extensión de cada uno de los derechos opuestos, se torna irrelevante la ponderación como método de interpretación entre derechos de raigambre fundamental.

Ciertamente la propuesta de García Amado es per se conceptualmente de interés. Determinar en qué consiste un derecho hace innecesaria su ponderación y sin embargo, ya la operación de determinación a que alude el maestro de León involucra de suyo una implícita ponderación pues significa la fijación de razones conceptuales de relevancia- argumentos justificativos- para sustentar cuál es la extensión del derecho concernido.

Creemos, en línea consecuente de lo expuesto supra, que deviene la ponderación en una acción procedimental implícita y es para reforzamiento argumentativo de la misma que Alexy construye una teoría de la ponderación, creemos integral, para la concreción de principios, valores y directrices tutelados por los ordenamientos constitucionales contemporáneos.  Precisamente todo el bagaje acaso aparentemente subjetivo de la ponderación, se vuelve a traducir, en un esfuerzo integrador de razones de justificación de los argumentos a favor de la ponderación misma.

En ese caso, no estamos frente a posiciones subjetivas del intérprete para la aplicación del principio de autonomía procesal sino frente a argumentos fuertes, de peso constitucional, y mensurables en el campo de los derechos fundamentales. En ese rango de conceptos, las críticas a la ponderación y a la autonomía procesal, lo consideramos así, no desvirtúan la fortaleza de una vigencia más efectiva de los derechos fundamentales.

En el frente interno, las críticas más elaboradas a la institución de la autonomía procesal parten del maestro procesalista Monroy Gálvez,[27] para quien existe una traducción mal elaborada de la institución de la autonomía procesal, la cual debió entenderse como autonomía procedimental, en la medida que el proceso, como institución, resguarda igualmente valores constitucionales, los cuales no deben resultar afectados por una figura impropia como la autonomía procesal.

Adicionalmente, Monroy considera que la autonomía procesal implica dos distorsiones: una primera referida a que con este concepto, la opinión del proceso “es un saber de segundo grado”, y en segundo lugar, a que la sistemática procesal es concebida “como un conjunto de conocimientos precarios e intercambiables”.

Resulta de suyo complejo rebatir los argumentos del maestro Monroy Gálvez en tanto las líneas materiales de su crítica, traducen una desazón por la construcción imperfecta de conceptos a propósito de la autonomía procesal, la cual no solo resulta defectuosamente traducida, sino también ineficientemente elaborada. A este respecto. Monroy precisamente destaca que uno de los supuestos de la autonomía procesal, entre otros, partiría de que existen muchos casos complejos respecto de los cuales los métodos de integración tradicionales no son suficientes para cubrir los vacíos o lagunas normativas.

Creemos que aquí es necesario destacar un aspecto: las reglas per se no son deficientes. Ciertamente en su tarea el legislador busca con la norma dar respuesta a un problema que la realidad plantea. Notemos, sin embargo, que el escenario que denota la realidad suele ser mucho más complejo que el esquema que ofrece la norma. Por tanto, aquellos aspectos del problema que escapan al supuesto de la norma, generan un efecto de insuficiencia de las normas, el cual se llena a través de métodos tradicionales de integración, o en su caso, por criterios excepcionales de integración, entre los cuales se encuentra el principio de autonomía procesal.

Como respuesta tentativa, procuraremos señalar que la autonomía procesal, en su condición de principio e institución, aún denota insuficiencias en su configuración jurisprudencial en los fallos en los cuales el Tribunal Constitucional ha delineado su aplicación. Ciertamente falta aún una mejor definición de la misma y se requiere aún una decisión pedagógica, instructiva y orientadora de su naturaleza jurídica, así como principalmente de sus alcances, dada la indeterminación de los conceptos jurídicos que la integran. Es más, podemos convenir en que el nombre correcto acaso pudiera ser autonomía procedimental a efectos de denotar una libertad de configuración.

Y sin embargo, advirtamos que la autonomía procesal como tal, ofrece herramientas conceptuales, materiales y procedimentales, que garantizan una justicia constitucional más efectiva, prevalentemente más célere, y decididamente más identificada con una solución pronta de las controversias que atañen a derechos fundamentales.

