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f. Ponderación y proporcionalidad como técnicas de interpretación constitucional. Criterios jurisprudenciales

 

Ponderación y proporcionalidad: un esbozo como técnicas de interpretación constitucional. Criterios jurisprudenciales 

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

 ¿In claris non fit interpretatio ?

 

1. Introducción 2. Necesidad de la interpretación jurídica 3. Problemas que enfrenta la interpretación 4. Características de los conflictos constitucionales 5. Principios de interpretación constitucional 6. Ponderación y proporcionalidad 7. Técnica de la ponderación 8. La ponderación en el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional 9. Técnica del principio de proporcionalidad 10. A modo de conclusión

 

1. Introducción

¿Es la interpretación jurídica un arte o una ciencia? Desde que Mario Bunge[2] estableció conceptualmente la diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas, quedó cuando menos afianzado en perspectiva que las ciencias formales demuestran o prueban, en tanto que las ciencias fácticas verifican, confirmando o no, hipótesis que en la mayoría de casos son provisionales. La lógica y la matemática, como ciencias formales, no se ocupan de los hechos sino tratan de entes ideales. Sus objetos son formas. Son, por tanto, ciencias deductivas; las ciencias fácticas, a su turno, se refieren a recursos y procesos. El conocimiento fáctico, de esta forma, es esencialmente probable.

A tenor de lo expuesto, podemos esbozar que el Derecho es esencialmente una ciencia fáctica. Su campo de acción está constituido por la interacción de diversas instituciones jurídicas, representadas por las relaciones entre seres humanos. El Derecho regula declarando intereses, unas veces, y otras, imponiendo conductas en forma restitutoria o resarcitoria. Es este último segmento el que nos interesa en razón de que es a través de las decisiones judiciales que se expresa la fuerza coercitiva del Derecho, en la medida que, muchas veces, impone conductas a las partes involucradas en un conflicto de intereses.

Ahora bien, producida una disyuntiva social que conduce a una controversia, ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a la misma? Fundamentalmente, el poder público ejerce la coertio, entendida como una imposición de fuerza para que una decisión jurisdiccional firme se materialice y ejecute en sus propios términos.

Sin embargo, retrocedamos en forma puntual al escenario en el cual se suscita la incertidumbre jurídica. Las partes usualmente recurrirán a que un decisor racional- el juez- fije la solución de la controversia. Optarán, de ser el caso y alternativamente, por la conciliación, el arbitraje u otro medio alternativo de resolución de conflictos (MARCs). Mas, si acuden a la vía judicial, el juez tendrá que emitir una decisión que ponga término a la diferencia producida.

Sin perjuicio de ello, ¿cómo se produce esa decisión judicial? La determinación de la misma es un camino muy complejo, que sigue varias etapas desde la óptica de la Teoría General del Derecho, la Filosofía del Derecho, pasando a anclar en la disciplina del razonamiento jurídico. Inicialmente, el juez determinará un esquema lógico para resolver su caso, luego optará por escoger los argumentos que servirán de base a la solución del problema y en este tramo, se produce ya una íntima interrelación con la actividad interpretativa. Determinadas estas actividades, el juzgador cumplirá su obligación de motivar a fin de que la comunicación de la decisión sea clara, sencilla y no contradictoria.

Ubiquémonos en la etapa interpretativa. Si establecemos que el Derecho no es una ciencia formal, sino fáctica, y que no trata de entes ideales ni sus objetos son formas, entonces ¿Representa el Derecho una ciencia o un arte? Para Marcial Rubio[3], “la interpretación jurídica es más un arte que una ciencia”, dado que los criterios de interpretación son elementos generales que pueden aparecer en diversos métodos  y los métodos combinan estos criterios de diversas maneras. Acota, en el mismo planteamiento, que, “en el fondo, nadie ha desarrollado una teoría integral y sistematizada de la interpretación jurídica  (…) y la teoría de la interpretación no constituye un conjunto de reglas generalmente admitidas, con unidad metodológica y con capacidad de predecir un resultado dadas determinadas condiciones. Es decir, la teoría de la interpretación no constituye, propiamente hablando, una ciencia”.

Por consiguiente, no existen reglas fijas, inferimos, para emitir una decisión. ¿Es entonces la tarea que desarrolla el juez, al elaborar una decisión, un arte, en razón de ausencia de reglas científicas dada la condición de ciencia fáctica del Derecho? Nos inclinamos por coincidir parcialmente con Marcial Rubio, en atención a que resulta cierto que las reglas de interpretación no resultan uniformes en todos los casos y que no existe una solución científica para resolver problemas de derecho, al igual que en la lógica y las matemáticas. Sin embargo, desde la aparición de las primeras teorías de la argumentación jurídica en los años 50 del siglo pasado[4](Viehweg, Perelman, Toulmin, en una primera etapa, y MacCormick, Alexy y Atienza, en una segunda etapa de teorías estándar de la argumentación jurídica), el esfuerzo ha sido sostenido por proveer a los decisores racionales de diversas herramientas para argumentar e interpretar los conflictos jurídicos. Bajo esta pauta, se han constituido, paulatinamente, elementos propositivos de resolución de conflictos que los propios jueces han ido adoptando sobre la premisa de cumplir un mandato constitucional: el deber de motivar, estatuido por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución del Estado.      

