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STC 5854-2005-AA/TC. Principios de interpretación constitucional. Zonas no exentas de control constitucional.

11 febrero, 2011

Estimados amigos:

Una sentencia importante en relación a los principios de interpretación constitucional es la correspondiente al caso 5854-2005-AA/TC caso Lizana Puelles, la cual puede ser visualizada en   http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/05854-2005-AA.html

Los principios devienen en valores y directrices que guían y orientan en la interpretación de la Constitución y en su calidad de mandatos de optimización, buscan igualmente la solución a la controversia constitucional a partir de una comprensión de la Constitución como una solo unidad, entre otros criterios prevalentes.

La sentencia en comento refiere a este respecto:

§4. Principios de interpretación constitucional

12.  Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son:

a)      El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

b)      El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).

c)      El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

d)      El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.

e)      El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto. 

Si bien otros fallos del Tribunal Constitucional ya han desarrollado premisas al respecto, el caso Lizana resulta de interés pues aborda, igualmente, la tesis de las zonas no exentas de control constitucional, esto es, el efecto de irradiación de los derechos fundamentales- Austtrahlungswirkung según la doctrina alemana- el cual permite examinar todos los actos públicos y privados, con efectos jurídicos, a efectos de someterlos a control constitucional. Esta tesis puede resultar contraria al principio de separación de poderes propugnado por Montesquieu y sin embargo, la idea relevante es que siendo irrestricta la defensa de derechos protegidos por la Carta Fundamental, no resulta congruente con el Estado Constitucional consagrar espacios exentos al control de los jueces constitucionales.   

Sobre la viabilidad del control, señala el Tribunal:

21.  De conformidad con el artículo 93º de la Constitución, los Congresistas de la República no están sujetos a mandato imperativo. No obstante, las leyes expedidas por el Congreso, órgano independiente y autónomo, son susceptibles de control constitucional, mediante el proceso de inconstitucionalidad (artículo 200º 4).

De conformidad con el artículo 139º 2 de la Constitución, el Poder Judicial también goza de independencia y autonomía; sin embargo, como no podría ser de otro modo en un Estado que se precie de ser Constitucional, sus resoluciones (incluso las de la Corte Suprema de la República) son susceptibles de control constitucional mediante los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus.

Incluso, existe también una disposición constitucional que expresamente establece que “ninguna autoridad (…) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada” (artículo 139º 2) y, sin embargo, hoy en día a nadie se le ocurre sostener que las resoluciones firmes emanadas de un proceso en el que han existido violaciones a los derechos fundamentales, están exceptuadas de control constitucional mediante los procesos de amparo o hábeas corpus. Son los principios de unidad de la Constitución, de concordancia práctica y de fuerza normativa de la Constitución, los que han permitido que esta última tesis se consolide sin reparo (artículo 4º del Código Procesal Constitucional).

Lo propio se podría señalar en torno a la justicia militar, cuya excepcionalidad y autonomía del Poder Judicial está reconocida en los artículos 139º 1 y 173º; sin embargo, no se encuentra exceptuada del control constitucional, a través de los procesos de amparo o hábeas corpus.

No existe, pues, justificación constitucional alguna para que el JNE se encuentre relevado de dicho control; es decir, cuando no respete los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Finalmente, resulta de interés el enfoque trascendente de la Constitución ya no como mera norma política sino como norma jurídica con capacidad vinculante para todos los poderes y también respecto de la sociedad en su conjunto. La referencia es la siguiente:

§2. La Constitución como norma jurídica

3.      El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto.

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de soberanía popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo.

Esta decisión no constituye precedente vinculante pero fija rangos de análisis de suyo valederos para entender la inserción de la Constitución como la norma de normas en el ordenamiento jurídico constitucional así como para referir los principios guía de la interpretación constitucional. Y en ese ejercicio interpretativo, no existe exención de control. ¿Significa esto encontrarnos frente a un supra contralor? En nuestra opinión, no, en tanto el principio self-restraint o de autocontrol, exige a los jueces constitucionales moderar el ámbito de sus decisiones y ello es exigible para los Tribunales y Cortes Constitucionales en conjunto.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

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