Más aún, ¿Por qué no pensar que este principio, mejor aplicado, legitima de mejor modo aún el enfoque sistémico propuesto por Chiovenda a los estudios procesales y que a su vez, refuerza la visión de Calamandrei respecto a su visión del proceso como ciencia para convertirlo en un instrumento de garantía de la supremacía de la Constitución?

En adición a estas críticas, Ramírez Jiménez[28] señala, en relación a la autonomía procesal, que “este ejercicio autárquico convierte (al Tribunal Constitucional) en un “poder legislador” sin control alguno, impropio de un sistema democrático y constitucional”.

Y en esa línea de conceptos, este segmento de críticas en este estudio, abordaría como respuesta a las críticas a la autonomía procesal, la extraordinaria importancia que puede revestir la aplicación de este principio, si pensamos en la posibilidad de su trasvase de la justicia constitucional a la ordinaria propiamente dicha.

En efecto, figuras como el principio de autonomía procesal podrían eventualmente, en ese ámbito de urgencia que es la característica base de estos procesos, extenderse a los procesos de la justicia ordinaria y plantearnos repensar los esquemas procesales actualmente vigentes, muchos de ellos identificados, a nivel de campo, como expresiones características propias de una excesiva carga procesal.

¿Acaso no podemos pensar que una flexibilización de la rigurosa lógica procesal de los procesos de la justicia ordinaria, no podría mas bien reconducirse a figuras que reduzcan el acceso de los procesos a varias instancias, hasta tres, cuando el principio de pluralidad de instancias solo exige dos?

¿O no sería acaso razonable detener, por ejemplo, la creación de nuevas Salas Transitorias a nivel de la Corte Suprema cuando en realidad solo existen tres Salas Titulares?

Y por último, ¿no exige el ciudadano de a pie una justicia más célere y más inclinada hacia una pronta solución de la controversia?

Creemos que estas interrogantes abarcan aspectos clave a los cuales se redirige la autonomía procesal una y otra vez, pues precisamente ataca situaciones respecto de las cuales las reglas formuladas para ciertas etapas del proceso no ofrecen alternativas razonablemente viables.

Es factible, en consecuencia, trabajar muchos de estos alcances, equilibradamente, en la justicia ordinaria y sin embargo, advertimos de la misma forma, una exigible prudencia en su aplicación. Ha de ser importante seguir consolidando la posibilidad de una justicia constitucional realmente urgente y sobre esas premisas, reforzar el andamiaje, prudente  en todas sus formas de expresión, de una libertad de configuración procesal que no puede constituir un Ulises desatado[29] sino un prudente equilibrio entre el noble sueño y la pesadilla que enunciaba Hart.[30]

 

A modo de conclusión 

Consideramos, en línea consecuente de lo expuesto, que la aplicación del principio de autonomía procesal nos reporta muchos más beneficios que perjuicios, hace el Derecho más eficaz en relación a un fin relevante en la justicia constitucional como lo es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, y materializa la tutela de urgencia que exige la defensa de los principios, valores y directrices que enuncia la Carta Fundamental.

No genera el principio de autonomía procesal desorden en el proceso ni caos material en la medida que su uso es excepcional, residual y extraordinario. Defendemos la fórmula de aplicación del principio de congruencia procesal en la medida que éste igualmente cumpla la vigencia real, tangible y comprobable de los derechos protegidos por la Constitución. Pero a su vez, creemos que el concepto de aplicación normativa se materializa en función de esa real compatibilidad a la que aludimos.

Y en esto es necesario ser enfáticos: no nos es de mucha utilidad una regla estrictamente nominal, o estáticamente semántica o a su vez, imbuida de única formalidad. Consideramos que dentro de esa pauta de avance que enuncia la interpretación correctora extensiva, es posible trabajar el principio de autonomía procesal bajo el criterio de máxima efectivización de los derechos fundamentales.

Por cierto existe un grado de afectación al principio de congruencia procesal y por extensión, apreciamos mella del principio de legalidad así como una quizá incómoda reorientación de los conceptos basilares de la Teoría General del Proceso y a pesar de ello, veamos en su real contexto que se trata de situaciones de suyo excepcionales, en cuanto la aplicación del principio de autonomía procesal no es la regla sino una cuestión extraordinaria.