2. Necesidad de la interpretación jurídica

 Ahora bien, ¿por qué interpretar? Martínez y Fernández[5], esbozan una respuesta que puede ayudarnos a ubicarnos en el problema:

 1)       “ Muchos conceptos jurídicos no están definidos en la ley;

2)       Las leyes solo contienen principios y líneas generales de regulación;

3)       El lenguaje de las normas no puede ser sometido a una lógica matematizante que conduzca a resultados indiscutibles;

4)       El principio “ in claris non fit interpretatio” hoy es rechazado tanto en el ámbito doctrinal como en el judicial;

5)       Si el texto contradice la finalidad de la institución, será preciso interpretarlo.”

La interpretación jurídica es entonces necesaria a efectos de resolver una controversia y su expresión más sólida la constituye la fase final del razonamiento jurídico, cual es la motivación del juez. Y para ello, el Juzgador acude a las reglas y normas contenidas en el ordenamiento jurídico.

La regla, en su expresión logística, va a expresar una premisa mayor (la norma), una premisa menor (un supuesto de hecho) y una conclusión (la consecuencia jurídica aplicable). No obstante esta precisión, ¿qué sucede cuando estamos ante conflictos complejos cuya solución no es encontrada en las reglas? En dichos casos, debemos acudir a los principios y las analogías, que constituyen métodos de autointegración del derecho, o bien a la doctrina nacional o extranjera, que constituyen una herramienta de heterointegración.

En forma concurrente, nos referimos también a los criterios de interpretación, propiamente proposiciones de solución de los problemas, los cuales igualmente no resultan definitivos. Rafael Asis de Roig[6] grafica mejor esta posición al apuntar algunas cuestiones relativas a los mismos e indica: “Se trata de criterios orientativos.(…) y si se analizan estos criterios, podremos observar que no son claros  y, además, deben ser interpretados, problema que se complica al no existir regla alguna que nos indique cuándo debe prevalecer un criterio sobre el otro. En este sentido, se ha llegado a señalar la imposibilidad de jerarquizarlos, constatando además que todo criterio es reversible en su contrario”.

3.  Problemas que enfrenta la interpretación

El esfuerzo del decisor racional apunta fundamentalmente a que su ejercicio interpretativo sea correcto. Si es así, cumplirá su rol de motivador en forma eficiente. Sin embargo, ¿y si tras una insuficiente interpretación, la motivación no ha sido ejecutada correctamente? En otros términos ¿qué sucede si la motivación no ha sido la adecuada?

El Tribunal Constitucional, en reciente sentencia[7], en el caso Giuliana Llamoja, ha desarrollado el tema de la motivación, precisando las situaciones contrarias a una debida motivación. Casuísticamente, el Tribunal ha clasificado supuestos inidóneos de motivación, los cuales tienen relación directa con un ejercicio insuficiente de interpretación. Veamos:

7.       “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

 Así, en el Exp. N. º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzáles Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

 a)      Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b)      Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c)      Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el juez o Tribunal en sus decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d)      La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.  

e)      La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.  

f)        Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia  opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal. 

La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad

  1. De modo similar, en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.° 05601-2006-PA/TC. FJ 3) ha tenido la oportunidad de precisar que “El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. 

En ese sentido, si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, esto es, cuando no se motivan debidamente o en todo caso legítimamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción. La arbitrariedad en tanto es irrazonable implica inconstitucionalidad. Por tanto, toda sentencia que sea caprichosa; que sea más bien fruto del decisionismo que de la aplicación del derecho; que esté más próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón; que sus conclusiones sean ajenas a la lógica, será obviamente una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional.

El objeto de graficar estas anomalías de la motivación, si así lo podemos expresar, reside en que creemos prudente realizar un diagnóstico de cuáles problemas enfrentamos al interpretar y decidir. Sobre estas premisas que describen estos problemas, ahora podemos entrar al fondo de nuestro tema, cual es cómo aplicamos la interpretación en los procesos constitucionales.

 

4. Características de los conflictos constitucionales

A diferencia de las controversias ordinarias, los conflictos constitucionales gozan de características especiales, en atención a que las incertidumbres que involucran siempre estarán referidas a derechos fundamentales. En tal sentido, el problema a resolver implicará tener en cuenta cómo se desarrollan las interactuaciones entre las normas ordinarias y las disposiciones constitucionales que prevén la protección de derechos fundamentales.

