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zn. Líneas jurisprudenciales en materia de plazo razonable

Líneas jurisprudenciales en materia de plazo razonable    

 

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

  1. El plazo razonable desde una perspectiva argumentativa 2. Nuevas dimensiones del plazo razonable.           

 

 El plazo razonable desde una perspectiva argumentativa

El concepto de plazo razonable en el derecho tiende a una definición ciertamente compleja. Desde una perspectiva argumentativa y siguiendo las ideas de Pattaro y García Figueroa, la razonabilidad implica la figura de una razón en su nacimiento débil, por oposición a la racionalidad, concepción material de tendencia fuerte, y sin embargo, cuando los jueces deben aplicar la razonabilidad y fijan la misma en el marco de sus dimensiones materiales, tal concepción débil del derecho se convierte en un rango de aplicación fuerte del derecho.

Nos explicamos: la razonabilidad apunta a una concepción indeterminada del derecho. Sus nociones más cercanas son la equidad, la aceptabilidad y la justicia, pero éstas a su vez, son categorías abstractas del derecho y por ende, indeterminadas.

Si optamos por una separación de conceptos en el derecho entre reglas y principios, aquellas tienden a representar propiamente los enunciados lingüísticos, es decir, aquellos contenidos racionales que la norma- regla enuncia. En este ámbito, las disposiciones taxativas de la ley son un buen ejemplo de reglas y ellas están caracterizadas, prevalentemente, en nuestros Códigos sustantivos y adjetivos.

Por oposición, los principios ya no representan una racionalidad entendida como una concepción fuerte del derecho, o como una única respuesta correcta, sino parten de conceptos jurídicos indeterminados, algunos veces con contenidos sin precisar, que necesitan por parte de los intérpretes la asignación, en términos de Guastini, de sentidos interpretativos, es decir, de atribución de significados específicos, precisamente para dejar de ser conceptos indeterminados.

Esbocemos un ejemplo de lo afirmado a modo de ingreso a nuestro tema: observemos la diferencia entre el mandato de prisión preventiva en específico y la eventual diferencia con el plazo razonable.

Si el mandato de prisión preventiva es de 9 meses en un caso determinado, el procesado habrá de atenerse, salvo la variación de la fortaleza argumentativa de la imputación, a condiciones de restricción de su libertad personal por ese plazo. En propiedad, si ninguna condición de decaimiento de la imputación ocurre, habremos de constatar que el mandato de prisión preventiva por el plazo asignado, ha de cumplirse en los términos establecidos por el juzgador.

No ocurre lo mismo con el plazo razonable, elemento que se inscribe materialmente en el ámbito de los principios, al tener la condición inclusive de derecho fundamental, siguiendo la atribución dworkiana de que los derechos fundamentales son el mejor ejemplo de principios.

La pregunta es, a este efecto, cómo determinamos la extensión del plazo razonable y cuáles son los criterios guía para su determinación. Al no existir claridad conceptual en este término, su indeterminación, como expresión de razón débil, exige que ante estas ausencias, se supere su vaguedad, o en determinados casos, sus efectos de ambigüedad por exceso de significados, y que el intérprete le asigne los contenidos necesarios para su aplicación objetiva en defensa del núcleo duro de ese derecho. Entonces, apreciamos cómo esta razón débil en su fase de creación de la noción, se convierte en razón fuerte una vez que el intérprete define los elementos necesarios para su aplicación.

Entonces apreciamos una especie de paradoja procesal, quizá similar en alguna forma a la propuesta por Montero Aroca, pues aquello que es débil en su nacimiento como concepción indeterminada, se convierte en una razón fuerte. O de otra forma, esa noción de indeterminación de la razón débil, o de aplicación de un principio, se convierte en una noción fuerte. Sintetizando aún más esta idea, esa colisión entre principios una vez definida la situación de en qué medida pesa más un derecho fundamental que otro, se convierte en una nueva regla. Y eso es paradójico pues la aplicación de principios deviene en una correlación de reglas cuyos alcances se determinan al establecerse la relación adecuada entre los principios en pugna.

 

  1. Nuevas dimensiones del plazo razonable

En líneas de desarrollo de una posición de principios, a través de la STC 0295-2012-PHC/TC, caso Aristóteles Arce, el Tribunal Constitucional de Perú fija, vía doctrina jurisprudencial vinculante, nuevas dimensiones jurisprudenciales en materia de plazo razonable, y asume una posición más tuitiva en relación a anteriores pronunciamientos.

No es un  precedente vinculante el fallo en comento mas su vinculación al artículo VI[2] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, le asigna el carácter de doctrina a ser tenida en cuenta por los jueces del Poder Judicial en las controversias constitucionales a su cargo.

Ciertamente aborda el Tribunal en la sentencia en comento dos aspectos centrales: de un lado, considera que en el ámbito del proceso penal el cómputo del plazo razonable comienza a correr desde la apertura de investigación preliminar del delito,[3] y en un segundo rango de ideas, considera que la reparación in natura frente a situaciones de afectación del plazo razonable consiste en que el órgano responsable, deba emitir pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible.

Examinados ambos estándares materiales, nuestra primera conclusión se inclina hacia una tendencia mucho más tuitiva pues el plazo razonable comienza a computarse, en materia de temporalidad, desde un evento anterior, esto es, desde la apertura de investigación preliminar respecto de la conducta ilícita materia de examen, estadío o anterior o coincidente con la detención policial o con otra medida restrictiva de derechos.

Apreciamos que un eje de razonamiento del Tribunal a este respecto alude a que existe mayor gravosidad en fijar plazos posteriores a la apertura de la investigación preliminar, pues esta etapa representa objetivamente un punto de partida real de la persecución penal por parte del Estado, antes que otros cómputos, en los cuales ya existía una actividad procesal previa.

