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Reflexiones en la magistratura constitucional

29 julio, 2010

 

Estimados amigos:

Las reflexiones contenidas en los diversos ensayos que conforman este blog apuntan a poner de relieve el contraste marcado que diferencia al juez del siglo XXI de aquel que en su momento perfiló Montesquieu en el siglo XVIII.

Las diferencias resultan notorias y contextualmente marcadas en la medida que el Juez de la entonces novísima Revolución Francesa, estaba impedido de interpretar la ley y debía ceñirse al  rol de aplicador.  Más aún, si el juez de la Revolución apreciaba un conflicto en la mera aplicación de la ley, debía ceñirse al procedimiento denominado “referé legislativo”,  el cual consistía en la necesaria y obligatoria remisión del expediente al legislador a fin de que, planteado el conflicto de aplicación entre normas y hechos, fuera el mismo creador de la norma-regla, esto es el legislador, quien definiera la precisa solución del conflicto jurídico. El juez de entonces se arriesgaba incluso a sufrir pena de prisión si excedía de alguna forma el rol de aplicador. Sin embargo, desde los mismos esbozos de la Revolución y sus escenarios posteriores, ya existía la percepción de que el juez no podía decirlo todo en la solución de las controversias jurídicas.  Cambaceres ya se persuadía de esta realidad y de la imposibilidad de “decirlo todo” y postulaba que había necesidad de aplicar una interpretación más amplia.

En este siglo XXI, en el cual hablamos marcadamente del juez constitucional y del Estado Democrático y Social de Derecho, perfilando entre líneas la existencia de un Estado neoconstitucional, el rol del juez resulta sustantivamente distinto.  Hoy  el Derecho es una ciencia y el juez defiende los derechos fundamentales en la  percepción de que en el Estado neoconstitucional existen más principios que reglas, más ponderación que subsunción, no hay zonas exentas de control constitucional, se postula una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica de la norma y finalmente asumimos un rol prevalente del juez frente al legislador. Hoy decimos, en alguna forma en modo contrario a lo que proclama Eugenio Buligyn, que los jueces crean derecho y  no sólo crean reglas al interior de los procesos.

Es en esta nueva centuria que vía control difuso  el juez puede inaplicar una ley si ésta colisiona con el principio de supremacía normativa de la Constitución. A  su vez, la interpretación del juez constitucional hogaño goza de preferencia frente al mecanismo de interpretación autentica del legislador, convirtiéndose en un extraordinario mecanismo  de defensa de los derechos fundamentales. Apreciamos, entonces, una diferencia de carácter relevante entre ambos tipos de jueces en tanto el juzgador del frío silogismo, como diría García Figueroa, asume un rol marcadamente distinto respecto al decisor que hoy trabaja todo un capítulo en la argumentación constitucional, restando fuerza a aquellas posiciones que postulan las libertades públicas subjetivas como derechos absolutos. Asumimos, en ese orden de ideas, que Zagrebelsky no se equivocaba cuando aseveraba la ductibilidad de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. O a su vez, debemos visualizar en el nuevo contexto de argumentación hoy, que los derechos fundamentales pueden presentar una gradación a fin de esclarecer en cuál nivel se ven afectados, situación que a su vez no se presentaba con la norma jurídica, cuando ésta representaba sólo un valor absoluto para la teoría del positivismo jurídico.

Resulta válido preguntarnos respecto a lo señalado: ¿cuál es el rol que hoy día les compete a los jueces de la justicia ordinaria frente a este cambio de rol de orden trascendente? La respuesta es taxativa: hoy el juez es creador del derecho, es defensor de los derechos fundamentales y es sujeto de un rol relevante en ese denominado activismo judicial que identifica a esa tarea de dimensión amplia que significa la defensa de los derechos fundamentales en los Estados, así como de los derechos humanos en el plano jurídico supranacional.

En virtud a ello pretendemos poner de relieve el rol distinto que hoy les compete a los jueces en el Estado Constitucional. En tal orden de ideas, creemos que la famosa polémica de los años treinta, entre Hans Kelsen, quien desconfiaba de labor de los jueces, y Karl  Schmitt, quien proponía la existencia de un Estado Jurisdiccional en el cual los jueces gobernaban con su decisiones sin ser gobernantes, se ha inclinado nítidamente a favor de éste último en tanto los jueces son capaces de decirles a otros poderes del Estado que ciertas decisiones suyas pueden contravenir la Carta Magna. La precisión aludida resulta de primer orden en tanto la primigenia tesis de Montesquieu, respecto a la separación de poderes, luego refaccionada con la tesis de Manuel Aragón con el aporte del equilibrio de poderes, hoy deviene en una proclama de intercontrol de poderes, con lo cual a los jueces constitucionales les corresponde un rol muy especial, cual es la tarea de que, en defensa de la Constitución, sus actos de interpretación constitucional, puedan prevalecer, vía interpretación, sobre los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el orden de ideas señalado, es válido interrogarnos hasta dónde hoy el juez representa un sujeto de protagonismo relevante en el Estado de Derecho. Atrás queda el oscurantismo de la Edad Media en el cual la tarea de decisión se traducía en la única voluntad del monarca de impartir justicia conforme a su libre arbitrio. Queda atrás, de manera marcada, también, el rol del juez como escrupuloso aplicador de la norma para quien la ley y sólo la ley era el punto de partida, la consecución y el destino de llegada de las decisiones jurídicas, para trascender a otro escenario en el cual la ley es una de las varias fuentes del derecho. Queda atrás, de la misma forma, el juez positivista kelseniano para el cual la norma, como expresión sustantiva de la Teoría Pura del Derecho, debía expresar un blindaje en la aplicación del derecho. Hoy esos esquemas han quedado definitivamente atrás cuando hogaño referimos, con énfasis, la relevancia de los axiomas como expresión de los principios, valores y directrices que representan las Cartas Fundamentales de los Estados contemporáneos, marcadamente Estados Constitucionales de Derecho.