Además, proponemos que la aplicación de este principio quede revestida de un conjunto de pautas procedimentales determinadas. Si el Derecho es orden, seguridad y certeza, en la perspectiva de fines a los que también deben aspirar los ordenamientos jurídicos, pues la exigencia de aplicación de autonomía procesal se ve garantizada a través de un ejercicio de prudencia, pues ello es precisamente la jurisprudencia constitucional, esto es, la prudencia en la aplicación del Derecho, y más aún si se trata de derechos fundamentales. No debe olvidarse que éstos se erigen en mandatos de exigencia a los jueces para resolver no solo desde el ejercicio que representa el control de legalidad sino inclusive en función del mayor rigor argumentativo que demanda el control de constitucionalidad, y en esa misma ruta de ideas, advirtamos que no es ajeno a estas concepciones el control de convencionalidad. El mundo es hoy una aldea global y lo jurídico no está exento de ello.

De igual forma, consideramos que el principio de autonomía procesal demanda un necesario activismo judicial restringido. En ese sentido, los jueces tienen la obligación de eliminar las lagunas y todo vacío en su deber de defensa de los derechos fundamentales, mas en esa acción es también exigible que exista la mesura necesaria, y que las consecuencias de aplicación del principio de autonomía procesal, no sean más gravosas que la aplicación propia de la institución enunciada.

A su vez, si observamos el rigor de las críticas al principio de autonomía procesal, corroboraremos la importancia de las mismas pero en la misma idea, no apreciamos una renuncia enfática a que existan medios extraordinarios de defensa de los derechos fundamentales, y en los términos expuestos de las observaciones aludidas, otros medios de defensa efectiva de los derechos fundamentales, no constituyen una denegatoria de plano. Y ciertamente aquí existe un rol subsidiario del principio de autonomía procesal. En eso convenimos con las críticas, es decir, es exigible, en un primer rango del conflicto asumir la defensa del principio de congruencia procesal, y solo en el escenario de insuficiencia comprobada de ese medio de interpretación, se acudirá a la figura de la autonomía procesal. Por tanto, queda corroborada su excepcionalidad.

En adición a lo expuesto, la base de pensamiento del principio de autonomía procesal tampoco constituiría, en medio de los desacuerdos, una faceta más de un neoiusnaturalismo. Consideramos que no es así pues advirtamos que existe una línea conceptual y de exigencias base al intérprete, un conjunto de reglas mínimas, en la aplicación de esta institución.

Ahora bien, si existe un colisión entre el valor justicia y la regla que expresa el derecho aplicable al caso, pues deberíamos preferir la aplicación del enunciado justicia y ello no se traduce en una noción necesariamente en una posición iusnaturalista.

Y como cuestión angular de este estudio hemos de formularnos la interrogante: ¿Por qué no aplicar autonomía procesal inclusive a nivel de la Corte Suprema y el resto de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial? La propuesta puede resultar provocadora mas no es del todo incongruente. Si la formulación de reglas sobre esta materia fuera enunciada a modo de reglas claras, definidas y concretas por parte de las Cortes de más alta impartición de justicia del país, los demás órganos jurisdiccionales del país dispondrían de mayores herramientas para la solución de controversias, y la tarea se haría más efectiva al tiempo que los jueces no incurrirían en infracciones funcionales pues esto resulta cierto: un rasgo de afectación al principio de congruencia procesal, entre otras posibles consecuencias, podría eventualmente representar la intervención de un órgano contralor. En cambio, si el órgano contralor advierte un marco conceptual, formal y material de la aplicación del principio de autonomía procesal, no existiría conducta funcional alguna que sancionar.

Finalmente, a lo largo de este estudio, hemos dejado constancia de nuestro acuerdo con el término autonomía procedimental, noción que no es incompatible con la tesis de una flexibilización de las formas procesales siempre que se salvaguarde, con grados de mayor satisfacción, derechos fundamentales.