Segundo Linares[8], a propósito de los leading-cases constitucionales del Tribunal Supremo norteamericano, ensayó algunas reglas de interpretación constitucional, de las cuales podemos inferir qué involucran jurisdiccionalmente los procesos constitucionales:

a)              “Fin supremo de interpretación constitucional. En la interpretación constitucional siempre debe prevalecer el contenido teleológico de la Constitución, que si es instrumento de gobierno, es también restricción de poderes en amparo de la libertad individual;

b)              Interpretación amplia. La Constitución debe ser interpretada con un criterio amplio, liberal, y práctico y nunca estrecho, limitado y técnico.

c)               Sentido de las palabras de la Constitución. Las palabras que emplea la Constitución deben entenderse  en su sentido general y común, a menos que resulte claramente de su texto que el constituyente  quiso referirse a su sentido técnico;

d)              La Constitución como un todo orgánico. El significado de cada parte debe determinarse en armonía con las partes restantes;

e)              La Constitución como instrumento de gobierno permanente. La Constitución ha de ser interpretada teniendo en cuenta(…) las condiciones, circunstancias y necesidades sociales, económicas y políticas que existen  al tiempo de su aplicación e interpretación;

f)                Privilegios y excepciones. Las excepciones y privilegios deben interpretarse con sentido restrictivo;

g)              Presunción de constitucionalidad. Los actos de los poderes públicos se presumen constitucionales en tanto mediante una interpretación razonable de la Constitución puedan ser armonizados con ésta”.     

5. Principios de interpretación constitucional

A mérito de lo señalado, debemos entonces establecer que si nos encontramos ante una controversia compleja, de aquellas que refiere Atienza son óptimas para aplicar las teorías de la argumentación jurídica, deberíamos cuidar el detalle de qué prever si las reglas no resultan suficientes y los criterios, incompletos. Bajo esta pauta, nos inclinamos por esbozar que resultará necesario, optar por el uso de procedimientos más sofisticados de resolución de conflictos, que adopten, en su fase de aplicación, reglas, criterios orientativos y principios en forma conjunta o separada. Más aún, si como en el presente caso, pretendemos proyectar la resolución de conflictos en sede constitucional.

Veamos unas ideas orientativas sobre los principios. 

Carlos Bernal Pulido[9] señala: “Los principios son normas, pero no normas dotadas de una estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción determinados. Los principios son mandatos de optimización (…) los derechos fundamentales son el ejemplo más claro de principios que tenemos en el ordenamiento jurídico.”

Los principios constituyen un modo de resolver igualmente conflictos constitucionales. Y aún cuando no están conformados por una estructura silogística, su aplicación revela per se una técnica de interpretación.

El Tribunal Constitucional, a partir de las propuestas de Konrad Hesse[10] desarrolla en el caso Lizana Puelles[11] didácticamente los principios constitucionales que viene aplicando en varios de sus pronunciamientos:

“§4. Principios de interpretación constitucional

 12.  Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son[12]:

 a)       El principio de unidad de la Constitución[13]: Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

b)       El principio de concordancia práctica[14]: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).

c)       El principio de corrección funcional[15]: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

d)       El principio de función integradora[16]: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.

e)       El principio de fuerza normativa de la Constitución[17]: La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.

Es en base a estos criterios que debe llevarse a cabo la interpretación de los referidos artículos 142º y 181º de la Constitución.”

6. Ponderación y proporcionalidad

Si la resolución de conflictos e incertidumbres jurídicas de orden constitucional se puede ejecutar a través de principios, bajo la pauta unívoca de que un solo principio pueda resolver la controversia, la dificultad parece concluir allí. Sin embargo, ¿qué sucede si, invocado un principio, éste no resulta suficiente para resolver el conflicto, o si bien invocado un principio, éste parece entrar en colisión con otros principios, igualmente de rango constitucional? En dicho caso, nos veremos precisados a  aplicar técnicas o procedimientos más complejos, como la ponderación y la proporcionalidad, cuya aplicación jurisprudencial viene ya desarrollando el Tribunal Constitucional en sendas decisiones, constituyendo las mismas doctrina jurisprudencial.      

7. Técnica de la ponderación

La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido[18]: “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.

Prosigue el mismo autor: “Dworkin  señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución par el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La  estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. “(Énfasis agregado).

 Por la ley de la ponderación, asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión.

Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso. 

En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.

La propuesta doctrinal entonces involucra objetivamente que el intérprete constitucional aprecie una colisión de  derechos y que uno de ellos prevalezca sobre el otro.