La aseveración que hacemos respecto a los valores axiológicos representa un cambio de tesis fundamental en la forma de ver el derecho hoy. En efecto, si bien Kant propuso la moral como mecanismo base en el entendimiento del derecho, Kelsen representó una separación estricta entre el derecho y la moral. Sin embargo, si tomamos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos  Humanos de 1948, advertimos una reconciliación sustantiva entre el derecho y la moral. Expresiones  relevantes de esta idea también se ven reforzadas con la Carta Fundamental de Bonn en los artículos 19 y 20, los cuales enuncian la existencia del Estado Democrático y Social así como la prohibición de regular en contrario al contenido esencial de los derechos fundamentales.

Estas características se ven reforzadas con la Constitución  francesa de 1958, la Constitución de España de 1978, la Constitución colombiana de 1991, y las Cartas Fundamentales de Perú de 1979 y 1993, que en conjunto enuncian una nueva forma de ver el derecho en tanto los jueces se ven provistos de nuevas herramientas para discernir las colisiones entre principios y derechos fundamentales.

Podemos apreciar, en conclusión, que el juez deja de ser un mero aplicador del derecho, que se abandona ese concepto nunca realmente admitido de “simple operador” de la ley y que su rol hoy asume una dimensión sustancialmente diferente. Advertimos, en consecuencia, que los dos modelos enunciados representan  extremos opuestos  y  que las diferencias de roles exigen pues un análisis como el que sumariamente hemos efectuado.

Edwin Figueroa Gutarra

estudiofg@yahoo.com

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Derecho Procesal Constitucional. Doctoral UNP. Piura, 13 de setiembre de 2014

13 septiembre, 2014

Estimados amigos:

El Doctorado de la Universidad Nacional de Piura nos ha invitado cordialmente para dictar nuevamente el Módulo denominado Seminario de Derecho Procesal Constitucional, cuyos contenidos hemos ido variando para adaptarlos al nivel de exigencia de un Doctoral propiamente dicho, fundamentalmente porque el nivel de Doctor exige un perfil mejor consolidado de investigación así como un examen ya no solo de teoría del Derecho  sino de metateoría, no solo de las normas sino de metanormas.

Actualizamos inclusive nuestro programa de casos paradigmáticos como materiales del curso, para abordar causas recientes en sede nacional como supranacional y la incidencia de los mismos en los esquemas de la teoría del proceso y la autonomía procesal de los procesos constitucionales, conceptos que implican una oposición de relieve pues se trata de una colisión relevante de principios. Al respecto, hemos de colgar muy pronto algunos de esos materiales en este blog.

Hemos de estar en la cálida Piura por algunas semanas, intercalando otros cursos próximos en el interín.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Calidad de las decisiones judiciales. Corte Superior de Justicia de Lima. Lima, 04 de setiembre de 2014

4 septiembre, 2014

 

Estimados amigos:

 

La Corte Superior de Justicia de Lima nos ha extendido una cordial invitación para el desarrollo de un Taller denominado “Calidad de las decisiones judiciales”, evento que se realizará hoy 04 de setiembre en la sede de esta Corte sito en Edificio Carlos Zavala Loayza, ubicado en Jr. Manuel Cuadros N°182 – Cercado de Lima.

El objeto de esta reunión es incidir en la importancia de la evaluación de la argumentación- calidad de las decisiones-  por parte del Consejo Nacional de la Magistratura CNM, acción basada en el artículo 70 Ley 29277, Ley de Carrera Judicial, a propósito de los procesos de ratificación de jueces y fiscales, aspecto que incluye la evaluación argumentativa de hasta de 16 resoluciones ( 8 proporcionadas por el magistrado y 8 por la institución donde labora) sujetas a una calificación de hasta 2 puntos por resolución.