En este aspecto cedemos conceptualmente y sin embargo, no hipotecamos las demás ideas propuestas por cuanto representa esta propuesta solo una mejor consolidación del principio de autonomía procesal, en tanto es la tutela de urgencia, uno de los rangos base de este principio, una de las expresiones ethos y pathos de la justicia constitucional, la cual se desvincula,  en eso es necesario poner énfasis, del análisis estático, nominal y únicamente semántico de los derechos fundamentales. Por el contrario, la justicia de los derechos fundamentales demanda una interpretación dinámica, correctora y evolutiva en grado de progresividad, de los derechos tutelados por la Constitución.  

Publicado en Pensamiento Constitucional No. 19, 2014. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. .Lima, 2015. pp. 331-354.

 

[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional de Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo.

[2] RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad de configuración del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho Procesal. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21 Num 62. Mayo- Agosto 2001. p. 129

[3] La definición asumida no es pacífica. La propia autora Rodríguez Patrón señala que em España, Raúl Bocanegra opta por el entendimiento de “autonomia procedimental” para referirse a la “propia capacidad de creación de princípios y normas procesales”. A su vez, Rodríguez Patrón alega el término “autonomia procesal” para evitar equívocos respecto a la autonomia reglamentaria que podría encuadrarse dentro del “Derecho procedimental”. RODRIGUEZ PATRON, Patricia. Op cit. p. 129

[4] ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia. Madrid. Editorial Trotta. 1995. p. 9

[5] MENDOZA ESCALANTE, Mijail. La autonomía procesal constitucional. En Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y Doctrina. Año II No. 4. Julio-diciembre de 2006. Lima. Palestra Editores. 2007. p. 97

[6] LANDA ARROYO, César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. La experiencia del Perú. En Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y Doctrina. Año II. No. 4. Julio-diciembre de 2006. Lima. Palestra Editores. 2007.  p. 64

[7] Código Procesal Constitucional. Articulo III

(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.

[8] Convención Americana. Artículo 25.

  1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

[9] Sin embargo, las categorías no son tampoco absolutas en la jurisdicción ordinaria: hoy se habla de tutela diferenciada, noción que liminarmente traduce la posición de que se debe buscar una respuesta de las formas procesales a las exigencias materiales de la norma; y a su turno tiene lugar también una nueva nomenclatura del Derecho Procesal como Derecho Sustancial, en el sentido de que las formas procesales han dejado de ser adjetivas para asumir autonomía y capacidad de respuesta frente a las exigencias procesales. En sede nacional, Hurtado Reyes considera que la tutela jurisdiccional tendrá el carácter de efectiva si el juez cuenta con la posibilidad de otorgar tutelas diferenciadas, Vid. HURTADO REYES, Martin. Tutela jurisdiccional diferenciada. Palestra Editores. Lima 2006. p. 111.

[10] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 45-47.

[11] BOCKENFORDE, Ernst Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Baden Baden. Nomos Verlagsgesselschaft. 1993. p. 114-115. En FERNANDEZ SEGADO, Francisco. El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas. Algunas cuestiones dogmáticas. Estudios constitucionales Año 7. No. 2, 2009. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Universidad de Talca. p. 21

[12] LANDA ARROYO, César. Derecho Procesal Constitucional. Cuaderno de Trabajo. No. 20. Departamento Académico de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2011. p. 17

[13] CARPIZO, Jorge. El Tribunal Constitucional y sus límites. 1ra edición. Editora Jurídica Grijley.  Lima. 2009. p. 51

[14] GARCIA BELAUNDE, Domingo. Encuentros y desencuentros en torno al Derecho Procesal Constitucional. p. 14. http://www.garciabelaunde.com/articulos/EncuentrosyDesencuentros.pdf Fuente visitada con fecha 05 de setiembre de 2014.

[15] AARNIO, Aulis. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del ordenamiento jurídico. DOXA. 8-1990.  p. 32

[16] RECASENS SICHES, Luis. Concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el siglo XI.  Extraído de Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. México. Ed. Porrúa S.A. 1980. p. 196.