La consecuencia propia del inicio del plazo respecto de este nuevo estándar, es computar una actividad estatal propia que ya traduce los primeros esbozos de una coerción. Esto representa, entonces, un plazo presumiblemente más amplio que ha de ser calificado por el juez para la estimación de una razonabilidad más compatible con los derechos fundamentales.

Ahora bien, si el inicio del cómputo del plazo razonable es fijado en estos términos, es necesario atender, de igual modo, al término de cómputo del plazo y en este aspecto, la pauta fijada es el momento en que el órgano jurisdiccional expide la decisión definitiva que resuelve la situación jurídica de una persona. En este último aspecto, debemos considerar una visión global del proceso pues ello comprende el dictado de sentencia firme que resuelve la situación jurídica del imputado, considerando los recursos previstos por la ley.

La sentencia en comento fija como componentes del plazo razonable, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los siguientes criterios: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o conducta procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.

Sobre este criterio fijamos una objeción: la STC 05350-2009-PHC/TC, caso Salazar Monroe, siguiendo los criterios de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los casos Kawas Fernández vs Honduras y Valle Jaramillo vs Colombia, identificó además de estos tres primeros componentes,[4] uno  cuarto: la afectación que genere la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, esto es, el referido a la relevancia del daño sufrido por el afectado.

Esto es de suma importancia pues no solo se trata de sumar las características de complejidad del proceso así como la conducta de los procesados y los jueces, estos últimos en clave de eficiencia en el manejo de los procesos a su cargo, sino cuál es la relevancia de la afectación sufrida por el procesado. Verbigracia, si el imputado sufría como eventual vulneración una situación de comparecencia restringida, pues la afectación no presentaba una dimensión de suma onerosidad y en su caso, correspondería por cierto, de ser estimatoria la demanda, una medida de comparecencia simple, mas no le correspondería una exclusión del proceso.

Un segundo aspecto central de la sentencia en comento se refiere a las consecuencias de una estimación del plazo razonable. El Tribunal Constitucional precisa que la pauta a prever al respecto habrá de ser la fijación de un término perentorio para emitir pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, mas ello no puede abarcar, en propiedad, el archivo definitivo o la conclusión del proceso, y más aún, en el caso de un proceso penal, la exclusión del procesado.

Esta previsión procedimental sigue, en gran medida, la variación del concepto de exclusión previsto en la STC 3509-2009-PHC/TC, caso Chacón Málaga, proceso en el cual se produjo, una vez estimada la demanda de habeas corpus por afectación del plazo razonable, la exclusión del procesado.

Advirtamos que en la STC 3509-2009-PHC/TC la condición procesal del demandante era la de una comparecencia restringida y en ese sentido, al declararse como efecto de la estimación de la sentencia, la exclusión del procesado del respectivo proceso, pues se rompía las líneas matrices de la dimensión material del plazo razonable.

Y en adición a ello, se rompía la lógica propia del proceso penal pues la consecuencia de la exclusión no es una categoría compatible con los giros procedimentales del proceso penal. Ello conduce, por cierto que sí, a dificultades para la justicia penal pues ¿en qué forma se debería producir la exclusión de un procesado? Sin duda, la precisión de un plazo perentorio para expedir resolución constituye una consecuencia más razonable de la decisión estimatoria.

Como glosario y a título de conclusión de lo sostenido, es en rigor positivo que el supremo intérprete de la Carta Fundamental, en su condición de Hutter der Verfassung, o guardián de la Constitución,  y no de Herr der Verfassung, o señor de la Constitución, fije, desarrolle y determine los marcos materiales del plazo razonable como institución angular del Derecho Penal.

Es igualmente importante, en esa misma línea de razonamiento, cuidar de aplicar un adecuado overruling, o cambio de reglas, pues como hemos anotado supra, si bien ya se había fijado una línea jurisprudencial asignando hasta 4 componentes del plazo razonable, en esta importante decisión de redimensionamiento de esta institución, solo se fijan 3 componentes, habiéndose excluido el item de afectación Por consiguiente, consideramos que no ha existido una debida justificación del cambio de tendencia jurisprudencial.

Sí nos parece muy importante, y es un ajuste que en verdad resultaba necesario, haber fijado las consecuencias de una decisión estimatoria en materia de plazo razonable, pues la exclusión del procesado respecto del proceso que le concernía, implicaba una consecuencia sumamente gravosa y ello resultaba impropio, en términos de compatibilidad, con las categorías propias del Derecho Penal, disciplina que no reconoce la exclusión del procesado respecto de un determinado proceso penal.

Habrá de ser necesario, pues en esencia es productivo, que el Tribunal Constitucional siga precisando líneas jurisprudenciales en términos de la progresividad propia de los derechos fundamentales.

 

Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 92. Agosto 2015. pp. 23-27

[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. estudiofg@yahoo.com

[2] Código Procesal Constitucional. Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional

(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[3] Vía las STC 5350-2009-PHC, 2700-2012-PHC Y 350-2013-PHC, el plazo razonable comenzaba a correr desde el primer acto del proceso dirigido contra la persona como presunto responsable de un delito, lo cual podía consistir en la fecha de aprehensión o detención judicial preventiva del imputado o la fecha en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso.

[4] Dichos componentes iniciales fueron abordados en el caso Suárez Rosero v. Ecuador F.J. 72. 12 de noviembre de 1997

Señala la Corte IDH en dicho fallo: “Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (cf. Caso Genie Lacayo, 23 Sentencia de 29 de enero de 1997(…)

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