Luis Castillo Córdova[19] desarrolla una posición contraria, formulando una crítica frontal a lo que él denomina una posición conflictivista (aludiendo a la ponderación). Señala que: “ Concebir a los derechos fundamentales como realidades contrapuestas, trae como consecuencia la existencia de unos derechos  de primera categoría y otros de segunda(…) Si las posiciones conflictivistas termina por afectar, vulnerar o lesionar derechos reconocidos en la Constitución, ¿ cómo queda entonces el principio de unidad de la Constitución?(…) El asunto se agrava cuando nos percatamos que la norma constitucional cuya vulneración se intenta justificar, es una norma iusfundamental.”

Como propuesta, a tenor de la crítica formulada, desarrolla la posición de la exigibilidad de una interpretación armonizadora de los derechos fundamentales, basándose en dos elementos centrales: la unidad y coherencia del hombre como base del entendimiento de los derechos y el principio de unidad de la Constitución como favorecedor de una interpretación armoniosa.

Sin perjuicio de lo expuesto y de lo razonable que resulta una posición armonizadora, consideramos que el desarrollo jurisprudencial promovido por el Tribunal Constitucional alemán y el peruano, ha venido marcando una posición orientadora basada en el desarrollo de las técnicas de ponderación y proporcionalidad, como métodos con una base aplicativa jurisprudencial. Sin duda, el desarrollo jurisprudencial de la teoría armonizadora podría eventualmente superar la previsión de ponderación que adopta el intérprete constitucional hoy y ahora, mas ello requerirá, estimamos, cierto tiempo prudencial.

8. La ponderación en el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional  

Nuestro supremo intérprete ha seguido parte de las ideas de Bernal Pulido y Robert Alexy antes referidas. Sin embargo, ha introducido algunas variantes en concordancia con el desarrollo jurisprudencia del Tribunal Constitución alemán.

El caso Magaly Medina[20] resulta particularmente enriquecedor en la medida que el Tribunal desarrolla la técnica de la ponderación en un proceso de habeas corpus, determinando la prevalencia del derecho a la vida privada frente al derecho a la información, en los términos que a continuación exponemos:  

“§4. La ponderación entre la información y la vida privada

40.  Si bien la relación existente entre los derechos a la vida privada y a la información es una de las más clásicas en el Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco idónea a la teoría de los derechos fundamentales. Así, se ha propuesto la primacía de la información en virtud de la aplicación equívoca de la teoría valorativa de las preferred freedoms al sistema constitucional, postura doctrinal que propendería a una jerarquía entre los derechos fundamentales. Pero, de otro lado, también se manifiesta y se presencia una prevalencia de la información, basándose en el efecto irradiante que posee respecto al resto de derechos. Pero no hay que olvidar que los derechos fundamentales (todos, sin excluir ninguno) están en igualdad de condiciones dentro de la Constitución.

Por eso, lo que corresponde realizar es una determinación de los contenidos de cada uno de los derechos involucrados. Sólo así se llegará a la delimitación adecuada de sus contornos. Para ello, será necesario optar por el método de la ponderación, con una utilización mixta de los criterios de razonabilidad (propios de cualquier relación entre derechos fundamentales) y de desarrollo colectivo (exclusivo de los derechos de respeto de la persona y los comunicativos). (Énfasis agregado)

 

        4. a. La razonabilidad de la medida

     41.  La razonabilidad es un estándar de control (…) Incluye, dentro de sí, tres juicios claramente establecidos: la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad, en cada uno de los cuales se debe dejar sentado si los argumentos de los recurrentes tienen, o no, sentido.

 

4. a.i El juicio de adecuación

42.  A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la acción que realice la persona debe ser conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con un fin legítimo (…)

 

4. a.ii. El juicio de necesidad 

44.  El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista.

Asumiendo este argumento, se ha señalado que la vida privada

(…) es un derecho fundamental, razón por la cual las leyes que pretendan limitarlo han de contar con una muy sólida justificación. Deben ser necesarias para satisfacer un imperioso interés estatal[21]

Es relevante, por tanto, para evitar afectar la vida privada de una persona, que el ejercicio del derecho fundamental a la información se realice sin excesos. Y de otro lado, en pos de la optimización de cada derecho en juego, buscar que la medida utilizada permita el mejor desarrollo posible del derecho a la vida privada, tal como ha debido suceder en el presente caso. 

 

4. a.iii. El juicio de proporcionalidad

50.  A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación realizada. (…)  

 Conforme apreciamos, existen similitudes entre el procedimiento descrito por Bernal Pulido y Robert Alexy, y el método operativo- procedimental que aplica el Tribunal Constitucional. Este último considera relevante, al igual que veremos más adelante, al analizar el principio de proporcionalidad, el desarrollo de un examen de idoneidad y necesidad de la situación o norma que es objeto de un examen de constitucionalidad.