[17] ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación judicial. De nuevo sobre los casos trágicos. Isonomía.No.6. Abril de 1997. p. 8

[18] Entre otros, Vid. STC 6423-2007-PHC/TC. Caso Ali Ruiz Dianderas. F.J. 12

[19] STC 7873-2006-PC/TC. Caso Félix Tueros. F.J. 9 

La figura de la reconversión de procesos constitucionales problematiza que si la pretensión es A, podríamos inferir que la dilucidación del conflicto jurídico, sea en propiedad una respuesta a la pretensión “A”. Sin embargo, ¿es posible que interpuesto un proceso de cumplimiento, se pronuncie el Tribunal Constitucional reconvirtiendo dicho proceso de amparo? Y más aún, producida una improcedencia liminar en primera y segunda instancias, ¿puede el Tribunal acaso declarar fundada la demanda?

Las respuestas positivas a las interrogantes anteriores son las lecciones que deja el caso referido en la sentencia en comento, en tanto asume el Tribunal que sí era posible resolver en amparo la cuestión propuesta, dado que la avanzada edad del demandante- 91 años- lo hubiera obligado a acudir a la primera instancia e iniciar el juicio a fin de que se respetara el derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada.

Pues bien, la autonomía procesal, en una dimensión amplia y tutelar, permite “saltar” las formas procesales y bajo un contexto de tutela de urgencia, proteger, bajo las características de una implícita ponderación material,  que resultaba propio proteger en grado más óptimo, a través de un proceso de amparo, el derecho fundamental a la pensión, antes que el derecho a un debido proceso en su acepción amplia.

[20] BERNAL. PULIDO,  Carlos. Estructura y límites de la ponderación. DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho.  1989. p. 8

[21] ALEXY, Robert. Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 22. No. 66. Setiembre- Diciembre 2002. p. 40

[22] STC 2579-2003-HD/TC. Caso Julia Arellano. F.J. 18

[23] Sentencia SU-559/97. Corte Constitucional de Colombia.

La parte resolutiva señala:

Primero.-  DECLARAR que el estado de cosas que originó las acciones de tutela materia de esta revisión no se aviene a la Constitución Política, por las razones expuestas en esta providencia. Como, al parecer, la situación descrita se presenta en muchos municipios, se advierte a las autoridades competentes que tal estado de cosas deberá corregirse dentro del marco de las funciones que a ellas atribuye la ley, en un término que sea razonable.

[24] SOSA SACIO, Juan Manuel. Entrevista a Luigi Ferrajoli: Para entender y discutir los aportes del Principia iuris (y su singularidad frente al neoconstitucionalismo). GACETA CONSTITUCIONAL. Tomo 65. Mayo 2013. p. 225

[25] SOSA SACIO, Juan Manuel. Op. cit. p. 228.

[26] GARCIA AMADO, Juan Antonio. El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su escasa relevancia. Academia de la Magistratura. Décimo primer curso PROFA. Abril 2010. p. 47-90

[27]MONROY GALVEZ, Juan. La «autonomía procesal» y el Tribunal Constitucional: apuntes sobre una relación inventada. Revista Oficial del Poder Judicial 1/1 /2007. Lima. p. 281

[28] RAMIREZ JIMENEZ, Nelson. Creación de reglas procedimentales no debe ser mera autarquía. GACETA CONSTITUCIONAL. No. 72. Diciembre 2013. p. 16.

[29] ELSTER, Jon. Ulises desatado: las constituciones como restricciones. En Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, compromisos y restricciones. GEDISA. Barcelona. 2002. p. 111.

[30] H.L.A. HART. American jurisprudence through English Eyes. The Nightmare and the Noble Dream. 1977. En Essays on Jurisprudence  and Philosophy. Oxford University Press. Oxford, 1983. P. 123-144- Traducción castellana de José Juan Moreso y Pablo Eugenio Navarro.

 

BIBLIOGRAFIA

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BOCKENFORDE, Ernst Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Baden Baden. Nomos Verlagsgesselschaft. 1993. En FERNANDEZ SEGADO, Francisco. El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas. Algunas cuestiones dogmáticas. Estudios constitucionales. Año 7. No. 2, 2009. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Universidad de Talca.

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