Más aún, reviste importancia de primer orden este tema desde la dación del Precedente Obligatorio 120-2014-PCNM, caso Hugo Villasis, el cual puede ser leido en http://www.cnm.gob.pe/webcnm/archivos/pdf/2014/er/rer1202014pcnm_a.pdf, criterio que determina los alcances y criterios de calificación en esta materia, descritos en la forma que sigue:

1. Comprensión del problema jurídico y claridad de su exposición.

2. Coherencia lógica y solidez de la argumentación

3. Congruencia procesal

4. El manejo de la fundamentación jurídica y de la jurisprudencia pertinente al caso

Sin duda, jueces y fiscales hemos de prestar cuidadosa atención a estos nuevos criterios reguladores dado el componente de evaluación aludido, el cual representa 30/100 puntos en los procesos de ratificación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Precedente vinculante 0987-2014-PA/TC. Caso Francisca Vásquez. Sentencia interlocutoria denegatoria.  

31 agosto, 2014

 

Estimados amigos:

Un precedente vinculante de suma importancia, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00987-2014-AA.pdf ,  ha sido expedido esta semana por el Tribunal Constitucional de Perú, para establecer la figura de la sentencia interlocutoria denegatoria, la cual implica el rechazo de la demanda ante el Tribunal, sin más trámite, cuando la pretensión:

  1. Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque;
  2. La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional;
  3. La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional;
  4. Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

El Tribunal Constitucional busca preservar, de esta forma, que procesos que no satisfagan determinadas condiciones para su conocimiento vía recurso de agravio constitucional, deberán ser desestimados de plano, sin que se emita sentencia de fondo.

La referencia a la especial trascendencia constitucional  es un concepto que maneja la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español, cuyo artículo 49.1 señala:

  1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

Un efecto inmediato de este precedente, prevemos, es la reducción de procesos en curso ante el Tribunal, en especial, los referidos a procesos de la libertad (habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento). Y por cierto, constituye un mensaje de importancia a las Salas Superiores del Poder Judicial a fin de prever, con más rigurosidad, en cuáles casos ha de concederse el recurso agravio constitucional, requisito sin el cual una pretensión no puede subir a conocimiento del Tribunal Constitcional.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Precedente Obligatorio del Consejo Nacional de la Magistratura. Calidad de las Decisiones

29 agosto, 2014

Estimados amigos:

Dentro de la importancia que venimos asignando al tema de Calidad de las Decisiones, aspecto de suyo vinculado a nuestros temas de Argumentación, incluimos un Precedente Obligatorio del Consejo Nacional de la Magistratura CNM sobre este tema.

Recordemos que los cargos en la judicatura en Perú no son ad vitam y por lo tanto, se somete a jueces y fiscales a procesos integrales de ratificación cada 7 años ante el CNM, a fin de decidirse su permanencia en el cargo.

La evaluación de la decisiones  por parte del CNM se basa en el artículo 70 Ley 29277,  de la Ley de Carrera Judicial y abarca, en un proceso de ratificación, el análisis de 16 resoluciones ( 8 proporcionadas por el magistrado y 8 por la institución donde labora),  las cuales quedan sujetas a una calificación de hasta 2 puntos por resolución.

El puntaje máximo es 30 puntos y de los 100 puntos máximos en el proceso de ratificación, observaremos que 30 puntos son casi la tercera parte de la nota final en el proceso de ratificación, aspecto que revela su capital importancia.

Son items de calificación:

1. Comprensión del problema jurídico y claridad de su exposición.

2. Coherencia lógica y solidez de la argumentación

3. Congruencia procesal

4. El manejo de la jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de las posibilidades de acceso a la misma

El precedente CNM en mención desarrolla estos rubros a fin de ser incorporados a todos los procesos de ratificación.

Precedente Obligatorio Evaluación Calidad de Decisiones CNM

Recomendamos plenamente su atenta lectura.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Separation of powers and constitutional judges. PDF

24 agosto, 2014

 

Separation of powers and constitutional judges. PDF

Contents

Introduction 1. Hamilton and objections to powers status. 2 Correction of power acts. 3. Requirements of constitutional interpretation in the corrective function of constitutional judges. 4. Jurisdictional State? 5. Features of a Neoconstitutional State 6. Balancing and rules. Final ideas

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Separación de poderes y jueces constitucionales. PDF

24 agosto, 2014

 

Separación de poderes y jueces constitucionales. PDF

Contenidos 

Introducción 1. Hamilton y los esbozos de polémica sobre los poderes. 2  Corrección de los actos de poder 3. Exigencias de la interpretación constitucional en el rol corrector de los jueces 4. ¿Estado Jurisdiccional? 5. Rasgos de un Estado neoconstitucional 6. Ponderación y normas. A modo de ideas finales

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Contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. PDF

24 agosto, 2014

Contenido constitucionalmente protegido. PDF

Contenidos

Introducción. 1. Contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental  2. Contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental 3. Praxis e improcedencia en relación al contenido constitucionalmente protegido. 4. Condiciones de procedencia de la causal relativa al contenido constitucional protegido: Manifestación de suma arbitrariedad. Determinación de un nivel de intensidad relevante. Ostensible ilegitimidad del acto lesivo. Vocación de universalidad en contrario del acto lesivo. A modo de conclusión

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

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