Por la idoneidad o adecuación, asume el supremo intérprete un juicio de valoración a efectos de determinar si la acción o norma analizada, cumple un fin útil y no resulta incompatible con enunciados constitucionales. Si tal conducta o disposición no llega a satisfacer el juicio de idoneidad a aplicar en este método de la ponderación, devendrá inconstitucional o inaplicable si se trata de un proceso de tutela de derechos fundamentales.

De la misma forma, el juicio de necesidad involucra que no exista otra medida o acción menos gravosa que aquella sujeta a control de constitucionalidad. Por ende, si existiere una acción u opción menos gravosa, querrá ello implicar que la conducta o disposición materia de análisis, implicará un exceso de acción incompatible con los fines constitucionales del derecho que se pretende defender. De la misma forma, si la norma sujeta a examen de tutela resultara por demás gravosa y se hubiera podido prever por parte del emplazado una medida menos onerosa o de afectación, ello significa que no se aprobará la acción o medida en el necesario examen de necesidad, y por lo tanto, se declarará fundada la demanda. La sentencia, observamos entonces, será estimatoria, siempre que no prospere uno de los exámenes que efectúa el juez constitucional.

Sin embargo, no perdamos de vista, en este examen, que es exigible una concurrencia copulativa de los juicios de idoneidad, necesidad y en este caso de ponderación, de un juicio denominado de proporcionalidad. Vale decir, si la acción o norma, sujetas al examen de valoración respectivo, no llegaran a satisfacer el requerimiento de idoneidad, en consecuencia, ya no será necesario desarrollar los otros juicios del examen ponderativo. En tal caso, la acción o norma caerán en el desarrollo del análisis y devendrán violatorios de derechos constitucionales.

El juicio de proporcionalidad, según observamos, forma parte del examen de ponderación. Ello no nos debe llevar a confusión. Se trata de una pauta metodológica que aplica nuestro supremo intérprete y únicamente nos remite a una determinación de la dosis de razonabilidad concurrente al caso.  

Esta referencia a la proporcionalidad, o ponderación en sentido estricto como la denomina el Tribunal, implica que debe existir proporcionalidad entre dos pesos o intensidades: de un lado, aquel que se  encuentre en la realización del fin de la medida examinada que limita un derecho fundamental; y de otro lado, aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se trate. El primero de estos debe ser por lo menos, justificado con relación a la segunda.

9. Técnica del principio de proporcionalidad

A su turno, cuando la resolución de conflictos ha involucrado intervención estatal en los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha considerado la aplicación de la técnica de la proporcionalidad, también denominada del principio de proporcionalidad.

¿Y por qué dicha denominación? El desarrollo jurisprudencial sustentado por el Tribunal, ha estimado que la proporcionalidad entre las partes involucradas en el conflicto, una vez infringida, obedece a la condición de excesos por parte de un sujeto en la relación procesal, es decir, de desigualdad de acciones de una de ellas en su condición de poder público. A este respecto, el conflicto entre particulares parte de la premisa, no siempre material, de igualdad de condiciones. Las partes procesales, en principio, son iguales ante la ley. Sin perjuicio de ello, ¿y si una parte abusa de su posición de ente estatal y en ejercicio de sus atribuciones, comete infracciones contra los derechos fundamentales del ciudadano? En tal situación, tiene lugar, a fin de frenarse los excesos del caso, la aplicación del principio de proporcionalidad.

En el caso de la calle de las Pizzas[22], emblemático de la aplicación jurisprudencial del principio de proporcionalidad, el Municipio de Miraflores impone restricciones de horario a los negocios de la calle referida, a fin de defender el derecho al descanso por parte de los vecinos, frente a la invocada afectación del derecho al trabajo, por parte de los comerciantes. Este caso permite una ilustración didáctica de cómo viene resolviendo el Tribunal Constitucional en materia de proporcionalidad. Veámoslo.

“§4.2 Análisis de proporcionalidad ii

34. El objetivo de la medida es la protección de la tranquilidad y el estado de salud de los vecinos residentes en las zonas aledañas a aquélla donde opera la restricción analizada. En efecto, como es de público conocimiento, en la zona de restricción se produce un ruido que razonablemente puede considerarse como perturbador del sueño de los vecinos de la zona y, por tanto, el permitir que tal ruido se produzca en los horarios que opera la restricción y que corresponden justamente a los horarios de descanso o del dormir de las personas, perturbaría intensamente el desarrollo de estas necesidades humanas.

35. El ruido que se produce en la zona de restricción origina una contaminación acústica de considerable magnitud y se origina, por lo menos, en tres factores. Los elevados ruidos procedentes de la música de los establecimientos, pubs, discotecas y de otros. Por otra parte, el desplazamiento de los concurrentes a los establecimientos de la zona de la restricción y la evacuación de los mismos hasta altas horas de la noche o de la madrugada ocasionan ruidos provenientes tanto de las conversaciones de aquellos como también del tráfico de vehículos en la zona de restricción que traslada a los concurrentes.

36. En suma, el objetivo de la restricción es evitar la contaminación acústica de la zona aledaña a la de la restricción. Tal objetivo tiene como fin o se justifica en el deber de protección del poder público, en este caso de la Municipalidad, con respecto a los derechos al medio ambiente (entorno acústicamente sano) y a la tranquilidad y el derecho a la salud de los vecinos que residen en las zonas aledañas donde opera la restricción. En conclusión, siendo el fin de la restricción la protección de estos derechos, hay un fin constitucional legítimo que ampara su adopción.

37. Análisis de idoneidad. La medida restrictiva constituye un medio adecuado o apto para la prosecución del objetivo. La restricción del horario de atención de los establecimientos introducida por la Ordenanza, justamente en las horas de descanso o del dormir de las personas, impide que la elevada contaminación acústica de la zona continúe durante las horas de descanso o del dormir de las personas, posibilitando de ese modo un entorno acústicamente sano para el desarrollo normal de aquellas necesidades.

38. Análisis de necesidad. La restricción es un medio necesario dado que no hay medidas alternativas, igualmente eficaces, que posibiliten un entorno acústicamente sano (objetivo) en las zonas aledañas a la de la restricción. Evidentemente, existen medios alternativos, pero que no son igualmente eficaces, como el permitir prolongar el horario de apertura con el establecimiento de niveles de decibelios tope en los establecimientos; sin embargo, resulta evidente que ello no eliminaría el sonido de la música en la zona y la contaminación acústica resultante de los otros factores de contaminación que seguirían produciendo sus efectos lesivos, de modo que no se lograría el entorno acústicamente sano requerido para la protección del derecho al medio ambiente y a la tranquilidad y del derecho a la salud. Por el contrario, la restricción del horario de atención en los establecimientos en las horas determinadas en la Ordenanza constituye un medio más eficaz para posibilitar un entorno acústicamente sano que la mencionada alternativa hipotética. En consecuencia, si bien existe al menos una medida alternativa a la restricción examinada, dicha medida no es igualmente eficaz y, por tanto, la restricción examinada constituyó un medio necesario para la protección de los derechos al medio ambiente y a la tranquilidad y del derecho a la salud de los vecinos de las zonas aledañas a la de la restricción.

39. Análisis de ponderación. Para efectuar este análisis es preciso identificar los derechos constitucionales y/o bienes constitucionales que se hallan en conflicto. Hemos dejado establecido que el fin constitucional de la restricción es la protección del derecho al medio ambiente y a la tranquilidad y del derecho a la salud. Por su parte, la restricción constituye una intervención o limitación de la libertad de trabajo de los propietarios de los establecimientos comerciales de la zona restringida (los miembros de la asociación demandante) y, además, una intervención del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad de los concurrentes a los establecimientos de la zona restringida.

40. En esta estructura, el derecho a la libertad de trabajo y al libre desenvolvimiento de la personalidad constituyen los derechos intervenidos o restringidos con la restricción examinada. Frente a ello se tiene los derechos al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud, como los derechos por cuya protección se adopta la restricción examinada.

41. Por tanto, la ponderación tiene lugar, entonces, ante el conflicto del derecho al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud (de los vecinos de la zona restringida), frente a la libertad de trabajo y el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (de los propietarios de los establecimientos y de los concurrentes, respectivamente).

42. La estructura del examen de ponderación ha sido definida por este Tribunal Constitucional, con motivo de examinar una restricción en la libertad de trabajo, señalándose que “Conforme a éste [-la ponderación-] se establece una relación según la cual cuanto mayor es la intensidad de la intervención de la libertad de trabajo, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional. Si tal relación se cumple, entonces, la intervención en la libertad de trabajo habrá superado el examen de la ponderación y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la afectación en la libertad de trabajo sea mayor al grado de realización del fin constitucional, entonces, la intervención en dicha libertad no estará justificada y será inconstitucional.”[23]

43. Dado que la restricción examinada interviene también en el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, la formulación de la ponderación en el presente caso habría de integrar este derecho, de modo que resultaría formulada en los siguientes términos:

 “cuanto mayor es la intensidad de la intervención en la libertad de trabajo y en el libre desenvolvimiento de la personalidad, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización de la protección del derecho al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud (fin constitucional).”

Corresponde ahora examinar cada una de las intensidades y los grados de realización a efectos de que posteriormente pueda analizarse si se cumple o no esta ley de ponderación. La valoración de las intensidades puede ser catalogada como: grave, medio o leve[24], escala que es equivalente a la de: elevado, medio o débil[25]. Por esta razón, la escala puede también ser aplicada para valorar los grados de realización del fin constitucional de la restricción.

44. La intensidad de la intervención en la libertad de trabajo es leve. La Ordenanza no establece una limitación absoluta o total del ejercicio de la libertad de trabajo de los propietarios de establecimientos comerciales en la zona bajo restricción; por el contrario, ella sólo establece una limitación parcial, circunscrita a determinadas horas de la noche y la madrugada.”

Efectuado el examen de proporcionalidad por parte del Tribunal Constitucional, podemos concluir en varias similitudes con relación al esquema de ponderación desarrollado en el caso Magaly Medina: los juicios de adecuación y necesidad son desarrollados sobre la pauta que exige establecer, en el caso sujeto a comento, si la Ordenanza materia de impugnación es idónea y necesaria para el fin constitucional de protección del derecho al descanso por parte de los vecinos afectados, resultando en este análisis que la norma sujeta a examen cumple con satisfacer los estándares operativo- procedimentales que conlleva el examen de proporcionalidad.

Al realizar, finalmente, el juicio de ponderación, la valoración desarrollada nos remite al grado de afectación del derecho, pues cuanto mayor es el grado de afectación- intensidad de la intervención dice textualmente el Tribunal Constitucional- de uno de ellos (el derecho al trabajo), tanto mayor debe ser el grado de realización del otro derecho (derecho al descanso). La coincidencia con el nivel de afectación resulta también cercana con los juicios de Bernal Pulido y Robert Alexy respecto a los grados de afectación. Podríamos inferir, en el caso sujeto a valoración y bajo otros términos, que el grado de afectación del derecho al trabajo pudo haber resultado de nivel leve (en efecto, no se ordenó cerrar los negocios de los afectados, ni existían medidas que pudieran acercarse al cierre de los negocios), en tanto que la afectación del derecho al descanso, resultaba grave. En consecuencia, resultaba más afectado el derecho al descanso y por lo tanto, correspondía concederse tutela al respecto.

Otros casos donde el Tribunal realiza exámenes de proporcionalidad son el cuestionamiento constitucional del artículo 148 del Código de Justicia Militar[26], caso en el cual se declara inconstitucional el referido artículo por limitar el derecho a la libertad personal de militares o policías que en beneficio propio o de terceros, hagan uso indebido de insignias o distintivos de identificación de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. En este caso se sancionaba al infractor con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor a seis años. El Tribunal consideró que pudo imponer la norma consecuencias menos restrictivas.

De igual forma, en el caso Chinchorros[27], se  impugna, vía proceso de amparo, la Ordenanza Municipal emitida por el Municipio de Santa Rosa, Lambayeque, referida al impedimento establecido por el gobierno distrital a efectos de que los chinchorreros- comercializadores de pescado- no pudieran vender sus productos en el Mercado Mayorista de la localidad sino en el Mercado Municipal. Los afectados alegaban afectación de su derecho constitucional al trabajo.

En el examen de idoneidad, en dicho caso, el Tribunal consideró que la medida era adecuada para la ordenación vehicular. Sin embargo, en el juicio de necesidad, cae la medida adoptada por la demandada, dado que el objetivo a alcanzar- la ordenación vehicular- podía alcanzarse a través de otras medidas menos gravosas, como por ejemplo, restricciones del número de vehículos o de estacionamiento en horas de congestionamiento.

 

10. A modo de conclusión

Hasta aquí disponemos de algunos esbozos, realmente solo a grandes rasgos, de aplicación jurisprudencial de las técnicas de ponderación y proporcionalidad.

No nos parece que la ponderación y la proporcionalidad, retomando el juicio inicial de Marcial Rubio, pudieran implicar una fórmula infalible de solución de controversias constitucionales o en su defecto, que sean un arte. Al fin y al cabo, existe siempre un margen de discrecionalidad al elaborarse una sentencia, respecto de la cual influyen los valores, la formación y la capacitación del juez constitucional.

Sin embargo, resulta una fortaleza que estas técnicas de interpretación logren reducir, vía la motivación que exigen, los grados de discrecionalidad en la emisión de decisiones. Porque, ¿cuál es, al fin y al cabo, una de las mayores preocupaciones del corrector razonar jurídico sino reducir el margen de discrecionalidad del decisor racional? 

Hemos pretendido, en conclusión, graficar una idea jurisprudencial muy referencial del contexto aplicativo de la ponderación y la proporcionalidad en sede constitucional. Desarrollar doctrinariamente estas materias requiere aún una tarea por cierto mucho mayor, sobretodo hoy en día cuando la dilucidación de conflictos constitucionales exige una fundamentación mejor trabajada, más sustentada y acorde con las exigencias del Estado Constitucional.  

Consideramos que todavía falta recorrer un tramo por cierto extenso de bases doctrinarias para que la ponderación y la proporcionalidad puedan involucrar realmente cimentadas técnicas de interpretación constitucional. Ello estará a cargo, en gran medida, del propio Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución. En tanto, a los órganos jurisdiccionales restantes que decidimos causas que involucran derechos fundamentales, nos compete la tarea de motivar cada vez más y mejor nuestros fallos, cual fuera la naturaleza de los mismos, basados en la doctrina jurisprudencial que imparte el Tribunal.

Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 13. Enero 2009. Págs. 131-145.

 


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura. Docente Area Constitucional Universidad San Martín de Porres filial Chiclayo.  

[2] BUNGE, Mario. “La ciencia, su método y su filosofía”. Ediciones Arco iris. Pág. 3

[3] RUBIO CORREA, Marcial. “La interpretación jurídica” en “El sistema jurídico. Introducción al Derecho”. Módulo de Razonamiento Jurídico. Pág. 175. Programa de Formación de Aspirantes 1997. 

[4] ATIENZA, Manuel. “Las Razones del Derecho”. Palestra Editores. Lima 2004. Pág. 13

[5] MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis y FERNANDEZ SUÁREZ, Jesús. “Curso de Teoría del Derecho y Metodología Jurídica”. En “La interpretación jurídica” Módulo de Razonamiento Jurídico AMAG 1999. Compilación de Ricardo León Pastor. Pág. 55 

[6] ASIS DE ROIG, Rafael. “Jueces y normas”. “La Decisión Judicial desde el Ordenamiento”, Marcial Pons; Madrid, 1995, pág. 177.

[7] STC EXP. N. ° 00728-2008-PHC/TC. LIMA. Caso Giuliana Llamoja Hilares

[8] LINARES, Segundo V. La Constitución interpretada. Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1960.

[9] BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. Pág. 87.

[10] HESSE, Konrad. “Escritos de Derecho Constitucional”. Centro de Estudios Constitucionales., Madrid, 1983.

[11] STC ° 5854-2005-PA/TC. Piura. Caso  Pedro Andrés Lizana Puelles

[12] Cfr. HESSE. Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-47.

[13] Vid. STC 1091-2002-HC, Fundamento 4; STC 0008-2003-AI, Fundamento 5; STC 0045-2004-HC, Fundamento 3.

[14] Vid. STC 1797-2002-HD, Fundamento 11; STC 2209-2002-AA, Fundamento 25; STC 0001-2003-AI /0003-2003-AI, Fundamento 10; STC 0008-2003-AI, Fundamento 5; STC 1013-2003-HC, Fundamento 6; 1076-2003-HC, Fundamento 7; STC 1219-2003-HD, Fundamento 6; 2579-2003-HD, Fundamento 6; STC 0029-2004-AI, Fundamento 15.

[15] Este principio se presenta en cada ocasión en la que este Tribunal delimita las competencias que la Constitución ha conferido a los distintos órganos constitucionales (va. la reciente STC 0020-2005-PI / 0021-2005-PI —acumulados—).

[16]Vid. STC 0008-2003-AI, Fundamento 5;

[17]Vid. STC 0976-2001-AA, Fundamento 5; STC 1124-2001-AA, Fundamento 6.

[18] BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. Pág. 87.

[19] CASTILLO CORDOVA, Luis. “Comentarios al Código Procesal Constitucional”. ( Tomo I, Título Preliminar y Disposiciones Generales) Palestra, 2da edición, 2006, Pág. 245

[20] STC N.° 6712-2005-HC/TC. Lima. Caso Magaly Medina Vela  y Ney Guerrero Orellana

[21] Schneider (State interest analysis in Fourteenth amendment ‘privacy’ law), cit. por Pablo Lucas Murillo de la Cueva. El derecho a la intimidad. En: “Revista Jurídica del Perú”. Trujillo, año XLVIII, N. º 14 (ene. – mar. 1998). Pág. 92.

[22] STC N. º 007-2006-PI/TC, LIMA. Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari.

[23] STC 8726-2005-PA/TC, fundamento N. º 22.

[24] Cfr. STC 0045-2005-PI/TC, fundamento N. º 35, recogiendo la escala propuesta por Alexy, Robert “Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales”, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004, p. 60.

[25] Ibíd.

[26] STC 0012-2006-PI/TC

[27] STC 04408-2005-PA/TC

2 comentarios

  1. Estimado Edwin, he leido algunos de tus artículos, me parecen excelentes y tenelo por seguro que trataré de leerlos todos y hacerte comentarios. Lamento que no tuvieramos oportunidad de compartir e intercambiar ideas en Montevideo, pero este es en buen canal para hacerlo. Te felicito por tu iniciativa.

    Juan


  2. […] 6. Ponderación y proporcionalidad como técnicas de interpretación constitucional. Criterios juris… agosto, 2010 1 comentario […]



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